Archivos para febrero, 2012

La crisis está convirtiendo España en el país más desigual de Europa. La tasa de pobreza ha tenido un crecimiento descontrolado, llegando a ser la más alta de la UE, sólo por encima de Rumanía y Letonia, y cinco puntos por encima de la tasa media europea (16%), mientras Holanda tiene un 10’3%, la mitad que España. La desigualdad entre ricos y pobres en España también arroja cifras escandalosas, pues duplica el de Francia, triplica el de Alemania y es casi cinco veces mayor que el de la media de la UE-15. Mientras en 2007 la relación entre la renta del 20% más rico de la población española y el 20% más pobre era de 5’3, en 2010 se ha elevado al 6’9. Es decir, que España ha experimentado el mayor crecimiento de desigualdad de toda la UE-27.
Y dentro de España, también hay que diferenciar por comunidades autónomas, pues mientras en Extremadura se eleva al 38,2%, Canarias al 31,1%, Andalucía al 30,1% y Murcia al 29,2%, las tasas del Navarra se reducen al 7’3%, País Vasco al 11,6% y Asturias al 12,3%. Es decir, una diferencia de 30 puntos entre la que más pobres tiene y la que menos.
Para el informe FOESSA de Cáritas la cohesión social corre un inminente peligro de quiebra por un agravamiento de la dualización. Este informe titulado “Exclusión y Desarrollo Social en España. Análisis y Perspectivas 2012” indica que los pobres son ahora más pobres (el umbral de la pobreza pasó de 8.000 euros en 200 a 7.800 en 2010. Y según el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, “la pobreza es más extensa, más intensa y más crónica”. La caída media de la renta per cápita es de un 9%, si se incluye la incidencia del IPC.
En los hogares españoles se refleja este empobrecimiento con claridad. El 30% llega mal a fin de mes, y ha reducido su gasto en calefacción y consumo de carne. El 41% dice que no puede hacer frente a gastos imprevistos, y el 3’3% no tiene ingreso alguno, pues no percibe ni rentas del trabajo, ni prestaciones por desempleo u otras del sistema público de Seguridad Social. A finales de 2011 había 580.000 hogares sin ingresos (34% más que en 2007).
¿Cómo prevé España este crecimiento de las desigualdades? Pues reduciendo encima todavía más el gasto social, por culpa de la nefasta estrategia económica de la reducción del déficit. El gasto social, en términos de PIB o calculado per cápita, se aleja incluso más de la media europea en inversión de recursos que favorezcan la igualdad de los españoles. Mientras el informe FOESSA revela que el gasto social en España está 15 puntos por debajo del de la mayoría de los países del euro con mayor nivel de renta (25 puntos por debajo del gasto social de Alemania), Vicenç Navarro ha calculado que España debe aumentar cada año 75.000 millones de euros para alcanzar esos niveles. Justo lo contrario que hace, pues está previsto que este presupuesto próximo reduzca al menos 50.000 millones de euros en gasto en general, del cual un 70% es gasto social.
Otro indicador significativo es el de las ejecuciones hipotecarias, que se han cuadruplicado desde 2007, siendo a finales de 2010 unas 100.000. Pero este dato es injustamente frío y esconde el drama cotidiano de los hogares con todos sus miembros parados que han perdido todo acceso a rentas, incluidas las de los subsidios del Estado, o que sobreviven con una exigua subvención que no da ni para los gastos fijos del hogar más elementales, como es el recibo de la luz, del agua, etc. Hay cada vez más españoles que comen de lo que les proporciona la caridad privada, y que se ven abocados a dejar de pagar la hipoteca de su piso simplemente por necesidad insalvable. Ante estos dramas humanos, los bancos han actuado sin piedad: han desahuciado, reclamando incluso la utilización de la policía para ejecutar la orden judicial. No queda ahí la cosa: además de desalojar a familias enteras de su vivienda para apropiársela, los bancos han mantenido la reclamación de la parte de la deuda hipotecaria que media entre el préstamo otorgado en su día y el precio actual del mercado en el que se tase la vivienda expropiada.
El clamor popular contra estas situaciones injustas, reflejadas en los medios de comunicación sobre todo a raíz de las acciones del 15-M, se ha convertido en categoría política, pues se ha reclamado que al menos se admita la dación de la vivienda en pago del préstamo hipotecario. Incluso el insensible gobierno del PP se ha tenido que hacer eco de esta reclamación de la dación en pago.
¿Qué propone el ministro de Guindos para satisfacer la demanda de la dación en pago? Pues a preguntas de IU, de Guindos se ha descolgado proponiendo que el gobierno permitirá la dación en pago a las familias que estén en el “umbral de la exclusión”, esto es, tengan todos sus miembros e paro y no tengan otras rentas, es decir, cuando la vivienda que entregan es su único activo. Y para ello recomienda (no obliga) a los bancos a establecer de buenas prácticas, en las que permita a los desahuciables permanecer dos años en su vivienda, y luego admitan la dación en pago, salvo que ambas acuerden prorrogar la situación mediante la contraprestación de una cuota acordada entre ambas. A cambio el ministro promete habilitar incentivos de tipo fiscal o administrativo para que la banca se sienta proclive a acceder a esta “buena práctica”.
Pero advierte el ministro que esto debe ser la excepción, y no puede convertirse el acogimiento a esta fórmula en una práctica “abusiva” y “fraudulenta”.
Valiente mierda, con perdón. Si la dación en pago no es obligatoria para los bancos, no sólo será la excepción, sino que será simplemente la mínima expresión, pues los bancos accederán a la dación en pago sólo para demostrar mediante su máxima difusión propagandística que están practicándola. E incluso ni eso.
Hace falta un cambio en la regulación hipotecaria, tanto española como en las directivas europeas. No olvidemos que en la concesión de créditos que luego se tornan impagables, un buen porcentaje de responsabilidad la tienen los propios bancos. Un informe del regulador bancario británico reconocía que la mitad de las hipotecas concedidas en 2007 y 2008 no habían verificado los ingresos del solicitante, dice El País. Por eso los grupos del Parlamento Europeo están negociando un texto, pero mucho nos tememos que al fin la dación en pago forzosa será excluida también, pues los ponentes del texto consideran que “agravaría los problemas”.
La banca es alérgica a la regulación de su funcionamiento. Y no olvidemos que la banca es la que paga a los gobiernos (los préstamos a la deuda soberana), y por tanto es la que manda. La propuesta del gobierno del PP en España y la directiva que prepara el Parlamento Europeo son puro maquillaje para una situación que socialmente se considera, con razón, odiosa.
Olvida el gobierno del señor Rajoy que el acceso a la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución, y que el gobierno está obligado a proteger ese derecho para todos los españoles. No es un negocio de la banca, no. La vivienda es un derecho. Pero como en tantos aspectos, la Constitución es letra muerta, simplemente. Habrá que seguir presionando socialmente para que al final las soluciones que se den al problema de los desalojos por desahucio sean soluciones de verdad, y no mero maquillaje, pura mentira disfrazada.

