Archivos para agosto, 2012

He seguido por internet el desarrollo de la Comisión de los EREs. Algunas cosas me han llamado poderosamente la atención. No las bufonadas del presunto chorizo Guerrero. Eran de esperar. Ni siquiera que los imputados en el ámbito judicial se hayan limitado a leer un comunicado y no hayan respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios. Era de prever. Pero sí me ha sorprendido que cada alto cargo del gobierno andaluz no imputado que haya tenido la condición de compareciente en la Comisión de los EREs se haya limitado a responder de sus responsabilidades particulares, remitiendo la responsabilidad de la gestión de las ayudas a la dirección general de empleo, pero elude responder sobre la superior responsabilidad que tienen los órganos colectivos sobre las responsabilidades de esa DG.

Ni Vallejo, ni Martin Soler, ni Ávila, ni Aguayo, ni Zarrías, etc. han respondido de lo que no era su estricta competencia. Es lo que han llamado el “principio de competencia”. Como si el gobierno andaluz fuera una yuxtaposición de compartimentos estanco. Por ejemplo: los responsables directos del IFA-IDEA rechazan cualquier responsabilidad de esta agencia a la hora de aprobar el pago de las ayudas. La orden venía de la DG y el IFA-IDEA se limitaba a pagar religiosamente, sin poner para nada en cuestión la ausencia de normativa sobre la que se sustentaba el procedimiento instrumentado por el convenio articulado desde 2001 entre la consejería de empleo y el IFA-IDEA. Ni siquiera cuando el Consejo del IFA-IDEA instó al gobierno andaluz o a la consejería de empleo a habilitar un procedimiento que impidiese la discrecionalidad en la concesión de ayudas, pese a haber recibido de la Intervención General hasta 15 informes de presuntas irregularidades en los expedientes o convenios concretos.  

No vale como excusa el “principio de competencia”. Pues el consejo de gobierno también tiene sus competencias, como órgano colegido, y entre ellas está la de responder por la correcta aplicación de dinero público. Y lo cierto es que el consejo de gobierno, -al parecer-, no trató las irregularidades procedimentales en que había incurrido la dirección general de empleo y que había detectado el Interventor General, Manuel Gómez por aquel entonces, como explicó en su comparecencia. Tampoco el consejillo o reunión de viceconsejeros que prepara las reuniones del consejo de gobierno lo introdujo como punto del orden del día.

Los unos por los otros, la casa sin barrer. ¿No se dieron cuenta de que las ayudas caían en un 70% a empresas de determinada zona geográfica de Andalucía (Sierra Norte de Sevilla) y a empresas de gente cercana o afiliada al PSOE? ¿De que se dieron ayudas a ayuntamientos? ¿De que algunos expedientes de convenios eran de escasas tres líneas, y el conjunto de ellos generaba la injusticia de la discrecionalidad en el reparto? ¿De que existían reparos o advertencias de la Intervención General sobre la irregularidad procedimental de las concesiones? ¿De que no existía una normativa respecto al procedimiento de concesión de ayudas o suscripción de convenios de ayudas? Y si se dieron cuenta, ¿por qué durante diez años no se trataron estos extremos en ningún consejo de gobierno o en los consejillos de los viceconsejeros? Ni IFA-IDEA y su consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ni la consejería de Empleo, ni la consejería de Hacienda plantearon las pegas del Interventor General en los órganos colegiados superiores. De esta inhibición se deriva, sin duda, una responsabilidad política al menos, e incluso presuntamente responsabilidades penales. De esto último decidirán los tribunales. Pero de la responsabilidad política debe responder la Comisión de Investigación. Todos esperamos que ésta sea contundente.    

La línea defensiva de los intervinientes del PSOE-A ha sido que algunos sinvergüenzas se han saltado el procedimiento para aprovecharse o lucrarse del dinero público ellos mismos o sus amiguetes. Pero tiene razón la oposición del PP y la línea constructiva de IULVCA al recalcar que el problema era que no existía normativa adecuada sobre el procedimiento para evitar el choriceo. El poder absoluto del hegemonismo del PSOE-A (ejercido durante 8 años con el apoyo acomodaticio del PA, no lo olvidemos) en el gobierno andaluz ha permitido la discrecionalidad en el reparto de las ayudas. ¡Qué malas son las mayorías absolutas!

La línea defensiva del PSOE-A salta por los aires desde el momento en que cuando se conocen por los medios de comunicación las irregularidades de los intrusos, el consejero de empleo Recio abre una investigación y crea la norma que debería haber existido desde el 2001. El gobierno andaluz ha hecho una autocensura implícita tanto en dichas actuaciones “de mejora normativa” (como la llaman ellos) como en el hecho mismo de que el presidente Griñán, a partir de mayo de 2012, se ha cargado la mismísima consejería de empleo, incluyendo las competencias de la misma en la antigua consejería de economía, innovación y ciencia.

Si de algo sirve mi modesto testimonio, ahí va.

Antes de que saliera ninguna noticia de intrusos en los medios de comunicación, los miembros del comité de empresa de Mercasevilla me pidieron a mí, como portavoz de empleo del grupo parlamentario de IULVCA que entonces era, que les consiguiese una entrevista con el nuevo consejero de empleo Recio. Así lo hizo, se me concedió, y acudimos dos miembros del comité de empresa (uno de CC.OO. y otro de UGT) y yo. Fuimos recibidos por el consejero Recio y el viceconsejero Mañas. Los trabajadores querían instar a la consejería de empleo a que atendiesen a la reclamación de los prejubilados de Mercasevilla, por entonces acampados en la puerta de la empresa. La consejería había suspendido el pago por el Banco Vitalicio de la póliza del EREs de 2007, que prorrogaba el del 2003. Tanto Recio como Mañas negaron el tracto sucesivo entre el ERE de 2003 y de 2007, y negaban la existencia de compromiso por parte de la consejería en el ERE de 2007. En ese momento, los miembros del comité le sacaron una copia de una orden de pago (“páguese”) a los beneficiarios del ERE de 2007 firmado por el Director General “Javier Guerrero” al Banco Vitalicio. Recio y Mañas, leyendo la copia, afirmaron que ellos no tenían que ver con esa decisión, y que la decisión de Guerrero no vinculaba a la consejería, que la orden del entonces director general, porque no respondía a la existencia de ningún ERE. Domínguez (CC.OO.) le testimonió cómo se había aprobado por el director general lo términos del ERE de 2007, que daba continuidad a las ayudas sociolaborales de los trabajadores prejubilados de Mercasevilla en 2003. Recio siguió ratificando la invalidez de la firma del director general Javier Guerrero.

