Archivos para enero, 2012

El gobierno erre que erre

Publicado: 25 enero 2012 en Uncategorized

El FMI advirtió ayer al gobierno español de que la recesión en la que ya estamos va a desbaratar el plan de ajuste. Recordemos que los compromisos de España con la UE es que en 2012 alcanzaríamos el 4’4% del déficit y en 2013 nos pondríamos en el 3%, que es la cifra máxima prevista por el Pacto de Estabilidad para los países miembros de la UE en épocas de crisis, pues en épocas de bonanzas la meta es el cero. Pero las circunstancias han variado sustancialmente. Sin apenas salir de la anterior recesión iniciada en 2009, nos tropezamos con una nueva recesión. El Banco de España ya ha echado sus números, y sitúa una caída del PIB del 1’5% en 2012 y una levísima recuperación del 0’3% para 2013. El FMI pone las cosas peor, y cree que podríamos tener una caída cercana al 2% en 2012, un -1’7% al menos. Pronostica para España un saldo presupuestario negativo del 6,8% en 2012 y del 6,3% en 2013, con una desviación aún mayor que la de 2011 sobre el ajuste acordado con el gobierno europeo (la CE). Sea como fuere, la conclusión del Fondo es que el déficit público será del 6,8% para este año y del 6,3% en 2013.
Montoro ha ido manifestando últimamente su opinión de que va a ser imposible cumplir el compromiso del déficit, y su opinión es que lo suyo sería revisar las previsiones de déficit, puesto que han cambiado las previsiones del PIB. Pero esta opinión contrasta con la del ministro de economía, Luis de Guindos, que argumenta que el interés prioritario de España es dar confianza a “los mercados”, y para ello hay que mantener a toda costa el compromiso de llegar en 2012 al 4’4%. Colisión en el seno del gobierno, que el astuto Rajoy intenta desmontar afirmando rotundamente que “hoy” sigue siendo el 4’4% el compromiso de déficit del gobierno de España con la UE. Lo que no descarta que “mañana” sea otro.
Pero esta astucia de Rajoy no convence a nadie. Porque la obligación del gobierno en caso de que prevea que no va a cumplir el 4’4% es plantearlo en la UE, negociando con ella un nuevo compromiso más realista. Máxime cuando esta imposibilidad de cumplir ese compromiso del déficit no afecta solo a España, sino que pueden ser varios países de la eurozona los que se encuentren en la imposibilidad manifiesta de cumplir sus compromisos. Ni Francia (-4,4%) ni Reino Unido (-6,5%) alcanzarán tampoco el deseado 3% en 2013, según el FMI. Pues aunque el vicepresidente de la CE ha calificado de “suave” a la actual recesión de la UE, lo cierto es que a unos países afecta de forma más virulenta que a otros, por ejemplo a España, con casi un 2%.
Además, existe otro motivo para que se abra paso la revisión de los términos concretos derivados del Pacto de Estabilidad: por fin la UE ha dado luz verde a abrir la estrategia de salida de la crisis a la adopción de medidas para estimular el crecimiento económico, renunciando a la exclusividad de las medidas de ajuste fiscal. El ajuste fiscal en solitario puede no sólo ser imposible de cumplir, sino además puede ser inconveniente o contraproducente, pues puede llevarnos a más ruina económica, a la hecatombe generalizada. Y si se trata de adoptar medidas de estímulo al crecimiento, lo más contrario a esto es gastarse todo el ahorro que supongan las medidas de ajuste en reducir deuda soberana, cuando parte al menos de ese ahorro debería invertirse en obras públicas, medidas de fomento de creación de empleo, etc.
Lo que pasa es que el discurso del impulso del crecimiento el gobierno español de derechas se lo cree a medias, por no decir que no se lo cree. Por lo menos eso le pasa al ministro Guindos, que instado por Ana Pastor en TVE1 a que concretase qué medidas pensaba el gobierno en habilitar para cubrir este nuevo objetivo de la estrategia europea, no ha sabido contestar que las reformas estructurales (la reforma laboral, la reforma financiera o de la banca española, etc.) son las que van a contribuir al crecimiento de la economía española. Así que de medidas específicas para el crecimiento, nada de nada.
En todo caso habrá que prepararse para lo peor desde el punto de vista de las víctimas de la crisis, los trabajadores y las capas medias de la población. Porque, pese a los esfuerzos que han hecho los sindicatos para acordar con la patronal la moderación salarial (un 0’5% de referencia en la negociación colectiva del 2012 y un 0’6% en 2013 y 20º4), el ministro Guindos ha afirmado que la reforma laboral que prepara el gobierno va mucho más a fondo. Y ha descalificado los acuerdos adyacentes a los de moderación salarial dentro del pacto patronal-sindicatos, referidos a la estructura de la negociación, al descuelgue salarial.
Bien por desconocimiento de su contenido, o porque realmente el ministro considera que no van en la línea que quiere el gobierno, lo cierto es que Guindos ha dicho que el gobierno va a ir más allá de esos acuerdos. Es decir, que va a imponer su propio modelo. No sólo en temas como la contratación o el despido, que son en los que los agentes sociales no han llegado a acuerdos, sino también en aquellos en los que han llegado a acuerdos, desconociendo o desestimando la capacidad que tienen estos agentes en cuanto cauce representantivo de los intereses de los trabajadores y los empresarios, como reconoce la Constitución Española del 78.
Este gobierno insiste erre que erre en sus planes y en sus cifras. Y desconoce o no quiere asumir la nueva estrategia que (aunque sea de boquilla) ha emprendido la UE. Con un gobierno tan tozudamente neoliberal, los sufrimientos que nos esperan durante 2012 y siguientes son de ponérsele a uno los pelos de punta. De momento se espera otro medio millón de parados y paradas, hasta llegar a los 5’5 millones.
No es una cuestión de coordinación de mensajes entre los distintos miembros del gobierno. También se trata de una cuestión de línea ideológica y de contradicciones insalvables entre la línea más dura y la línea menos cerril, dentro de la misma estrategia de palo y tente tieso.

