Archivos para marzo, 2012

La asunción del riesgo

Publicado: 28 marzo 2012 en Uncategorized

En mi primer análisis de la situación política creada después del éxito electoral obtenido por IULVCA en las pasadas elecciones andaluza, titulado “La izquierda por la regeneración y el empleo en Andalucía”, concluía lo siguiente:

 

“Descartada la posibilidad de dejar que gobierne el PP-A en Andalucía, IULVCA debe afrontar con responsabilidad su estrategia en el corto y medio plazo para hacerlo compatible con su estrategia a largo plazo de crear el bloque social hegemónico que protagonice la transformación socialista de la sociedad andaluza. Y para ello, caben dos opciones:

 

  • Acordar con el PSOE-A un gobierno de progreso con unas propuestas programáticas claras centradas en la regeneración democrática, un plan de empleo y protección de los parados, preservación del estado del bienestar, y cambio del modelo productivo.

 

  • Acordar con el PSOE-A la creación de un comité de verificación, planificación y seguimiento del acuerdo, posponiendo el momento de la incorporación de IULVCA al gobierno andaluz condicionándolo al cumplimiento durante ese período de los contenidos de la regeneración política.”

 

Para suerte o desgracia de IULVCA y del proyecto político que ella defiende, estas dos conclusiones no existen en la realidad política concreta. Su presentación como una posibilidad dual es un puro ejercicio metafísico, por el que rindo humildemente mi autocrítica en estas líneas. No estamos para metafísicas, y esa posibilidad que teóricamente existe para IULVCA de no incorporarse al gobierno andaluz de progreso, a la espera de que Griñán demuestre que está haciendo la regeneración democrática de verdad, es pura falacia. Si queremos responder al reto que las urnas nos han planteado, no existe otra posibilidad realista más que la de acordar con el PSOE-A la constitución de un gobierno de progreso en Andalucía, con los ingredientes que ya analizábamos:

  1. Centrar los objetivos del gobierno de progreso en la regeneración democrática, la creación de un plan de creación de empleo desde los comarcas y ayuntamientos, la defensa y mantenimiento presupuestario de las instituciones del estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales públicos), y el cambio de modelo productivo (reforma financiera, reforma fiscal progresiva, reforma administrativa, priorización de sectores y agentes productivos para la economía sostenible, etc.).

 

  1. Constitución entre ambas formaciones políticas de un comité de identificación, revisión y verificación de los objetivos del gobierno.

 

  1. Incrementar la tensión organizativa de IULVCA para crear una dinámica de crecimiento afiliativo, de fortalecimiento orgánico, de consolidación y extensión de sus alianzas con las organizaciones sociales.

 

  1. Aprobación del acuerdo de gobierno en referéndum por los afiliados y las organizaciones, grupos o personalidades que han compuesto con nosotros la convocatoria social preelectoral.

 

¿Por qué no es realista ese tiempo de espera para entrar en el gobierno? Porque pesan más los inconvenientes que las ventajas a la hora de hacerlo:

a)     En principio, la presencia de IULVCA en el gobierno puede garantizar el cumplimiento de los objetivos programáticos de progreso acordados con el PSOE, mejor que nuestra ausencia en el gobierno y dejar solo al PSOE-A.

 

b)     La fuerza con que negocia IULVCA disminuye radicalmente en cuanto vote a Griñán como presidente. Por tanto, es preciso concretar con la mayor precisión posible los términos del posible acuerdo. A quien más le interesa darse prisa en a negociación es a nosotros, pues todo el tiempo que pase sin empezar a hablar es tiempo que se le da al PSOE-A gratis para minimizar sus compromisos o eludir nuestras exigencias y nuestro peso institucional, incluida la presencia en el gobierno. Sin prisas, sí, pero sin pausas.

 

c)     Por la misma razón no vale distinguir dos fases en la negociación, una en la que se negocien acuerdos institucionales (composición del Parlamento y órganos de extracción parlamentaria) y otra de acuerdos sustantivos (con Griñán ya presidente) en la que se concreten los objetivos prioritarios y la composición del gobierno. En realidad, se podrían dejar flecos de dichos términos para después, pero el grueso del acuerdo debe quedar claro antes de investir a Griñán presidente. Y sobre todo, los términos de cómo se piensa hacer para la regeneración democrática, con medidas concretas como:

 

–        cambio de la ley electoral,

–        apertura a la participación directa en la acción parlamentaria (escaño 110, obligatoriedad de la utilización del referéndum para medidas importantes)

–        comisión de investigación de los EREs,

–        limitación a 8 años de los mandatos,

–        profesionalización hasta el nivel de dirección general de los altos cargos,

–        supresión de organismos que duplican funciones,

–        reducción de consejerías y sobre todo de delegaciones provinciales,

–        supresión de las redes clientelares,

–        objetivación del pluralismo e independencia de Canal Sur.

 

Igualmente la concreción de los sectores prioritarios de la acción del gobierno:

–        Sector agroalimentario.

–        Energías renovables.

–        Comercio de proximidad y autónomos.

–        Turismo cultural y de interior.

–        Cultura e industrias culturales.

–        Construcción: Edificación eficiente y sostenible.

–        Red de parques tecnológicos e innovación en Andalucía.

 

Y deberían quedar claros algunos instrumentos públicos de gestión a impulsar:

–        Finanzas públicas.

–        Red finanzas a través implantación territorial de créditos populares de inversión.

–        Fomento economía social.

–        Consejos territoriales integrados de reactivación económica, empleo y cohesión social. (Comarcas, áreas metropolitanas y plan de barrios urbanos degradados).

–        Planes integrados territoriales de reactivación económica, empleo y cohesión social (diseño en 2012, desarrollo de la ejecución en 2013-1015)

d)     No vale añadir a los inconvenientes que tendría el acuerdo con el PSOE el que va a ser un gobierno que vaya a recortar el presupuesto, y por tanto vayamos a tener que dar la cara por las políticas neoliberales de la Junta: Los recortes vendrán siempre impuestos desde el gobierno central y de la UE (del PP ambos), y por tanto es justo lo contrario: no podemos dejarle al PSOE-A la bandera de la repulsa al agravio que para Andalucía van a suponer los recortes impuestos por el gobierno central. Todo lo contrario, nuestra presencia en el gobierno debe garantizar que la repulsa no se queda en mera protesta institucional, ajena a la calle, sino que se convierte en movilización frente a los efectos del pacto PSOE-PP de constitucionalizar el techo del déficit. Los recortes son una oportunidad de crear un gobierno andaluz reivindicativo contra las políticas noliberales.

 

e)     Frente a la consigna de “estabilidad” del gobierno que va a ser el ariete del PSOE-A frente a nuestras exigencias, IULVCA deberá esgrimir el slogan de “regeneración y empleo”. Pero es verdad que en todo caso, si no existe acuerdo de gobierno, nos van a freir imputándonos la inestabilidad de estar permanentemente pendientes de la aprobación en el Parlamento. En las condiciones en que nos sitúa la matemática institucional del Parlamento, no debemos sobrevalorar las ventajas de nuestra independencia como “oposición” (la oposición siempre será “la pinza”, pues derrotará al gobierno siempre que queramos, ya que el PP se nos sumará a cualquier iniciativa de IULVCA que pueda debilitar al gobierno) ni minusvalorar la fuerza del aparato del gobierno y del PSOE-A utilizando la inestabilidad como arma arrojadiza contra IULVCA, ya que cabría esperarse incluso un nuevo desplante de adelanto de elecciones como en 1995, si las cosas le van mal al gobierno en solitario del PSOE-A. La culpa sería siempre de IULVCA.  

 

f)      El objetivo de crecimiento organizativo que esta situación propicia para IULVCA requiere no sólo una campaña de afiliación, sino la satisfacción de las legítimas aspiraciones de aquellos de nuestros aliados más próximos que estén dispuestos a dar el paso a afiliarse si se lo proponemos. La inmensa mayoría de los votos prestados provienen de esa franja de nuestros aliados que se sitúan entre el PSOE e IULVCA, y que en esta ocasión están esperando que haya un gobierno de ambos para realizar políticas progresistas (¿de izquierdas? Sí, hasta donde se pueda, pero al menos de resistencia frente al neoliberalismo extremo del PP).

 

g)     No gobernar afianza la imagen de IULVCA como una fuerza política inútil, que sólo sirve para la denuncia y la lucha, pero no para gobernar y resolver los problemas, haciendo política concreta. Nuestros electores podrán perdonarnos que no lleguemos a cumplir todo nuestro programa, pues saben que con 12 diputados no depende sólo de nosotros, pero no nos van a perdonar que no asumamos el riesgo de gobernar. Después de la oportunidad que las urnas nos han dado, ya no nos va a valer el “o todo o nada”.

 

h)     Muchos de los ayuntamientos que gobernamos total o parcialmente están esperando como agua de mayo que haya en Andalucía un gobierno “neutral”, honesto, que acabe con la discriminación a la hora de repartir el escaso dinero que va desde la Junta a los municipios.

 

Estamos acostumbrados en IULVCA a hacer política desde el maximalismo de las ideas y la   ausencia de rigor en las cifras. Con frecuencia, hacemos filosofía más que política. La gente nos ha puesto en la tesitura de asumir el riesgo de mojarnos, de equivocarnos o incluso acertar, de aterrizar, y no nos perdonaría que escurriéramos el bulto.

 

La propuesta de la dirección de IULVCA debería ser que facultemos a la dirección andaluza a proponer al PSOE-A una negociación con ánimo de acordar sobre los puntos ya dichos. Y que sea el PSOE-A el que diga si acepta estos términos. La pelota estará en su tejado.

 

PVP120328

 

Las urnas han hablado con sabia elocuencia en Andalucía durante el día de ayer. Y han descartado la solución del monopolio del poder por una sola fuerza política en Andalucía, rompiendo el bipartidismo. Los resultados en escaños han sido claros: PP 50 diputados, PSOE 47, IULVCA 12. Podríamos realizar un análisis cuya síntesis fuera:

 

1º) La sola presencia de tres fuerzas políticas en el Parlamento de Andalucía indica que los andaluces han ido al grano, y han visto que en el espacio de la política sólo caben soluciones que emanen de esas tres fuerzas políticas. Responsabilidad a la que deben responder las tres.

2º) La matemática electoral descarta las mayorías absolutas tanto del PSOE (punto de partida) como del PP (punto de llegada anunciado por las encuestas). Ello indica que la presencia de IULVCA es clave.

3º) IULVCA ha cumplido todas sus expectativas: romper el bipartidismo, duplicar el número de diputados, con una subida en votos de un 25% respecto a los que tenía anteriormente, recuperar sus diputados en las provincias de Jaén y Almería, y recomponer el grupo con la presencia paritaria entre hombres y mujeres.

4º) Pese a que el PP haya sido el partido con más votos, la suma de votos en el espacio político que la gente considera “la izquierda” es mayoritario, si se suman los votos dados al PSOE y los otorgados a IULVCA. El sentido común y todos los comentaristas de forma unánime afirman que la izquierda ha ganado la gobernabilidad de Andalucía.

5º) Que IULVCA y PSOE gobiernen bien esta nueva situación es fundamental para el futuro modelo de sociedad y para la salida que se le de a la situación de crisis por la que atravesamos; pero sobre todo es muy vital para restablecer la credibilidad en la política en general, y en los instrumentos democráticos de los que nos dotamos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía, en particular.

6º) Los andaluces y andaluzas han votado sabiamente, pues con su voto han sabido detectar los problemas que tiene Andalucía:

  • Han rechazado la mayoría absoluta del PSOE y lo han hecho retroceder porque repudian la corrupción y el desgaste que para el PSOE han implicado tantos años de gobierno en solitario (o con la complicidad de un PA entregado, sin más proyecto político que su propia ideología hueca de un nacionalismo que la gente no siente en Andalucía).

