En un artículo de reciente aparición en El País (“Efectos incontrolados de la reforma”), el profesor Jesús Cruz Villalón citaba Luis Toharia, recordándonos que “los únicos efectos grandes que suelen tener los cambios normativos del mercado de trabajo son precisamente aquellos que nadie previó”. Cruz Villalón que esto es lo que va a pasar con la reforma laboral, poniendo dos ejemplo de ese tipo de efectos no previstos.
El primero es que algunas de las medidas del RDL en materia de contratación y de despido pueden incidir en un reforzamiento de la rotación en el mercado de trabajo, manteniendo así la dualidad que se dice perseguir, y debilitando en la práctica la estabilidad en el empleo. En concreto, Por ejemplo, la desnaturalización del período de prueba (que ya veremos si es o no constitucional por las dudas que suscita sobre su compatibilidad con la exigencia constitucional de causalidad de la extinción contractual) que se produce al extender a 12 meses su duración en el nuevo tipo de contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, pues dicha medida puede dar paso a una generalización de contratos aparentemente indefinidos, pero que en la práctica no duren más del año del período de la prueba; o que en el mejor de los casos se extingan a los tres años de duración, justo cuando concluya el periodo bonificado por las ayudas públicas. Además, para Cruz Villalón esta regulación de la nueva modalidad contractual, puede invitar, incluso sin pretenderlo al encadenamiento de contratos, puesto que “ni se prohíbe la sustitución por otro de igual naturaleza con otro trabajador a su conclusión, ni se exige que con el mismo se produzca una creación neta de empleo”.
En el segundo ejemplo el profesor Cruz Villalón aborda la universalización de los mecanismos de descuelgue de los convenios colectivos. Con este mecanismo de descuelgue –afirma- se puede provocar un efecto distorsionador de nuestra negociación colectiva. ¿Qué efectos negativos puede esto conllevar? Por un lado, son tantas las causas justificativas del descuelgue, que ni siquiera es necesario que exista una conexión entre estas y la posibilidad de destrucción de empleo ni con la dificultad económica por la que pase la empresa, y al mismo tiempo es tal el procedimiento con que se puede aplicar el descuelgue, que al final lo que puede surgir de todo esto es la desarticulación total del sistema de negociación colectiva. Y por si esto fuera poco, se anuncia en el RDL que si no hay acuerdo, se impone un arbitraje obligatorio, denunciado tanto por sindicatos como por empresarios, y que podría tener visos de inconstitucionalidad también.
Ahí quedan dichos algunos de los peligros de la contrarreforma laboral que nos va a imponer a los trabajadores el gobierno del PP, con la ayuda de CiU.
Pese a la propaganda oficial y a la palabrería de la exposición de motivos, la reforma planteada por el gobierno no es para crear empleo, y mucho menos de calidad. Tampoco es para reducir la dualidad del mercado de trabajo, ni para disminuir la temporalidad. De lo que se trata es de proteger a los empresarios cuando sabe que la economía no se va a recuperar, como nos dicen Juan Torres y Alberto Garzón, el diputado de IU por Málaga, economista y portavoz de economía de esta formación en el Congreso. Sabe el gobierno que los empresarios no van a poder levantar cabeza en la estrategia suicida de austeridad en la que estamos inmersos, y en función de las concesiones que el gobierno sigue dispuesto a hacer a la banca, pese a que ésta siga más preocupada por salir del agujero en que ella solita se ha metido, que en facilitar el crédito necesario para impulsar la actividad productiva. Más austeridad significa menos demanda interna, tanto privada como pública, y más reforma financiera significa más retención del crédito. ¿Consecuencia? Que los empresarios consoliden sus beneficios a costa de los trabajadores. Luego la contrarreforma laboral es el correlato de una política económica tan regresiva como la que está diseñando la derecha en todos los ámbitos, europeo y español.
Donde la contrarreforma laboral manifiesta su verdadero centro es en las medidas de flexibilidad laboral, que, por supuesto, van mucho más allá que las pactadas entre sindicatos y gobierno, y que rompen precisamente este marco pactado. El desequilibrio de la contrarreforma es tal que los trabajadores se van a ver en la situación que se ve en algunas películas americanas, en las que al llegar a su puesto de trabajo se le dice que recojan sus cosas en un archivador y que se vayan a su casa, como bien decía Toxo en los desayunos de TVE1 hace dos días. Por ejemplo, la negativa a aceptar un cambio de horario o un traslado motivará la rescisión barata y fácil del contrato de trabajo.