Publicado: 25 enero 2012 en Uncategorized
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El FMI advirtió ayer al gobierno español de que la recesión en la que ya estamos va a desbaratar el plan de ajuste. Recordemos que los compromisos de España con la UE es que en 2012 alcanzaríamos el 4’4% del déficit y en 2013 nos pondríamos en el 3%, que es la cifra máxima prevista por el Pacto de Estabilidad para los países miembros de la UE en épocas de crisis, pues en épocas de bonanzas la meta es el cero. Pero las circunstancias han variado sustancialmente. Sin apenas salir de la anterior recesión iniciada en 2009, nos tropezamos con una nueva recesión. El Banco de España ya ha echado sus números, y sitúa una caída del PIB del 1’5% en 2012 y una levísima recuperación del 0’3% para 2013. El FMI pone las cosas peor, y cree que podríamos tener una caída cercana al 2% en 2012, un -1’7% al menos. Pronostica para España un saldo presupuestario negativo del 6,8% en 2012 y del 6,3% en 2013, con una desviación aún mayor que la de 2011 sobre el ajuste acordado con el gobierno europeo (la CE). Sea como fuere, la conclusión del Fondo es que el déficit público será del 6,8% para este año y del 6,3% en 2013.
Montoro ha ido manifestando últimamente su opinión de que va a ser imposible cumplir el compromiso del déficit, y su opinión es que lo suyo sería revisar las previsiones de déficit, puesto que han cambiado las previsiones del PIB. Pero esta opinión contrasta con la del ministro de economía, Luis de Guindos, que argumenta que el interés prioritario de España es dar confianza a “los mercados”, y para ello hay que mantener a toda costa el compromiso de llegar en 2012 al 4’4%. Colisión en el seno del gobierno, que el astuto Rajoy intenta desmontar afirmando rotundamente que “hoy” sigue siendo el 4’4% el compromiso de déficit del gobierno de España con la UE. Lo que no descarta que “mañana” sea otro.
Pero esta astucia de Rajoy no convence a nadie. Porque la obligación del gobierno en caso de que prevea que no va a cumplir el 4’4% es plantearlo en la UE, negociando con ella un nuevo compromiso más realista. Máxime cuando esta imposibilidad de cumplir ese compromiso del déficit no afecta solo a España, sino que pueden ser varios países de la eurozona los que se encuentren en la imposibilidad manifiesta de cumplir sus compromisos. Ni Francia (-4,4%) ni Reino Unido (-6,5%) alcanzarán tampoco el deseado 3% en 2013, según el FMI. Pues aunque el vicepresidente de la CE ha calificado de “suave” a la actual recesión de la UE, lo cierto es que a unos países afecta de forma más virulenta que a otros, por ejemplo a España, con casi un 2%.
Además, existe otro motivo para que se abra paso la revisión de los términos concretos derivados del Pacto de Estabilidad: por fin la UE ha dado luz verde a abrir la estrategia de salida de la crisis a la adopción de medidas para estimular el crecimiento económico, renunciando a la exclusividad de las medidas de ajuste fiscal. El ajuste fiscal en solitario puede no sólo ser imposible de cumplir, sino además puede ser inconveniente o contraproducente, pues puede llevarnos a más ruina económica, a la hecatombe generalizada. Y si se trata de adoptar medidas de estímulo al crecimiento, lo más contrario a esto es gastarse todo el ahorro que supongan las medidas de ajuste en reducir deuda soberana, cuando parte al menos de ese ahorro debería invertirse en obras públicas, medidas de fomento de creación de empleo, etc.
Lo que pasa es que el discurso del impulso del crecimiento el gobierno español de derechas se lo cree a medias, por no decir que no se lo cree. Por lo menos eso le pasa al ministro Guindos, que instado por Ana Pastor en TVE1 a que concretase qué medidas pensaba el gobierno en habilitar para cubrir este nuevo objetivo de la estrategia europea, no ha sabido contestar que las reformas estructurales (la reforma laboral, la reforma financiera o de la banca española, etc.) son las que van a contribuir al crecimiento de la economía española. Así que de medidas específicas para el crecimiento, nada de nada.
En todo caso habrá que prepararse para lo peor desde el punto de vista de las víctimas de la crisis, los trabajadores y las capas medias de la población. Porque, pese a los esfuerzos que han hecho los sindicatos para acordar con la patronal la moderación salarial (un 0’5% de referencia en la negociación colectiva del 2012 y un 0’6% en 2013 y 20º4), el ministro Guindos ha afirmado que la reforma laboral que prepara el gobierno va mucho más a fondo. Y ha descalificado los acuerdos adyacentes a los de moderación salarial dentro del pacto patronal-sindicatos, referidos a la estructura de la negociación, al descuelgue salarial.
Bien por desconocimiento de su contenido, o porque realmente el ministro considera que no van en la línea que quiere el gobierno, lo cierto es que Guindos ha dicho que el gobierno va a ir más allá de esos acuerdos. Es decir, que va a imponer su propio modelo. No sólo en temas como la contratación o el despido, que son en los que los agentes sociales no han llegado a acuerdos, sino también en aquellos en los que han llegado a acuerdos, desconociendo o desestimando la capacidad que tienen estos agentes en cuanto cauce representantivo de los intereses de los trabajadores y los empresarios, como reconoce la Constitución Española del 78.
Este gobierno insiste erre que erre en sus planes y en sus cifras. Y desconoce o no quiere asumir la nueva estrategia que (aunque sea de boquilla) ha emprendido la UE. Con un gobierno tan tozudamente neoliberal, los sufrimientos que nos esperan durante 2012 y siguientes son de ponérsele a uno los pelos de punta. De momento se espera otro medio millón de parados y paradas, hasta llegar a los 5’5 millones.
No es una cuestión de coordinación de mensajes entre los distintos miembros del gobierno. También se trata de una cuestión de línea ideológica y de contradicciones insalvables entre la línea más dura y la línea menos cerril, dentro de la misma estrategia de palo y tente tieso.