En ese momento yo le insté a que si el director general había cometido alguna ilegalidad, que lo denunciase ante los tribunales, pero que no negase la validez del compromiso de la Junta surgido de la resolución de quien en ese momento estaba investido de la competencia para comprometer a la Junta en el pago de la correspondiente póliza. Recio siguió negando. A mí me pareció en aquel momento un ejercicio de cinismo por parte del consejero esa actitud de negar lo evidente: la firma de un director general compromete en el ámbito de sus competencias a quien le suceda en el cargo. ¿Por qué Recio actuaba con aparente cinismo? Al cabo de pocos días apareció en la prensa la existencia del primer intruso en el ERE de Mercasevilla. ¡Recio ya conocía las fechorías que había realizado Guerrero! Al menos algunas de ellas. Mi impresión es que para aquel entonces (ante de la aparición en prensa del escándalo de los primeros intrusos, insisto) la depuración de los EREs ya estaba siendo acometida por la nueva consejería de empleo comandada por Recio. Después vino la filtración a la prensa.  

Entonces me expliqué por qué Griñán había sustituido a Antonio Fernández como consejero de empleo, uno de los más firmes apoyos de Griñán para sustituir a Chaves como presidente de la Junta (Fernández luego se quejaba amargamente de esta “ingratitud” de Griñán para con él). También me expliqué por qué Griñán se iba distanciando cada vez más de la gestión llevada a cabo durante años por Chaves y Zarrías: Griñán quería “limpiar la era”, “caiga quien caiga”, y le había encargado a Recio el tema. Pero quería hacerlo sin que saltase a la opinión pública el escándalo de los EREs.

Las “prudencias” de Griñán no lograron su objetivo de depurar internamente, sin transparencia, los desaguisados de los EREs. El escándalo saltó a la prensa. ¿Quién le filtró a la prensa los primeros informes de los intrusos? Zoido se adelantó al comité de empresa de Mercasevilla, según creí deducir de los reproches de imprudencia que sus miembros le dirigían al dirigente del PP, de los que fui testigo: le reprochaban no que lo hubiese filtrado a la prensa, sino que se les hubiese adelantado, pues así les arrebataba un arma para presionar a la consejería). Así pues, el desencuentro entre Recio y los trabajadores prejubilados de Mercasevilla es la clave. Una vez destapada la caja de los truenos de los primeros intrusos, y sobre todo después de los enfrentamientos del gobierno andaluz con la mayoría de los funcionarios de la Junta a raíz del decreto sobre reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, fueron surgiendo el resto de los intrusos de otras empresas y las demás irregularidades de las ayudas a las empresas. El PP-A se aprovechó de estos dos conflictos, y contó con la inestimable colaboración de múltiples funcionarios de la Junta, incluido algún que otro ex director general de los primeros tiempos en que el PSOE-A empezó a dirigir la Junta de Andalucía.

Ese es mi testimonio y mi interpretación de la génesis del escándalo de los EREs. Bienvenido el escándalo de los EREs, pues sólo con transparencia se pueden depurar las actuaciones de los gestores del dinero público. Y en la Junta de Andalucía gobernada en solitario por la mayoría absoluta del PSOE-A (o casi, durante una época de presencia en ella del PA), hacía más falta que un cocido esa depuración.   

En una cosa tiene razón la izquierda andaluza, tanto el PSOE-A como IULVCA: que el escándalo no debe afectar a la credibilidad que el instrumento de los EREs como tales debe recibir de la opinión púbica, pues son un instrumento válido para salvar a empresas y a trabajadores afectados por la crisis económica o que pasen por malos momentos económicos, más allá de su perversa utilización que hayan hecho de ellos los responsables políticos o sindicales concretos.

Precisamente por la validez de los EREs como tales es por lo que la transparencia en su gestión es tan importante, y por ello es por lo que es preciso que la Comisión de Investigación en curso funcione y aclare a fondo las responsabilidades políticas que hayan existido.

¿Qué valoración me merece la marcha de la Comisión de Investigación de los EREs?

1. La constitución de la Comisión de Investigación es en sí mismo un éxito de la fuerza de la izquierda en Andalucía, e incluso de los demócratas en general, pues todos los que en el pasado hemos luchado porque se constituyera, al final lo hemos logrado, gracias a la necesaria presencia de IULVCA en el gobierno andaluz después de unos resultados electorales que así lo han exigido.

2. Que sea precisamente IULVCA quien la presida deja clara la voluntad por parte del gobierno andaluz de no tapar ningún trapo sucio anterior; pero tampoco de no dejar que la derecha manipule el choriceo y las deficiencias procedimentales intencionadas o no que hubo en el pasado, para avanzar en nombre de Andalucía y de la ética precisamente ellos, que son los genuinos defensores de un sistema –el capitalismo globalizado neoliberal- sin más ética ni principios que los del “sálvese quien pueda” y la beneficiosa ambición del carnicero, del cervecero o del panadero de Adam Smith.

