La crisis está convirtiendo España en el país más desigual de Europa. La tasa de pobreza ha tenido un crecimiento descontrolado, llegando a ser la más alta de la UE, sólo por encima de Rumanía y Letonia, y cinco puntos por encima de la tasa media europea (16%), mientras Holanda tiene un 10’3%, la mitad que España. La desigualdad entre ricos y pobres en España también arroja cifras escandalosas, pues duplica el de Francia, triplica el de Alemania y es casi cinco veces mayor que el de la media de la UE-15. Mientras en 2007 la relación entre la renta del 20% más rico de la población española y el 20% más pobre era de 5’3, en 2010 se ha elevado al 6’9. Es decir, que España ha experimentado el mayor crecimiento de desigualdad de toda la UE-27.
Y dentro de España, también hay que diferenciar por comunidades autónomas, pues mientras en Extremadura se eleva al 38,2%, Canarias al 31,1%, Andalucía al 30,1% y Murcia al 29,2%, las tasas del Navarra se reducen al 7’3%, País Vasco al 11,6% y Asturias al 12,3%. Es decir, una diferencia de 30 puntos entre la que más pobres tiene y la que menos.
Para el informe FOESSA de Cáritas la cohesión social corre un inminente peligro de quiebra por un agravamiento de la dualización. Este informe titulado “Exclusión y Desarrollo Social en España. Análisis y Perspectivas 2012” indica que los pobres son ahora más pobres (el umbral de la pobreza pasó de 8.000 euros en 200 a 7.800 en 2010. Y según el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, “la pobreza es más extensa, más intensa y más crónica”. La caída media de la renta per cápita es de un 9%, si se incluye la incidencia del IPC.
En los hogares españoles se refleja este empobrecimiento con claridad. El 30% llega mal a fin de mes, y ha reducido su gasto en calefacción y consumo de carne. El 41% dice que no puede hacer frente a gastos imprevistos, y el 3’3% no tiene ingreso alguno, pues no percibe ni rentas del trabajo, ni prestaciones por desempleo u otras del sistema público de Seguridad Social. A finales de 2011 había 580.000 hogares sin ingresos (34% más que en 2007).
¿Cómo prevé España este crecimiento de las desigualdades? Pues reduciendo encima todavía más el gasto social, por culpa de la nefasta estrategia económica de la reducción del déficit. El gasto social, en términos de PIB o calculado per cápita, se aleja incluso más de la media europea en inversión de recursos que favorezcan la igualdad de los españoles. Mientras el informe FOESSA revela que el gasto social en España está 15 puntos por debajo del de la mayoría de los países del euro con mayor nivel de renta (25 puntos por debajo del gasto social de Alemania), Vicenç Navarro ha calculado que España debe aumentar cada año 75.000 millones de euros para alcanzar esos niveles. Justo lo contrario que hace, pues está previsto que este presupuesto próximo reduzca al menos 50.000 millones de euros en gasto en general, del cual un 70% es gasto social.
Otro indicador significativo es el de las ejecuciones hipotecarias, que se han cuadruplicado desde 2007, siendo a finales de 2010 unas 100.000. Pero este dato es injustamente frío y esconde el drama cotidiano de los hogares con todos sus miembros parados que han perdido todo acceso a rentas, incluidas las de los subsidios del Estado, o que sobreviven con una exigua subvención que no da ni para los gastos fijos del hogar más elementales, como es el recibo de la luz, del agua, etc. Hay cada vez más españoles que comen de lo que les proporciona la caridad privada, y que se ven abocados a dejar de pagar la hipoteca de su piso simplemente por necesidad insalvable. Ante estos dramas humanos, los bancos han actuado sin piedad: han desahuciado, reclamando incluso la utilización de la policía para ejecutar la orden judicial. No queda ahí la cosa: además de desalojar a familias enteras de su vivienda para apropiársela, los bancos han mantenido la reclamación de la parte de la deuda hipotecaria que media entre el préstamo otorgado en su día y el precio actual del mercado en el que se tase la vivienda expropiada.
El clamor popular contra estas situaciones injustas, reflejadas en los medios de comunicación sobre todo a raíz de las acciones del 15-M, se ha convertido en categoría política, pues se ha reclamado que al menos se admita la dación de la vivienda en pago del préstamo hipotecario. Incluso el insensible gobierno del PP se ha tenido que hacer eco de esta reclamación de la dación en pago.
¿Qué propone el ministro de Guindos para satisfacer la demanda de la dación en pago? Pues a preguntas de IU, de Guindos se ha descolgado proponiendo que el gobierno permitirá la dación en pago a las familias que estén en el “umbral de la exclusión”, esto es, tengan todos sus miembros e paro y no tengan otras rentas, es decir, cuando la vivienda que entregan es su único activo. Y para ello recomienda (no obliga) a los bancos a establecer de buenas prácticas, en las que permita a los desahuciables permanecer dos años en su vivienda, y luego admitan la dación en pago, salvo que ambas acuerden prorrogar la situación mediante la contraprestación de una cuota acordada entre ambas. A cambio el ministro promete habilitar incentivos de tipo fiscal o administrativo para que la banca se sienta proclive a acceder a esta “buena práctica”.
Pero advierte el ministro que esto debe ser la excepción, y no puede convertirse el acogimiento a esta fórmula en una práctica “abusiva” y “fraudulenta”.
Valiente mierda, con perdón. Si la dación en pago no es obligatoria para los bancos, no sólo será la excepción, sino que será simplemente la mínima expresión, pues los bancos accederán a la dación en pago sólo para demostrar mediante su máxima difusión propagandística que están practicándola. E incluso ni eso.
Hace falta un cambio en la regulación hipotecaria, tanto española como en las directivas europeas. No olvidemos que en la concesión de créditos que luego se tornan impagables, un buen porcentaje de responsabilidad la tienen los propios bancos. Un informe del regulador bancario británico reconocía que la mitad de las hipotecas concedidas en 2007 y 2008 no habían verificado los ingresos del solicitante, dice El País. Por eso los grupos del Parlamento Europeo están negociando un texto, pero mucho nos tememos que al fin la dación en pago forzosa será excluida también, pues los ponentes del texto consideran que “agravaría los problemas”.
La banca es alérgica a la regulación de su funcionamiento. Y no olvidemos que la banca es la que paga a los gobiernos (los préstamos a la deuda soberana), y por tanto es la que manda. La propuesta del gobierno del PP en España y la directiva que prepara el Parlamento Europeo son puro maquillaje para una situación que socialmente se considera, con razón, odiosa.
Olvida el gobierno del señor Rajoy que el acceso a la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución, y que el gobierno está obligado a proteger ese derecho para todos los españoles. No es un negocio de la banca, no. La vivienda es un derecho. Pero como en tantos aspectos, la Constitución es letra muerta, simplemente. Habrá que seguir presionando socialmente para que al final las soluciones que se den al problema de los desalojos por desahucio sean soluciones de verdad, y no mero maquillaje, pura mentira disfrazada.
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