PVP120125

Los sindicatos CC.OO. y UGT y los empresarios de CEOE y CEPYME han seguido negociando, pese a las dificultades de entendimiento que tienen respecto de la reforma laboral en su conjunto, y pese a las presiones que desde determinados sectores de la patronal se ejercen para cerrar las negociaciones sin acuerdo y permitir así que el gobierno legisle e imponga lo que la patronal quiere, con la coartada de que como no han llegado a un acuerdo, pues le toca al gobierno cumplir con su deber. Y en su empeño de seguir negociando, han llegado a un preacuerdo de moderación salarial. Frente a quienes pensaban que los agentes sociales y económicos eran incapaces de llegar a un acuerdo en época de crisis, viene ahora esta especie de desmentido. Sí, es posible un acuerdo, el diálogo social triunfa. Antes no había sido posible, entre otras cosas por la interferencia de las elecciones generales, en las que la CEOE ha jugado a apostar descaradamente por el gobierno del PP. Arturo Fernández, de la patronal madrileña, sobre todo.
El acuerdo se ha producido entre Toxo y Méndez, por un lado, y Rosell y Terciado por otro, aunque aún queda el visto bueno de la dirección colegiada de la CEOE. Pero ¿a costa de qué?
El acuerdo tiene un contenido de moderación salarial, motivada en esta ocasión por la entrada de nuevo de la economía española en recesión. Prevé el acuerdo una subida máxima del 0’5% este año 2012 y una subida del 0’6% en 2013 y 2014, si la subida es al menos del 1%; y si es entre el 1% y el 2%, la subida sería del 1%, y para el caso de que pase del 2%, la revisión se situará en el 1,5%. Exiguas subidas que para unas empresas pueden ser una heroicidad consumarlas, y para otras se quedan cortas. Pues también en época de crisis se producen desequilibrios de unas a otras empresas, de unos a otros sectores. En general, es verdad que el acuerdo no es la congelación que pretendían los empresarios, ni el cumplimiento de la subida del 2’5% que estaba pactada previamente para este año, como querían inicialmente los sindicatos.
El acuerdo contempla además aspectos de nueva estructura de los convenios y flexibilidad interna en las empresas para el supuesto de que se deteriore la situación económica, con el fin de evitar que los despidos se conviertan en la opción inevitable. Por eso se han suscrito cuatro documentos con los aspectos más sustanciales del acuerdo, sobre estructura de la negociación colectiva, flexibilidad interna en las empresas, descuelgue del convenio y revisión salarial. Y se profundiza en la flexibilidad, de forma que, por ejemplo, en la cuestión de la jornada laboral se recomienda a los negociadores que se pueda ir más allá del Estatuto de los Trabajadores, dejándole al empresario modificar el 10% del cómputo de horas semanales y no el 5% establecido legalmente. Y respecto de las horas extraordinarias, se ha acordado que los convenios deben recoger criterios objetivos que establezcan sin ningún género de dudas de que el empresario se ve forzado a adoptar medidas urgentes para evitar males para la empresa en circunstancias especialmente complicadas. Pero además el empresario no puede decidirlo por sí solo, sino que debe acordarlo con el comité de empresa o con representantes de los sindicatos mayoritarios.
Por otra parte el acuerdo prevé impulsar los convenios de empresa. Se apuesta por la descentralización, pero sin renunciar a la existencia de los convenios colectivos de ámbito estatal, que en todo caso serán los que desarrollen las reglas de articulación de la estructura de la negociación colectiva de ámbito inferior. También se apuesta por preservar los convenios provinciales, contra la opinión de algunos expertos interesados en que desaparecieran. Y es que es en este ámbito donde se produce una mayor cobertura de los derechos de los trabajadores.
¿Por qué los sindicatos llegan a este acuerdo en el que se dejan una buena parte de las plumas con que entraban en la negociación? Pues porque prefieren ser ellos coautores de la reforma a que sea el gobierno el que la imponga unilateralmente o por decreto (o ley, que en el caso de mayoría absoluta del PP es lo mismo). Desafortunadamente esto se va a producir en los temas en que no se ha llegado a acuerdos, y en concreto respecto de la contratación y los despidos. Ahí el gobierno va a legislar sin más. Y esperemos que el gobierno no ahonde aún más en la descentralización de la negociación colectiva, y respete los términos de lo pactado entre sindicatos y patronal.
¿Es correcto o no? Algunos piensan desde posiciones de izquierdas que no, que se debe dejar al gobierno que haga su trabajo de recortes y desregulación laboral, para que se propicie un clima de descontento social que provoque la movilización de la gente.
Es el eterno dilema. Por un lado los sindicatos hacen bien en defender el aquí y ahora de los derechos de los trabajadores, los restos del desguace que la derecha neoliberal está haciendo del poder sindical y del estado del bienestar. Pero por otro lado, se debe propiciar desde la izquierda que la gente se espabile para que no seamos permanentemente presas del chantaje de “los mercados”, es decir, de las oligarquías financiera y política. Y para esa labor la izquierda necesita unos sindicatos más combativos, más proclives a lanzarse a la calle.
Nadie duda de la independencia sindical a estas alturas. El PP sí, y está procurando poner en el ojo de la diana el poder sindical residual, recortándoles los escasísimos medios de subsistencia que tienen. Y propiciando que poco a poco se introduzca su sindicato de derechas para ver si logra ser mayoritario.
Lo que sí está puesto en tela de juicio es la capacidad de movilización que hoy por hoy tienen los trabajadores y las clases populares en España. El fenómeno del 15-M no es síntoma de nada más y nada menos que del hartazgo que tiene una buena parte de la juventud de ser la víctima más señalada de la crisis y las políticas de recorte. Pero este fenómeno en un país articulado política, económica y socialmente de forma tan compleja como es el nuestro, no basta para provocar la eclosión social que se necesitaría para producir el viraje brusco de la estrategia de salida de la crisis, hacia la rebelión contra los mercados que propicia IU, por ejemplo. Lo demuestra el hecho de que mientras más rotundas y exitosas eran las movilizaciones del 15-M, más votos se acumulaban a favor de la derecha, y más ventaja obtenía el PP en las elecciones generales. Así que quien quiera desde la política halagar al 15-M para escarbar un puñado de votos en ese recinto, va de cráneo. Y por otro lado, una huelga general no se puede convocar ni desde ningún partido político ni desde el 15-M.
La izquierda necesita a los sindicatos mayoritarios, y estos necesitan la movilización social, pues si ésta no se produce, irán debilitados siempre a la negociación con la patronal y con un gobierno que tiene las intenciones tan claras (que las medidas ya están menos claras).
Dejemos por tanto a los sindicatos que cumplan su papel, y no permitamos que el gobierno de la derecha meta la cuchara en las relaciones laborales. Aunque aparentemente eso sea demasiado moderado, en las actuales circunstancias es revolucionario.