3. Hasta la fecha, el desarrollo de los debates están dejando a las claras quién es quién entre los grupos parlamentarios que preguntan y los altos cargos que responden (mención aparte nos merece la impresionante “sangre fría” con que Zarrías niega haber conocido más allá de lo que se cocía en su consejería, cuando de todos es conocida la omnipresencia que en Andalucía ejerció durante varias legislaturas el todopoderosos Zarrías). En general, no me ha decepcionado el desarrollo de la Comisión de Investigación hasta la fecha. El método más participativo y abierto no puede ser, con la posibilidad de diálogos cruzados y a veces encendidos entre quien preguntaba y quien respondía. Y el seguimiento mediático es garantía de que esta Comisión de Investigación puede servir de catarsis colectiva en Andalucía, que falta hace.

4. La pobreza de respuesta de los comparecientes se debe, entre otras razones, a que ninguno de ellos quiere dejarse pillar los dedos por testimonios que luego podrían incriminarles en la vía judicial; por lo tanto, cabe preguntarse sobre la oportunidad del tiempo en la constitución de la comisión de investigación, pues su coincidencia con la investigación judicial resta posibilidades de eficacia al procedimiento de investigación parlamentaria. Argumento que en ningún caso avala la no existencia de la comisión, sino que debe servir de reflexión para quienes desde el PSOE-A durante más de año y medio se han negado sistemáticamente a constituirla, pese a las reiteradas propuestas de PP-A e IULVCA. Hay que aprender para el futuro: más vale constituir una comisión de investigación a tiempo, que dejar que el pueblo piense que quienes se niegan a ello algo tienen que ocultar, por aquello de que “cuando el río suena…”.

5. Habrá que estar atentos a la resolución final, que no debe defraudar a los deseos de depuración de los hechos que existen en el seno del pueblo andaluz, y cuyo principal reflejo fue el resultado electoral del pasado mes de marzo.     

 

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Rajoy, a careta quitada, prepara para septiembre (o antes) su gran recorte: 102.000 millones de euros en los presupuestos de 2012, 2013 y 2014. Lo han decidido las oligarquías financieras de Europa y del mundo. España tiene que tragar. Y Rajoy traga. No sólo traga: convencido como está de que enriquecer a los ricos es la mejor solución para la supuesta crisis en la que estamos, es el primer convencido de que reducir el déficit es el único camino. Monseñor Escrivá de Balaguer –ese santo amigo de las oligarquías- ya lo marcó, el “camino” del sacrificio y del beneficio de los ricos. Y en el gobierno de Rajoy hay mucho devoto del Opus y del neoliberalismo.

Para pegarle semejante bocado al presupuesto, nada se va a salvar, pensiones incluidas. Pero el objeto del deseo recortador de la derecha hispana es el Estado de las autonomías, las comunidades autónomas. Los ayuntamientos son el toro indultado de Rajoy (por ahora). Se le han sublevado los 3.000 ayuntamientos gobernados por el PP en España, y de un total de 8.000 y pico, ese número es la base local indispensable del poder estatal de la derecha caciquil y fascista que nos gobierna. Reconducir los humos soberanistas de los 11 barones del PP que gobiernan las 11 CC.AA. donde son mayoría, es más fácil que reconducir la voluntad de 3.000 alcaldes, al fin y al cabo con su respectivo pueblo pegado todo el día de Dios a la puerta de su casa.

No todas las CC.AA. van a recibir el mismo trato. La derrota de Arenas en Andalucía la llevan Rajoy y Montoro clavada en el alma. Por eso en la resolución del CPFF (Consejo de Política Fiscal y Financiera) que ha revisado en julio el acuerdo anterior del CPFF, adjudicando a cada comunidad el techo de gasto que debe respetar para el presupuesto de 2013, a Andalucía se le condena a más recortes que a nadie. Si ya en 2012 ha tenido que sacarse de la manga una revisión presupuestaria de 3.500 millones de euros entre incrementos de impuestos (unos mil millones) y recortes (2.720), ahora Rajoy-Montoro condenan a Andalucía a recortar 2.735 millones más. “Venga, listillos, -parecen decirle al gobierno andaluz- ¿no sois tan de izquierdas que no queréis recortar la sanidad y la educación pública ni despedir empleados públicos andaluces? Pues a ver cómo lo hacéis con más de un 10% menos de presupuesto”.

Imposible. Así lo ha reconocido Griñán. Con un presupuesto de menos de 25.000 millones (de los 32.020 que se presupuestaron inicialmente para 2012) el gobierno andaluz de izquierdas no tiene más remedio que cerrar 2.000 colegios y 19 hospitales, y despedir 60.000 empleados públicos. La cabeza de Griñán es una calculadora andante, siempre lo ha sido.

            E injusto y discriminatorio.

            – Primero, porque Andalucía es una de las comunidades menos endeudadas. A principios de 2012 el endeudamiento de Andalucía estaba en el 9’8%, mientras que otras comunidades llegaban al 23% o así. El Plan de Reequilibrio Financiero aprobado por el CPFF del 17 de mayo le permitía elevar su tasa de endeudamiento hasta el 15,1%, y ahora el dúo sacapuntas Rajoy-Montoro en el CPFF de julio lo limitan al 13,2%, lo que equivale a perder esos 2.735 millones de financiación, lo que implica una rebaja de 1,9 puntos del límite previsto en su plan económico financiero.

            – Segundo, porque es falso el argumento que utiliza el gobierno para legitimar la decisión: dice que lo acordado en mayo afectaba sólo al presupuesto de 2012, y que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que entró en vigor en mayo faculta e incluso obliga al gobierno a marcar los techos de gasto para 2013. Pero no es verdad, pues ya en los planes aprobados en mayo se contemplaban los recortes de 2013 y 2014. Mienten de nuevo Rajoy-Montoro.