¿Cómo es posible esto? Se preguntarán algunos trabajadores que no dan crédito a lo que se les viene encima, acostumbrados a un sistema de Derecho del Trabajo que, mal que bien, aún conservaba un cierto carácter tuitivo o protector hacia la parte débil de la relación laboral, que desde la constitución de tal Derecho como rama aparte del Derecho Civil, siempre ha sido el trabajador. La respuesta es clara: esta contrarreforma laborales una auténtica voladura controlada de los derechos laborales y de los principios que dieron lugar al Derecho del Trabajo, dicen Torres y Garzón.
El artículo 12 viene a modificar el Estatuto de los Trabajadores en el sentido de que “la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. ¿Cuáles son esas “modificaciones sustanciales”? Pues las referidas a jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, y, hasta en algunos casos, funciones. Es decir, a todo lo que tiene que ver con todas las condiciones de trabajo, provocando una severísima degeneración de estos derechos.
Miente Rajoy cínicamente a sabiendas cuando dice que él comprende que la patronal y los sindicatos se enfaden porque van a perder poder. Pretende crear una diferenciación, introducir una brecha entre los intereses de los trabajadores y la de los sindicatos, como si “los intereses” de los sindicatos existieran al margen de los intereses de los trabajadores. Miente a sabiendas para aprovechar el cierto descrédito que el carácter semi-institucional del poder sindical tiene en la opinión pública dirigida por los medios de comunicación de la derecha. Por otra parte, miente porque mete en el saco a los empresarios para despistar. La patronal no va perder poder. Todo lo contrario, pues es la única que va a ganar poder fáctico en el seno de las empresas, que es el que realmente importa e interesa a la patronal. Por eso está que desborda de alegría, sin poder disimular su plena satisfacción con esa contrarreforma que le ha regalado el gobierno.
Rajoy quiere enfrentar a los trabajadores con sus sindicatos de clase. El presidente ha puesto en la diana a los sindicatos de clase, y pretende hacer de la contrarreforma una provocación para justificar su afán de mermarles el poder de protagonistas del diálogo social que la Constitución Española del 78 les reconoce. No olvidemos que ese carácter institucional de los sindicatos viene dado por la mismísima Constitución, cuando reconoce a los sindicatos y a las organizaciones empresariales como cauces institucionales de la defensa de los intereses de sus representados, los trabajadores y los empresarios, respectivamente. Rajoy actúa ignorando y pisoteando la Constitución, quiere aprovechar esta crisis para abatir al enemigo de clase y pisotear el poder que durante siglos ha ido conquistando el movimiento obrero, que se cristaliza y deposita orgánicamente primero en los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y segundo en la capacidad de los sindicatos para poder ejercer dignamente su papel constitucional. Rajoy es la señora Thatchter, pero sin la dulce cara de Meryl Streep como intérprete del papel.
Vano intento éste de pretender enfrentar a los trabajadores con los sindicatos, pues es patente que en esta contrarreforma no son los sindicatos los que pierden, sino todos y cada uno de los trabajadores. Los que tienen un puesto de trabajo estable, porque a partir de ahora es menos estable; los empleados públicos, porque se les mete en el mismo saco de la inestabilidad laboral; precarios y temporales porque no van a ganar ninguna fijeza en su contrato laboral; los parados, porque no se van a crear nuevos empleos; y todos, porque van a estar más sometidos a la arbitrariedad y capricho del empresario de turno.
Otra cosa será que los trabajadores lo vean a tiempo, que tarden más o menos tiempo en enterarse de lo lesiva que es la contrarreforma para cada trabajador en concreto. Otra cosa será que cuanto más esclavizados estén en sus precarios puestos de trabajo, menos ganas tengan de movilizarse, por temor a perder la mierda de empleo que hayan podido conseguir. Pero si la cohesión social se deteriora como consecuencia de la situación económica en general y de las condiciones que impone esta contrarreforma laboral en concreto, puede ser que al final los trabajadores acaben prefiriendo la vía de la confrontación total con este estado de cosas.
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