Blindar el gasto social en Andalucía

Publicado: 6 septiembre 2011 en Uncategorized

Diego Valderas es un líder imaginativo y con iniciativa. Tanta que a veces nos trae a todos al retortero, es decir, que nos reparte trabajo para que no nos aburramos. Anteayer me encargó que hiciera una proposición no de ley para blindar el gasto social en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía. Así lo he hecho, y así se ha registrado hoy en el Parlamento de Andalucía. A continuación transcribo el texto que preparé para general conocimiento de quien esto lea:
PARA PONER LÍMITES A LOS RECORTES SOCIALES
Como si de un dogma económico se tratase, los organismos internacionales y nacionales han adoptado la estrategia de reducir el déficit público como prioridad previa a cualquier otro tipo de medida a adoptar por el gobierno central y por las comunidades autónomas. En aras de esta nueva obligación, tanto el gobierno central como el autonómico lleva al menos dos presupuestos utilizando la tijera del recorte en el ámbito de los gastos, sin apenas modificar la política fiscal, salvo para favorecer políticas regresivas como la subida del IVA o de los impuestos especiales, que discrimina negativamente a las rentas más bajas, pues es un impuesto indirecto.
Los recortes se han centrado en las inversiones, que han adoptado la fórmula de la colaboración público-privada para disfrazar lo que es puro recorte en el capítulo de la financiación de infraestructuras y los equipamientos que demandan los municipios y los ciudadanos; han incidido incluso negativamente en la ayuda al desarrollo de los países menos favorecidos económicamente; se han cebado en el gasto corriente; y han afectado al capítulo I de los presupuestos, congelando pensiones, reduciendo el salario de los empleados públicos, recortando gasto en asesores, cargos públicos, parques automovilísticos, etc., que antes se consideraban necesarios para un más eficaz desempeño de las competencias públicas.
Finalmente se ha accedido a los deseos de los mercados y las instituciones que internacionalmente los representan, y los partidos mayoritarios del Congreso de los Diputados han aprobado una reforma constitucional del artículo 135.3 para introducir un techo en el déficit público a que deberán atenerse los sucesivos gobiernos en adelante. Todo ello sin que el pueblo pueda expresar su opinión mediante la convocatoria de un referéndum. Pese a que el texto aprobado no contempla cifra concreta alguna, el consenso partidario citado cifra en el 0’4% el compromiso de tope de déficit constitucionalmente admisible en el futuro, repartido en un 0’26% para el Estado y un 0’14% para las comunidades autónomas. Y aunque el texto habla de la necesidad de un desarrollo regulador mediante ley orgánica y que la entrada en vigor del 0’4% se producirá en 2020, sin embargo el texto concreto del art.135.3 establece la obligación de dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública, por encima de cualquier otro pago, y la disposición final prevé la inmediata entrada en vigor de la obligación consignada en el texto constitucional reformado. En consecuencia, el pago de la deuda pública se convierte en obligación prioritaria e inmediata sin esperar al 2020.
Paradójicamente, los coautores de la antidemocrática reforma de la Constitución Española del 78 invocan la protección del bienestar como razón última de esta reforma. Y en la precampaña electoral que ya ha empezado de facto para las próximas elecciones generales previstas para el 20 de noviembre, los líderes de todos los partidos establecen su compromiso de no afectar mediante recortes los gastos presupuestarios destinados a la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. Cuestión que, más allá de toda polémica, parece ser cuando menos un compromiso perfectamente asumible por todos los representantes públicos, pues es una demanda unánime de los ciudadanos y ciudadanas, que tanto los sindicatos y otras organizaciones sociales, como el conocido como movimiento 15-M están exigiendo en la calle.
Pero para que eso sea una realidad hace falta legislar los límites de la actividad gubernamental en el sentido de limitar su capacidad de afectar la capacidad que los presupuestos tengan para abordar dichos gastos sociales. Cuestión que no será posible evitar si estos no experimentan anualmente un incremento equivalente al menos a la subida real de los precios de los productos y servicios de cuyo acceso depende su correcto desarrollo al servicio de los ciudadanos, tanto en lo que afecta al capítulo I como a los demás capítulos de los respectivos presupuestos.
Por todo ello, el grupo parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) realiza la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía aprueba las siguientes medidas:
1º) instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a observar en la elaboración del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012 el criterio de elevar los gastos correspondientes a sanidad, educación y servicios sociales, incluida la atención a la dependencia, en la cuantía equivalente al incremento de precios al consumo (IPC) real existente durante el presente ejercicio presupuestario.
2º) expresar el compromiso unánime de todos los grupos parlamentarios presentes actualmente en el Parlamento de respetar el criterio arriba expresado en la tramitación de las enmiendas para el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012.
El diario Público recoge hoy la noticia de que Diego Valderas anuncia que IU LV-CA va a presentar una iniciativa para reformar el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 (EdA) para blindar el gasto social, dado que la reforma de la Constitución lo pone en peligro para el futuro, en función de que el nuevo texto de su artículo 135.3 da prioridad absoluta al pago de la deuda. Andalucía puede poner otra prioridad absoluta, que, dentro del marco de prioridad absoluta de pagar la deuda, lo que quede sea para preservar el gasto social.
La presente PNLP que arriba transcribo no recoge esta reforma del Estatuto, pero es evidente que adelanta la intención de Valderas, circunscribiendo el objeto de respeto al gasto social en el próximo proyecto de ley de presupuesto de la Junta de Andalucía. Tiempo hay para presentar una interpelación para debatir de la reforma del EdA, que es una iniciativa que debería estar consensuada por todos los grupos parlamentarios.
¿No se les llena la boca a los líderes Griñán y Arenas de que no van a recortar en sanidad, educación y servicios sociales? Pues que lo aprueben así en el Parlamento y lo metan en el EdA. Si no lo aceptan es que es un compromiso de boquilla que no piensan cumplir cuando gobiernen, tanto uno como otro.
PVP110906

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comentarios
  1. Juanfra dice:

    Creo que debías impartir clase en el Parlamento y que los consejeros tomen apuntes.

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