            – Tercero, porque Montoro (Hacienda) toma como partida la deuda registrada en el Banco de España al final de 2011 y suma la cantidad que resulta de financiar el déficit de este año (el 1,5% del PIB) y el del próximo (0,7%) más unos ajustes por la liquidación del sistema de financiación de 2008 y 2009. Con este método se trata por igual a todas las CC.AA. en teoría, pero en la práctica se discrimina a algunas, sobre todo a Andalucía, y se favorece a otras. Las del PP y Cataluña. El gobierno tendrá que explicarle a Andalucía por qué se le rebaja su límite de deuda mientras que se aumenta el de Cataluña en casi 4.298 millones, el de Valencia 612 millones más, y el de Castilla-La Mancha 944. No es justo tratar por igual a las regiones que tienen sus cuentas más saneadas (Andalucía) y a las más manirrotas (Valencia), endeudadas hasta las cejas por la corrupción y megalomanía de los dirigentes del PP.

Y gravísimo.

– Primero, porque se trata de recentralizar el Estado, pasándose por el forro la soberanía andaluza plasmada en su Estatuto. Andalucía es la única comunidad autónoma que ha conquistado su autonomía en la calle. A Cataluña, Euskadi y Galicia se les reconoció sin más en el texto constitucional redactado en la transición de la dictadura fascista a la democracia. Andalucía, el pueblo andaluz, tuvo luchar contra la derecha (la Alianza Popular de Fraga) y el centro-derecha (la UCD de Suárez), y la tibieza de los líderes de la izquierda Felipe Gonález (PSOE) y Carrillo (PCE), vencida –es justo y necesario decirlo- por el peso específico de la izquierda andaluza dentro de esos partidos, que lograron arrancar el referéndum del 28-F, y una posición abrumadoramente mayoritaria a favor de la autonomía de primera, por la vía del art.151 de la C.E., para Andalucía. Rajoy-Montoro ni siquiera tienen la deferencia de consultar o comunicar su intención al gobierno andaluz antes de que se produzca la reunión del CPFF. Por eso la consejera de Hacienda, Carmen Aguayo, se retiró de la reunión. Y porque era una encerrona. Las CC.AA. del PP estaban debidamente aleccionadas antes de tiempo para decir amén.

    – Segundo, por las inevitables consecuencias de este fortísimo ajuste financiero. Si a Andalucía no se le deja emitir deuda hasta ese 15’1%, el gran objetivo del gobierno andaluz de izquierdas (preservar la calidad de la sanidad y educación públicas, y no despedir) salta por los aires.

En estas circunstancias, y si fracasan las negociaciones que actualmente está intentando la consejera de Hacienda con la Hacienda del Estado, -como es de prever-, ¿qué otra opción le queda a un gobierno de izquierdas que convocar al pueblo andaluz a la insumisión y a la rebeldía? Griñán ha lanzado sus críticas más duras al gobierno central: “Esto es un ataque a la educación y la sanidad públicas”. Y Valderas (IU LV-CA) ya ha adelantado su intención de promover una gran convocatoria de movilización del pueblo andaluz frente al gobierno facha de Madrid, contando primero con los sindicatos y demás organizaciones sociales.

No hay que dar la batalla por perdida. Antes de pensar en salidas institucionales de la izquierda a la desesperada (abandonar el gobierno andaluz, dejar que Montoro haga los recortes, etc.), es preciso darla. Y con fuerza. El objetivo es cruzar el túnel de la crisis en que nos han metido los neoliberales sin dejar a las oligarquías político-financieras y sus aliados los gobiernos fachas que desmantelen las conquistas de los trabajadores y de los ciudadanos demócratas; o que lo hagan lo menos posible.    

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A Rajoy le crecen las narices

Publicado: 5 agosto 2012 en Uncategorized

Las medidas anunciadas hoy por Rajoy en el Congreso son una bajada de pantalones de Rajoy frente a los mercados, y la agresión más brutal, una ilegalidad anticonstitucionalidad y el robo más descarado que haya dado en todo el período democrático por parte del gobierno a los ciudadanos,

1º) porque perjudica gravemente a los colectivos más débiles, yendo en contra de los derechos y salarios de los trabajadores, los empleados públicos y funcionarios, los parados y los pensionistas.

2º) porque perjudica a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los hogares más pobres y a las clases medias, al reducir la capacidad de consumo mediante el incremento del IVA y otros impuestos indirectos.

3º) porque pone en peligro la estabilidad financiera del sistema público de Seguridad Social, las pensiones en definitiva, al recortarles a los empresarios dos puntos las cotizaciones, que frente a lo que considera la derecha más cerril no son impuestos, sino salario diferido de los trabajadores. Esa es una medida que abre la puerta a la reducción de la pensiones y a la privatización del sistema de pensiones.

4º) porque le pega un fuerte palo al carácter democrático del Estado, pues modifica las bases democráticas del Estado,

–        Al reformar ilegalmente el sistema institucional establecido en la Constitución basado en la autonomía de los municipios, de forma que un buen porcentaje de los ciudadanos van a vivir en municipios a cuyos ayuntamientos les habrá sido arrebatada su capacidad de gestión a favor de las diputaciones.

 

–        Reduce el pluralismo político al reducir un 30% el número de concejales y por tanto la capacidad de representación institucional de las fuerzas minoritarias, favoreciendo las autoritarias mayorías absolutas y el bipartidismo.

5º) porque supone una nueva vuelta de tuerca a las finanzas de las comunidades autónomas, propiciando una recentralización del Estado, lo que supone una gravísima agresión a Andalucía, pues es en la práctica la pérdida de soberanía de Andalucía y el ninguneamiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

6º) porque todos estos recortes no sólo no van a resolver la crisis económica, sino que van a agravar y prolongar más la recesión económica que padece nuestro modelo productivo.

Rajoy ha demostrado haberse puesto del lado de los bancos, a los que la UE y el FMI les va a resolver la deuda que dejaron los presuntos delincuentes que los han gestionado en el pasado, repercutiendo los costes en las espaldas de los de abajo, sacrificando a cambio la soberanía de España que se queda en manos de lo burócratas de la uE, los derechos democráticos, sociales y laborales de los ciudadanos más modestos, y desmantelando el Estado del Bienestar, robándonos a todos la propiedad pública de los servicios esenciales de la comunidad,  para favorecer los intereses especulativos de los inversores y los banqueros.