 

  • Han apostado por el cambio votando al PP, pero no han votado tanto como para darle la mayoría absoluta, no le quieren dejar gobernar Andalucía, pues ya ha visto lo que el PP hacía en el gobierno de España y de las comunidades autónomas que gobiernan: la reforma laboral, la subida de impuestos a las clases medias, las mentiras electorales, el seguidismo hacia las consignas de Bruselas, los recortes a la sanidad y la educación públicas en otras comunidades autónomas gobernadas por la derecha, han hecho que la gente se pensase dos veces a la hora de darle esa mayoría absoluta que el PP-A necesitaba.

 

  • Han duplicado las posibilidades de IULVCA en el Parlamento de Andalucía hasta convertirla en la llave del gobierno, rompiendo las mayorías absolutas como quería IULVCA, pues nuestra fuerza política se ha sabido mantener en la resistencia contra la destrucción del modelo social y en la alianza unitaria con los sindicatos de clase, los movimientos que articulan la sociedad, y la “gente de abajo”. Los andaluces y andaluzas han premiado la coherencia de IULVCA, su lucha permanente frente a los postulados y prácticas de la oligarquía político-financiera, gobernase quien gobernase, su apuesta por los valores de democracia real ya, de regeneración democrática y de lucha por el empleo de calidad.

 

7º) Pero este triunfo electoral sin paliativos no nos sitúa en una fase de clara hegemonía de las ideas de izquierdas, ni en la composición de un bloque social suficientemente amplio y prestigiado como para realizar todo el proyecto político de la izquierda:

  • La hegemonía ideológica sigue siendo conservadora (incluso los trabajadores están atemorizados y alienados por las hipotecas, el consumismo y el miedo a perder el puesto de trabajo).

 

  • Los sindicatos están desprestigiados por su abandono de décadas de la lucha ideológica, su política de acompañamiento del poder, y por la feroz campaña que contra ellos está realizando la extrema derecha que nos gobierna.

 

  • Los movimientos sociales de la izquierda no articulan sino porciones minúsculas de la sociedad en su conjunto, y sufren en parte la burocratización que les proporciona la satelización presupuestaria respecto del gobierno que les subvenciona sus actividades.

 

  • El movimiento 15-M es la expresión del rechazo a una situación, pero también es el fruto de esa situación, es decir, padece las contradicciones que le maniatan a la abstracción de sus propuestas, y a la inorganicidad permanente en su composición.

Los resultados electorales nos sitúan en una fase de resistencia desde Andalucía frente a los excesos de un gobierno neoliberal del PP girado hacia la extrema derecha, y embarcado en el desmantelamiento de la sociedad construída sobre las premisas socialdemócratas de antaño: crecimiento económico basado en la acumulación capitalista, más la redistribución plasmada en la construcción del estado del bienestar financiado por una política fiscal más o menos progresiva.

Si eso es lo que han dicho las urnas (lo que es mucho interpretar), ¿qué debe hacer la izquierda ante esta nueva situación que nos depara el 25-M?

  1. Ser consecuente con lo que ha prometido a la gente y con lo que la gente le ha pedido en las urnas: no dejar gobernar al PP.
  • El peor de los escenarios para IU y los sectores progresistas de Andalucía, seria un escenario de gobierno del PP en minoría en Andalucía. Por varias razones fundamentales:

A- Por el grave deterioro de derechos laborales, desmantelamiento de logros sociales y erosión democrática que el PP y sus políticas representan.

B- Porque el PSOE se convertiría en el referente de la izquierda en la oposición (por su nivel de militancia e infraestructura, porque sigue representando sociológicamente junto a IULVCA y otras fuerzas el abanico de fuerzas de izquierda política del país y especialmente en Andalucía.

C- Porque IULVCA rompería sus alianzas con los sindicatos de clase y otros movimientos sociales (no olvidemos que el PP tiene puestos en la diana de sus recortes de derechos y participación social a los sindicatos CC.OO. y UGT, con el proyecto de que la CSIF ocupe el espacio sindical hegemónico).

D- Porque podrían auspiciarse alternativas populistas y de radicalización de la derecha ante los efectos contra la democracia de las políticas más conservadoras del PP y los efectos de esta graves crisis económica. El PP le culparía a IULVCA de la inestabilidad económica y social existente en Andalucía en cada momento.

  • IULVCA debe hacer un referéndum en sus bases para cumplir sus estatutos y para ser consecuente con la forma de hacer política que predica.
  • Pero la dirección de IULVCA (y del PCA y otras fuerzas políticas en su seno) debe haber realizado previamente su análisis para orientar y proponer a las bases, pues lo contrario sería dejación de responsabilidades. No olvidemos que IULVCA parte de experiencias bipolares que pueden crear confusión en su seno: la pinza (o lo que fuera aquello) y acuerdos de gobierno en Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, y múltiples municipios de Andalucía. Imaginemos que preguntamos por si se quiere configurar un gobierno de la izquierda, con todas las garantías, con políticas de izquierda, de regeneración democrática,… etc, etc. en Andalucía: la respuesta podemos presuponer que podría ser positiva a la conformación del gobierno. Si la pregunta es si queremos pactar con el PSOE sin más y que vamos a tener un número de consejerías,.. sin más… la respuesta posiblemente seria negativa. Por eso es importante, pensar bien los términos de la consulta por parte de la dirección andaluza.

El peor de los escenarios para IU y los sectores progresistas de Andalucía, seria un escenario de gobierno del PP en minoría en Andalucía. Por dos razones fundamentales:

A- Por el grave deterioro de derechos laborales, desmantelamiento de logros sociales y erosión democrática que el PP y sus políticas representan.

B- Porque el PSOE se convertiría en el referente de la izquierda en la oposición (por su nivel de militancia e infraestructura, porque sigue representando sociológicamente junto a IULVCA y otras fuerzas el abanico de fuerzas de izquierda política del país y especialmente en Andalucía.

C-Porque podrían auspiciarse alternativas populistas y de radicalización de la derecha ante los efectos contra la democracia de las políticas más conservadoras del PP y los efectos de esta grave crisis económica.

  1. Situarse lo mejor posible en una doble posibilidad: o entrar en el gobierno, o dejar gobernar en solitario al PSOE-A, con acuerdos puntuales cuando corresponda.

 

a)     El gobierno en solitario del PSOE, sin más acuerdos con el PSOE-A que la gobernabilidad del propio Parlamento y de las instituciones que de él dimanan, ponen a IULVCA en la situación que tiene sus ventajas y sus inconvenientes:

  • IULVCA tendría que realizar una “oposición constructiva”, diferenciándonos del PP que volverá a las andadas de utilizar todo su arsenal contra el PSOE, justa o injustamente; y por nuestro inicial apoyo a Griñán como presidente, aunque denunciásemos cada cosa mala que surgiese de la Junta se nos imputaría desde el PP, quizá incluso más que al propio PSOE.
  • Daríamos la imagen de fuerza de denuncia y combate, pero que no se moja y no sirve para gobernar, a no ser con mayoría absoluta.
  • Desperdiciaríamos la ocasión para hacer avanzar aspectos parciales de nuestro programa de izquierdas, a favor de la regeneración democrática y la creación de empleo.

 

b)     El gobierno de IULVCA con el PSOE también entraña dificultades y beneficios, y debería estar condicionados a:

  • Explicación a la ciudadanía de que IULVCA no va a poder llevar adelante su propio proyecto, pues al fin y al cabo con 12 diputados de 109 es imposible.
  • Compromiso de convertir el gobierno en el muro frente a las políticas lesivas al estado del bienestar, contrarias a los intereses de los trabajadores y al Estatuto de Andalucía, provenientes del gobierno central.
  • Aprovechar las posibilidades que da el gobernar en Andalucía para ampliar la base de IULVCA, ampliando las alianzas y la organización.

 

c)     Bajo mi punto de vista, en consecuencia, IULVCA está condenada a acordar con el PSOE tanto si entra en el gobierno como si no lo hace. En esa negociación IULVCA debe tener en cuenta que para obtener la aquiescencia de sus votantes, debe centrarse en cuatro ideas programáticas muy claras y concretas:

 

–        El primer objetivo debe ser visualizar un cambio hacia la regeneración democrática. No debe darse ni siquiera la mínima sensación de que se establece el diálogo en un reparto de sillones, olvidando que el PSOE ha sido castigado fundamentalmente por los casos de clientelismo y corrupción.

 

–        El segundo objetivo debe ser la aprobación de un plan para la creación de empleo y protección de los parados, pues es el problema número uno apreciado por los andaluces y andaluzas.

 

 

–        El tercer objetivo es el mantenimiento de las instituciones sanitarias, educativas y de servicios sociales, para lo que deben habilitarse las medidas financieras para garantizar la calidad de los servicios.

 

–        El cuarto objetivo debe ser el cambio de modelo productivo, priorizando sectores de creación de empleo e introducción de nuevas tecnologías y energías renovables. Todas las demás medidas que contempla nuestro programa (reforma financiera, reforma fiscal, reforma administrativa, etc.) se encuadran en este objetivo, estando supeditado a las posibilidades presupuestarias que le permitan a Andalucía las nuevas normas restrictivas emanadas de la política de reducción del déficit público aprobada por el gobierno central. Pues hemos de ser conscientes de que el gobierno central va a exigir a Andalucía recortes presupuestarios muy importantes. 

 

d)     Una vía intermedia: ¿Tiene IULVCA tiempo suficiente para convencer a la nueva base electoral y sobre todo a la antigua de que es compatible gobernar en el corto y medio plazo y mantener el proyecto político para su realización en el largo plazo? Hay un segmento de la militancia y del electorado de IULVCA que no aprobaría nunca un acuerdo con el PSOE, pero es muy minoritario. Sin embargo no es tan minoritario el segmento del electorado que necesita ver que el PSOE, reo de su pasado, realmente está dispuesto a cambiar políticas y personas. Incluso si acepta la reducción de objetivos a la creación de un parapeto en Andalucía contra las políticas desmanteladoras del PP estatal, exigen que el primer objetivo de regeneración democrática sea una realidad constatable y no un engaño del PSOE a IULVCA.

Si se pretende habilitar un cierto tiempo para ir creando las condiciones de credibilidad de un futuro gobierno PSOE-IUVCA en Andalucía, este espacio temporal debería ser acordado con el PSOE, pues de nada serviría dejar al PSOE gobernar en solitario, esperando a que por sí solo cambie con el tiempo. Habría que pactar la creación de una especie de comité de verificación, planificación y seguimiento del acuerdo.

 

Teniendo presente nuestro programa de gobierno planteado, pero siendo muy, muy conscientes de las limitaciones con las que podemos encontrarnos el primer día de gobierno, condicionadas por al menos cinco:

1-    Problemas graves en la financiación de las políticas, como consecuencia de imposiciones de déficit del gobierno Rajoy y Bruselas.

2-     Hipotecas heredadas por parte de los gobiernos del PSOE, que limiten nuestra acción política, especialmente en el presupuesto del 2012.

3-     Una estructura intermedia de funcionarios que hipoteca gravemente las posibilidades de cambio en las políticas desarrolladas.

4-    Graves duplicidades ineficientes existentes en diferentes ámbitos territoriales y funcionales. Claramente visibles por la población. La Junta es de todo, menos Junta

5-  La red de actores y entidades de todo tipo que a nivel local están inserta en la mayoría de las políticas desarrolladas por la Junta y actúan como verdaderos lobbys que condicionan sus políticas.

 

            Deberíamos conocer con más rigor en función de los ámbitos concretos de gobierno que tendríamos y tener un plan para anular, desactivar o minimizar, y superar estos condicionantes. Y eso solo se puede hacer con algo de tiempo.

