¿Por qué será que al ver a Rajoy con Merkel en Chicago dándose un paseo en barco me he acordado con nostalgia del Titanic? Será porque estamos en su centenario. El del Titanic, no el del alineamiento Merkel-Rajoy, que es mucho más reciente. Porque Rajoy prefiere seguir erre que erre en su política neoliberal de fidelidad a la estrategia del ajuste fiscal preconizado por Merkel. Y en vez de aprovechar la victoria de Hollande para crear un frente de países dentro de la zona euro que intenten reblandecer el dogmatismo germano, don Mariano se alinea sumisamente con las consignas de Merkel.
Hollande y Monti piensan que la tozuda deriva del ajuste fiscal en solitario de la Merkel es perjudicial para Europa y para el mundo. Lo mismo piensa Krugman, que lo considera un “política zombi”. Pero el gurú Krugman se ha pasado pronosticando la “inevitable” salida de Grecia del euro y el corralito en España. Respecto de la difícil situación por la que atraviesa Grecia, Timothy Garton Ash piensa que lo mejor es la claridad y ser claros en adoptar una decisión: o dentro o fuera. Y las autoridades europeas ya e están preparando para una posible salida de Grecia del euro, que Krugman estima que se producirá a lo sumo en un mes. Pero no parece que esta salida se vaya a producir sin que los acreedores de Grecia no hagan algo por evitarlo, pues hay muchos miles de millones de euros en juego. Como mínimo 230.000 millones. Pues si finalmente la bancarrota griega se produce como consecuencia del cambio del euro por el dracma en el país heleno, lo peor sería que se produjese un efecto dominó, en tuviera un efecto dominó en el que los siguientes en caer deberían ser España e Italia, por ese orden. Y esto sería demasiado para el futuro del euro. El plan B que preparan las autoridades europeas es que Grecia realice un abandono ordenado del euro, para evitar que países como Alemania o Francia, cuyos bancos poseen demasiados bonos de deuda griega tengan que sacar dinero de sus propios erarios públicos para apuntalar el agujero que se crearía en sus respectivos sistemas financieros. Incluso afirman que de producirse este agujero, la cifra sería “manejable”. El problema es quién la pagaría. Los de abajo, a los que les tocaría apretarse un poco más el ya estrechísimo cinturón.
Tampoco parece “inevitable” el corralito en España. Krugman podría haber sido más prudente, pues sólo con mencionar la palabra, ésta puede convertir en realidad lo que es una simple hipótesis. Bastará con que empiece a correrse la voz y que los amedrentados depositantes empiecen a sacar en masa su dinero. Pero esto puede parecer evitable, pese a la nefasta gestión que el gobierno de Rajoy está haciendo de la crisis de Bankia, y que de Guindos ya ha intentado colarnos dos reformas financieras en lo que lleva de mandato, apenas cuatro meses.
Pero la verdadera dimensión del problema es la nula confianza que suscita nuestro sistema financiero, lo afectados que estén de activos tóxicos e inmobiliarios sobrevalorados los bancos en su conjunto, no solo Bankia. Por eso a de Guindos se le ha ocurrido responder al reto que le lanzaban “los mercados” ajenos y va a contratar los servicios auditores de entidades externas para que acrediten la verdad de las cuentas de nuestros bancos y cajas. No es cosa de broma, pues según algunos dicen a nuestros bancos le harían falta desde 80.000 millones de euros (cálculo más benigno) hasta unos 300.000.
El PP aprovecha para echarle todas las culpas de esta situación al gobernador del Banco de España, que en parte la tiene, pero que así le cubre las espaldas a Esperanza Aguirre (¿recuerdan el show de quién dirigía Cajamadrid, que si Blesa, que si Ignacio González, que si al final Rato?), mientras que prepara a uno de los suyos para sustituir a Fernández Ordóñez para que ocupe el cargo de gran supervisor.
Bajando hasta Andalucía nos encontramos con que el presidente Griñán se ha quejado con razón del trato discriminatorio que ha recibido nuestra comunidad comparativamente con otras a la hora de distribuir los recortes que unas y otras tenían que hacer en cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Pues siendo Andalucía una comunidad que significa un 14% del PIB nacional y el 17’8% de la población total, se nos impone un recorte del 20’4% del recorte total de todas las comunidades, que al final de la reunión del CPFF han decidido un recorte total de 18.349 millones de euros. Quejumbroso, Griñán recordaba cómo Montoro había hecho un daño irreparable a Andalucía al poner en tela de juicio las cuentas de Andalucía (es asquerosa la mala baba que exhiben algunos portavoces del PP-A al hablar de las finanzas públicas de Andalucía), cuando resulta que al final ha cantado la gallina, destapando que el déficit de 2011 no era 8’5, sino 8’9% porque tres CC.AA. gobernadas por el PP habían ocultado parte de sus deudas: Madrid (que se ponía de ejemplo de buena gestión económica), Valencia y Castilla y León. Mire usté por dónde.