Rajoy la mentido a los millones de españoles que le votaron, haciendo justo lo contrario de lo decía el programa electoral del PP, y por tanto debe dimitir.

La nueva situación creada por estos nuevos hachazos a la democracia, a los trabajadores y a los ciudadanos, requieren una fuerte contestación en la calle, una amplia movilización obrera y popular. Por ello IU de Granada va a apoyar cuantas medidas vayan en esa dirección, y hace un llamamiento a las organizaciones y colectivos sindicales y sociales a que insten a los partidos políticos democráticos y de izquierda a crear un frente común que movilice a los ciudadanos contra esta dogmática y cruel aplicación del catecismo neoliberal.

Con este gobierno del PP y las medidas propuestas por Rajoy, no sólo están en peligro los salarios y los derechos, sino la democracia misma.

            PVP 120711

Las perplejidades del gobierno

Publicado: 5 agosto 2012 en Uncategorized

Millones de españoles se creyeron lo que Rajoy vendía. No era su programa, sino su proximidad ideológica con la oligarquía financiera y política de Europa. El programa de Rajoy estaba oculto, -como señalaba la izquierda perdedora en las elecciones-, y por eso decir ahora que Rajoy incumple su programa es algo que no cala en la gente, pues la inmensa mayoría sabía que el PP no iba a cumplir su programa escrito, y no era éste la razón del voto casi masivo hacia la derecha conservadora. El verdadero fraude del PP de Rajoy al electorado español es que los socios europeos del PP, los políticos de derechas empezando por la Merkel, y los acaudalados inversores especulativos (los banqueros, los mercados…) no sólo no han echado una mano a Rajoy para salir rápidamente de la crisis, sino al revés: le están forzando a España a pedir el rescate a cambio de desmantelar el modelo social del Estado, y hasta su carácter democrático.

Ni el propio Rajoy se lo esperaba. No hay más que ver su escaso entusiasmo por seguir dando la cara por las políticas que “no le gustan”, pero que “no hay más remedio que llevar a cabo” para salvar a España, dice. Ya no le quedan sonrisas ni eufemismos a Montoro. Y Soraya Sáenz de Santamaría no encuentra apenas las palabras para resumir unas políticas tan infumables. Porque cuanto más recortes aplica el gobierno del PP, cuantos más sacrificios le impone a la inmensa mayoría de la gente, y sobre todo a los de abajo, más crece la prima de riesgo, más caro le cuestan los préstamos de dinero que el Estado español pide a los bancos y demás inversores privados. 

La subida brutal del IVA y otros impuestos especiales, el desmantelamiento de la negociación colectiva, el recorte del seguro de desempleo para los parados, la rebaja, endurecimiento de los requisitos de concesión o retraso de la concesión de las ayudas a la dependencia, el robo de la paga extra de Navidad a los empleados públicos, los recortes en la atención sanitaria, con privatización de los centros de salud y hospitales, el copago de las medicinas, el deterioro de la calidad de la enseñanza pública, los recortes en las inversiones en investigación y obras públicas, los recortes en la soberanía competencial de las comunidades autónomas y la amenaza permanente de intervenirlas (neocentralismo de guante blanco), la reducción de la financiación, de la autonomía de los de menos de 20.000 habitantes (intervenidos directamnte por las diputaciones), del pluralismo en los ayuntamientos que verán recortado el número de sus concejales en un 30% (con lo que sólo habrá concejales del PP o del PSOE prácticamente, o de las burguesías nacionalistas en cada uno de sus respectivos ámbitos territoriales), el endurecimiento de las leyes penales para reprimir la libertad de expresión y de manifestación, el recrudecimiento de las condiciones de asentamiento y disfrute de derechos de los inmigrantes, etc, etc, etc., todo esto no sólo es un cambio de modelo de Estado, con visos de flagrante inconstitucionalidad; además es que es un fracaso rotundo del PP de Rajoy pues no ha servido para lograr su objetivo primordial: el restablecimiento de la confianza en la marca España por parte de los mercados, y el abaratamiento de los créditos de la deuda soberana.     

Sólo de Guindos parece estar disfrutando más que un marrano en un charco. Es el brujo de la tribu, el guardián de las esencias neoliberales, y como disfruta como el personaje de José Luis Moreno la película de Torrente, ese que se relamía mientras constataba que “hay dolor, mucho dolor…”. 

Margallo incluso le ha protestado al BCE que no está haciendo nada por ayudar a España a librarse de los especuladores. Y Draghi le contesta que la misión del BCE no es sacar a los estados de sus problemas financieros. Así que después del rescate financiero de los bancos españoles, ya se habla de un rescate total del conjunto de España. ¿Qué más sacrificios le van a pedir a España (perdón por el eufemismo: a los trabajadores y capas medias de España) a cambio? Después del desmantelamiento del Estado autonómico, del modelo social y el poder sindical, de la sanidad pública, universal  gratuita, quedan las pensiones. Pero eso ya está también previsto: la reducción de dos puntos en las cotizaciones empresariales implican inexorablemente la entrada en déficit del sistema público de la Seguridad Social; y si la reducción de los cotizantes (por el incremento del número de desempleados) y la reducción de las cotizaciones (por la ley del PP) consiguen un déficit de unos 20.000 millones de euros, se verá como “normal” que el gobierno tenga que recortar las pensiones, con una nueva reforma que vaya introduciendo con vaselina la privatización de los seguros de vida que las compañías privadas ofertan a los trabajadores que puedan soportar mayores reducciones en el poder adquisitivo de sus ya menguados salarios.