 

Contenidos para la regeneración democrática y su clara visualización ciudadana.

 

Sin duda las ganas de cambio de una parte importante de la población andaluza se deben fundamentalmente a la idea de que el PSOE lleva 30 años en el gobierno andaluz y es incapaz de efectuar esa regeneración democrática de la institución. Institución que últimamente se ha visto gravemente afectada por los casos de la corrupción de los ERE, por la idea que buena parte de la población tiene de los “enchufismos”, por la critica general de los criterios poco objetivos del reparto de financiación y subvenciones a entidades sociales y a ayuntamientos,… por su escaso liderazgo e impulso con una idea clara de que hacer y cómo para resolver la situación actual, y no perderse en burocratismos absurdos e inútiles (cualquier autónomo que haya solicitado incentivos, cualquier demandante de empleo que haya utilizado servicios del SAE, cualquier empresa que haya intentado ayudas en la Junta en cualquiera de sus líneas financieras, etc. pueden haber sufrido esa situación). Eso unido a las duplicidades ineficientes existentes en diferentes ámbitos territoriales y funcionales.

 

Si añadimos lo que supone de fin de ciclo este momento histórico, si añadimos el impulso que las movilizaciones a nivel andaluz, estatal e internacional de los movimientos de indignados, si analizamos el golpe de estado que la banca esta realizando en varios países de la UE, la agresión de derechos sociales básicos que se esta sufriendo y el nivel de protectorado y pérdida de autonomía nacional en la que todos estamos insertos, la Regeneración democrática debe convertirse en la seña principal de lucha de la izquierda real, y es junto a la lucha por los derechos sociales lo que puede conformar una nueva mayoría social en Andalucía y en España.

 

Por ello debería ser el elemento inicial más visible y perceptible con claridad por la ciudadanía del Pacto IU-PSOE en Andalucía. Y debería contener entre otras medidas al menos:

1-     Disminución del número y limitación de permanencia para puestos políticos en Andalucía, a no más de 8 años, con carácter retroactivo. Al menos desde niveles de direcciones generales, delegados-as, personal directivo de las entidades autónomas y del sector público, hasta el propio presidente de la Junta. Se trata de identificar, cuantificar y comunicar públicamente los cientos y miles de personas a las que esta medida afectaría.

2-     Profesionalización de puestos directivos. En la estructura andaluza, incluso plantearse que las direcciones generales deben ser asumidas por funcionarios-as nombrados como libre designación pero funcionarios. Igual que los puestos directivos de entes del sector público de diferentes ámbitos, todos se cubrirían por concurso de méritos.

3-     Requisito de informe favorable del comité de verificación para cualquiera de los nombramientos políticos que se establezcan, con audiencia y defensa del propio candidato-a propuesto, sea por el PSOE o por IULVCA.

4-     Adelgazamiento y simplificación de la administración andaluza. Evitando duplicidades territoriales y funcionales de la Junta de Andalucía. Será una de las competencias de la Comisión de verificación y antes de septiembre del 2012 elevara la propuesta para que sea contemplada en los próximos presupuestos 2013. Deberíamos contemplar la reducción de delegaciones provinciales, y una clara apuesta por la comarcalización.

5-     Comarcalizacion y áreas metropolitanas. Es en este ámbito territorial donde debemos integrar el funcionamiento de la Junta a partir de plantes comarcales de empleo y activación socioeconómica.

6- Clarificación previa de todo el entramado de los EREs.   

 

Conclusión.- Descartada la posibilidad de dejar que gobierne el PP-A en Andalucía, IULVCA debe afrontar con responsabilidad su estrategia en el corto y medio plazo para hacerlo compatible con su estrategia a largo plazo de crear el bloque social hegemónico que protagonice la transformación socialista de la sociedad andaluza. Y para ello, caben dos opciones:

 

  • Acordar con el PSOE-A un gobierno de progreso con unas propuestas programáticas claras centradas en la regeneración democrática, un plan de empleo y protección de los parados, preservación del estado del bienestar, y cambio del modelo productivo.

 

  • Acordar con el PSOE-A la creación de un comité de verificación, planificación y seguimiento del acuerdo, posponiendo el momento de la incorporación de IULVCA al gobierno andaluz condicionándolo al cumplimiento durante ese período de los contenidos de la regeneración política.

 

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Pues que viva La Pepa

Publicado: 21 marzo 2012 en Uncategorized

Hasta los totos hemos acabado de la celebración del bicentenario de La Pepa. Que uno se pregunta a qué ha venido tanto engalanamiento con trajes de época en la capital gaditana, si ya se habían acabado los carnavales. Y desde luego, si comparamos la espontaneidad y gracejo popular de los carnavales de Cádiz con el encorsetamiento y teatralidad de lo visto en la calle para el evento conmemorativo de La Pepa, no hay color, ganan los carnavales por goleada.

Sobre todo uno se pregunta a qué venía tanto acto institucional, con la presencia del monarca en él. Pero al comprobar el sesgo ideológico y de manipulación política que iba tomando dicho acto institucional en su desarrollo, empezamos a explicarnos el porqué del ensalzamiento que el gobierno del PP y los medios de comunicación han dado a este acto institucional. Porque convertir en un acto de exaltación de la monarquía la conmemoración de la aprobación de una constitución como la de 1812, la primera en España, que vino a recortar el poder absolutista de la monarquía y consolidar los derechos de los ciudadanos, tiene riles. Cuando menos es un acto de extrema audacia, de extrema derecha monárquica, extremadamente demagógico e injusto con la historia.

Hay que tener cara para poner como protagonista a la monarquía en una conmemoración como ésta. Primero, porque lo que se celebra en sí mismo era precisamente un acto hostil con la institución monárquica. Al menos con el absolutismo con que los reyes habían tratado al pueblo hasta esa fecha del 19 de marzo de1812. En realidad la efemérides viene a ser lo que el 14 de julio de 1789 es para Francia: una revolución de la burguesía apoyada por el pueblo contra el Antiguo Régimen. La diferencia es que en Francia rodaron las cabezas de los monarcas y aristócratas, mientras que en España no hubo revolución, sino sólo cambio del marco jurídico que regulaba la convivencia, limitando el poder absoluto de los reyes, para que se abrieran paso los derechos del pueblo; se acabaron los súbditos, y las personas empezaron a partir de entonces a ser ciudadanos con derechos. Pero no se produjo el enorme revulsivo popular que implicó el cambio revolucionario francés, porque en España había entonces una guerra contra la invasión napoleónica.  

Segunda incongruencia: Quizá por esa falta de radicalidad del cambio español, o por las vicisitudes de la guerra que impidió una plena aplicación del texto constitucional, o simplemente porque la monarquía nunca había digerido del todo el cambio de status que La Pepa implicaba, poco tiempo después fue precisamente un monarca de la dinastía de los borbones, antecesor del Juan Carlos exaltado en el bicentenario, el que abolió La Pepa, para volver a implantar el absolutismo. En efecto, La Pepa estuvo en vigor sólo dos años, desde su promulgación hasta su derogación en Valencia, el 4 de mayo de 1814, tras el regreso a España de Fernando VII; y tuvieron que volver períodos liberales como [] el Trienio Liberal (18201823), así como durante un breve período en 1836-1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837, para que se volviera a aplicar. Diríamos que el carácter abierto y progresista que se celebra hoy de La Pepa se pudo producir “a pesar de” la monarquía, y no precisamente “gracias a “ ella.  

            Tercera tomadura de pelo: la exaltación de la monarquía se produce justo en el momento en que más en cuestión está puesta esta institución en España, al haberse producido los escándalos de corrupción que rodean a la familia del rey Juan Carlos. Ese inmerecido prolongado aplauso que recibió Juan Carlos I después de su discurso vino a ser una especie de exculpación que la clase política (PP y PSOE estaban representados en el acto) querían hacer de la figura del jefe del Estado. El aplauso fue inmerecido porque ni el discurso era para tirar cohetes, ni podemos exculpar a Juan Carlos de los desmanes cometidos por su yerno Iñaki Urdangarín, pues como ya se va sabiendo, la Casa Real tuvo conocimiento de los chanchullos del esposo de la infanta Cristina años atrás y no los denunció ante la justicia. Al menos podríamos pensar que presuntamente Juan Carlos actuó como encubridor durante cierto período de tiempo de los delitos de los que ahora resulte culpable Urdangarín. Exaltación del monarca inmerecida e inoportuna.

Y cuarta incongruencia: el protagonismo y orquestación de la conmemoración del bicentenario le toca a un gobierno que en este preciso momento se apresta a recortar los derechos conseguidos a lo largo de la historia por el pueblo llano. Porque al cambio que produjo La Pepa de transferencia del poder nuclear desde la aristocracia a la burguesía, le sucedió históricamente otro cambio también basado en la ampliación de los derechos, el cambio de las revoluciones obreras en toda Europa, que condicionaron la creación de los estados sociales que justo hasta ahora hemos venido disfrutando. Pero Rajoy y la CEOE han dicho hasta aquí hemos llegado, y ahora toca retroceder en derechos hasta el siglo XIX, hasta antes de La Pepa. Esto es lo que se está cociendo con la reforma laboral y los recortes de las instituciones sanitarias, educativas y de servicios sociales que componen el Estado del Bienestar.

            En el acto institucional el jefe del Estado, Juan Carlos, nos propuso como modelo el coraje con que se abordó la aprobación de la Pepa para abordar el momento actual de la economía española. Pero no explicitó en qué dirección tiene el pueblo español que ejercer este coraje, si en el de asumir las regresivas reformas de recortes y pérdidas de derechos, o si se refiere al coraje demostrado por el pueblo islandés como modelo, que se ha negado a seguir las consignas e imposiciones de las instituciones internacionales neoliberales, dejando que sus bancos quebrasen, y que finalmente ha puesto en el banquillo de los acusados por negligencia al jefe de gobierno que malgestionó la crisis en sus primeros momentos.   

            Rajoy fue más allá, explicitó el sentir del monarca, comparando sus reformas con el espíritu reformista con que se abordó la elaboración de la constitución de Cádiz. Pero la impostura histórica es flagrante, pues, como queda dicho, las reformas de Rajoy son reaccionarias mientras que las reformas que produjo La Pepa eran progresistas para su momento. Comparar o poner en paralelo ambos eventos históricos es atrevido. Pero si se hace, hay que destacar el sentido diametralmente opuesto en que apuntan ambas reformas: las reformas de La Pepa hacia la izquierda de los derechos populares, y las reformas de Rajoy hacia la derecha de la negación y recorte de los derechos.  

            Rajoy llegó incluso a convertir el acto institucional conmemorativo del bicentenario de La Pepa en un mitin de campaña a favor del PP en plenas elecciones al Parlamento de Andalucía. Llegó a identificar sus reformas con “el cambio”. Pero es que la idea del “cambio” es el lema que lleva Arenas en las elecciones andaluzas. Hace falta desvergüenza. Rajoy nos muestra lo más preocupante de esta derecha triunfante, y es la patrimonialización que hace del poder. La derechona de nuestro país está convencida de que el poder le pertenece por derecho natural, y que pueden hacer con él lo que quieran; correlativamente, cuando el sistema democrático les impone un gobierno de izquierdas, éste ejerce el poder de forma interina y limitada, pues en definitiva se trata de una usurpación con fecha de caducidad, regida por la norma de que no pueden hacer lo que quieran, porque ahí están ellos, el legítimo dueño del poder, para vigilar a ver qué hacen estos desarrapados con su España eterna, para que no la perjudiquen demasiado. Por eso Rajoy puede convertir un acto institucional en un mitin del PP con toda impunidad. Porque es el representante legítimo del dueño “ad natura” del poder institucional.