PVP120124

Garzón y los dueños del poder

Publicado: 23 enero 2012 en Uncategorized

Que a Garzón le están juzgando por algo más que por prevaricación, es bien notorio. Luis García Montro compara en Público el caso Garzón con el caso Dreyfus (Francia, finales del siglo XIX) y la derrota de Annual (España, durante la Dictadura de Primo de Rivera): son el síntoma de un final de época, de una etapa. He leído por alguna parte que el caso Garzón es el resultado de una transición democrática en España no tan modélica como lo que se ha pretendido. Ciertamente. Si la izquierda no hubiese renunciado en la transición a la memoria histórica, hoy no tendríamos a un juez que ha pretendido sentar en el banquillo a los criminales del franquismo, justamente en el lugar donde él pretendía honrar esa memoria, en el banquillo de los reos.
Pero es que lo que consiguió la transición fue perpetuar en la impunidad a esas oligarquías político-financieras que han gobernado España desde la conformación de las grandes fortunas y grupos de poder tanto antes como durante el franquismo. Y añadió a otros gestores nuevos, los jóvenes adheridos al felipismo, de los cuales algunos consiguieron auparse en el poder financiero y otros simplemente le hicieron el juego sucio a la oligarquía, para ser luego apeados de ella sin más contemplaciones. Y una vez devuelto el poder político a quienes son sus “legítimos” dueños, los del PP, la derechona de siempre, la que se siente patrimonialmente legitimada para ejercerlo, viene la hora de la revancha histórica: hay que juzgar a quienes se han atrevido a revisar la historia para condenar a los antecesores de estos que mandan ahora, que son los legítimos dueños del poder.
Por eso el juez Baltasar Garzón volverá al Tribunal Supremo como presunto prevaricador, ocupando así por segunda vez el banquillo de los acusados: la primera ha sido por ordenar las escuchas telefónicas a los presos del caso Gürtel, y esta vez ha sido por incoar la investigación de los crímenes del franquismo. En el primer caso la acusación particular le pedía de 10 a 17 años de inhabilitación, según qué abogado de cada acusador, y en este caso el grupo fascista Manos Limpias le pide 20 años de inhabilitación.
Que lo que se está haciendo con Garzón es un acoso o cacería lo resume perfectamente el diario Público en portada de ayer, domingo 22 de enero de 2012, analizando 7 hechos incontestables:
1. Es la primera vez que se persigue a un juez por ordenar escuchas.
2. Las pidió la policía, las avaló el fiscal y las prorrogó otro juez, pero sólo Garzón ha sido procesado.
3. Es insólito que el Supremo haya abierto tres sumarios simultáneos por prevaricación.
4. La suma de procesos propicia una contaminación sin precedentes de los magistrados que juzgan.
5. La vista del caso del franquismo se retrasó sin razón para no ser la primera.
6. Los fiscales no apoyan las acusaciones en ninguna de las causas.
7. La mayoría de las pruebas pedidas por Garzón han sido rechazadas.
El diario resume lapidariamente el final del primer juicio (el de las escuchas) con un titular que, desgraciadamente, podría ser proféticamente cierto: “Visto para condena”. Y ahora le llega el turno a otro juicio singular, donde se le procesa por haberse sentido competente para juzgar los crímenes de guerra del franquismo. Insensato. ¿Acaso no sabe Garzón que ese tema es tabú en una España de democracia consentida, condescendientemente otorgada por los oligarcas del antiguo régimen?
Los grupos, asociaciones y gente defensora de la Memoria Histórica están respaldando a Garzón en la calle, a las puertas de los juzgados, en manifestaciones, en actos públicos de protesta contra este juicio injusto. Amnistía Internacional (AI) lo ha considerado escandaloso, pues en la causa se juzga a alguien que lo único que ha pretendido es investigar la violaciones de derechos humanos. ¿O no se violaron los derechos humanos en la llamada guerra civil, es decir, en el golpe de estado de Franco, y durante la dictadura que implantó?
Ya en el juicio de las escuchas ha quedado probado por el testimonio de la policía antiblanqueo de dinero que fueron ellos quienes le pidieron al juez que diera la orden de pinchar los teléfonos de la cárcel, pues había indicios de que algunos abogados iban a servir como intermediarios de los presos para seguir consumando el delito del blanqueo de dinero obtenido por la trama Gürtel. E incluso han apoyado la resis de que Garzón previó la preservación de los derechos de defensa a que se aferraban los abogados de los presos en su acusación particular. Por otra parte, los jueces del Supremo que finalmente quieran aparte a Garzón de la judicatura por este caso de las escuchas tendrán que argumentar muy finamente ante lo calidad jurídica de los informes presentados por los fiscales Antolín Herrero y Pilar Fernández Valcárcel y el discurso del abogado defensor de Garzón, el veterano Francisco Baena.
En este segundo juicio Garzón se enfrenta a dos momentos procesales, de los cuales el primero son las cuestiones previas, es decir, los defectos formales que haya podido presuntamente tener la instrucción del proceso por la vulneración de algún derecho fundamental, u otros extremos. Si el TS no estima ninguno de los defectos formales propuestos, seguirá la semana que viene el interrogatorio de Garzón. En la primera quincena de febrero se sucederá el testimonio de los testigos, la presentación de los informes, y se tenga el juicio visto para sentencia para el día 13 aproximadamente.
En esta ocasión el abogado de Garzón será Gonzalo Martínez-Fresneda. Este pedirá al tribunal la aplicación a su defendido de la doctrina Botín. Como es obvio, esta doctrina se llama así porque se aplicó por primera vez al banquero Emilio Botín en el caso de las cesiones de crédito, y establece que no procede la apertura de juicio si actúa la acusación particular en solitario. Este es el caso, pues ni el fiscal ni ningún ofendido por la causa se han personado como acusación pública o particular, salvo Manos Limpias. Si el tribunal estima esta objeción presentada por el abogado defensor, ahí se acabaría el juicio.

El tribunal tendrá que dilucidar otra cuestión previa, y es si el juez instructor Luciano Varela se convirtió en “autor intelectual” de la denuncia al dictar a Manos Limpias qué páginas son las que tenía que retirar (hasta 55 de ellas) o qué términos tenía que rectificar de sus escritos de calificación (incluir que Garzón actuó “a sabiendas”) para que éstos fueran admitidos a trámite, en vez de declararlos nulos. El resultado es que la denuncia de Manos Limpias es copia literal de un auto de Varela, de forma que el juez instructor que convierte en la práctica en el autor de la acusación. Increíble, pero cierto.

La querella de Manos Limpias fue admitida a trámite por la Sala Penal de TS el 26 de mayo de 2009. Le hn sucedido interrogatorios a Garzón y diligencias que han acabado en acusar formalmente a Garzón de prevaricación porque según el auto del instructor Garzón en realidad no pretendía investigar los “horrendos crímenes” del franquismo, sino “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar”, cosa que supera limitaciones de la ley de Memoria Histórica. Además Garzón orilló la ley de amnistía de 1977 y abrió un proceso penal “cuya artificiosa incoación suponía desconocer los principios esenciales del Estado de derecho”. Y sigue el auto diciendo que los “móviles altruistas” que Garzón hubiera podido tener para paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas del franquismo “no eximen, ni siquiera atenúan” su responsabilidad penal. Y para rematar le acusa de ignorancia inexcusable. Vamos, que el juez Varela no sólo es instructor, sino que llega a la descalificación personal de Garzón por la vía de una insultante descalificación profesional.
Si esto no es acoso, que venga dios y lo vea. Pero sobre todo, las fechas. Desde 2009 se ha mantenido la expectativa de una querella abierta en instrucción, para ahora, una vez que ha ganado el PP las elecciones y han vuelto los suyos al gobierno de las comunidades autónomas y ayuntamientos principales, y al gobierno central, ahora es cuando se puede perfectamente zanjar la cuestión Garzón de una vez por todas, y se plantean los tres juicios al tiempo.
¿Es independiente el poder judicial? Sí, formalmente. Pero ¿es conservador? También, por inercia.