PVP120223

La derecha de este país no aprende. En las calles de Valencia han vuelto “los grises” a actuar, dando estopa a todo el que se pusiera por delante, tanto si eran estudiantes manifestados pacíficamente, como si no lo eran: periodistas, viandantes, padres de alumnos, y cualquiera hijo de vecino. “Los grises” como en su mejor momento del franquismo acorralado por los aires democráticos que presentían amenazadores para la dictadura. Pero vestidos de azul.
Esta derecha que nos gobierna es hija de aquel franquismo. Se siente crecida con la mayoría absoluta, y transmite a la policía que los manifestantes y la izquierda que se mueva en la calle es “el enemigo”. Así que en cuanto los agentes del orden ve arremolinadas en las calles a unos miles de manifestantes contra la política del gobierno, los responsables políticos del PP se ponen nerviosos y mandan a la policía a cargar contra los manifestantes pacíficos. Se convierten, pues, en agentes del desorden, pues ellos y solo ellos son los que provocan el desorden. Eso ha pasado en Valencia hace unos días, cuando los estudiantes y algunos profesores y padres de alumnos del instituto Lluis Vives se manifestaron contra los recortes en la educación valenciana, que ha dejado sin el número de profesores necesario para mantener una enseñanza de calidad, y que en algunos casos ha cortado la calefacción en las aulas, o los servicios de fotocopias, sin ir más lejos.
Señalan los periodistas que en esta manifestación el carácter pacífico era la tónica, pues ni en las imágenes ni en los vídeos se ha visto ni un solo atisbo de quema de contenedores, de creación de barricadas o de otro tipo de actuaciones que podrían haberse considerado “provocadoras”. Los manifestantes no han llevado la iniciativa de la violencia callejera. Tan solo han cortado el tráfico durante diez miserables minutos. Ha sido la policía, pues, la que ha iniciado la violencia con su desmedida carga, contra la que alguna de las víctimas ha intentado defenderse.
Aquí, al parecer, sólo pueden cortar el tráfico las procesiones de las vírgenes y los santos de las cofradías católicas. Si sumáramos los minutos de cortes de tráfico que deben sufrir los automovilistas en las calles de España al año, seguro que los mayores parones del tráfico se debe al abundante tránsito de los festejos religiosos por las calles de nuestras ciudades y pueblos. La libertad religiosa es la única que para la derecha es merecedora de permiso y protección gubernativas. Pero la libertad de manifestación no se agota en la permisividad procesional.
La derecha debe saberlo Y debe tener tacto y cintura para saber que no toda manifestación va a estar perfectamente prevista desde diez antes, comunicada a la autoridad para que dé el visto bueno y prevea los cortes de tráfico de forma perfectamente ordenadita. Algunas manifestaciones son más espontáneas que otra cosa. Y si la autoridad gubernativa y la policía actúan con vista, no pasa nada. Pero si por el contrario se pretende imponer de forma rigorista el orden cívico, se producirán en el futuro situaciones como la de Valencia y peores.
Es la política del palo sin zanahoria. El PP ha recordado en una directriz dirigida a todos sus cargos públicos que interrumpir el tráfico es delito. Ojo con estas cuestiones. Lo primero y único debe ser la zanahoria: debería atenderse la reclamación de restablecimiento de la calidad de la educación, dañada por la política de ajuste, negociarse soluciones a las situaciones más delicadas, al menos, creadas por el gobierno valenciano, en aplicación mimética de la política de Wert y Rajoy. Pero no. El gobierno de Fabra (PP se mantiene en la penumbra del desaguisado, como si con él no fuera la cosa.
¿Se piensa la derecha del PP que los recortes no van a tener contestación en la calle? Rajoy pide sensatez. Pero la sensatez primero debe demostrarla el gobierno. Y en este caso no la ha demostrado. No es sensata una delegada del gobierno a la que se le ha ido el tema de las manos, y que califica de “incidente sin importancia” el que el mando de la policía califique a los ciudadanos que se manifiestan como “el enemigo”, y mande cargar sin ningún tipo de miramientos, como si no hubiera otros métodos para evitar la carga policial. No es sensato un ministro que llega a admitir que quizá haya habido excesos (policiales, se entiende) y que luego se desmiente, diciendo que él siempre se ha referido a los excesos de los estudiantes. Como si los periodistas que han interpretado las primeras declaraciones del ministro fueran unos lerdos en su oficio, que malinterpretan las palabras del ministro. Un desliz de tamaña magnitud no puede permitírselos el señor Jorge Fernández, él, tan cristiano y mintiendo como un bellaco. Que mentir es pecado, señor ministro.
Otra de las tentaciones permanentes de la derecha en el poder es atribuir la contestación de sus impopulares políticas a la manipulación que hace la extrema izquierda del descontento. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha echado mano de esas peregrinas explicaciones de lo ocurrido, como si la gente joven no tuviera suficiente criterio propio. Se ha dicho que ninguno de los detenidos era del instituto Lluis Vives. ¿Y qué? En este tipo de protestas se produce una solidaridad espontánea, pues muchos jóvenes se concoen y son amigos, aunque no estudien en los mismos centros de estudio. Además, la protesta era contra la falta de calidad de enseñanza que provocan los recortes. Podría haberla suscrito con mi presencia hasta yo mismo, si hubiera estado en ese momento en Valencia. De hecho ayer tuve la ocasión de estar en la que se convocó en Granada en solidaridad contra la represión policial de Valencia. ¿Yo también soy el enemigo, un presunto manipulador? Que la iniciativa de la primera manifestación haya venido de los estudiantes de un instituto como el Lluis Vives no quiere decir que la chispa no vaya a incendiar el bosque, sin necesidad de que nadie manipule nada. Y la chispa la han provocado el gobierno de Fabra y de Rajoy con su política de recortes.
Ayer el conflicto de Valencia se extendió a toda España. Miles de personas se ha concentrado en las sedes de las delegaciones del gobierno (algunas también en las sedes del PP) para manifestar su malestar por la política represiva. Iban armados con libros, no con piedras, ni botes de humo o armas de cualquier tipo. Tan solo libros. Lógico. La gente está indignada con las políticas de recortes de la calidad de vida que ya se padecen, y prevé que la cosa va a ir a peor. Porque el gobierno de Rajoy no hace política de forma soberana, sino que pide permiso a Merkel para superar el 5% del déficit, en vez de atenerse al 4’4% comprometido hasta ahora. Tan gordo debe ser el palo que piensa meternos el gobierno de Rajoy en nuestra calidad de vida que, ellos mismos están asustados con la que se nos viene encima.
Vienen tiempos muy duros. Grecia arde un día sí y otro también. En España no ha tenido lugar hasta ahora ese grado de contestación violenta a la política de ajuste. Pero motivos no es que falten. Y en el futuro, los motivos de la protesta se van a multiplicar. La situación de carestía y de crispación se está haciendo insoportable para muchas familias. Por eso hoy más que nunca el gobierno debe prever cómo aborda situaciones como la vivida en Valencia. Pues no va a haber policía suficiente en toda España para contener las protestas que se avecinan, si el gobierno sigue en la línea de hacer la política que rechaza la gente.
Porque la gente rechaza este tipo de políticas. Que no lo olvide el PP. El argumento último de la legitimidad democrática que le da su mayoría absoluta ha agotado ya, en menos de dos meses, su eficacia. Y si la credibilidad de estas políticas se quiere mantener con el palo y tentetieso, malo para la gente, y malo para el gobierno.