            Yo, por mi parte, prefiero la Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre por las Cortes Constituyentes tras las elecciones generales españolas de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril del mismo año, y que estuvo vigente hasta el final de la guerra civil española en 1939, aunque los republicanos en el exilio la mantuvieron vigente hasta que en 1977 se consiguió la reforma democrática que acabó con la dictadura de Franco y propició la redacción del nuevo teto constitucional que rige hasta hoy, la Constitución Española de 1978. Y la prefiero porque define a España como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia“, culminando un período que acaba con la antigualla de la institución monárquica como fruto de las luchas obreras por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos.

            Pero esa es otra Pepa.

 

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En esta economía intervenida en que nos movemos, el gobierno afina sus medidas para llegar al 5’3% de déficit público a finales de este nefasto 2012, para cumplir sus compromisos con los oligarcas político-financieros de Europa y el mundo globalizado. Si hace unos días les tocaba a las comunidades autónomas prepararse para el ajuste de cinturón, ahora son los ayuntamientos los que van a tener que pasar por el aro que quiere el gobierno de la derecha.

El titular de la noticia es que Hacienda prevé rebajas de sueldos y despidos en los planes municipales. En efecto, el ministro Montoro ha preparado un lote de 4.622 municipios que según el gobierno no van a poder seguir con las cuentas deficitarias como hasta ahora. Aprovechando el plan de pago a proveedores, Hacienda está achuchando a los alcaldes a suscribir un catálogo de 23 medidas de gastos e ingresos. Para “sugerirles” las medidas, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda ha preparado un modelo a rellenar por los alcaldes, en el que se les pregunta cómo van a trabajar para acceder a la estabilidad presupuestaria. Pero lo hace de tal modo, que más que preguntas lo que contiene el cuestionario son las respuestas que quiere escuchar el gobierno. Por ejemplo, pregunta cómo van a realizar “la reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)”.

Lo que contradice lo que el señor Montoro afirmaba la semana pasada cuando decía que el plan de pago a proveedores (los ayuntamientos les deben 17.000 millones de euros) permitiría crear o salvaguardar entre 75.000 y 100.000 empleos públicos. ¿Cómo va a ser eso si por lo que pregunta su ministerio a los ayuntamientos es por la reducción del personal? No es que estemos sorprendidos, pues estamos ya acostumbrados al cinismo de un gobierno que dice una cosa y luego hace otra (Rajoy prometió en campaña electoral que no iba a subir los impuestos, y la ministra de empleo que no iba a tocar el despido en la reforma laboral).

También están diciendo que los presupuestos generales del Estado (PGE) que van a aprobar el día 30 de marzo, no van a bajar el sueldo a los funcionarios ni van a destruir empleo público. Pero si la previsión para los ayuntamientos es la que es, es de esperar que a los empleados públicos de la Administración central no les toque mejor suerte, y que parte del ajuste que le corresponde al Estado sea a costa del capítulo I, es decir, a costa de los empleados dependientes de dicha administración. No olvidemos que el gobierno de la UE ha obligado al gobierno de Rajoy a incrementar en 5.000 millones el ajuste de esos PGE 2012, al pasar del 5’8% el déficit previsto por Rajoy al 5’3% pactado con Bruselas finalmente; y que según Montoro será la administración central la que va a asumir plenamente dicho ajuste.    

También pregunta el cuestionario por la valoración que hacen los ayuntamientos sobre la “regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso”. En plata: quieren saber a cuántos empleados públicos van a despedir y qué ahorro va a significar esta medida en cada ayuntamiento, teniendo en cuenta que a la cuantía del ahorro que suponga al medida, se le deberá descontar la cuantía de la indemnización.  Esos despidos serán procedentes, pues se deberán a situaciones deficitarias de los ayuntamientos, y por tanto a las “causas objetivas” contempladas en la reforma laboral.  

Otro coste que el modelo de Hacienda sugiere recortar es el del personal de confianza, pues pregunta por el impacto de la “reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad local”. Lo mismo que hace con las empresas públicas, al preguntar por “la regulación de régimen laboral y retributivo de las empresas públicas considerando aspectos como el sector de actividad, volumen de negocio o percepción de fondos públicos”.

Pero no sólo pregunta-sugiere recortes de los costes, sino que también aborda el área de los ingresos, al exigir a los alcaldes en el formulario que especifiquen las “subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias”. Más claro, el agua: sugiere Hacienda que se suban los impuestos municipales para completar el equilibrio presupuestario.

Nadie da nada gratis, parece decirles el gobierno. Así, los 4.622 Ayuntamientos que presentaron el pasado jueves 1.931.976 facturas pendientes de pago, por un importe de 9.584 millones de euros, ante Hacienda se han visto atrapados en este compromiso de reajuste de sus cuentas. El Ministerio de Hacienda revisará en dos semanas la información remitida por los Ayuntamientos, y validará los planes de ajuste. Entonces y sólo entonces empezarán a cobrar los proveedores-acreedores sus facturas. Aunque aquellos que perdonen deuda tendrán prelación sobre los que quieran cobrar enteras sus facturas.  Y como medida complementaria, los interventores municipales deberán entregar anualmente un informe sobre el cumplimiento del plan de ajuste. Si los ayuntamientos incumplen, el Estado podrá retener parte de las transferencias que realiza a los Ayuntamientos.

No todos los ayuntamientos se han acogido a la financiación que proporciona este Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores. Al parecer sólo lo han hecho la mitad de ellos. Además este mecanismo en ningún caso es una subvención a fondo perdido, sino que se trata de un préstamo del Estado por el que se deberá abonar un interés en torno al 5%, con un plazo de amortización de hasta 10 años, dos de ellos de carencia.

Cabe preguntarse por las medidas que vaya a adoptar el gobierno para meter en cintura a la otra mitad de los ayuntamientos, los que no se han apuntado al plan de pago de acreedores. Porque seguro que Montoro ya tiene previsto algún maquiavélico mecanismo para constreñir a esos ayuntamientos a seguir las mismas conductas de despido de empleados públicos, de recorte de salarios y de subida de impuestos.

 

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Los sindicatos están haciendo un gran esfuerzo por explicarles a los trabajadores en qué consiste la reforma laboral que ha aprobado el gobierno y que está ahora en tramitación parlamentaria, pero que ya es ley aplicable, pues se aprobó por decreto-ley. Con el ánimo de contribuir modestamente a las explicaciones que día a día están haciendo los convocantes de la huelga general más justa y necesaria que ha habido en todo el período democrático, voy a reproducir aquí a mi modo las ideas de un panfleto que ha llegado a mis manos, y que tiene la virtud de ser claro porque se ciñe mucho a los daños concretos que la reforma va a producir a los trabajadores, sin más teorizaciones.

            ¿Cuáles son las consecuencias más lesivas para los trabajadores? Veamos algunas:

– Generaliza el despido con indemnización de 20 días por año, con un tope de 12 mensualidades. Las facilidades para despedir van a provocar más paro y no más empleo. El gobierno dice que esto puede darse en el corto plazo, pero que a la larga sí contribuirá a crear más empleo. Veremos después qué tipo de empleo, pues es del modelo alemán, precario y con salarios de pobres. En España se puede generalizar la figura del “trabajador pobre”, esto es, el que pese a trabajar, el salario no le llega ni para tener un techo donde vivir dignamente.

 

– Nueve días de baja pueden ser causa de despido por las nuevas reglas sobre absentismo: ya no depende del absentismo del grupo ni de si la empresa se ha visto afectada por la ausencia del trabajador, sólo de cuántos días ha estado fuera. Un esguince o un par de gripes suman fácilmente esos 9 días.

 

– La causa objetiva económica de despido ya no es por pérdidas de la empresa, sino porque los ingresos o ventas de la empresa hayan disminuido durante 3 trimestres consecutivos (cuando una empresa gana menos, cuando tenga menos beneficios, aunque siga teniendo beneficios.

 

– También pueden despedirte cuando hayan previsto pérdidas, incluso aunque sean pérdidas temporales.

 

– El empresario no solo puede cambiar las condiciones laborales de forma unilateral (jornada, horarios, turnos, sistema de remuneración) , sino incluso puede rebajarte la cuantía del salario, simplemente alegando razones “relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”.

 

– Contra esta unilateralidad del empresario no prevalece ni el convenio ni el mismísimo Estatuto de los Trabajadores (ya que se ha modificado el art.41 del mismo).

 

– Ahora es el trabajador despedido el que tiene que demostrar que su despido ha sido improcedente, no como antes, que era el empresario el que debía probar la procedencia ante el juez.

 

– Los salarios de tramitación solo se le abonarán al trabajador si tras reconocerse la improcedencia es readmitido, pero no si opta por la indemnización.

 

– Los EREs propuestos por el empresario ya no requieren de la autorización de la Administración; y se amplían las causas objetivas para realizar un ERE.

 

– El gobierno ha suprimido los incentivos existentes desde 2006 para los contratos por reincorporación de las mujeres tras el permiso por maternidad. Desde 2006 los empresarios tenían derecho a un descuento anual de 1.200 euros, 100 euros al mes, durante “los 4 años siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo”. Ahora ya no.

 

– Ahora se podrá trabajar y a la vez cobrar el paro, aunque solo en casos concretos, pues se ha creado un contrato con deducciones para incentivar que pymes y autónomos puedan contratar jóvenes (hasta 30 años). El joven puede seguir cobrando el 25% de la prestación (el paro). No se sabe qué pasará con el otro 75% del paro: ¿se guarda?, ¿se pierde?

 

– El período de prueba de este nuevo contrato es de 1 año.

 

– También trabajarán y cobrarán el paro a la vez los trabajadores a los que el gobierno obligue a realizar gratis trabajos para la comunidad. ¿De dónde van a sacar tiempo para buscar trabajo?

 

– El empresario puede descolgarse del convenio del sector, por lo que el convenio no protege al trabajador de los cambios que el empresario quiera introducir en las condiciones laborales que pretenda realizar si el empresario se empeña. Si el trabajador no está conforme, podrá optar entre ser despedido con 20 días o reclamar en los juzgados de lo social.

 

– El empresario podrá contratar a un parado que esté cobrando el subsidio y tendrá por ello derecho a una bonificación del 50% de la cuantía de ese subsidio. Entonces, ¿para qué va a contratar a un parado sin subsidio o que cobre los 400 euros? No es verdad que esta reforma favorezca a los parados en general, sino que les explota más.

 

– Con la reforma también se podrá despedir al personal laboral de las Administraciones Públicas, pagándoles 20 días por año trabajado, con el límite de 12 mensualidades. Basta con que haya “insuficiencia presupuestaria” o cambios organizativos (por ejemplo, una externalización del servicio).

 

– La reforma permite que se obligue a los parados con subsidio a prestar servicios en las administraciones públicas cobrando su desempleo. Esto permitirá despedir a miles de eventuales y sustituirlos por estos parados.

 

– No se sabe aún si el despido afectará a los estatutarios fijos. Pero lo cierto es que el despido de laborales fijos de la Administración abre el camino al futuro despido de funcionarios y estatutarios fijos. Así está pasando en Grecia o Portugal.

 

– La necesidad de esta reforma la justifica el gobierno en que “al ser muy reducido el riesgo de despido, se desincentiva el esfuerzo”; es decir, que se trata de incrementar la productividad por la vía de meter el miedo al despido en todos los trabajadores.

 

– Varios portavoces del gobierno han amenazado con regular el derecho de huelga para restringir su ejercicio.

 

– El gobierno está lanzando una campaña de difamación de los sindicatos para desprestigiarlos y hacerles aparecer ante la sociedad como unos privilegiados, unos gorrones que viven del presupuesto, y unos reaccionarios que no quieren acomodarse a una época de sacrificios para todos, cuando ni los sacrificios son para todos, ni es algo encomiable por justo acomodarse a una época de gobierno neoliberal en la que pretenden quitarnos los derechos retrotrayéndonos al siglo XIX.