Kenneth Rogoff, De Grawe, Krugman… todos piensan que la siguiente en caer en las garras de este capitalismo salvaje es España. Dice Krugman que España viene a ser como la Florida de EEUU; pero mientras Florida no tiene que preocuparse por reunir fondos con los que sufragar la atención social y sanitaria, España se encuentra sola, al igual que Grecia, Portugal e Irlanda (alude a la falta de unión política y fiscal europea como problema central de los países del euro). Dicen los “expertos” (los voceros del neoliberalismo) que la última cumbre europea ha dado pasos importantes hacia la unidad fiscal, presupuestaria e incluso política de la UE. Pero lo que no dicen es que esto sólo se producirá cuando todos los estados hayan renunciado al antiguo modelo social europeo; cuando se hayan desmantelado los viejos bastiones de las conquistas obreras, tanto sociales como simplemente democráticas; cuando hayan sustituido el sistema democrático por un sistema autoritario.

Y lo que sin duda nadie pone en duda es que, incluso aunque esta unión política, fiscal y presupuestaria se de en la UE, esto no se logrará si no es a medio plazo, y por tanto para España llegará tarde. España, en consecuencia, no se beneficiará de la solidaridad europea, como se beneficia Florida de su pertenencia a la federalidad de EE.UU.     

Lo que convierte en terrible el presente desastre es que no hay necesidad de que todo esto esté pasando, sigue diciendo Krugman en su libro “¡Acabad ya con esta crisis!” (Ed.Crítica, 2012). La naturaleza del desastre tampoco tiene nada de misterioso. Disponemos tanto del saber como de los instrumentos precisos para poner fin a este sufrimiento. Pero el dogmatismo de la extrema derecha que nos gobierna (la Faes de Aznar detrás de la ortodoxia del PP) no nos permite movernos de la foto fijada: los sacrificios del presente son el bienestar del futuro. Pero el futuro no llega y llegará nunca, pues las medidas de recorte nos hunden todavía más en la recesión, y recortan las posibilidades de salir de ella.

La gente ya se está dando cuenta (tarde, maldita sea) de que lo que Rajoy nos había vendido no está funcionando, que los amigos europeos de Rajoy no existen, que la aparente fortaleza de la derecha española no está sirviendo para librarnos del yugo de los mercados, sino al contrario. Que los que aparentaban sabérselas todas, son unos perfectos ignorantes, tanto como Zapatero o más.

Y que la “herencia recibida” a la que aluden no es sino la excusa para robarnos hasta la camisa. 

 

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Entre dotar a la UE de una estructura político-financiera estable que se parezca a un gobierno de los de verdad, y solucionar los problemas que aquejan al euro a muy corto plazo, hay una gran diferencia. En efecto, la cumbre de junio de la eurozona ha podido constatar la voluntad política de hacer lo primero, pero no se ha fijado en que el plazo para salvar al euro era mucho más perentorio de lo que los intereses cortoplacistas de Alemania, Holanda y otros dictaban. Esa diferencia es justo la que establece la necesidad de dotar al BCE de mecanismos para acudir en ayuda de economías como España e Italia, que agonizan sin remedio si no encuentran apoyo financiero fuera de los mercados, pues esto es imprescindible para evitar la quiebra de España primero y de Italia después, con lo que ello conllevaría: la ruptura del euro, bien mediante la salida del euro de uno de estos dos países (o de los dos), bien mediante la permanencia de ambos países en el euro, pero a cambio de su hundimiento en una profunda depresión que les impida recuperar el ritmo de desarrollo sostenible que toda economía sana requiere.

En España las cosas andan mal, muy mal. Casi 6 millones de parados (5’7 para matizar la cifra) según la EPA, casi un millón y medio de personas que viven en hogares donde ninguno trabaja, las desigualdades aumentan día a día, pues mientras se dispara la compra de coches de alta gama, algunos no tienen ni para gasolina. Y los que aún trabajan, tiemblan ante la perspectiva de que a corto o medio plazo ellos mismos pueden quedarse sin empleo. Sobre todo los que prestan sus servicios en las instituciones públicas o en las financieras, pues el gobierno del PP se ha empeñado en demostrarle a las oligarquías burocrático-financieras de Europa que es un “gobierno de fiar”, que cumple, no como Zapatero, y por ello se ha aprestado a realizar todas las reformas y recortes que conocemos (subidas del IVA y del IRPF, congelación de las pensiones en 2013, recorte del sueldo de los funcionarios y empleados públicos en general, privatización y/o recortes en la sanidad y la educción pública, recorte y retraso en la atención a las personas dependientes, tijeretazo brutal a las ayudas a los parados, copago sanitario, supresión casi total de la negociación colectiva y recorte de los derechos sociales, sindicales y laborales de los trabajadores, recentralización de la capacidad financiera de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, jibarización de las ayudas a la minería, retroceso brutal en el derecho al aborto, etc.) y las que conoceremos próximamente (recortes de los parlamentos e instituciones autonómicas, recentralización definitiva de la sanidad, supresión de las TV y derechos de la telecomunicación de las CC.AA., recorte en la cuantía de las pensiones públicas para la paulatina sustitución de estas por las pensiones privadas, reducción drástica del número de ayuntamientos, etc.).

Rajoy justifica esta política de recortes, de contrarreformas y de incremento regresivo de los impuestos en la necesidad de evitar una intervención por parte de los hombres de negro de Bruselas. Se trata de evitar el rescate, dicen los ministros como papagayos. Pero uno se pregunta si no estamos ya intervenidos o rescatados. Así es. Algunos han dicho que España, como cuarta economía de la UE no puede ser rescatada, pues para ello habría que poner a su disposición casi un billón de euros encima de la mesa. Por eso no puede ser rescatada, al menos formalmente, en una sola decisión administrativa de los poderes globales ejercidos en comandita por la troika (UE, BCE y FMI). Aunque sí puede ser rescatada por parcelas (el rescate de la banca con 100.000 millones de euros) y a la chita callando, mediante una “lluvia fina” de ácidas reformas y recortes, cuyo resultado sea a la postre el mismo: una reducción del 35% del nivel de vida de los españoles, que supla la imposible devaluación de la moneda, pues ya la peseta no está vigente.