PVP120222

La prensa de hoy se desayuna con la aprobación por parte de la UE del segundo rescate a Grecia por valor de 130.000 millones de euros. Grecia evita así la quiebra y la salida del euro. Cosa que nadie pensaba hasta ahora en serio, pero que la gran tensión surgida en la larguísima negociación tenida hasta la fecha en torno a los términos concretos de este rescate, podría haber precipitado. Grecia está intervenida, y a partir de ahora, más. La troika va a mantener un órgano permanente en Atenas para fiscalizar las cuentas del gobierno heleno. Dicho con otras palabras, que se cede soberanía fiscal a cambio del dinero del rescate; la intervención existente hasta ahora se convierte en un auténtico “quítate tú que me pongo yo” en cuanto a la cartera de finanzas del gobierno griego se refiere.
Junto al rescate, la otra medida complementaria es la quita de un 53’5% de la deuda por parte de la banca privada. Es decir, que de cada 100 millones de bonos griegos que los bancos alemanes y franceses sobre todo hubieren comprado en el pasado, tienen garantizado la devolución de menos de la mitad, por ahora. Por tanto, el mecanismo es parecido a una suspensión de pagos ordenada, pues lo que realmente se ha evitado con este acuerdo de rescate es una suspensión de pagos desordenada, que se hubiera contagiado rápidamente en el resto de las economías europeas expuestas a los rigores de los especuladores, Italia y España sobre todo.
Pero es que además el dinero del rescate va a estar en una cuenta aparte, destinado preferentemente a pagar las deudas pendientes. O sea, que los gobiernos europeos y sus bancos centrales (el BCE no colabora en el rescate, pero sí estos bancos centrales) dan dinero y créditos a bajo interés con una mano, pero con la otra le reclaman a la banca griega lo que les deben. ¿A cambio de cesión de soberanía fiscal solamente? No. A cambio también de nuevos sacrificios por parte de la población: recortes del gasto, tijeretazo a los sueldos, a las pensiones y a las retribuciones de los funcionarios, además del despido de miles de empleados públicos. , La UE no se ha conformado con el compromiso por escrito del actual gobierno de Papademos, sino que ha exigido y conseguido también el compromiso por escrito de cumplir a rajatabla los términos del acuerdo, por parte de quien podría ganar las próximas elecciones. Pero las elecciones podrían dar una sorpresa, pues entre los tres partidos de la izquierda suman ya el 41% de la intención de voto.
Lo de Grecia es una tragedia económica, social y humana. La población lleva meses y años tirada en la calle para protestar por los ajustes, esas políticas de ajuste durísimo impuestas por la troika (CE, BCE y FMI). Han ardido edificios centenarios, y la agresividad de las protestas estudiantiles y ciudadanas se eleva de tono cada día. Aunque también cunde a veces el cansancio por tanto esfuerzo desatendido por parte de las autoridades. En realidad lo de Grecia ya no es políticamente un sistema democrático, pues el presidente ha sido impuesto desde fuera: Papandreu no se atrevía a infligir en la población tanto ajuste, y la troika ha exigido su dimisión para imponer a un tecnócrata sin tanto escrúpulo.
Las cantidades invertidas en Grecia por parte de la UE son astronómicas: el primer rescate fueron 73.000 millones, este segundo son 130.000, y lo que ganará la banca privada de percibir de lo prestado en compra de bonos viene a suponer unos 100.000 millones de euros. Más de 300.000 millones en total. Toda esa cantidad de dinero en un país cuya economía supone tan solo un 2% del total de la economía europea. Y sin embargo se presume que estas medidas no van a suponer un repunte de la economía griega, que padece una depresión galopante, pues en definitiva junto a los recortes no hay ni una sola medida de relanzamiento en positivo de la economía productiva, ni un plan, nada… Sólo pagar deudas, ya está. Y a cambio, más gente despedida, más reducción del consumo por tanto, más ruina y desesperación por tanto de los ciudadanos, que ven deprimirse su capacidad de supervivencia, e incrementarse las filas de los parados (por encima del 20%) y precarios.
¿Volverá Grecia a la senda del crecimiento algún día por la vía del ajuste? La pregunta no es retórica, sino muy pertinente, sobre todo para países como España que estamos en esta senda hace ya casi dos años, y que esperamos a marzo para ver cómo el gobierno del señor Rajoy nos mete un rejonazo de 50.000 millones de euros o más en el presupuesto común. Pues lo cierto es que Grecia sigue, tras estos dos rescates y ajustes durísimos sin atisbar ni el más mínimo horizonte de salida del túnel. La banca, sobre todo la alemana y la francesa, han ganado tiempo. Es una cuestión de ponerle parches a los problemas de la economía financiera. Pero en la economía productiva no hay gobierno que se meta. Y eso es una locura no sólo para los países que padecemos esa política suicida, sino incluso Alemania, que es quien la impone a sangre y fuego. Pues por la vía de la depresión de la capacidad productiva de las economías de los países “periféricos”, ¿cómo piensa Alemania salvar el euro y por tanto sus sagrados intereses? Si deprimimos la capacidad de consumo e inversión de nuestros países, Alemania pierde también, a medio y largo plazo. Se equivoca Merkel, el BCE y el FMI. Pero todos nos vamos al pozo con ellos.
En España apenas si se ha iniciado la vía de la protesta social. Porque junto a la “civilizada” y ordenada protesta de la movilización sindical del 19F, ha surgido una vía de movilización paralela, que no conviene identificar con el 15-M a priori, que acaba en disturbios callejeros como el surgido en Valencia. Surge con una convocatoria de concentración ante el instituto Lluis Vives por los recortes en educación del gobierno autonómico, se extiende por toda la ciudad, y acaba con 26 detenidos en el cuarto día de protesta. Los estudiantes han tomado la iniciativa de la lucha. Y el jefe de policía les considera “el enemigo”, y por eso carga con ellos, sin consideración, reprimiendo con saña predemocrática a estudiantes, periodistas y transeúntes. Como en los mejores tiempos del franquismo. Los culpables de los disturbios callejeros no son los manifestantes, sino la brutalidad policial ordenada por las autoridades de un gobierno autoritario dispuesto a que nadie conteste en la calle su antipopular política económica y social.
La lucha de clases ha vuelto (si es que alguna vez se fue). Aunque esta vez adopta formas plurales y tal vez más dispersas, pero igual de contundentes. Junto a la lucha sindical clásica, que se recrudecerá, se van a dar explosiones espontáneas y potencialmente virulentas de denuncia de esas situaciones que soporta ese nuevo segmento de la clase obrera que algunos llaman precariado.
A esta toma de la iniciativa por parte de los de abajo puede contribuir la euforia extrema de los por ahora ganadores de la primera batalla de la lucha de clases, que es el empresariado de este país. José Luis Feito, que es el responsable de economía de la CEOE, ha alentado a introducir en la ya de por sí abusiva reforma laboral, un recorte en las prestaciones por desempleo, negándoselas al que rechace una oferta de empleo, “aunque sea en Laponia”. Chulería de este tipo es una provocación que puede calentar los ánimos de los trabajadores. ¿No se dan cuenta estos señores de que no se puede achuchar tanto a la gente?
¿Quién será luego el responsable de que la gente salga caliente a la calle cuando de protestar se trate? Pues quien echa gasolina al fuego.