 

            ¿Qué más? Seguro que al lector se le pueden ocurrir más supuestos de lesiones que la reforma laboral va a provocar en las condiciones de vida y de trabajo de esa mayoría de ciudadanos que son los trabajadores y trabajadoras.

            A Juan Carlos Rey de España le quita el sueño el paro del 50% de los jóvenes. Seguro que su médico le ha recetado algún somnífero, y tan fresco. Pero si el insomnio le perdura, tiene un remedio muy fácil: que la Casa Real se sume a la huelga.

 

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Convertir el fracaso en éxito

Publicado: 14 marzo 2012 en Uncategorized

1. El gobierno del PP está vendiendo como un gran éxito la noticia de que el ministro de economía Luis de Guindos haya conseguido ampliar el margen del déficit a conseguir en 2012 desde el 4’4% al que inicialmente se había comprometido España hasta el 5’3% que finalmente ha fijado la Comisión Europea (CE), que es el gobierno de la UE. Rajoy ha afirmado que es factible realizar el recorte de 32.000 millones que esto significa, que son 17.000 más de los establecidos a finales de diciembre para el primer trimestre del 2012, a consignar en los PGE que el gobierno presentará el 30 de marzo, justo 5 días después de las elecciones andaluzas y asturianas, y un día después de la anunciada huelga general convocada por los sindicatos.

De éxito, nada de nada. Primero, porque Rajoy había anunciado unilateralmente que la corrección de la cifra del déficit iba a dejar éste a finales de año en el 5’8%, y sin embargo la CE ha ampliado la reducción en unos 5.000 millones más (ese 0’5% que va desde el 5’3 al 5’8). Segundo, porque la permisividad que la CE ha mostrado con España ha sido criticada por otros países, que entienden que es un trato privilegiado para con nuestro país. Tercero, porque este plus impuesto por la CE va a significar un cambio de táctica presupuestaria del gobierno de Rajoy, por más que tanto de Guindos como el mismo Rajoy se hayan apresurado a afirmar que esta corrección al alza  de los sacrificios impuestos a la ciudadanía española es perfectamente asumible por nuestro país. Cuarto, porque más de un ministro ha reconocido que los negociadores (Guindos y el mismo Rajoy) se han precipitado, han cometido errores. Quinto, porque permanece inamovible el tope del 3% de déficit para 2013, por lo que los sacrificios que no se hagan este año se deberán hacer el año que viene.

Por cierto que casi nadie ha caído en algo que Joaquín Estefanía decía hoy en TVE, y es el problema incluso jurídico que se plantea por el hecho de que la CE haya rectificado una decisión adoptada en el Consejo de Ministros de un país soberano como es España. ¿Quién le ha dado vela en este entierro a la CE? Es muy grave que se dé por sentado que las autoridades europeas puedan rectificar por sí solas una decisión adoptada por un órgano competente en materias como las presupuestarias, que la soberanía popular establecida por la Constitución residencia en el Consejo de Ministros, como primera instancia para que posteriormente sean adoptadas mediante votación definitiva por el Parlamento. No es sólo una cuestión de formas, sino de fondo.

En realidad lo que importa a la ciudadanía no es que el gobierno haya acertado en sus movimientos diplomáticos en Bruselas o no. Lo que realmente importa es que a los sacrificios ya realizados van a tener que sumarse 5.000 millones de euros más de recortes. De nada sirve que Montoro se haya apresurado a decir que estos esfuerzos los va a soportar el gobierno central, no las comunidades autónomas. Faltaría más, si ya éstas van a tener que soportar recortes por valor de 16.000 millones, que no saben de dónde van a tener que recortar.

Hasta el mismo Sarkozy ha dicho que España no va a incrementar su crédito internacional haciendo sólo recortes, sino que tendrá que implementar medidas para relanzar la economía. Pero ¿cómo, si la misma UE que él codirige con la Merkel le están exigiendo a España semejante apretón del cinturón? El mismo Rajoy ha admitido que las medidas a adoptar tendrá un coste sobre el crecimiento.

Iñaki Gabilondo se pregunta qué es lo que sabe Bruselas que nosotros, los españolitos de a pie  incluso nuestros representantes en el Parlamento, no sepamos. Porque hace pocos días los portavoces de la UE estamos reclamando conocer bien las cuentas españolas para saber a qué se debía la desviación del déficit en 2011, y conocer también qué medidas iba a adoptar el gobierno de Rajoy en los PGE de 2012 para    llegar al déficit del 5’8% que Rajoy había adelantado. Si la CE ha matizado tanto que al final se ha atrevido a fijar el entorno del 5’3% es porque la CE conoce algo que nosotros no conocemos, que son los presupuestos generales del estado (PGE), con sus recortes y otras medidas referidas a los ingresos.

¿Más subidas de impuestos? Montoro lo niega. Pero al ser preguntado por los periodistas qué entiende él por impuestos equitativos, su respuesta ha sido bastante significativa, pues ha citado a Benjamin Franklin: “Nada hay tan seguro en la vida como la muerte y los impuestos”. No van a cuadrar las cuentas si no es con una nueva subida de impuestos, o la creación de otros nuevos. Lo cierto es que no les va a bastar con la subida del IRPF y el IBI, sino que es posible que vuelvan a subir los impuestos indirectos, como el IVA o los especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos).   

¿Y qué otros recortes? Ya sabemos que habrá recortes en la obra pública, pues la ministra de Fomento ha anunciado que en julio va a presentar un plan de inversiones de 225.000 millones de aquí hasta 2024, que contará con tres vías de financiación: las aportaciones presupuestarias, los fondos europeos y la participación del capital privado. Con ese dinero se cubrirán obras de construcción del AVE y mantenimiento de carreteras por valor de 77.400 millones, 52.403 millones para finalizar carreteras que estaban previstas en el mallado de la red viaria, además de mejorar la seguridad vial. Son presupuestos restrictivos, y ya las constructoras han detectado que las partidas son insuficientes, y que uno de los que más van a sufrir el recorte es el capítulo de la vivienda, ese siempre insatisfecho e incumplido derecho constitucional de los ciudadanos.

               También se sabe que las CC.AA. han aceptado un tope de déficit del 1’5%, lo que supone bájalo desde la media del 2’9% en que se ha situado el del ejercicio 2011. Lo han hecho en el último CPFF (Consejo de Política Fiscal y Financiera), donde la disciplina de los representantes de las CC.AA. gobernadas por el PP se ha impuesto muy mayoritariamente, de forma que solo Andalucía ha votado en contra, y Cataluña y Canarias e han abstenido, pues, como se sabe, Euskadi no vota ya que goza de un status constitucional diferenciado en cuanto a lo que a finanzas se refiere. Y lo han hecho los ayuntamientos, cuyo techo se ha fijado en el 0’3%.

¿Bastará con estos recortes, ya de por sí brutales? Cataluña ha anunciado que va a recortar el sueldo de los funcionarios, condicionando esa medida a que no se produzca dicho recorte en el ámbito del Estado, en cuyo caso no se sumarán ambos recortes. Lo que quiere decir que es posible que se pueda producir un nuevo recorte del salario de los empleados públicos (cuando se habla de funcionarios debe entenderse todos aquellos empleados públicos que no estén acogidos a convenios específicos, y cuyas retribuciones dependan de los PGE). Quizá se satisfaga su voraz tijera con recortar aún más la oferta de empleo público.

¿Y las pensiones? El afloramiento del primer déficit en las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social les da la excusa perfecta para meter la tijera en las pensiones, sobre todo en las más elevadas. Ya se ha hecho en Grecia y en otros países intervenidos, como lo está España, aunque no lo esté formalmente. Se verá.

 

2. Mal asunto para los consumidores la sentencia del Tribunal Supremo que por tercera vez en menos de dos años le da la razón a las grandes compañías eléctricas (esta vez a Iberdrola y Endesa ) en sus contenciosos contra las revisiones de los peajes de acceso realizadas por el gobierno, que según ellos son insuficientes para cubrir los costes que establece la ley. El TS por segunda vez en menos de tres meses ha aceptado las medidas cautelares propuestas por las denunciantes de la orden ministerial de peajes que entró en vigor el 1 de enero y están vigentes en el primer trimestre. Como consecuencia de esta estimación por el TS de unos peajes “artificialmente bajos” que no cubren todos los costes de las eléctricas, los consumidores verán revisados sus recibos de la luz por valor de 904 millones de euros en conjunto.

El TS refleja en su sentencia un cierto malestar o cansancio de que el gobierno siga insistiendo en condicionar los peajes o parte regulada de la tarifa al resultado de las subastas Cesur que fijan el precio final de la energía, para conseguir congelar la factura final. Sabe el gobierno que esto la ley no lo permite. Por eso FACUA ha exigido al gobierno que cambie la legislación para que esos “costes” finalmente no acaben elevando de forma exorbitada la factura de la luz de los usuarios, con lo que eso supone para la economías familiares que ya están con el agua al cuello, y para la economía general del país, pues, como se sabe, los costes de la energía es uno de los factores que lastran de forma más importante la estabilidad de los precios.

Así que el ministro Soria va a tener que hacer una doble revisión de las tarifas que fijan el precio de la energía en el próximo trimestre que se inicia el 1 de abril: la que toca como cada trimestre, más la que impone la sentencia del TS. Así que el ministerio de Industria y energía debe aprobar una nueva orden para reliquidar a los 29 millones de consumidores las cantidades solicitadas por las empresas.

 

 

3. La dación en pago de IU ha sido rechazada en el Congreso por la oposición del PP. El PSOE sigue in apoyar la dación en pago (saldar la deuda con el banco entregándole la casa). La “dación en pago” que ha aprobado el gobierno del PP tiene serias limitaciones: la primera es que el voluntaria para los bancos, pues se les ha invitado amablemente a que asuman un código de buenas prácticas para que  las familias “en riesgo de exclusión” (sin ningún ingreso) y con hipotecas inferiores a 200.000 euros se vean beneficiadas por el no desahucio por parte del banco en caso de impago de la hipoteca, durante dos años. El socialista anterior ministro de trabajo Valeriano Gómez ha hecho cálculos y cree que con los criterios que ha aprobado el gobierno en su código de buenas prácticas los beneficiarios serán no más de 20.000 personas al año, cuando hay 100.000 desahucios anuales. El PSOE propone subir el umbral “como mínimo” a los 300.000 euros.

 

PVP120314

Tenerle miedo al miedo

Publicado: 12 marzo 2012 en Uncategorized

El miedo es libre. Siempre lo ha sido. Más libre que el ejercicio del derecho a manifestar lo que uno piensa, a expresar su rechazo a una reforma laboral injusta e innecesaria mediante la adhesión a la convocatoria de huelga general realizada por los sindicatos C.OO. y UGT el pasado viernes día 9, y se le celebrará el próximo 29-M. Por eso el líder de UGT, Cándido Méndez, ha aludido en su discurso de cierre de la manifestación de ayer, 11-M, al lógico miedo que pueden tener los trabajadores en este momento a realizar la huelga general. Frente a este miedo puntual de un día, Méndez propone la perspectiva que esta reforma laboral plantea a los trabajadores para el futuro. La reforma no es un cambio de marco regulatorio cualquiera, sino “un antes y un después”. Y tiene razón.       

Familiares y amigos de las víctimas del tsunami del 11 de marzo de 2011, lanzan flores al Océano Pacífico en memoria de sus seres queridos con motivo del primer aniversario de la tragedia. La energía nuclear se ha mostrado perjudicial para la supervivencia del género humano, pero el gobierno de Rajoy ha vuelto a la línea de mantenimiento (y puede que de incremento en el futuro) de las centrales nucleares en España. Es una muestra más de lo retrógrado que es este gobierno de la derecha española, del PP. La reforma laboral del PP es un tsunami que se va a llevar por delante los derechos de los trabajadores y el modelo del diálogo y la cohesión social como base para la convivencia.