PVP120123

¿Acertó Rajoy cuando se decidió a suprimir la vicepresidencia de economía y asumir él una especie de dirección política de la economía y, en consecuencia, la portavocía del tema económico que conlleva? No, se equivocó, como demuestran los hechos posteriores: primero, las contradicciones que están surgiendo entre los dos ministros encargados del tema económico, Luis de Guindos como ministro de economía y Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; segundo, que la portavocía de economía y la desfacedora de los entuertos protagonizados por ambos está siendo la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que quien tendría que definir la posición del gobierno, su presidente y jefe de la Comisión Delegada de Economía, Rajoy, no se sabe ni qué piensa de los temas polémicos que en solo un mes de existencia de este gobierno han saltado a la prensa nacional e internacional.
Todo parece indicar que Montoro y Guindos hablan poco entre sí, y cada uno lleva sus ideas sobre los temas a la prensa. Y que incluso están compitiendo en ver quién dice los disparates más gordos. No es extraño que la prensa internacional les tire de la lengua, pues la marcha de la economía en España y en Italia preocupa en Europa y en el mundo. Y “los mercados” han apostado mucho por este gobierno del PP, dispuesto a escorar el buque de la economía española como el Costa Concordia, pero hacia las ideas del programa neoliberal. Así que, ya puestos a ser el “poli malo” de la película, ambos ministros están intentando ser a cada cual más duro, para no quedarse en el papel de “poli bueno” que, a la larga, se paga en el PP.
Montoro tiene un perfil más político, y Guindos un perfil más tecnocrático (aunque es también un perro viejo en temas políticos). Montoro es el hombre del partido en los temas económicos, mientras que Guindos es “independiente”, y por tanto con menos apoyos en el PP que los que en caso de colisión podría acumular Montoro. En teoría no tiene por qué existir ese nivel de confrontación, pues se podría perfilar un reparto de papeles entre Guindos y Montoro, ya que si el primero está más bien para dar confianza a los mercados internacionales, el segundo está más bien para dedicarse a la política económica interna, de recaudar y repartir entre las administraciones de segundo y tercer nivel como son las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Ambos han intentado lanzar a las comunidades autónomas que incumplen el techo del déficit los mensajes más duros. Y si a Montoro le tocó dar la cara sobre los recortes y subida de impuestos, luego se ha desquitado del papel de malo suavizando los términos con que Guindos había planteado el meter en cintura a las comunidades autónomas. El ministro de economía había lanzado en el diario británico Financial Times, el más influyente en las finanzas europeas, la afirmación de que “habrá un control previo. Antes de aprobar el presupuesto, necesitarán la luz verde del Gobierno central”. No es de extrañar que Guindos lanzara hacia fuera un mensaje de dureza, pues “los mercados” han visto cómo el compromiso de Salgado de sujetar a las CC.AA. se ha visto desmentido con esa desviación de 15.000 millones de euros en que han incurrido éstas en el ejercicio 2011. Por eso, ante la pregunta que le lanzan de qué mecanismos tiene el gobierno para sujetar a las CC.AA. a la disciplina fiscal, Guindos quiere dar la certeza de que las CC.AA. con el gobierno del PP no van a incurrir en ese “fallo”.
Pero Montoro se desquita de su papel de malo comprometiéndose en el CPFF (Consejo de Política Fiscal y Financiera) con las CC.AA. en darles más plazo para la devolución de las deudas que tienen con el Estado por las liquidaciones de los anticipos financieros acumulados. Andalucía por este concepto debe al Estado 6.000 millones, y en total son 24.000 millones. Arenas ha puesto ahí a Montoro porque en esto se juega mucho, en plena campaña preelectoral de las elecciones andaluzas del 25 de marzo.
Sin embargo Montoro, contradictorio con su propia estrategia, propone incluso sanciones penales para los “malos gestores”, en plena alusión a los dirigentes de las CC.AA. y ayuntamientos grandes. Como irónicamente le ha señalado Patxi López, con esa propuesta no se sabe si el gobierno quiere meter en la cárcel a la mitad del PP, incluso al ministro de Justicia, ex alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón. Ante tamaña barbaridad, Soraya ha tenido que desmentir (esa es su casi única tarea en las ruedas de prensa semanales después de las reuniones del consejo de ministros, que son siempre deliberativos, más que ejecutivos), matizando la propuesta, que se estudiará con más detenimiento en el proceso de elaboración de la ley de transparencia y buen gobierno, aclarando a su vez, que en el régimen penal “no solo existe la pena de prisión. Están también las inhabilitaciones”. La vicepresidenta insistió, -desautorizando a Montoro que prometía cambios radicales en la legislación-, en que ya hay una legislación muy extensa con sanciones.
En este mismo sentido de dulcificar la cara más feroche del gobierno, Montoro se mostraba partidario de no subir el IVA, cuando decía hace poco en Abc que “subir el IVA duplicaría la caída de la economía” y que “sería un enorme error poner en marcha el contrato de crisis con 20 días de despido”, que pide la CEOE.
Pero también en esto de la reforma laboral discrepa con Guindos, que es partidario del contrato único que quiere la CEOE como eje de la reforma laboral. Así lo había declarado en el Wall Street Journal. A Montoro y el equipo económico del PP nunca le ha gustado esta idea, ni la idea que descartan del contrato con indemnización de 20 días. Montoro es más partidario de incentivar el contrato de fomento del empleo que tiene un despido de 33 días, en línea con lo que ya hiciera el gobierno de Zapatero en la pasada reforma laboral de julio de 2010. Ante esta nueva contradicción en el seno del gobierno, la vicepresidenta Soraya ha tenido que desmentir a Guindos, ratificando que la línea del gobierno será la de reducir el número de contratos. Y ante las prisas por acometer la reforma laboral, que parecen deducirse de unas declaraciones del ex presidente Aznar, Soraya ha dicho que la reforma llegará en breve, pero que el plazo es el primer trimestre del año, y que prefieren hacer una reforma sólida y no tener que acumular reforma tras reforma.
El último desliz de Montoro ha sido expresar en Finantial Times Deutschland sus dudas sobre la capacidad de España para cumplir el objetivo de llegar en 2012 al 4’4% del déficit. Santamaría se ha sentido en la obligación de adelantarse a las preguntas de los periodistas para reafirmar que el objetivo irrenunciable del gobierno es alcanzar el 4’4% de marras. Después vendrá lo de la creación de empleo. Así de claro. Primero el déficit, después todo lo demás.
A Montoro le ha podido la sinceridad. Dentro y fuera del gobierno hay gente que piensa que un recorte de 40.000 millones va a significar llevar a España a una recesión excesivamente irreversible. Por eso apuestan por suavizar la cifra. Pero esto tiene el pequeño inconveniente que la Merkel, el BCE y el FMI tienen puestas todas las antenas para ver si este gobierno es de fiar o no. Y como depende de este crédito político el acceso a parte de las ayudas económicas que espera el gobierno, incluso para el relanzamiento de la economía (que habrá un fondo después de la cumbre del día 30), pues el gobierno debe ser cuidadoso con no anticipar incumplimientos de objetivos, que en todo caso se verán a principios del 2013, no necesariamente ahora mismo. Por tanto, la vicepresidenta ratifica el compromiso formal del gobierno, se cumpla o no se cumpla después.
Que Soraya Sáenz de Santamaría haya tenido que intervenir en este duelo al sol que me llevan Guindos y Montoro es de por sí un fracaso de la estructura del gobierno que Rajoy ha montado. No será el último encontronazo. La situación de la economía española es delicada, y vienen momentos en que “los mercados” van a poner de nuevo en aprietos serios la financiación de nuestra deuda. Y además al protagonismo de las iniciativas de Montoro, ahora le sucederán las de Guindos, que deberá decir por dón de quiere que se acometa la reforma financiera, de los bancos y cajas. Pues lo que hasta ahora ha dicho es que las entidades pongan de su bolsillo 50.000 millones, pues el Estado no pone un duro. Lo que visto desde el punto de vista de los ciudadanos es correcto, pero ante lo que ya han dicho las cajas de ahorros que eso va a evaporar totalmente el crédito.
Vienen tiempos difíciles. Y Rajoy no dice ni pío de medidas económicas, ni siquiera de líneas estratégicas. Un presidente mudo, unos ministros metiendo la patita. Y una vicepresidenta haciendo las funciones de presidente permanentemente.
Vaya desgobierno.