Por su parte, Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, ha contraatacado frente a quienes no aceptan de ninguna de las maneras su plan de reequilibrio del presupuesto de 2012. No considera “inevitable” el recorte de los sueldos de los empleados públicos andaluces para responder a la obligación impuesta por Montoro y Rajoy de recortar en 2.720 millones de euros el presupuesto andaluz (220 más de los que llevaba el plan aprobado por el gobierno andaluz). Pero sí reta al PP-A, a la patronal y a los sindicatos a que le propongan otras alternativas para recortar. La cosa es así de sencilla: o se recortan los servicios públicos prestados a la ciudadanía (recortes en la atención sanitaria, elevación de la ratio escolar, etc.) o se recorta el gasto en personal; que digan los sindicatos si hay más que recortar por otros lados, después de un recorte del gasto corriente de un 50%, o de la reducción de consejerías, del parque móvil a la mitad, y de la estructura periférica de la Junta (las delegaciones provinciales) como la que se ha propuesto realizar en el plan de reequilibrio presupuestario aprobado por el CPFF.
Sabemos que los sindicatos y la patronal representan en primer término intereses de sus respectivas clases. Pero en el Estatuto de Andalucía se les otorga (a los más representativos, CC.OO. y UGT, por un lado, y a CEA por otro) un papel de agentes sociales con competencia para negociar la planificación económica. Por tanto, aunque ahora algunos de sus oficiosos representantes (ayer mismo discutí con uno en un foro sobre la educación) se quieran hacer los tontos y digan que ellos no son “políticos”, que sean “los políticos” los que lo decidan, lo cierto es que con el poder de que están investidos deben mirar no sólo los intereses de clase, sino también el interés general de todos los andaluces y andaluzas. Cuando se está a las maduras (han firmado 7 acuerdos de concertación social, tan a gustito, y desde tiempo inmemorial llevan apoyando los presupuestos de la Junta cuando el PSOE-A gobernaba solo o en compañía del PA), se debe estar también a las duras. Es lo ético. Por eso deben decirnos si el gobierno debe recortar servicios públicos a los ciudadanos para preservar íntegro el sueldo de los empleados públicos, o si por el contrario existe otro sitio de dónde recortar. Porque ellos saben de sobra la estructura del presupuesto de la Junta, y tienen técnicos que pueden echar números para dar una alternativa completa.
Y si los sindicatos de clase coinciden con IULVCA y PSOE-A no se quieren recortar los servicios públicos o privatizar parte de esos servicios públicos, vendiendo a la banca o a las aseguradoras hospitales, centros de salud, colegios, institutos o universidades (lo que es una línea roja de cualquier programa de izquierdas que se precie) y en consecuencia resulta “inevitable” recortar el capítulo I o gastos en materia de personal en 777 millones (más o menos), que digan los sindicatos si prefieren despedir a unos 30.000 empleados públicos (es la cuantificación que hace Carbonero), para echar a esos empleados públicos de las agencias a los que los sindicatos de derechas como CSIF y AFJA llaman “enchufados”, o reducir una parte de las retribuciones de los empleados públicos. El gobierno andaluz de izquierdas ha preferido no despedir a nadie (otra línea roja del gobierno andaluz de izquierdas), aunque ello signifique que se tenga que optar por el recorte en salarios.
Nada es inevitable a priori. Pero si se quiere pasar de la demagogia a la política, y de ésta a las cifras presupuestaria, hay que optar. Optar, eso es lo inevitable. Hoy, por ejemplo, los compañeros/as de IU de Asturias están decidido iniciar negociaciones con el PSOE asturiano para entrar en el gobierno o no, una vez que ya se ha decidido UPyD por apoyar como presidente a Javier Fernández. Los que defienden el pacto de legislatura argumentan que así no tendrá que entrar IU a hacer los recortes que les impone la ley de estabilidad presupuestaria del gobierno central. Y podrán distanciarse de las políticas de recorte, según creen ellos. IU en Andalucía no lo ha hecho así, ha tenido que apoyar el plan de recortes del nuevo gobierno andaluz, y ahora se ve enfrentada a algunos/as de aquellos que la han votado, procedentes en buena parte de los trabajadores de los servicios públicos, los educadores, los sanitarios, los empleados de los servicios sociales, etc. ¡Qué mala pata!
Se oye de todo entre los votantes de IULVCA, y lógicamente surge el desconcierto. ¿No hemos hablado pestes siempre de los recortes? ¿Por qué los hacemos nosotros ahora? Si eran inevitables, ¿no hubiera sido mejor dejárselos hacer o bien al PSOE en solitario (quedándose IUVCA fuera del gobierno, oponiéndose a los recortes, y que los pactase el PSOE-A con el PP-A), o bien al PP (simplemente dejando a Arenas gobernar con mayoría minoritaria)? ¿No se está produciendo una contradicción entre nuestro programa y nuestra práctica? ¿No va a romper este apoyo a los recortes la alianza estratégica con los sindicatos de clase?