Los trabajadores empiezan a enterarse de que a partir de ahora no sólo van a cobrar menos indemnización si son despedidos, sino que los empresarios van a poder despedirles –como ya están empezando a hacerlo algunos- sin apenas cortapisas. Saben ya que los empresarios están locos de contentos con esta reforma laboral, y por tanto se sospechan que si esto es así, algo malo se cierne sobre su horizonte laboral. Lo que hasta ahora era una garantía de sus condiciones laborales, el Derecho del Trabajo y los convenios colectivos, ya no van a importar un pimiento ante el poder omnímodo del empresario en el seno de la empresa: capacidad de cambiarles el horario, los turnos, las funciones a desempeñar y hasta el salario, e incluso capacidad de descolgarse del convenio colectivo del sector.

Los parados son la gran excusa del gobierno. Esta reforma laboral se hace para que los parados tengan una oportunidad de encontrar algún empleo, dicen. Pero los parados no ven los puestos de trabajo por ninguna parte. Los jóvenes más preparados preparan sus maletas para irse fuera de España a encontrar una oportunidad de vivir dignamente. Los parados saben (porque lo dice el mismo gobierno) que esta reforma no va a crear puestos de trabajo; a corto plazo va a traer más paro (630.000  en 2012) y más recesión, ha dicho Toxo. Ya largo plazo va a precarizar más el empleo.

Y para confirmar estos malos augurios, ahí está Italia, la tercera economía de la zona euro,  que ha entrado ya en recesión. El PIB italiano se contrajo un 0,7% en el cuarto trimestre de 2011. Pero lo peor es que la cifra es la esperada, pues es consecuencia de los planes de austeridad para contener el déficit. David López-Salido, economista de la Reserva Federal, asegura que el segundo rescate a Grecia puede no resultar creíble para los mercados ni para nadie si no va acompañado de medidas para que el país vuelva a la senda del crecimiento. Pero ¿cómo volver a la senda del crecimiento si lo único que se le piden a Grecia son recortes y más recortes?  Lo mismo pasa con España. La estrategia económica del ajuste fiscal, de las reformas estructurales como la reforma laboral, va a prolongar la duración de la crisis y va a perpetuar los efectos más duros de las recetas neoliberales para salir de la crisis.

A las políticas neoliberales del gobierno y de la UE es a lo que hay que tenerle miedo. A esas recetas y jaculatorias ideológicas de la derecha más extrema, que ya nos ha metido en la crisis que han creado los banqueros y los grandes empresarios que siguen acumulando grandes beneficios (miles de millones de euros año tras año en plena crisis), y que siguen vigentes como medicinas para curarnos de los males de la crisis. A esa fe inquebrantable de dogmáticos como Luis de Guindos, actual ministro de Economía, como Angela Merkel, que es la que realmente corta el bacalao en Europa, y a políticos cínicos como Rajoy y Cospedal que no entienden de economía, pero que les siguen las consignas a la patronal CEOE y les arman el discurso más agresivo y engañoso a cambio del prestigio social que les da el ejercicio del poder. A eso es a lo que hay que tenerle miedo, mucho miedo.

Esta derecha extrema del PP esta dispuesta a todo. Incluso a utilizar a las víctimas del atentado de Atocha del 11-M de 2004, como lo ha hecho en esta ocasión. Por eso se equivoca Méndez cuando dice que al final el gobierno rectificará su reforma laboral, como lo hizo Aznar en 2002. Es verdad que en 2002 el PP de Aznar también tenía mayoría absoluta y podría no haber rectificado. Pero las circunstancias económicas son distintas. En 2002 se vivían años de bonanza, y ahora estamos en un trimestre que acabará en recesión, la segunda en lo que va de crisis de la globalización neoliberal. Y además este PP no tiene complejos en mostrar su rostro más reaccionario, e incluso en organizar grupos neonazis que atacan a golpe de crucifijo a los que se manifiestan en el campus universitario madrileño, como en tiempos de Franco hacían los Guerrilleros de Cristo Rey. La derecha del PP de Rajoy es el Tea Party en el poder, pero convertido en el Carajillo Party a la hispánica usanza. La derecha española tirada al monte ya demostró desde el 36 hasta el 75 del siglo pasado de lo que era capaz.

La huelga general va a ser muy dura. Con este ministro del Interior, la policía no va a acompañar a los manifestantes de los piquetes para evitar encontronazos con algunos ciudadanos, sino que va a hostigar y amedrentar a los miembros de los piquetes, hasta que algunos caigan en provocaciones y haya detenciones a troche y moche. Es algo a evitar, lógicamente. Pero los sindicatos deben saber que esas provocaciones van a existir, y que la policía va a ejercer el palo que ya ha empezado a utilizar en los pocos meses que este gobierno de la derechona más represiva lleva en el poder.

No soy de los que piensan que la huelga general va a ser un fracaso. Incluso si el número de huelguistas no es lo suficientemente abultado y el clima ciudadano no es de cierre total de la actividad, sí va a existir una gran movilización en el seno de las empresas que puedan hacer la huelga general, y en la calle. E incluso los trabajadores que no puedan hacer la huelga general por temor a que la ya vigente reforma laboral facilite a su empresario que les despida si se suman a ella, van a tener criterios más claros para juzgar en qué era nueva de represión y retroceso social nos está metiendo este gobierno del PP.

Por tanto, el éxito de la huelga general está garantizado desde su misma convocatoria. Por varias razones:

Primero, porque partimos de un nivel de conciencia social muy bajo (dice alguna encuesta que el 67% de los ciudadanos está en contra de una huelga general, y a juzgar por otros indicadores foráneos como el que dice que el 66% de los suizos han dicho en referéndum no a que los trabajadores tengan una semana más de vacaciones, la estadística española puede ser perfectamente verosímil), y por tanto una fase de movilizaciones como las que conlleva una huelga general, debe verse como un período de debate social, de expansión del nivel ideológico de los trabajadores y los ciudadanos, de la conciencia de clase en definitiva.

Segundo, porque centra el debate público en la problemática social, en el meollo de la cuestión, que son las relaciones de producción. Durante el gobierno de Zapatero la pseudoizquierda del PSOE ha querido centrar la problemática de lo social en la consecución de los derechos civiles: el matrimonio gay, la lucha contra la violencia de género, etc. Lo cual estaría bien, pues todas estas cuestiones tienen una gran importancia, si no fueran porque las políticas económicas practicadas por el gobierno han estado alineadas con los criterios neoliberales.

Tercero, porque en cualquier caso las movilizaciones y la huelga general crean un ámbito propicio para que la izquierda se espabile, para que vuelva a retomar la ofensiva.

Centenares de miles de personas se han manifestado contra la reforma laboral este domingo por las calles de 60 ciudades españolas. A un gobierno democrático sólo esa contundencia de la respuesta de los ciudadanos y los trabajadores en la calle le hubiera bastado para repensarse la toma de una decisión tan seria como la de adoptar una reforma laboral que cercena de raíz los derechos conquistados durante siglos por los trabajadores y los ciudadanos. Los sindicatos, en plena movilización del 11-M, se han mostrado dispuestos a negociar una reforma de la reforma. Pero el gobierno ya ha contestado que no piensa remover ni un pelo de la reforma laboral.

Rajoy se duele porque esta huelga, a su modo de ver, es injusta. Primero, porque se convoca sin siquiera darle los cien días de cortesía al gobierno; pero ¿qué cien días de cortesía ha dado el gobierno a los trabajadores?, ¿qué diálogo constructivo ha planteado con los sindicatos?, ninguno. Segundo, porque la reforma laboral es lo que necesita el país y los trabajadores, sobre todo los parados. Pura comedia. Sabe Rajoy que no único que va a conseguir la reforma laboral es dar satisfacción a las demandas históricas de las oligarquías financieras y políticas en santa alianza tanto en Europa como en España. Rajoy desprecia la mano tendida por los sindicatos para asentar la legislatura sobre la sólida base de la paz social. Es, por tanto, el gobierno el responsable de haber desenterrado el hacha de guerra.

Seguiremos hablando de la huelga general. Pero nunca desde el miedo, sino desde la esperanza.

PVP120312

Unas elecciones de infarto

Publicado: 9 marzo 2012 en Uncategorized

Unas elecciones de infarto

 

No es por nada, pero el resultado que pronosticaba ayer el CIS sobre las elecciones andaluzas ya lo había previsto yo hace más de dos años. En el escaño del Parlamento de Andalucía que por entonces ocupaba y en las abundantes reuniones de los órganos de dirección del PCA y de IU LV-CA a las que asistí, más de uno me habrá visto orientar mis intervenciones (e incluso hacer números en un papel) hacia la inexorable necesidad de prevenir este eventual empate técnico entre los votos dados a la izquierda en Andalucía y los otorgados a la derecha. Sobre todo por la enorme responsabilidad que puede recaer la noche del día 25 de marzo en los hombros de la fuerza política que durante casi cuarenta años de militancia política he ayudado modestamente a construir, que es IU LV-CA.

(Es preciso aclarar que cuando hablo de “votos dados a la izquierda” estoy hablando de lo que hace la gente al votar tanto al PSOE como a IU. Es el voto sociológico, que no se corresponde con la realidad de las políticas que luego han hecho los gobiernos del PSOE, tanto cuando han gobernado con el PA como cuando han gobernado con mayoría absoluta. Pero el mensaje de IU LV-CA que lo ha denunciado constantemente no ha conseguido evitar hasta hoy que la gente de izquierdas tenga otra percepción del tema, y que siga situándonos tanto a IU como al PSOE en el espacio amplio y magmático de “la izquierda” en general. Y la mayoría de la gente de izquierdas vota en función de esa percepción, no de otras consideraciones).    

El hecho es que la campaña electoral ha arrancado desde ayer noche en Andalucía con unas previsiones del CIS en el que se dan la victoria al PP con un 44’9% de los votos como máximo, obteniendo un 37’7% el PSOE y un 9’8% para IU LV-CA. De nuevo serán éstas las tres únicas fuerzas políticas que entren en el Parlamento de Andalucía, pues ni el PA ni UPyD logran situar ningún diputado en la cámara de representantes andaluza.

El infarto llega cuando se echan cuentas en el número de diputados que obtienen las distintas fuerzas políticas: el PP-A puede obtener entre 54 y 55; esto es, tener o no mayoría absoluta. Porque el PSOE-A va a obtener, según la encuesta, de 44 a 46 diputados autonómicos, e IU LV-CA conseguirá entre 9 y 10. Es decir, que el resultado final no está decidido del todo y que tanto la izquierda como la derecha en Andalucía tienen posibilidades de conseguir la victoria.