PVP120121

El dogma de la contención del déficit público ha hecho presa de tal modo en los peperos que el ministro Montoro ha propuesto sanciones penales para los que él llama “malos gestores”. No les basta que todas las administraciones públicas estén ya alienados con esa nefasta política. Quieren que se contemple en el Código Penal que aquel que se exceda en el gasto sobrepasando lo previsto en sus presupuestos, que sea reo de los castigos incluso carcelarios que sea preciso.
Todavía se desconoce la letra pequeña de la propuesta y qué mecanismo utilizarán para que esto se convierta en realidad. Probablemente será en la Ley de Transparencia que han prometido donde se contemple esta curiosa ocurrencia del ministro Montoro. Pero sí se conoce el tesón, la cerrazón diría yo, con que este gobierno de contumaces neoliberales acomete las cosas.
En estos momentos se está poniendo en tela de juicio la política unidimensional de austeridad que ha impulsado la Comisión Europea. Hasta el propio Parlamento de la UE le ha impuesto o propuesto que complementen el ajuste fiscal (al que no renuncian) con medidas para propiciar el crecimiento económico. Y para cumplir con este mandato, en la próxima cumbre llevan un texto de 16 artículos para el nuevo Tratado de Estabilidad en el que al menos uno (el 9) contempla este propósito, sin especificar demasiado sobre propuestas concretas. Lo suyo sería que se hablase de aumentar el presupuesto comunitario, de darle otro papel al BCE como prestamista de último recurso, de eurobonos, de dar más aire financiero a una economía europea ahogada y en plena segunda recesión que puede durar años. Pero no. Sólo se introduce un artículo poco concreto, para que haya margen por si las moscas. Pero en realidad lo que urge y por donde se quiere seguir es por el ajuste fiscal puro y duro.
Montoro no quiere andarse por las ramas. Hay que llegar al 4’4% del PIB, y eso lo tiene que conseguir como sea el gobierno de Rajoy en este año 2012. Caiga lo que caiga. Fitch ya ha dicho que la sanidad y la educación. Y antes S&P que los derechos de los trabajadores, o lo que es lo mismo, una reforma laboral. No les causa pudor a estas agencias de rating ponerse a dictar políticas concretas, además de sus negativas e influyentes valoraciones. Tienen que concretar medidas, líneas concretas de actuación. Y dicen que valoran con objetividad, cuando evalúan criterios de riesgo tales como los riesgos políticos, políticas, que son pura subjetividad.
Las perspectivas económicas no avalan el unidimensionalismo de la austeridad como estrategia económica ni en la UE ni menos en España. Pues esto es ahondar en la recesión hasta límites increíbles. Lo que corresponde es que el gobierno renuncie a sus locas pretensiones de llegar al 4’4% del PIB en déficit. Pues lo que prevé el FMI es que España caiga hasta el -1’7% en 2012 y también esté en décimas negativas en 2013. El gobierno español prevé que sólo será el -0’5% en 2012, y Almunia que se remontará en el segundo semestre del año. Pero lo cierto es que en cualquiera de estas hipótesis, lo que corresponde es rectificar la estrategia económica y dar prioridad a la creación de empleo y de riqueza, y no a la contención del déficit, con la que llevamos ya más de año y medio, y nos está llevando a la ruina.
¿Contra quiénes se va esa amenaza de sanciones? Contra los gestores, tanto si son políticos como aquellos que han gestionado por encargo de ellos, bien en comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas, organismos, etc. Todos deben atenerse a su presupuesto. Patxi López lo ha dicho con sorna, pero con acierto: caerán en la cárcel muchos del PP, incluso el ministro de justicia Ruiz Gallardón, que ha dejado más de 7.000 millones de euros de deuda en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y si surgen situaciones imprevistas? Porque los presupuestos son eso, previsiones que pueden cumplirse o no. Espero que se contemplen en la ley mecanismos que establezcan correcciones a la regla general, pues si no sería una aberración tan grande que no cabe en cabeza ajena.
Las CC.AA. son las más incumplidoras. Por algo será. Porque casi todas ellas tienen transferidos los gastos más sustantivos o cuantiosos de los presupuestos, con encargo de gestionar la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, el I+D+i, e incluso las obras públicas (no todas). Queda claro que si no les llega el dinero para gestionar con calidad la sanidad, etc. es porque el Estado se queda con demasiado dinero, y lo que correspondería sería un mejor reparto, descentralizando más el gasto, y no al revés, como al parecer pretende (o prometía en campaña electoral) el PP. Por ejemplo, el gobierno central debería gastar menos en la guerra de Afganistán, o donde quiera que se vayan a producir los conflictos previstos por el imperio (EE.UU.) y la OTAN; o debería poner a cero el contador de las subvenciones a la Iglesia Católica; o debería revisar las asignaciones a la jefatura del Estado, mediante un cambio republicano. Con estas reducciones presupuestarias en el gasto estatal, sin siquiera acudir a un incremento de los ingresos por la vía de aumentarles los impuestos a los que más tienen, se podría financiar de forma más eficiente la sanidad, etc. que gestionan las CC.AA. Luego las políticas que constriñen a las CC.AA. y las condenan como despilfarradoras pueden evitarse.
Pero puestos en este nivel de irracional reparto del pastel estatal, ¿qué pasa si las CC.AA. no cumplen? Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, ha llegado a sugerir que se les podrán retener parte de las transferencias que el Gobierno les destina, hasta que cumplan el objetivo de déficit. Pero Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ha ido más allá y ha propuesto “responsabilidades penales” para los cargos públicos que se endeuden más de lo debido. El PSOE ha calificado esto como una “ocurrencia”. Llamazares (IU) ha observado que de ser esto verdad, estaríamos en el “todos a la cárcel” de Berlanga, pues es verdad que ni bancos, ni particulares ni administraciones podrían asumir esta rigidez presupuestaria; sería una locura, sería tanto como si Montoro se constituyese en Tribunal Supremo.
Además recuerdan los críticos que ya existen sanciones penales para los gestores que se les va la mano, que cometen ilegalidades (los estamos viendo sentados en el banquillo precisamente en estos momentos, y son todos del PP). Incluso existen mecanismos de control de las desviaciones presupuestarias, como son la Intervención, el Tribunal de Cuentas y los respectivos órganos autonómicos que ejerzan este tipo de funciones; en Andalucía, la Cámara de Cuentas, sin ir más lejos.
Antonio Beteta ha puntualizado en El País que, hablando de déficit, “no es igual una cantidad pequeña que una grande, ni incumplir muchos años que solo uno”. En el caso de que se impongan sanciones, estas serán “económicas”. “Es una traslación de lo que hace la UE. Es crear un fondo de un porcentaje del PIB regional [equivalente a un porcentaje del PIB] que se liquidaría cuando la administración sancionada cumpla los objetivos”, ha dicho Beteta. Pero el mismo ministerio ha declarado más tarde que todo esto aún está en proyecto, no está desarrollado. Y habrá que ver cómo queda el asunto. Pues podría consistir también en “detraer una parte de las transferencias que el Gobierno hace a las comunidades” hasta que presenten un plan de viabilidad y cumplan la estabilidad presupuestaria. ¿Habrán caído en la cuenta en el ministerio que si se les detraen las transferencias a las CC.AA. todavía podrían agravar más los problemas económicos de las CC.AA.? Lo sufrirían los ciudadanos usuarios de los servicios públicos, empezando por los acreedores y proveedores en general.
Para acabar de rematar la perspectiva paternalista, Beteta aportó otro dato: otro hipotético castigo podría ser la “gestión conjunta” del presupuesto para los casos en que las CC.AA. no sean capaces de controlar su déficit. Tutela y paternalismo. Cuando en realidad tienen otros mecanismos mucho más eficaces, pues como ha apuntado Griñán, es el gobierno central el que aprueba la emisión de deuda de las CC.AA.: bastará con que no le aprueben a una comunidad más nivel de endeudamiento para que estas CC.AA. que se exceden no lo hagan.
El País prevé que lo del las sanciones penales ha sido un calentón de boca de Montoro, que se ha desinflado a lo largo del día de ayer. Mejor sería esto. Pero sin embargo Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso se lo ha tomado más a pecho, pues ha llegado a decir que eso ya estaba previsto en su discurso electoral. Contradicciones internas del PP que tendrán que aclarar ellos. Pero lo que sí es cierto es que eso de asustar a los políticos díscolos con el compromiso del déficit con la cárcel no suena bien. Pues parece que es llevar demasiado lejos el dogmatismo neoliberal. Pensábamos que el Carajillo Party se había quedado fuera del gobierno con la Espe al mando, en la comunidad de Madrid, o el Monago en Extremadura pidiendo que las sanciones penales tengan efecto retroactivo. Pero no. Al parecer el Carajillo Party se ha sentado con Montoro en el consejo de ministros.