El auténtico “hombre de negro” de Bruselas para España se llama Rajoy. En Grecia los poderes fácticos de la troika sustituyeron a Papandreu por Papademos, y en Italia a Berlusconi por Monti. Presiones, campañas de prensa internacionales, estrangulamiento financiero por los bancos… y al final, dimisiones de los que estorbaban y elección “democrática” de los hombres de confianza de los burócratas en sus respectivos parlamentos. El susto de las elecciones griegas con un impresionante ascenso de la izquierda radical de Syriza, se quedó en susto. Y en el resto de los países del ajuste (Irlanda, Portugal y España) el voto se encargó de cambiar a los primeros gestores de los ajustes por otros más solventes. Casualmente en todos estos países la gente se creyó el mensaje de la derecha de que la crisis se resolvería con una mejor y más decidida gestión de las reformas a realizar, y cambiaron partidos socialdemócratas por partidos conservadores.

Si hoy se volvieran a realizar elecciones en España el PP ya no sacaría mayoría absoluta, pues buena parte de los electores se han dado cuenta de “el Gran Engaño” del PP (según la terminología de Krugman), y tampoco le darían su confianza al PSOE en solitario, pues saben que Rubalcaba fue el cerebro en la sombra de las políticas de Zapatero. Subiría como la espuma IU, eso sí, pues muchos ciudadanos se han dado cuenta de que para salir de esta crisis los cambios que hay que realizar deben afectar al sistema en su conjunto: modelo económico, social, financiero y político, y no precisamente hacia los valores y postulados de la derecha, sino hacia la izquierda.

Draghi (BCE) y Juncker (UE) se están poniendo de acuerdo en cómo facilitar a España e Italia la forma de eludir los intereses usurarios que los especuladores les imponen a sus deudas soberanas. Pero ya nadie desconoce que detrás de cada mano que se nos echa desde Europa, se esconden nuevos compromisos de sacrificios para los de abajo. Aprovechan la crisis para imponer autoritariamente su recetario ideológico neoliberal. Estamos en una dictadura económica, ejercida con formas aparentemente democráticas.

La lucha contra esta dictadura económica ya no es en defensa de la propia identidad (territorial, lingüístico-cultural, de orientación sexual, del sesgo ecológico del modelo productivo, del status profesional que uno ostente, si es funcionario, o magistrado, a médico, o etc), sino en defensa de los derechos democráticos más elementales (derecho a trabajar con dignidad y seguridad, a tener una vivienda protegida frente a los desahucios, a tener unos sindicatos que te protejan personal y colectivamente, y que influyan en las decisiones socioeconómicas de los gobiernos de turno, a decidir como mujeres sobre tu propio cuerpo, a manifestarte sin miedo a que machaquen por mor del mantenimiento del orden público, y otros).

Somos mayoría, inmensa mayoría, y deberíamos ponernos de acuerdo para cambiar el sistema.

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Dice Krugman que reducir el déficit y no perecer en el intento es imposible de manera colectiva, pues “mis gastos son los ingresos de otros, y sus gastos son mis ingresos”. Este slogan keynesiano quiere decir que si por culpa de reducir la deuda pública más allá de los límites razonables se deprime la economía de forma que no se sale de una recesión (2008-2010) cuando se entra en otra (2012-vaya usté a saber), estaremos haciendo justo lo contrario de lo que tendríamos que hacer.

Pero la dictadura del capital a que nos tiene sometidos la construcción germánica de la Unión Europea lo tiene claro: España tiene que pedir el rescate total, no sólo el bancario, si quiere que el BCE haga lo que tendría que hacer sin más, que es comprar bonos de la deuda soberana española, sin necesidad de que se lo pida el gobierno español. De hecho ya se han puesto de acuerdo los jerifaltes europeos en crear una política fiscal común, que cambie las reglas de juego. Pero esa construcción de una auténtica política económica europea llevará tarde para salvar a España de la debacle, -dicen-, pues lo que España necesita es prever el pago de una deuda de más de 50.000 millones de euros en lo que queda de 2012, amén de los gastos que genera el normal funcionamiento del Estado, en unos momentos en que lo ingresos siguen bajando pese al incremento de impuestos previsto. El IVA empezará a subir en septiembre. Y ni aun así les cuadrarán las cuentas a los neoliberales.

La España de Rajoy se prepara para pedir el rescate en septiembre o antes, según respiren los mercados omnipotentes. Dicen que será un “rescate suave”, un “rescate parcial”. Pero si las condiciones para soltar la pasta afectan a todos los ámbitos de la economía (El País ha hecho un recuento de los recortes  y contrarreformas realizados hasta ahora por los sucesivos gobiernos de España, incluido el de Zapatero, que no me resigno a no incorporarlos como anexo a este comentario), ¿cómo va a ser parcial el rescate? Rajoy quiere recortar 102.000 millones de euros de aquí al 2014. Los hombres de negro de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) querrán verlo todo, escudriñar todos los rincones de la economía española: las cuentas de los bancos y cajas, por supuesto; pero también si los gastos de personal son prescindibles, si se puede achicar la estructura autonómica y municipal del Estado más allá de lo ya anunciado por Rajoy; si la reforma laboral reduce suficientemente los costes laborales de las empresas que queden en pie; y, por supuesto, si se pueden recortar los servicios educativos, sanitarios, sociales e infraestructurales, de forma que la tarta de la educación, la sanidad, las pensiones, las prestaciones por desempleo y los servicios sociales (la dependencia) puedan convertirse en un área más del negocio de las multinacionales, las aseguradoras y los bancos que están detrás de ellas. El rescate será total, pues una vez sometido a la voracidad del capitalismo salvaje, no hay escapatoria.        