La encuesta del CIS suele ser la más fiable de todas las encuestas, aunque todas ellas suelen fallar. Pero no parece que en esta encuesta vaya muy descaminado el CIS, pues junto a los datos cuantitativos de la encuesta, hay que destacar los resultados cualitativos, que miden el grado de confianza en un partido por parte de los encuestados. Y aquí viene la sorpresa: se ha dicho por activa y por pasiva que la gente está ya harta de que gobierne el PSOE-A, pues lleva más de 30 años ejerciendo el poder en Andalucía. Y más después de lo que está cayendo, de un paro de más del 31%, de escándalos de corrupción como el de los EREs, el de Invercaria, el del chófer de la cocaína, etc. Y es verdad que todo esto va a hacer mella en un partido que en 2008 obtuvo la mayoría absoluta. Pero pese a todo esto, el PSOE-A supera al PP en intención directa de voto en más de cuatro puntos y en 16 en simpatía. Otros datos que avalan la idea de que el PSOE-A no está del todo derrotado son los siguientes: son más los que dicen que les gustaría que ganase el PSOE (33,6%) al PP (28,3%); el PSOE-A defiende mejor los intereses de Andalucía (32,6% frente a 19,5%); representa mejor las ideas de los encuestados (34,6% frente a 20,2%); inspira más confianza (30,6% frente al 23,9%); tiene mejores líderes (30,5% frente a 24,2%) y está más capacitado para gobernar (30,9% frente al 25,9%); y para colmo, Griñán gana a Arenas en puntuación (4,54 y 4,23 respectivamente), aunque ambos suspenden. En cambio el PP-A gana en que está más unido que el PSOE-A (29,2% frente a 25,7%). Y pese a todos los datos favorables al PSOE-A, una amplísima mayoría del 57% cree que el PP-A de Arenas ganará al PSOE-A de Griñán (18,9%). Además, un 52’3% de los andaluces quieren un cambio de gobierno.

¿Qué nos dice a la gente de la izquierda de Andalucía esta encuesta? Bajo mi modesto punto de vista varias cosas que no conviene pasar por alto:

1º Que estamos en una campaña donde cabe un juego de cambio de opciones importante, nada está decidido de antemano, pues hay un 31% de indecisos, y esto es mucho. Además, como son las primeras elecciones en 18 años que no se hacen conjuntamente con unas generales, europeas o municipales, es un buen momento para hablar del futuro de Andalucía y mostrar a los andaluces y andaluzas el proyecto político que cada uno tiene. Y el clima de conflictividad social, de movilización frente a la reforma laboral, de preparación de una huelga general (convocada hoy mismo por los sindicatos de clase, mientras escribo estas líneas) puede influir en el sentido de alimentar una tendencia de voto favorable a “la izquierda” en general.

2º Que cabe la posibilidad de una mayoría absoluta, en este caso la de la derecha, contra la que hay que combatir. La posición de la izquierda no debe ser “neutra” frente a la posibilidad de que gobierne Andalucía la derecha. Sobre todo después de que ya hemos visto cómo está gobernando Rajoy y el PP en España: subida de impuestos cuando había dicho que no los iba a subir; reforma laboral con abaratamiento del despido cuando había dicho que no lo iba a abaratar; liquidación del poder sindical en las empresas y fuera de ella mediante la minimización de la capacidad de los convenios colectivos; mentira en su compromiso de crear empleo, pues reconoce que e van a destruir 630.000 empleos este año, pese al ajuste durísimo que nos promete para los próximos presupuestos generales del Estado; propuesta de reformar la leyes del aborto y del matrimonio gay, para recortar los derecho civiles conquistados; pasos cada vez más firmes de recentralizar determinadas competencias autonómicas, revisando el Estado de las Autonomías, recortando por tanto el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y de salida imposición de los más duros recortes a las CC.AA. tanto para este ejercicio 2012 como para el 2013; rumores cada vez más insistentes de implantar el copago (el repago) en la sanidad, en la educación, en el uso de las autovías, en la justicia, etc. Contra esta derecha mentirosa y depredadora de lo público, que nos quiere imponer un modelo de vida del siglo XIX (trabajar como los chinos, según el empresario Juan Roig) no caben actitudes tibias.

3º La gente en Andalucía quiere saber si IU LV-CA va a dejar gobernar al PP como en Extremadura o no. Y es verdad que electoralmente IU LV-CA no puede centrar su campaña en responder a ese interrogante, pues ni es muleta del PSOE ni pinza con el PP, sino que tiene su propio proyecto político, que tiene que explicar lo mejor que pueda (dados los escasos medios que tiene). Pero si no da ciertas garantías de que no va a entrar la derecha con el voto de la izquierda que representa, la gente puede decidirse a volver a votar al PSOE-A, aunque sea con la nariz tapada. Claro que hay gente y gente. Pero ¿quiénes son más? ¿Dónde está la cantera de voto de IU, entre los alternativos que tienen alergia a las urnas, o los que dudan entre el PSOE e IU? Obviamente son más los que están articulados socialmente mediante la cultura sindical mayoritaria, en las asociaciones de consumidores, de autónomos, de pequeños agricultores, en los medios académicos, educativos, sanitarios, etc. Dicho de otro modo: la desconfianza respecto a lo que pueda hacer IU LV-CA después de las elecciones puede suscitar en estos quince días de campaña electoral el voto útil favorable al PSOE por temor a la indefinición de IU.

4º En el sentido contrario, la gente quiere un cambio en el gobierno de Andalucía, que el PSOE no va a dar, pero que el PP puede darlo “hacia peor”, y por lo tanto IU LV-CA debe presentarse como la única alternativa para un verdadero cambio favorable a los intereses populares y de los trabajadores andaluces. El inicial aumento en las expectativas de voto hacia IU LV-CA puede facilitar que este mensaje de capacidad alternativa cale en la gente. Se huele en los actos convocados hasta ahora por IU: se vuelven a ver caras que hace años no se veían… por algo será. Y no es solo por la buena oposición que hemos hecho, sino sobre todo, por lo influyentes que podemos ser en el futuro.

5º Que IU-Asturias, pese a haber gobernado con el PSOE en la anterior legislatura, vaya a aumentar de 4 a 7 diputados (casi duplicando sus expectativas) puede dar una cierta confianza a IU de Andalucía en el sentido de restarle miedos al desgaste de imagen que legítimamente pueda tener.     

Soy consciente de que la posición oficial de IU LV-CA es que “ahora no toca” hablar de este tema. Pero si no toca ahora, ¿cuándo se van a dar esas garantías a esa gente que duda, y sobre todo después del lamentable espectáculo dado por IU en Extremadura? No olvidemos que los votos que ahora nos harán subir, son, como todos, prestados. Reconozcamos que el problema existe, y que la solución no es fácil. Pero esconder la cabeza debajo del ala, negar el problema, nunca ha sido una buena práctica.

 

PVP120309

Mientras el imán de Tarrasa es llamado por el juez a rendir cuentas de un presunto de delito de aconsejar a sus feligreses sobre cómo y dónde pegar a sus mujeres para que no se note, el ministro Gallardón se afana en demostrarnos que el aborto no es un derecho de la mujer, sino una violencia estructural contra ella. Lejos quedan aquellos años en que las mujeres conquistaban su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Ahora el argumento de la derecha contra la ley del aborto en defensa del no nacido, se transforma mediante el desparpajo pseudointelectualoide del ministro de Justicia Gallardón en la supuesta defensa del derecho de la mujer a decidir, pues el ministro está muy preocupado por la estabilidad laboral de las trabajadoras embarazadas, la falta de apoyo público a estas situaciones, como mecanismos de presión que “estructuralmente” casi que obligan a las mujeres a abortar.

Es la evolución de la argumentación a favor de una idea que sigue siendo tan carca como antes: hay que reprimir la práctica del aborto. Así quiere celebrar la derecha triunfante del PP el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Así, y aprobando la convalidación del decreto ley sobre la reforma laboral, cuando dos millones y medio de mujeres están en el paro, y las que tienen empleo van a perder sus derechos gracias a esta nefasta reforma laboral.    

En el Congreso de los Diputados se ha debatido y votado hoy la convalidación del decreto ley antes de convertirse en proyecto de ley sobre la reforma laboral. Mientras la ministra de empleo Fátima Báñez ha defendido el texto presentado por el gobierno, y CiU ha apoyado, la oposición, PSOE, Izquierda Plural y otros han descalificado el decreto-ley del gobierno. Los argumentos del gobierno no pueden ser más vacíos: ya no se atreven a decir que con esta reforma del mercado de trabajo se va a crear empleo, pues ellos mismos, incluido el presidente Rajoy, han reconocido que mientras la economía no se reactive, no se empezará a crear empleo. Entonces, ¿para qué la reforma laboral? Para dar a los mercados una señal inequívoca de que aquí hay un gobierno dispuesto a “todo”, es decir, neoliberal como el que más.

       La ministra ha centrado su debate en la descalificación de las políticas del PSOE en el gobierno, diciendo que el gobierno del PSOE ha sido una máquina de destruir empleo. Como si la creación o destrucción de empleo tengan algo que ver con el marco legal en que se desarrollen las relaciones laborales. Ayer mismo el presidente de Mercadona, Juan Puig, exhibía los resultados de una empresa con unas relaciones laborales aceptables, que ha creado en plena crisis 6.500 empleos y ha obtenido casi 500 millones de beneficios en 2011. Esa creación de empleo se ha realizado antes del cambio drástico del marco normativo que impone esta reforma laboral, esto es, con las leyes que los empresarios consideran rígidas, inflexibles. ¿Es que otros empresarios no han podido hacer lo mismo que Mercadona? Claro que sí. Pero si se ha destruido empleo ha sido porque el modelo económico está estructuralmente tocado del ala, no por el marco normativo de las relaciones laborales de nuestro país.

Pero es hasta cierto punto lógico que la ministra del PP ataque al PSOE para defender su reforma laboral. Si se considera que la oposición es el PSOE, Báñez lo tiene fácil, pues el gobierno de Zapatero fue el primero en hacer una reforma laboral en 2010 sin consensuarla con los sindicatos, que mereció la convocatoria de una huelga general el 29-S. Lo llamativo es que la actual ministra niega que no haya habido diálogo. De sordos hará sido. Cuando la ministra dice que sí ha habido diálogo con los sindicatos ¿se referirá a citarlos para decirles en qué iba a consistir la reforma?

La oposición ha argumentado que esta reforma laboral: abarata y facilita el despido (luego es falso el argumento de la ministra Báñez de que la reforma se hace para impedir que el despido sea el recurso habitual del empresario para superar situaciones de crisis); rebaja los salarios, derechos y prestaciones sociales de los trabajadores que tienen empleo; permite a los empresarios imponer unilateralmente las condiciones laborales, cambiándolas a su antojo; elimina los convenios colectivos pasados 2 años sin que se haya llegado a su sustitución por otros, lo que significa que se pone el contador de los derechos de los trabajadores a cero; condena a los jóvenes al desempleo, a los minijobs, al trabajo sin derechos, con sueldos por debajo de los 480 euros; discrimina y criminaliza a los parados; establece por primera vez el despido del personal laboral de las administraciones públicas; y lo que es peor, todo este deterioro incalculable de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores no va a crear empleo; al contrario, va a crear más paro (este año 2012 lo empresarios van a ir en avalancha a despedir a los trabajadores, aprovechando las facilidades que les otorga la ley; el mismo gobierno calcula que se va incrementar en 630.000 el número de personas desempleadas), peores condiciones de trabajo y más desprotección social. 

Además, la oposición considera que hay artículos que pueden ser inconstitucionales. Por ejemplo, cuando la reforma permite despedir sin causa, o cuando se impide la vigencia de los convenios colectivos, o cuando se impone el arbitraje. Tanto PSOE como IU han anunciado su voluntad de elevar al Tribunal Constitucional su denuncia. Lo que pasa es que IU no tiene suficientes diputados. Pero el PSOE. Es de suponer que finalmente cumplirá su palabra de elevar esta denuncia al TC. Aunque ello no va a impedir que la nueva legislación se ponga en práctica, pues el TC tardará lo suyo en pronunciarse, y mientras la mayoría absoluta del PP va a conseguir imponer dicha reforma.