Por otra parte, cuando se entra en las razones que avalan esta chapuza de propuesta, se le oye a Montoro argumentar que lo que se pretende es evitar el “falseamiento de la contabilidad pública”, conseguir un rigor en la gestión pública, de forma que si algún gestor público quiere gastar más, que se lo pida a los ciudadanos, subiendo los impuestos. “Lo que nunca es correcto son las facturas en el cajón y acumular deudas que luego se vuelven impagables”.
Pero el falseamiento de la contabilidad pública ya es delito (malversación o falsedad en documento público, u otros). Como señaló Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía en “los desayunos de la Uno” de TVE, cuando se deja de pagar una factura a un proveedor no por ello puede ocultar la deuda en la contabilidad pública, sino que se aplaza la deuda y esto se contabiliza en una cuenta especial, que creo que dijo era la 402. Y Griñán ha puesto como ejemplo una sanidad en las que el presupuesto prevé 32.000 operaciones en el ejercicio presupuestario y de repente hay 45.000 en la lista de espera; no las va a dejar de realizar, pero tendrá que contabilizar correctamente la desviación presupuestaria. Está claro.
Ahora bien, si lo que Montoro y el gobierno quieren es penalizar las facturas contabilizadas pero en el cajón, o sea, no pagadas a tiempo, deberá crear otro tipo de delito en el Código Penal. Y esto –que es una auténtica aberración- hay que decirlo, pero después hacerlo en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y eso es más difícil, pues ni los propios gestores del PP estarán de acuerdo con esto. Ciertamente en esto no pueden contar con CiU, que por boca del conceller de economía de la Generalitat, Andreu Mas Colell, ha señalado que “mi propensión es buscar mecanismos más tradicionales para hacer difícil, por no decir imposible, que una unidad de gasto pueda gastar más de lo que tiene presupuestado”.
Tampoco ha gustado a los jueces esa propuesta, pues bastante tienen ellos con la acumulación de causas y el desbordamiento de trabajo de los juzgados, como para convertirlos ahora “en una especie de gestores del sistema económico”, ha dicho el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, que lamentó esta criminalización de los gestores públicos (nunca privados, claro).
Como señala el diario Público, la UE no tiene previsto que el déficit sea delito. Más bien se inclina Bruselas por aplicar los tipos penales que ya existen, y no marear la perdiz. Así lo demuestran las palabras del portavoz de economía Amadeu Altafaj. En todo caso recuerdan que el ámbito de las sanciones es nacional, y que en eso no se va a meter la UE. Aunque, dicho esto, habrá que establecer que si lo que pretende Montoro es crear un mecanismo con el que perseguir penalmente a los gestores que contradigan sus planes, a los gestores de izquierdas que no comulguen con las estrecheces del rigor presupuestario hasta límites ridículos que podrían darse (véase el supuesto expresado por Griñán, que es un ejemplo muy gráfico), mientras exime a sus propios gestores del PP de esas sanciones, entonces estará generando una línea de intolerancia y autoritarismo que, como en Hungría, habría que ver si es compatible con la legislación liberalizadora de la UE.
Pues una cosa es defender el techo del déficit y otra crear un embudo financiero.