PVP120221

Antes de empezar con el tema con que nos va a ocupar, es de justicia felicitar a los sindicatos por el éxito de convocatoria que han tenido en las 57 manifestaciones realizadas ayer domingo, 19F, en otras tantas ciudades españolas, contra la reforma laboral que ha realizado el gobierno de Rajoy. Su glorioso congreso de tercera reelección como presidente del PP se ha visto empañado por la masiva afluencia de manifestantes en la calle, contestando la cerrazón y el hermetismo, la prepotencia, con que defendió en el púlpito de su partido esta reforma laboral. Mientras Rajoy afirmaba en el seno de su partido que esta reforma laboral es justa y necesaria, más de millón de manifestantes le replicaba en la calle que esta reforma laboral es injusta e inútil.
Y mientras los líderes sindicales le tendían una mano afirmando que esta movilización no es para confrontar sino para negociar, desde el gobierno se sigue ratificando que excepto retoques “técnicos”, la reforma va palante en los términos expresados por el real decreto ley propuesto por el gobierno. Tozudez que puede provocar que la huelga general que hoy por hoy quieren evitar los líderes sindicales, finalmente se vea realizada ante el cierre de todas las vías de negociación.
Porque lo que el gobierno quiere es aprovechar su mayoría absoluta y la gravedad de la crisis económicas para acabar con el sindicalismo en España. Rajoy ha debido venir la película de la Thatcher, y se apresta a utilizar el navajeo más sucio para acabar con su enemigo de clase. En efecto, el gobierno ha emprendido una campaña contra los sindicatos de clase CC.OO. y UGT. Trata de enfrentar a los sindicatos con los ciudadanos, a los que trabajan con los parados. Su tesis es que los sindicatos sólo representan los intereses de los que ya tienen trabajo, no el de los parados y paradas, mientras que es el gobierno el que solamente él garantiza los intereses de los parados y demás ciudadanos.
Si se quedasen en esto los términos de la polémica, todavía serían tolerables las palabras del gobierno. Pero no, no se quedan ahí. El gobierno ha empezado una campaña de desprestigio personal incluso de los líderes de los sindicatos. Por ejemplo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con esa carita de no haber roto nunca un plato, se ha metido a fisgar en el sueldo de los sindicalistas, haciéndose eco de lo publicado por los periódicos compinchados con el gobierno, El Mundo y La Razón. Estos portavoces mediáticos de la derecha publicaran ayer que el líder de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, recibe 180.000 euros de Caja Madrid. Saben, no ignoran, que los esos emolumentos que reciben de las instituciones públicas o semiprivadas en función de su participación institucional, los sindicalistas los entregan al sindicato para que funcionen como una fuente de financiación para hacer sindicalismo, pues con el dinero de las cuotas de los afiliados, no basta para realizar todas las tareas que el sindicato tiene encomendadas por la Constitución, y reclamadas por la sociedad, a las que por cierto puede medianamente e insatisfactoriamente responder, ya que la demanda de eficacia sindical es cada vez más creciente.
La Soraya de derechas (el PSOE ha puesto a otra Soraya como portavoz en el Congreso para mayor distracción del personal que contempla la política como un circo) no sólo no ha evitado de la dieta o emolumento del sindicalista, sino que ha aprovechado para reclamar de los sindicatos que hagan públicos los salarios de los sindicalistas, como prueba de transparencia. Pero mientras tanto, ni le reclama a Ángel Acebes, ex ministro con Aznar y ex alto cargo del PP, que haga lo mismo que reclama de los sindicatos, pese a que el tal Acebes está en las mismas condiciones que el sindicalista de la UGT aludido, ni hace públicos los sobresueldos que da a los cargos ejecutivos del PP, que se acumulan con los sueldos que reciben de las instituciones en las que participan como altos cargos representativos o ejecutivos.
Hay que tener cara para exigirles transparencia a los sindicalistas que cobran un solo sueldo, sea el que fuere (será más o menos según el cargo que ostenten, aunque conociendo el nivel de vida de los sindicalistas, no será mucho en ningún caso), mientras que a los políticos de derechas que acumulan sueldos, -y algunos de ellos exorbitados-, les encubren su rapacidad y codicia, ocultando ante la opinión pública los datos que exigen a los demás.
Por otro lado alardean de haber rebajado un 20% las “subvenciones” que los gobiernos dan a los sindicatos, y les piden igualmente que den cuenta de lo que cobran por “otras vías”. Pero si el gobierno sabe lo que cobran los sindicatos o los sindicalistas por otras vías, en vez de echar mierda en el ventilador para que les salpique a todos genéricamente, lo que tiene que hacer es ser transparente y hacer públicas esas famosas subvenciones que dicen que los sindicatos cobran, y en concepto de qué las cobran, pues puede que se esté refiriendo a las partidas del gobierno central para la formación profesional u otros programas nacionales o regionales para orientación y atención a los parados, que en ningún caso pueden ser tratados como subvenciones, sino como partidas finalistas que cubren los gastos de determinadas políticas de empleo, con reglas de funcionamiento y control del gasto a las que los sindicatos deben sujetarse, y que los parlamentos tanto regionales como central controlan vía presupuestaria o vía institucional.
Confundir, por tanto, esas partidas presupuestarias que reciben los sindicatos para desarrollar programas de protección, formación y defensa de los trabajadores, con “subvenciones” no puede atribuirse a ignorancia de Rajoy o la Soraya de derechas, sino a mala fe, a juego sucio contra el sindicalismo. Porque en último término si ellos conocen algún hecho que puedan tener indicios de uso delictivo del dinero público por parte de los sindicatos, lo que deben hacer es acudir a la policía y a los jueces para que el que la haya hecho, que la pague. Pero no. No se trata de señalar delitos, sino de seguir el adagio de “calumnia que algo queda”.
Los sindicatos no tienen nada que ocultar. Reciben puntualmente dinero público para realizar (como muchas otras entidades privadas, academias, ONGs, empresas de trabajo temporal, instituciones con o sin ánimo de lucro) programas públicos. Y además cobran por alguno de los servicios que prestan a los trabajadores, sobre todo a los no afiliados, como es lógico. ¿O de qué van a vivir los sindicatos? ¿Del aire? ¿Qué es lo que quiere el gobierno, que los sindicatos no tengan dinero ni para pagar a los abogados que defienden día a día a los trabajadores, o a los técnicos que asesoran a los comités de empresas y a los delegados sindicales en la defensa de los derechos individuales o colectivos?
Soy de los que creen en la utilidad social del trabajo de los sindicatos, y por tanto en la necesidad de que la financiación de los sindicatos españoles sea algo que esté garantizado incluso por el Estado en la medida en que determine la ley, más allá de la necesidad de que exista una autofinanciación básica por los sindicatos desde la cuota de los trabajadores y desde el pago de los servicios sindicales. Pues “el que paga, manda”, como nos recordaba incesantemente Marcelino Camacho.
Que se sepa ningún gobierno nunca ha legislado sobre la necesaria garantía pública de que los sindicatos cumplan dignamente la función social que tienen encomendada por la Constitución. ¿Por qué entonces exigirles ahora transparencia? La transparencia debe venir por quien es el responsable de la gestión del dinero público, que es el gobierno.
La derecha está ensuciando el buen nombre de los sindicatos de clase. Pero el daño infligido a los trabajadores con la reforma laboral es tan grande y tan claro, que esta campaña de división en el seno de la clase obrera entre sindicatos y trabajadores, entre trabajadores con o sin empleo, no le va a salir bien al gobierno. Por eso, justo a los 59 días de haber iniciado el gobierno su andadura, han sufrido la primera movilización en la calle, que ha sido todo un éxito.
Y no será la última, pues la CES (Confederación Europea de Sindicatos) ha convocado otra jornada de manifestaciones para el día 29. Es necesaria una respuesta sindical europea a la política de ajuste que está haciendo la UE, que está provocando más paro cada día, sin que vaya acompañada de programas de relanzamiento de la economía productiva y de creación de empleo.
Y más allá de esta movilización, cuando el gobierno de Rajoy enseñe definitivamente su lado más agresivo contra los trabajadores y los ciudadanos, que será cuando apruebe su anteproyecto de presupuestos para 2012, con un recorte estimado en unos 50.000 millones de euros, entonces los sindicatos tendrán otro motivo más (y quizá definitivo) para volver a convocarnos contra estas políticas tan lesivas para las capas más débiles de nuestra sociedad.
El gobierno sabe que los únicos que pueden convocarle huelgas generales y que pueden catalizar el descontento de la gente son los sindicatos de clase. Por eso va a seguir injuriándoles, desacreditándolos con las mentiras más sucias y emponzoñadas que pueda. Aún nos queda mucho por ver de este gobierno de extrema derecha que tenemos.
Por ejemplo, ya ha insinuado que puede incluir en el trámite parlamentario de la reforma laboral una legislación sobre el derecho de huelga, obviamente para limitarlo. Amenaza nada velada, que detecta un grado de irresponsabilidad supina por parte de este gobierno. Porque si hasta la fecha no se ha legislado en materia de huelga desde la transición hasta la fecha, no es porque sí, sino porque una legislación como la que amenaza, de restricción del derecho de huelga, por la vía de garantizar servicios mínimos que en la práctica resulten máximos, etc., puede propiciar un incremento de la conflictividad y de la agresividad de la respuesta social. Nadie quiere eso. Pero es responsabilidad del gobierno no provocarlo.
El gobierno de Rajoy está compuesto por sujetos (ellos y ellas) demasiado “echaíllos palante”, chuletas, nada prudentes a la hora de afrontar el conflicto social. Son de temer, pues pueden provocar un nivel de conflictividad social en la calle y en el seno de las empresas que nadie pretende. Pero que puede suceder.