No vamos a entrar aquí a detallar los desmanes de esta reforma laboral. Tiempo habrá para comentarlos. Pero sí queremos centrar la crítica “estructuralmente” (como dice Gallardón) más relevante: el desmantelamiento del semi-equilibrio del poder en el seno de las empresas, el descabezamiento del poder sindical (o de la representación cualquiera de ésta sea, sindical o unitaria, mediante los sindicatos mediante los órganos unitarios de los trabajadores surgidos de las elecciones sindicales), dejando todo el poder para el empresario, y creando para el trabajador un clima de indefensión y miedo como el único y verdadero entorno de su relación laboral. ¿Miedo a ser despedida por el embarazo? ¿Sólo por el embarazo? Al empresario le va a bastar la reducción de ingresos o ventas durante 9 meses para despedir. Justo un período normal de gestación. La implantación del miedo y la pérdida de los medios sindicales de defensa: esa es la pieza fundamental de una reforma laboral que da al traste con los avances que el Derecho del Trabajo había ido tejiendo a lo largo de dos siglos.

Mal año pues para celebrar una fecha internacional como la del Día de la Mujer (que inicialmente era de la mujer trabajadora, no lo olvidemos).

 

PVP120308

Rajoy ha ido a Europa a confirmarnos que el déficit a finales del 2012 no tendrá que ser 4’4%, sino 5’8%, por lo que el recorte que piensa calcarnos en los PGE no será de 44.000 millones de euros, sino 29.600 millones. ¡Uf, menos mal!, -parece que nos invita a decir- ¡de buena nos ha librado este paladín de los intereses españoles frente a la intransigencia europea! Pero nada de eso es verdad. Primero, porque Rajoy no ha hecho nada sin contar con el visto bueno o la simple permisividad displicente de la Merkel; y menos saltarle a la torera la sacrosanta disciplina fiscal. Segundo, porque la cantidad es enorme en sí misma, y va a conllevar (está conllevando) impresionantes restricciones del gasto. Tercero, porque este recorte se hace en el contexto de unos nuevos datos macroeconómicos que proyectan tan siniestras sombras como la de una caída del crecimiento económico de 1’7% del PIB, recesión en todos los trimestres del año, y una destrucción de 630.000 empleos en toda España, que nos lleva en directo a los seis millones de parados y paradas. Cuarto, porque el mayor recorte los van a tener que realizar las comunidades autónomas, recortando 15.600 millones de euros en sus presupuestos.

Los gobiernos catalán y andaluz han puesto el grito en el cielo, y con razón. Pues saben que el recorte que va tener que hacer el Estado es menor que el que van a tener que hacer las comunidades autónomas, y menor que el hizo el anterior gobierno del PSOE, que tuvo que recordar 1,6 puntos del déficit mientras que la bajada prevista actualmente es de 1,1 puntos, unos 5.500 millones menos.

Como quiera que el nuevo gobierno central ya ha previsto a finales de diciembre la no disponibilidad de 8.900 millones de los presupuestos prorrogados provisionalmente, más una subida del IRPF con la que aumentará la recaudación en más de 6.000 millones, pues resulta que su parte de recorte ya la tiene hecha.  No obstante al gobierno central le queda concretar qué proyectos de Fomento se paralizan, qué partidas de sanidad, educación, servicios sociales o empleo se recortan y en qué cuantía, o qué subvenciones se cortan.

Mientras tanto, son las comunidades autónomas las que no han realizado los recortes que aún deben hacer –según prevé el gobierno-, y por tanto es a ellas a las que piensa achuchar en la reunión del día 6 de marzo del CPFF (Consejo de Política Fiscal y Financiera).  

Las CC.AA. tendrán que recortar mucho más de lo previsto por ellas mismas en sus presupuestos. Obviamente la reducción del objetivo de recorte desde el 4’4% al 5’8% les alivia la tensión de recortes que tendrían que hacer en 2012, o al menos les aplaza a 2013 parte del hachazo. Pero aun así el panorama se les complica, y en plan gordo. Porque el déficit no se debe a su endeudamiento, sino fundamentalmente a su caída de ingresos (el mismo argumento sirve para el Estado). El gasto en general y el gasto social en particular se deberían mantener, pero en una etapa de profunda recesión como en la que estamos entrando, los ingresos se contraen. Máxime si la receta de austeridad y adelgazamiento que se les impone implica una caía del empleo, lo que conlleva una caída de los ingresos vía consumo de las familias o de los hogares, y de la recaudación fiscal de las rentas más recaudables, que son las salariales.  

Incluso los presidentes de CC.AA. gobernadas por el PP están advirtiendo a Rajoy que ya están con el agua al cuello. De ahí que se haya decidido a aliviar el rigor fiscal de este 2012, repartiendo el hachazo entre 2012 y 2013. Los tertulianos discuten sobre si a la Comisión Europea le ha sentado mejor o peor, sobre si van a sancionar o no a España por alterar el plan del compromiso de reducción del déficit. El gobierno ya ha dicho (para que lo oigan la CE y los mercados, sobre todo) que el compromiso sigue, pues lo que no se reduzca en 2012 se tendrá que reducir de más en 2013. Se trata de posponer parte de la reducción del déficit al 2013, no de posponer sine die dicha reducción.

  Pero hay una cosa en que Rajoy no ha hecho caso a los presidentes autonómicos. Y es que estos le han dicho que el gobierno central asuma parte del recorte que el gobierno central exige a las CC.AA. En efecto, el gobierno del Estado tiene más margen, pues podría reducir –puestos a recortar- los gastos militares, los de la Casa Real, las subvenciones a la Iglesia, los beneficios fiscales a las grandes fortunas y patrimonios de este país, etc. Guindos y Montoro coinciden en echarle las culpas de la desviación del déficit desde el 6% comprometido para 2011 al 8’51% que finalmente ha resultado, a Zapatero en primer lugar (propaganda partidista por delante) y en segundo lugar al desmadre de gastos de las comunidades autónomas que en vez del 1’5% al elevado su gasto global al 2’94%. Mientras, el déficit del Estado ascendió al 5,1%, frente al objetivo del 4,8%; la desviación presupuestaria de los Ayuntamientos fue de 0,38%, frente al 0,3%; y la Seguridad Social registró un déficit del 0,09% cuando tenía previsto un superávit del 0,4%. Pero es que si las comunidades no recortan más es porque no pueden. Téngase en cuenta que el 80% del gasto de las CC.AA. es gasto social, y no hacer lo que dicen desde las autonomías es cargar los recortes sobre las espaldas de los ciudadanos más débiles.

Rajoy no ha hecho caso a los presidentes de las CC.AA., pues la mayoría son del PP, y sabe que al final van a decir amén.

¿Qué recortarán? Varios portavoces del gobierno dicen que no se tocará el salario de los funcionarios, pero sí su productividad, su eficiencia. Es decir, que se echará gente a la calle, sobre todo mediante profundos recortes del sector público tanto estatal como de los respectivos sectores públicos autonómicos. Así, quedarán menos empleados públicos que tendrán que trabajar más para producir lo mismo. Los despidos de eventuales e incluso de laborales con contrato indefinido, con la ayuda inestimable de la última reforma laboral, las no renovaciones de contratos a interinos, etc., estarán a la orden del día.

  Pero se habla también de un nuevo aumento de impuestos. Ya se sabe que si Rajoy ha dicho que no va a tocar el IVA, puede ser que al final lo suba, como ha hecho con el IRPF. Lo mismo pasa con el copago o el repago, como lo llaman gráficamente en IU. Y se habla de generalizar la aplicación del céntimo sanitario a todos los territorios.

¿Y las pensiones? No está garantizado que no se toquen, pues este año la Seguridad Social ha entrado en déficit. Insignificante, el 0’09%, y que además es inexacto, pues la Tesorería General de la Seguridad Social sigue pagando gastos que según el Pacto de la Moncloa debería pagar la Hacienda del Estado, como son los complementos a mínimos, y otros. Pero en cualquier caso, la afiliación a la Seguridad Social ha caído por debajo de los 17 millones de afiliados, y se prevé por parte del gobierno un incremento de 630.000 parados más, por lo que bien se puede prever que el déficit de la Seguridad Social siga profundizándose, mientras no se cumpla lo pactado en Toledo por todos los partidos políticos en 1995. Cuestión que el gobierno neoliberal que tenemos bien podría aprovechar para deteriorar el nivel de cobertura de las pensiones públicas, recortando selectivamente la cuantía de las pensiones.  

4.000 millones euros dice Arenas que va a tener que recortar Andalucía su presupuesto de 2012 aprobado en tiempo y forma. No me salen las cuentas, pus si para toda España son 15.600 millones, Andalucía no puede verse obligada a recortar un 28% del total previsto, siendo una comunidad cuya población representa un 17’8% del total de la española. (Esto suponiendo que todo el recorte de los 15.600 millones lo hacen las comunidades autónomas, y dentro de ellas sus ayuntamientos, pues dicha cifra de recorte es para CC.AA. y ayuntamientos en conjunto). En todo caso, y puestos a exagerar como hace Arenas, Andalucía tendría que recortar 2.777 millones todo lo más. Lo cual es una burrada, pues sería un 8’6% del total presupuestario, que son 32.200 millones. Casi el doble del 4’7% que está dispuesto a recortarse el gobierno central. Pero no sería un 12’42% como parece querer Arenas.

Arenas parece estar resignado a recortar 4.000 millones el presupuesto de Andalucía. Y tratándose de un candidato a presidir la Junta de Andalucía después de la inminente fecha del 25 de marzo, lo que nos está diciendo a todos los andaluces y andaluzas es que tiene intención de recortarnos esos 4.000 millones. Pero es que eso no se puede hacer si no es recortando la sanidad al menos un 10% (para recortar 900 millones de los más de 9.000 que se lleva la sanidad andaluza de los 32.200 del total presupuestario), recortando la educación al menos otro 10% (para evitar el gasto de unos 650 millones de los 32.200 totales), un 25% de la inversión en obras públicas (para recortar unos 250 millones), otro 25% los gastos de la consejería de empleo (para recortar el gasto en unos 275 millones), los servicios sociales en otro tanto, y ni aun así saldrían los 4.000 millones, cuyo recorte residual tendría que obtenerse del resto de las consejerías (ayudas a empresas y ayuda a la internacionalización, I+D+i, servicios sociales y dependencia, agricultura y pesca, medio ambiente, etc.).

Ojo: estos cálculos que acabo de realizar no son sino una simulación hipotética, no algo que deba hacerse necesariamente así, o que lo haya sugerido Arenas, por supuesto. Pero si el recorte es de 4.000 millones, ¿cómo hacerlo si no? Lo que pretendo exponer es que si Arenas acaba siendo presidente de Andalucía, tendría que realizar recortes de semejantes dimensiones, según sus propios cálculos. Vamos, que está dispuesto a hacerlos. ¿Y saben lo que supone? Desmantelar el estado del bienestar andaluz (o del “medioestar”, como dice Llamazares).       

Los andaluces y andaluzas tenemos 4.000 millones de razones para no desear que entre la derecha a gobernar Andalucía. No sólo por el miedo legítimo a que nos recorten la autonomía que conquistamos en la calle el 28-F, pues ya se habla de “revisar el Estado de las Autonomías”, es decir, de recentralizar en un grado u otro. Sino también porque Arenas está preparado para meter la tijera en el presupuesto de este mismo año por valor de 4.000 millones de euros.

El cambio que Andalucía necesita no es el del recorte de 4.000 millones de euros, sino el de la regeneración democrática por la izquierda que implicaría que IU LV-CA fuera determinante para la gobernabilidad de Andalucía. Porque, efectivamente, hace falta desmontar el tinglado que el PSOE ha ido montando en Andalucía durante tres decenios. Pero la solución no es que ahora monte el PP el suyo durante otros treinta años más. La solución es que la ciudadanía articulada en torno al sindicalismo y asociacionismo de izquierdas le dé un vuelco a la forma de gobernar Andalucía, mediante la participación democrática.

            El 25 de marzo está cerca, y hay que aprovechar el tiempo para conseguirlo.

            PVP120306