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He tenido una pesadilla esta noche. En el salón de casa, mi familia y yo delante de la tele. Era una tele antigua, no de plasma, con pantalla en blanco y negro. Aparecía de repente Arias Navarro que, con el rostro compungido y en tono lloroso, decía: “Españoles: Fraga ha muerto”, y le resbalaba una lágrima por la mejilla. Después de las llamadas de rigor a los rojos clandestinos del momento, nos reuníamos en un local parroquial de la ciudad para celebrarlo con champán. Fin de la pesadilla.
La realidad es que Fraga acaba de morir. Y la pesadilla es la que se ha desatado en los medios de comunicación que llevan toda la semana martilleándonos con los comentarios elogiosos de su figura política y personal. Hemos visto pasar por los micrófonos y cámaras a todos los líderes del PP elogiando al gallego recién fallecido, ensalzando sus grandezas como político, afirmando su magisterio y reclamándose aprendices suyos. Aznar le ha puesto en un lugar preeminente de la historia de la España del siglo XX y XXI (ese lugar que él mismo aspira a ocupar algún día). Se le ha encumbrado como introductor de la democracia en España, como padre de la Constitución, y como presidente ejemplar de Galicia. Y todos han ensalzado también sus méritos como persona humana, como padre, como amigo, como ser entrañable, etc.
Hasta la izquierda oficial, los del PSOE, han manifestado, pese a la constatación de la no coincidencia ideológica con él, su reconocimiento como persona de méritos indudables al cooperar a la transición democrática y a la redacción de la Constitución, sabiendo adaptarse a los tiempos en cada momento histórico de los vividos por él.
¿Lo ven? La pesadilla de la realidad supera en horror a la pesadilla del sueño. Porque Fraga fue un fascista de los pies a la cabeza, que en su momento levantó el dedo mojado para conocer por dónde venía el viento, para así orientar su carrera política. Como corrían aires proclives a la democracia, se plegó a ellos, contribuyendo desde su papel en la redacción de la Constitución a que la transición fuese pacífica, en decir a que los rojos olvidasen las putadas que los fascistas les habían hecho a ellos y a la población en general durante la dictadura de Franco, con la que él contribuyó tan ampliamente incluso desde su consejo de ministros en dos ocasiones.
La realidad es que Fraga fue miembro del gobierno de Franco con todas sus consecuencias, sin contradicción ninguna. Primero como ministro de Información y Turismo entre los años 1962 y 1969 (implantó lo del menú turístico en toda España, claro, porque entonces no existían competencias autonómicas ni libertades; se baño en el mar frente a Palomares donde los yanquis habían perdido una bomba que todavía hoy contamina de radiación nuclear esos parajes), y después como ministro de Gobernación entre 1975 y 1976, con Arias Navarro como jefe de gobierno, cuando Franco murió.
Durante aquellos años el nombre de Fraga daba miedo. Ese es mi testimonio. Durante aquellos años yo fui estudiante en Salamanca, Comillas (Santander), y cuatro años en Madrid. Las corridas que los grises nos daban por el campus universitario, las redadas de estudiantes y de vecinos en las asociaciones de los barrios, esas fueron ordenadas por un gobierno donde Fraga estaba tan contento. Mientras que en el ambiente rojo de Madrid se reconocía a su hermana Ana Fraga los méritos como monja “encarnada” en la realidad obrera del barrio de Vallecas y comprometida con la causa de la convivencia pacífica, que el régimen impedía, se denostaba la actividad de su hermano don Manuel, un autoritario tanto en el plano político como personal. La misma hermana de Fraga lo reconocía así, muy a su pesar. Si la historia la escribiéramos nosotros los vencidos, posiblemente quien realmente tendría méritos sobrados para ocupar un puesto en la historia del advenimiento de la democracia a España, esa sería Ana Fraga, no Manuel.
La frágil memoria de algunos olvida que con Fraga en el gobierno fue fusilado Julián Grimau en 1963, como ha recordado en el Congreso el líder de IU Cayo Lara, y ejecutados a garrote vil los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado. También en ese año, Fraga se enfrentó a 103 intelectuales liderados por José Bergamín que denunciaban las torturas a mineros en la huelga de Asturias. Fraga justificó que se reparan las cabezas a dos mujeres de mineros. Fraga fue el que organizó en 1964 la campaña propagandística del régimen “25 años de paz”, es decir, la celebración del cuarto de siglo de la victoria del dictador. En 1966 redactó la nueva Ley de Prensa e Imprenta, con la que el régimen siguió persiguiendo periodistas díscolos y practicando la censura, así como el secuestro de los periódicos disidentes. En 1967 un gobierno con presencia de Fraga ilegalizó las CC.OO. que hoy conocemos como sindicato y que por entonces eran un movimiento semiespontáneo-semiorganizado de trabajadores para reivindicar sus derechos frente a los empresarios y frente al sistema autoritario que les reprimía su libertad sindical mediante la Organización Sindical vertical que el régimen había promovido. El 18 de enero de 1969 el gobierno donde Fraga estaba calificó de suicidio el asesinato policial del estudiante Enrique Ruano, perpetrado en una comisaría de Madrid. Y también el 24 de enero de 1969 el gobierno franquista-fraguista decretó el estado de excepción que comenta el libro editado por CC.OO. bajo la coordinación de Martínez Foronda. Una vez muerto Franco, y como ministro del palo y la porra, fue responsabilidad directa de Fraga como ministro de Gobernación lo que ocurrió en 1976, cuando cinco obreros encerrados en una iglesia de Vitoria en una jornada de huelga murieron tras el asalto de la policía. En ese mismo año, unos pistoleros de extrema derecha asesinaron en Montejurra a militantes carlistas, sin que las fuerzas de seguridad hicieran nada.
Fraga fue consecuente con sus ideas autoritarias en todo momento. Los que argumentan su contribución a la llegada de la democracia a nuestro país olvidan que Fraga estaba en la redacción de la Constitución para preservar todo lo que podía del régimen anterior, que todas las ideas más reaccionarias del texto constitucional fueron promovidas por la entonces Alianza Popular que lidera Fraga.
Ese era el Fraga político. Y el Fraga persona, una persona autoritaria, compulsiva, pura energía siempre dispuesta a mandar a hacer puñetas a quien se le pusiese en contra. Eso en la etapa democrática, que en la etapa de la dictadura, se le mandaba a la cárcel.
Dicen que se ha llevado bien con Carrillo. En realidad ha sido una alianza de conveniencias para ambos. El facha que se redime presentando en sociedad al rojo oficial de la transición; el rojo oficial que se viste de largo democrático mediante la presentación de un ex fascista que vio venir el viento levantando el dedo mojado.
Y mientras la memoria histórica se pierde en la ascensión a los cielos que a don Manuel Fraga le han montado sus correligionarios, un juez como Baltasar Garzón es sentado en el banquillo de los acusados precisamente por querer juzgar los crímenes del franquismo. Por eso y por destapar los chanchullos financieros de la llamada trama Gürtel, que si se investigara bien llevaría a la conclusión de que no era sólo el negocio de unos cuantos sinvergüenzas que se aprovecharon de sus amistades con gentes del PP, sino que ha sido una auténtica trama de financiación ilegal del propio PP (presuntamente).
Casualidades. Mientras la derecha de este país eleva a los cielos a Fraga, sienta en el banquillo a Garzón. Es el mejor ejemplo de qué es lo que considera el PP sobre la ley de memoria histórica: papel mojado. De toda la vida de Dios la historia la han escrito los vencedores. Y aunque en este país durante algunos años ha gobernado la izquierda (o algo parecido, pues el PSOE es la izquierda de nombre y la otra alternativa liberal que tiene el sistema), la derechona considera que el poder es patrimonio suyo. ¿Que desde 1982 a 1996 y desde 2004 a 2014 ha gobernado el PSOE? Vale. Pero en los cinco siglos de la existencia del Estado español el resto del tiempo ha gobernado la derecha (salvo la experiencia de la II República, en que hubo gobiernos de izquierdas y gobiernos de derechas). La historia de España debe ser –piensan los conservadores- patrimonio de la derecha. Porque ellos son los vencedores siempre. ¿No ha habido una enciclopedia financiada por el Estado que pretendía quitarle hierro a la dictadura llamándola solo régimen autoritario? Pues así todo.
En este contexto, la derecha no puede perdonar a un juez que pretende sentar en el banquillo a los autores de los crímenes de la dictadura franquista. Eso sería tanto como bajar a Fraga desde los cielos a los infiernos, invertir el sino de la historia, que no es otro que reconocerles la titularidad patrimonial sobre el poder. Antes le sientan a él en el banquillo. Y eso es lo que han hecho: ahogar la memoria, negarla, matando al que pretendía erigirse en mensajero.
Con esa derecha que nos ha tocado en suerte, la democracia es una ratonera para los demócratas, cuya llave la tienen siempre las oligarquías. La democracia está siempre en las calles. Pero, como decía el “demócrata” Fraga, la calle es mía, de ellos, siempre de ellos.

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