PVP120220

En un artículo de reciente aparición en El País (“Efectos incontrolados de la reforma”), el profesor Jesús Cruz Villalón citaba Luis Toharia, recordándonos que “los únicos efectos grandes que suelen tener los cambios normativos del mercado de trabajo son precisamente aquellos que nadie previó”. Cruz Villalón que esto es lo que va a pasar con la reforma laboral, poniendo dos ejemplo de ese tipo de efectos no previstos.
El primero es que algunas de las medidas del RDL en materia de contratación y de despido pueden incidir en un reforzamiento de la rotación en el mercado de trabajo, manteniendo así la dualidad que se dice perseguir, y debilitando en la práctica la estabilidad en el empleo. En concreto, Por ejemplo, la desnaturalización del período de prueba (que ya veremos si es o no constitucional por las dudas que suscita sobre su compatibilidad con la exigencia constitucional de causalidad de la extinción contractual) que se produce al extender a 12 meses su duración en el nuevo tipo de contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, pues dicha medida puede dar paso a una generalización de contratos aparentemente indefinidos, pero que en la práctica no duren más del año del período de la prueba; o que en el mejor de los casos se extingan a los tres años de duración, justo cuando concluya el periodo bonificado por las ayudas públicas. Además, para Cruz Villalón esta regulación de la nueva modalidad contractual, puede invitar, incluso sin pretenderlo al encadenamiento de contratos, puesto que “ni se prohíbe la sustitución por otro de igual naturaleza con otro trabajador a su conclusión, ni se exige que con el mismo se produzca una creación neta de empleo”.