Yo mismo desde este blog he puesto de vuelta y media a Zapatero por su cambio de estrategia de política económica en mayo de 2010, cuando abrazó la política del pacto fiscal y el acuerdo PSOE-PP para constitucionalizar el déficit cero. ¿Por qué ahora justifico los recortes que hace el gobierno andaluz? No los justifico, y sigo estando en contra de ellos. Sobre todo cuando afecta a las condiciones salariales de los empleados públicos, que se ven recortadas. Mi posición debe quedar clara: si de mí hubiera dependido, no se habría ni siquiera planteado, por dos razones, la primera por lo que significa de retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores públicos, y la segunda porque va a suponer un nuevo palo en las ruedas del consumo, uno de los factores de la demanda interna, que es uno de los ejes de nuestro desarrollo; por lo que este recorte del gasto de personal, unido al recorte en las inversiones puede significar hundir más la ya de por sí maltrecha economía andaluza.
Pero dicho esto, hay que decir que los recortes no son propiamente decisiones del gobierno andaluz, sino imposiciones del gobierno europeo y del gobierno central, de Bruselas y Madrid, de Barroso y de Rajoy. No hay dos recortes, uno el de Madrid y otro el de Andalucía, no. Hay un solo recorte, que viene del gobierno central, del PP. El margen que le quedaba al gobierno andaluz era optar por dónde metía la tijera. Pero el tijeretazo había que darlo. Y era gordo, no bastaba con recortar calderilla (que si se recortan los sueldos de los altos cargos, que si los gastos en publicidad, que para qué tanto coche oficial: todo eso se recortar´, efectivamente, pero el cómputo final es pura calderilla, comparado con los 3.720 millones que hay que prevenir entre nuevos ingresos (1.000 millones) y recorte (2.720 millones).
Y puestos a hacer recortes, ¡que los hagan ellos, dicen algunos! Así IULVCA hubiera mantenido su pureza virginal, su crédito político intacto. Pero este argumento hace aguas por todos los lados:
a) El crédito político también se hubiera resentido, pues una parte de nuestros votantes nos hubieran reprochado (y con razón) que escurríamos el bulto justo cuando hacía falta estar ahí, en el gobierno andaluz, para defender los intereses de la mayoría social.
b) Si les hubiésemos dejado hacerlo al PP en solitario, está claro que su opción hubiera sido no recortar salarios, pero sí recortar personal (o sea, despedir a los 23.000 “enchufados” que dice CSIF que hay en la Junta), recortar servicios (reducir la carta de servicios sanitarios, aumentar la ratio educativa o las tasas universitarias), y privatizar.
c) E incluso si le hubiéramos dejado hacer al PSOE-A en solitario los recortes, vaya usté a saber lo que hubieran hecho.
De momento IULVCA va a propiciar que lo que no se ha hecho antes (consultar con los sindicatos y otros aliados sociales de la izquierda) se pueda hacer ahora, convirtiendo en el Parlamento el decreto en un proyecto de ley con capacidad para hacer enmiendas. ¿Qué margen tendrán las enmiendas? Escaso. Por eso es imprescindible recomendar que el que quiera recortar el carácter injusto de los recortes en salarios públicos tendrá que ser consciente de que quitar dinero de una partida para dárselo a otra implica la posibilidad de trasladar la injusticia a otro ámbito, desvestir a un santo para vestir a otro. Pero siempre se pueden evitar situaciones especialmente lesivas.
A tal efecto es una buena iniciativa la que el grupo parlamentario de IULVCA ha previsto proponer de que no se recorten los salarios que no superen los mil euros. Añado otra sugerencia, por si alguien quiere tenerla en cuenta: que los recorten no sean lineales, sino que se hagan según tramos de ingresos; pues no produce el mismo daño a la economía familiar recortar un 5% la productividad de quien cobra 500 euros por ella a final de año, que quien cobra 10.000 euros anuales. Otra posible enmienda: recortar la acción social selectivamente: no a los que perciben salarios bajos, y sí a quienes pueden con su salario hacer frente a los gastos de ortodoncia o de gafas del hijo o hija del empleado público, etc.
No es inevitable la confusión. Yo mismo he oído decirle a un insigne sindicalista que con este plan de reequilibrio no es cierto que no se vaya a despedir gente. Cosa que contrasta con una simple lectura del decreto. Pero que conviene aclarar, pues en estos momentos la confusión de la gente de izquierdas es un peligro real. Urge que IULVCA explique en un panfleto la verdadera dimensión de los recortes y en qué consiste su posición ante ellos, que los compare con los que hace el PP en otras CC.AA. (ver el cuadro que publica El País el viernes 18 de mayo), y que dé a conocer las enmiendas que el grupo parlamentario piensa proponer. Alguien tiene que sacar tiempo para esa tarea, que es prioritaria.
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