En el segundo ejemplo el profesor Cruz Villalón aborda la universalización de los mecanismos de descuelgue de los convenios colectivos. Con este mecanismo de descuelgue –afirma- se puede provocar un efecto distorsionador de nuestra negociación colectiva. ¿Qué efectos negativos puede esto conllevar? Por un lado, son tantas las causas justificativas del descuelgue, que ni siquiera es necesario que exista una conexión entre estas y la posibilidad de destrucción de empleo ni con la dificultad económica por la que pase la empresa, y al mismo tiempo es tal el procedimiento con que se puede aplicar el descuelgue, que al final lo que puede surgir de todo esto es la desarticulación total del sistema de negociación colectiva. Y por si esto fuera poco, se anuncia en el RDL que si no hay acuerdo, se impone un arbitraje obligatorio, denunciado tanto por sindicatos como por empresarios, y que podría tener visos de inconstitucionalidad también.
Ahí quedan dichos algunos de los peligros de la contrarreforma laboral que nos va a imponer a los trabajadores el gobierno del PP, con la ayuda de CiU.
Pese a la propaganda oficial y a la palabrería de la exposición de motivos, la reforma planteada por el gobierno no es para crear empleo, y mucho menos de calidad. Tampoco es para reducir la dualidad del mercado de trabajo, ni para disminuir la temporalidad. De lo que se trata es de proteger a los empresarios cuando sabe que la economía no se va a recuperar, como nos dicen Juan Torres y Alberto Garzón, el diputado de IU por Málaga, economista y portavoz de economía de esta formación en el Congreso. Sabe el gobierno que los empresarios no van a poder levantar cabeza en la estrategia suicida de austeridad en la que estamos inmersos, y en función de las concesiones que el gobierno sigue dispuesto a hacer a la banca, pese a que ésta siga más preocupada por salir del agujero en que ella solita se ha metido, que en facilitar el crédito necesario para impulsar la actividad productiva. Más austeridad significa menos demanda interna, tanto privada como pública, y más reforma financiera significa más retención del crédito. ¿Consecuencia? Que los empresarios consoliden sus beneficios a costa de los trabajadores. Luego la contrarreforma laboral es el correlato de una política económica tan regresiva como la que está diseñando la derecha en todos los ámbitos, europeo y español.
Donde la contrarreforma laboral manifiesta su verdadero centro es en las medidas de flexibilidad laboral, que, por supuesto, van mucho más allá que las pactadas entre sindicatos y gobierno, y que rompen precisamente este marco pactado. El desequilibrio de la contrarreforma es tal que los trabajadores se van a ver en la situación que se ve en algunas películas americanas, en las que al llegar a su puesto de trabajo se le dice que recojan sus cosas en un archivador y que se vayan a su casa, como bien decía Toxo en los desayunos de TVE1 hace dos días. Por ejemplo, la negativa a aceptar un cambio de horario o un traslado motivará la rescisión barata y fácil del contrato de trabajo.
¿Cómo es posible esto? Se preguntarán algunos trabajadores que no dan crédito a lo que se les viene encima, acostumbrados a un sistema de Derecho del Trabajo que, mal que bien, aún conservaba un cierto carácter tuitivo o protector hacia la parte débil de la relación laboral, que desde la constitución de tal Derecho como rama aparte del Derecho Civil, siempre ha sido el trabajador. La respuesta es clara: esta contrarreforma laborales una auténtica voladura controlada de los derechos laborales y de los principios que dieron lugar al Derecho del Trabajo, dicen Torres y Garzón.
El artículo 12 viene a modificar el Estatuto de los Trabajadores en el sentido de que “la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. ¿Cuáles son esas “modificaciones sustanciales”? Pues las referidas a jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, y, hasta en algunos casos, funciones. Es decir, a todo lo que tiene que ver con todas las condiciones de trabajo, provocando una severísima degeneración de estos derechos.
Miente Rajoy cínicamente a sabiendas cuando dice que él comprende que la patronal y los sindicatos se enfaden porque van a perder poder. Pretende crear una diferenciación, introducir una brecha entre los intereses de los trabajadores y la de los sindicatos, como si “los intereses” de los sindicatos existieran al margen de los intereses de los trabajadores. Miente a sabiendas para aprovechar el cierto descrédito que el carácter semi-institucional del poder sindical tiene en la opinión pública dirigida por los medios de comunicación de la derecha. Por otra parte, miente porque mete en el saco a los empresarios para despistar. La patronal no va perder poder. Todo lo contrario, pues es la única que va a ganar poder fáctico en el seno de las empresas, que es el que realmente importa e interesa a la patronal. Por eso está que desborda de alegría, sin poder disimular su plena satisfacción con esa contrarreforma que le ha regalado el gobierno.
Rajoy quiere enfrentar a los trabajadores con sus sindicatos de clase. El presidente ha puesto en la diana a los sindicatos de clase, y pretende hacer de la contrarreforma una provocación para justificar su afán de mermarles el poder de protagonistas del diálogo social que la Constitución Española del 78 les reconoce. No olvidemos que ese carácter institucional de los sindicatos viene dado por la mismísima Constitución, cuando reconoce a los sindicatos y a las organizaciones empresariales como cauces institucionales de la defensa de los intereses de sus representados, los trabajadores y los empresarios, respectivamente. Rajoy actúa ignorando y pisoteando la Constitución, quiere aprovechar esta crisis para abatir al enemigo de clase y pisotear el poder que durante siglos ha ido conquistando el movimiento obrero, que se cristaliza y deposita orgánicamente primero en los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y segundo en la capacidad de los sindicatos para poder ejercer dignamente su papel constitucional. Rajoy es la señora Thatchter, pero sin la dulce cara de Meryl Streep como intérprete del papel.
Vano intento éste de pretender enfrentar a los trabajadores con los sindicatos, pues es patente que en esta contrarreforma no son los sindicatos los que pierden, sino todos y cada uno de los trabajadores. Los que tienen un puesto de trabajo estable, porque a partir de ahora es menos estable; los empleados públicos, porque se les mete en el mismo saco de la inestabilidad laboral; precarios y temporales porque no van a ganar ninguna fijeza en su contrato laboral; los parados, porque no se van a crear nuevos empleos; y todos, porque van a estar más sometidos a la arbitrariedad y capricho del empresario de turno.
Otra cosa será que los trabajadores lo vean a tiempo, que tarden más o menos tiempo en enterarse de lo lesiva que es la contrarreforma para cada trabajador en concreto. Otra cosa será que cuanto más esclavizados estén en sus precarios puestos de trabajo, menos ganas tengan de movilizarse, por temor a perder la mierda de empleo que hayan podido conseguir. Pero si la cohesión social se deteriora como consecuencia de la situación económica en general y de las condiciones que impone esta contrarreforma laboral en concreto, puede ser que al final los trabajadores acaben prefiriendo la vía de la confrontación total con este estado de cosas.
PVP120216

Se oyen muchas tonterías a la hora de valorar la contrarreforma laboral que acaba de aprobar el gobierno de Rajoy. En general, los voceros pagados en las tertulias tanto de radio como de TV, dicen que por fin, que ya era hora una reforma laboral en profundidad. No entran en más profundidades. Si a alguno se le ocurre hablar de la pérdida de derechos de los trabajadores, se remiten al discurso del “reparto” de la carga de la salida de la crisis: los trabajadores deben aportar su parte. E incluso hablan, como lo hace el gobierno, de solidaridad entre los trabajadores “privilegiados” con un puesto estable de trabajo y los que sufren la temporalidad. Esa solidaridad no consiste en que los temporales se asimilen a los primero, sino al revés. La solución solidaria que el gobierno ha propiciado en su contrarreforma es poner a todos a la altura de la inestabilidad, a la sujeción de los resultados económicos de la empresa, eso sí, contabilizados por el empresario. La homologación de las condiciones entre fijos y precarios es a la baja, haciendo a todos precarios. Pero esto les resbala a los voceros de la comunicación oficial, que viene a ser prácticamente toda en los medios de desinformación españoles.
Lo que ha dicho Esperanza Aguirre es de antología, como siempre. Pues para la lideresa del PP de la comunidad de Madrid esta reforma pretende ni más ni menos que “acabar con el marco franquista de relaciones laborales”. Lo dice y se queda tan fresca. 36 años después de muerto el dictador, resulta que el Estatuto de los Trabajadores lo que ha hecho es perpetuar el marco de las relaciones laborales que él había establecido. Para la derecha española del Carajillo Party toda norma que viniera a favorecer un marco de protección del trabajador era puro intervencionismo. Como de lo que se trataba era de desregular totalmente el mercado laboral y, por lo que luego veremos, esta reforma lo hace, pues resulta que doña Espe hace una pirueta histórica e identifica el “proteccionismo” paternalista, falso y autoritario que hacía la normativa laboral del franquismo, con la de la ya dilatada etapa democrática del posfranquismo. Hasta que ha llegado el PP todo ha sido “franquismo laboral”. Según Aguirre. Tiene narices.
Lo que sí es más cierto es la noticia que hoy recoge la prensa, de que la reforma va a permitir a un tercio de los grupos de la Bolsa abaratar el despido. Este tercio de las empresas del Ibex 35 empresas tienen pérdidas o tres trimestres de caída de ventas, que es lo que preceptúa la norma para poder acogerse a las causas económicas del despido procedente. Y la cifra aumentará a lo largo de este 2012, pues se espera que la nueva recesión, alentada por las políticas de ajuste y reducción del déficit público, den aliento a más pérdidas de las empresas, por contracción de la demanda.
Las reacciones a la contrarreforma laboral no se han hecho esperar por parte de los sindicatos. Nadie podrá decir que los sindicatos permanecen callados (aunque siempre habrá algún tontolhaba). CC.OO. y UGT han acusado a Rajoy de permitir el despido “libre y gratuito”, pues prácticamente eso es lo que se saca en claro a simple vista de la contrarreforma laboral. Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones para el próximo domingo día 19, y para el día 29, que coincide con una movilización europea contra las políticas llevadas a cabo por la UE.
Toxo y Méndez dudan de la constitucionalidad del nuevo contrato para pymes, pues discrimina a unos trabajadores respecto de otros. Los gabinetes técnicos de los sindicatos están estudiando la cuestión. IU ya se ha mostrado dispuesta a interponer ese recurso de inconstitucionalidad, aunque no tiene suficientes diputados para hacerlo. El PSOE también está dispuesto a hacerlo, según ha afirmado Rubalcaba a los sindicatos. Es curioso que este partido se muestre ahora tan belicoso contra una reforma laboral cuyo precedente más inmediato ha sido su reforma laboral de 2010. Pero en fin, su paso a la oposición después de tan estrepitosa derrota electoral, ha hecho el milagro. Bienvenidos a la lucha de clases. Esperemos que no estorben demasiado.
La Comisión Europea destaca que la nueva norma debe dar más flexibilidad al mercado laboral. Le consta a la CE que el mercado laboral español ya era suficientemente flexible, pero los neoliberales quieren más. Quieren desregulación total. Y la OCDE cree que España está dando “pasos importantes” contra el desempleo. Pero eso no se lo cree ni la OCDE, pues sabe que la creción de empleo o el combate contra el desempleo no depende del marco laboral, sino del volumen cuantitativo y cualitativo de actividad económica, del desarrollo económico.
Merkel se ha deshecho en elogios a la reforma laboral española (la ha puesto como ejemplo para otros países) y al valor del nuevo gobierno español. De valor, nada. No tiene mérito. Los propios ciudadanos le ha dado a Rajoy millones de votos hasta colmar la mayoría absoluta para ponernos la soga al cuello. Los dirigentes del PP y el gobierno simplemente están utilizando este margen mayoritario, esta confianza que les han prestado. Desgraciadamente cuando se den cuenta de que estas medidas no sirve para crear empleo, será tarde: habrán perdido derechos, salario, y se volverán contra el gobierno. Pero será tarde.
Resulta pueril el argumento del gobierno para llamar a la calma a los sindicatos y a la oposición. Dice Rajoy que no es el momento de “llamar a la rebelión”. ¿Y por qué no es el momento? Pues porque el gobierno tiene la vana esperanza de que la Merkel afloje la mano (sea flexible, dice literalmente) a la hora de exigir a España que reduzca el déficit público al 4’4%. Quiere el gobierno que le dé más margen, y por eso pide a los sindicatos y al PSOE que sean prudentes. ¿Está soñando Rajoy-Guindos? Bajo mi modesto punto de vista creo que sí. Merkel tiene apretado el bocao de España, y no lo va a soltar. Estamos tan intervenidos como Grecia, Portugal o Irlanda, y más parecidos a Italia, aunque la UE no lo pueda declarar porque las economías española e italiana son demasiado grandes para ser rescatadas. Por eso se ha preferido que Alemania ejerza una especie de protectorado sobre ellas.
Rajoy está en el Guindo’s. Y así nos va.

120214

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez se va a reunir hoy mismo, lunes, con los sindicatos CC.OO. y UGT, la patronal CEOE y CEPYME y los representantes de los autónomos ATA, UPTA y CEAT Para explicarles el contenido de la reforma laboral, como si ellos no la conocieran a estas alturas, después de aprobado el Real Decreto-Ley que le da forma y vigor de ley el pasado viernes en el consejo de ministros. Una cosa ha quedado clara gracias a Cospedal en los desayunos de TVE1, y es que esta ronda de entrevistas no abre ninguna negociación para mejorar o empeorar el texto, sino que son sólo informativas. Lo que contrasta con las declaraciones previas del ministro Montoro, que decía que las reuniones para eso, para negociar, aunque instaba a los agentes sociales a ser flexibles, pues el mundo está cambiando muy deprisa. Hay que quedarse con el desmentido de Cospedal, que es mucho más oficial que las balandronadas a que nos tiene acostumbrados el ministro de Hacienda.
Queda, eso sí, el trámite como proyecto de ley del RDL para que los grupos parlamentarios hagan sus propuestas de enmiendas. Pero contando con la mayoría absoluta del PP y el apoyo a la ley de CiU, está claro que pocas enmiendas progresistas van a poder aprobarse en ese ámbito, salvo que la presión en la calle haga modificar la voluntad de sus engreídas señorías.
Que se reúnan con los representantes de los autónomos se basa en que la reforma contiene un nuevo tipo de contrato indefinido para las pymes de menos de 50 trabajadores y los autónomos, con incentivos fiscales para contratar (y despedir) a menores de 30 años. Cuestión, por cierto, un tanto contradictoria con respecto a lo que el PP venía anunciando, pues frente a su propósito anunciado de reducir el número de figuras contractuales existentes hoy en el mercado de trabajo, una 40, la ha aumentado con este nuevo tipo de contrato.
¿En qué consiste esa reforma laboral? Es un desmantelamiento del mercado de trabajo, han dicho expertos del Derecho del Trabajo, y lo ha cogido como síntesis el PSOE. Y es cierto lo que le decía el ministro de economía Luis de Guindos a su homólogo en la UE Oli Rehn, de que la reforma laboral iba a ser muy agresiva. Después de la reforma va a quedar Estatuto de los Trabajadores, pero su núcleo, la defensa de los trabajadores, va a quedar absolutamente reemplazado por la defensa de las empresas.
Rajoy ha mentido cuando ha dicho que no iba a abaratar el despido, pues con esta reforma los empresarios van a despedir más fácil y más barato. Están exultantes, tanto como cabreados están los representantes de los trabajadores. El gobierno ha aprobado la generalización del despido improcedente con una indemnización de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades como máximo, acabando con las indemnizaciones de 45 días. Y la reforma casi generaliza el despido a 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades, para el caso del despido procedente, pues precisa de forma muy generosa para el empresario en qué va a consistir las causas económicas para despedir, pues establece que la medida se pueda adoptar unilateralmente por el empresario cuando la empresa tenga pérdidas o disminución de ganancias (caída de ventas o ingresos, dice el BOE) durante tres trimestres seguidos (que no es lo mismo que 9 meses seguidos, por más que se haya presentado así por algunos medios de comunicación).
Modifica la configuración de los EREs, de forma que ahora no va a hacer falta la autorización administrativa, la aprobación del ERE por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en nuestro caso, y debilita o reduce la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar esos EREs, pues hasta la fecha, cuando una empresa quería que se le aprobase algún ERE por parte de la Administración, tenía que llevar pactado con los sindicatos sus términos. De hecho, el 90’5% de los EREs llegaban con acuerdo al registro público. En consecuencia, las indemnizaciones eran mayores de los 20 días, pues la capacidad sindical así lo propiciaba. A partir de ahora, los trabajadores sólo tendrán la posibilidad de acudir al juez para conseguir sus derechos.
La judicialización de la vida laboral está garantizada. Incluso a sabiendas de que los jueces tendrán también las manos muy pilladas para dar la razón a los trabajadores, pues con que una empresa diga (o “pruebe” con sus declaraciones a Hacienda o su contabilidad maquillada) que ha tenido reducciones de ventas o ingresos continuados durante 9 meses, el juez tendrá que darle la razón a la empresa. Por ello cabe la posibilidad de que el efecto que se produzca es que, para evadir la vía judicial, el empresario opte por despedir con algo más de indemnización (en vez de 20 días, llegar hasta 33 días). Lo importante es que el despido se facilita, se hace más rápido y se abarata.
En estos términos, ¿dónde queda la capacidad de crear empleo de la reforma laboral? Toda reforma laboral hasta la fecha se ha justificado por los gobiernos correspondientes en que con ellas se pretendía crear empleo. Todas han demostrado su incapacidad de crear empleo. El propio Rajoy ha llegado a afirmar de esta reforma laboral que no va a crear empleo a corto plazo. Pero es que lo suyo es que facilite la creación de más paro, pues van a tener mecanismos más baratos y rápidos para despedir. Pues la disposición transitoria del RDL extiende al personal laboral de las distintas administraciones públicas (unas 700.000 personas) la aplicación de estas medidas. Sólo que en vez de disminución de ventas o ingresos como las empresas, las administraciones públicas tendrán que demostrar su insuficiencia presupuestaria para mantener a ese personal laboral. Menuda escabechina va a realizar el PP en la mayoría de ayuntamientos que regenta echando al personal que le estorbe.
Cuando el PSOE inició en su reforma laboral de 2010 la vía de despedir cuando se previeran pérdidas en el futuro de las empresas, los sindicatos convocaron una huelga general. La reforma de 2012 del gobierno del PP es mucho más agresiva, concreta mucho más, y por tanto va a conllevar una capacidad de producir daño a los trabajadores bastante mayor.

Esta reforma laboral, que para la ministra Báñez es “equilibrada” (¿qué entenderá la ministrad e empleo por equilibrio?). Para los sindicatos, la reforma laboral está escrita con la pluma de la CEOE. Y es que muchas de las demandas históricas de la patronal española se contemplan en esta reforma. En concreto se mete a legislar la estructura y contenido de los convenios colectivos. Los agentes sociales habían solicitado al gobierno que respetase su parcela de autonomía como partes interesadas directas en las relaciones laborales, máxime cuando habían llegado al acuerdo de rentas, en el que se contemplan acuerdos sobre la negociación colectiva. El gobierno no ha respetado el acuerdo entre los sindicatos y la patronal. Por ejemplo, ha acabado con la ultractividad de los convenios colectivos, esto es, la prórroga indefinida de los convenios mientras no se llegue a otro acuerdo. La vigencia de los convenios sin renegociación se limita a un máximo de dos años. A partir de ese período, los trabajadores tendrán que acogerse al convenio vigente en el ámbito sectorial, o bien al Estatuto de los Trabajadores u otras leyes.
Además, se cambia en profundidad la estructura de la negociación colectiva al dar prioridad exclusiva a los convenios de empresa. Ya se había previsto esto en el acuerdo entre sindicatos y patronal. Pero en unos términos que al parecer no satisfacían al gobierno, que ahora lo convierte en ley. El acuerdo impulsaba también la flexibilidad interna en las empresas, esto es, capacidad del empresario para realizar cambios en la jornada, vacaciones, permisos, salarios, horarios, etc. La ley del PP va a dejar esta flexibilidad laboral en manos de los empresarios, que en condiciones de necesidad podrán unilateralmente adoptar esos cambios. Aunque si no hay acuerdo ni árbitro que resuelva el conflicto entre el empresario y los trabajadores que protestan por incumplimiento del convenio, el gobierno resuelva en la ley que se fija como árbitro a la Comisión Nacional de Convenios.
Se especulaba sobre la división de opinión entre los ministros, unos más proclives a no romper las relaciones con los sindicatos (Báñez y Montoro), y otros más proclives de atender a las exigencias de “los mercados” (Guindos y Soria). Guindos, ha explicado que el objetivo de la nueva normativa es ampliar la productividad y la competitividad. Son los valores que pretenden preservar los neoliberales a toda costa. Es la economía puesta al servido no de los hombres sino de la acumulación del capital en pocas manos.
E incluso se hablaba de la mediación de Rajoy en este conflicto que ha salido a la prensa como un reparto de papeles entre el poli bueno y el poli malo. Pero los resultados ya expuestos sobre la reforma laboral demuestran claramente que la batalla, de haberse producido, la ha ganado Guindos. Que si se ha producido mediación de Rajoy, ha sido para vencer los temores mojigatos de sus “polis buenos”. Así que, toda la responsabilidad para el presidente del gobierno, sin duda.
¿Qué han hecho y qué van a hacer los sindicatos? Los sindicatos no se han callado. Han expresados bien clarita su opinión contraria a esta agresiva reforma laboral. Pero de momento descartan la convocatoria de una huelga general previamente anunciada por Rajoy en la UE. Toxo (CC.OO.) ha sido bien claro al afirmar que no iba a ser el presidente de gobierno quien les convocara a ellos una huelga general.
Frente a esto, anuncian movilizaciones a partir del próximo domingo día 1 de febrero. Pretenden priorizar de momento una campaña de explicación a la ciudadanía y a los trabajadores de los términos y las consecuencias negativas de esta dañina reforma laboral. No descartan la convocatoria de una huelga general, pero tampoco la adelantan. Quieren que la ciudadanía se exprese antes de convocar una huelga general que podría no resultar exitosa. Sin pelos en la lengua, los portavoces de la oficialidad mediática y del PP expresan que los temores de los sindicatos se deben al fracaso cosechado en la anterior huelga general del 29-S de 2010.
Es verdad que una batalla hay que darla cuando se está seguro de ganarla. Para perderla siempre hay tiempo. Esta reflexión es la que parece que siguen los líderes sindicales. Además, creen que no esta reforma laboral lo que más va a cabrear a la ciudadanía en general y a los trabajadores en particular. Piensan, no sin razón, que las medidas de recorte que se prevé vendrán de la mano de los presupuestos que el gobierno de Rajoy aprobará en marzo, van a acumular más cabreo, pues en ellas se espera que el gobierno le meta la tijera a los gastos más esenciales para el mantenimiento del empleo y el salario público, de las pensiones, de la sanidad, de la educación y los servicios sociales públicos. Por eso, mediado ya el mes de febrero, los sindicatos prevén que se van a acumular motivos para al menos dos huelgas generales con las que hará falta contestar a las dos medidas estructurales más lesivas que el gobierno de Rajoy va a llevar a cabo durante este año 2012: la de la reforma laboral y la de los recortes presupuestarios.
Suele decirse en el argot sindical que una huelga general no es un huevo que se echa a freir, que requiere tiempo para su preparación. Y es verdad. Pero también es cierto algo que a veces se les escapa a los líderes sindicales. Y es que hay que mantener el fuego caliente para el aceite no se enfríe, pues el huevo tampoco se fríe si no es con aceite hirviendo. Así que prudencia, pero sin que el ya escaso crédito sindical se vaya agotando del todo.
La huelga general habrá que convocarla, tarde o temprano.

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