Lo sabe bien Monti, que espera astutamente a que Rajoy se adelante a pedir el rescate para ver si con eso se conforman los mercados y apaciguan su afán de subir la prima de riesgo día a día, sin límite. Así confía en que Italia pueda salvarse del rescate, gracias a la caída de España. Otro iluso. Italia será el próximo objetivo de los mercados, que no son sino el instrumento que utiliza el capitalismo global para desmantelar los avances sociales conseguidos por los trabajadores durante la época dorada del siglo XX.      

Mikel Roca ha dicho que los alemanes no deben darnos lecciones, después de haber sido los promotores de dos guerras mundiales durante el siglo pasado. Tiene razón. Pero se le olvida que los alemanes han aprendido la lección: ya no van a dominar Europa mediante la invasión, la coerción física y la guerra, sino mediante el dominio de las finanzas. Así, el BCE fue construido a imagen y semejanza del Bundesbank, y sus funciones quedaron limitadas al control de la inflación, que es la gran preocupación alemana desde siempre, porque su obsesión es vendernos su producción industrial, avanzando en competitividad por la vía de los avances tecnológicos y la apropiación del capital financiero y humano de los demás. Y para eso necesitan estabilidad en los precios.

O eso creen ellos: porque si gracias a esa disparatada obsesión por controlar los precios deprimen las economías de países como España, Italia (demás de Irlanda, Portugal y Grecia), y ponen en peligro las de Francia y Bélgica, serán ellos los primeros en sufrir las desastrosas consecuencias de haber confundido los riesgos económicos que el momento actual demanda afrontar. No estamos ante un  peligro de inflación europea, sino ante una crisis deflacionaria, que impida salir a todos hacia adelante.    

España en cambio, ¿qué ha aprendido? Zapatero no aprendió a resistirse frente a la presiones neoliberales que venían de Europa. A Rajoy nohace falta que lo presionen mucho, pues lo de reducir el déficit lo hace por convicción propia, como buen neoliberal que es. Rubalcaba dice que él no pediría el rescate, que utilizaría la presión ante la troika para evitarla. No es creíble. Ni lo hizo cuando gobernaba con Zapatero, ni lo haría ahora, pues el sector del Partido Socialista en que él se encuadra es heredero del felipismo, y ya se sabe que Felipe González prefiere una “gran coalición” con el PP que la aventura de tener que pactar con la izquierda que sube como la espuma en las encuestas, gracias a su política contra los recortes.

Quien sí debería rememorar las lecciones aprendidas de la historia reciente, justo de hace un siglo y algo menos, es la izquierda republicana y roja de la España de los años 30. Resistencia y organizar la transición hacia una sociedad más solidaria deben ser los objetivos a corto plazo. Pero debe recordar que la derecha hispana es fascista, lo lleva en la masa de la sangre. Y la derecha de Rajoy, también. Ahí están las políticas que poco a poco va introduciendo: que se lo digan al juez Garzón (“el último exiliado por el franquismo”, según él mismo se declara); a Ana Pastor, la excelente periodista de Los Desayunos de TVE que se atrevió a hacerle preguntas molestas a la Cospedal, y que ha sido despedida por los repuestos hombres de Urdaci, que son hoy los que mandan en la TV pública puesta al servicio exclusivo del PP. Que se lo digan a los represaliados en las manifestaciones, criminalizadas por la revisión del Código Penal. O a las mujeres que tendrán que irse de nuevo a abortar al extranjero, después del repaso que Gallardón (que era el más aperturista de los ministros del PP, según nos hacían creer) le va a dar a la ley del aborto. Que se lo digan a los sindicatos, aniquilados por la reforma laboral, siempre a la espera de poder negociar algo con el gobierno. Que se lo digan a Facua, a quien la ministra Ana Mato, esa mosquita muerta, ha amenazado con liquidarla como asociación de defensa de los consumidores si no retira sus campañas contra los recortes que pone en práctica el gobierno. Que se lo digan a los historiadores, a los que se les impone una historia oficial pagada con el dinero de todos donde a Franco no se le puede llamar por su nombre de dictador. Que se lo digan a los valencianos, que han deben soportar a una alcaldesa que se ha resistido a retirar el título de alcalde honorífico a Franco hasta que un juez se lo ha ordenado. Etc.

La derecha hispana es fascista, no sabe gobernar si no es de forma autoritaria. Y la izquierda española no logrará desplazar a la derecha si no es uniéndose entre sí y presentando a la gente de la calle (entiéndase bien este impreciso término) un proyecto que ilusione. Pasó en la II República, que hasta que incluso la CNT no se unió al proyecto de ganar a la derecha, no se logró la victoria democrática frente al fascismo. Y pasará frente al proyecto neoliberal de desmantelar la democracia social avanzada, si no conseguimos unir a las izquierdas de nuestro país. Claro que para ello el PSOE tiene que decidir si quiere ser de izquierdas o sigue en su estrategia de ser la rueda de repuesto de la bicicleta del capitalismo. También IU tiene que decidir si quiere abrir su proyecto a gentes independientes de izquierdas, o si prefiere practicar el solipsismo de seguir recomponiendo su base orgánica ella sola, para sí misma, bajo la mirada inquisidora de los grupos dogmáticos que ocupan su eje y sus periferias. Y los verdes de todas clases deberán reconsiderar que en España ya está bien de ensayar una y otra vez experimentos con gaseosa, dividiendo el voto de izquierdas en nombre de una ideología que hoy en día ya asume (al menos en teoría) hasta la derecha.

No se trata de aprender a unirse para las próximas elecciones. Se trata de hacerlo ahora, en la resistencia frente a los recortes. Y eso es lo difícil. Seguiremos hablando de las contradicciones que se suscitan en esta batalla.

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Anexo: los recortes hasta ahora, según El País.

Mayo de 2010: Zapatero vira su política económica

 

Tras la reunión del Ecofin (los ministros de Economía y FInanzas de la zona euro) el domingo anterior, el miércoles 12 de mayo de 2010 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, daba un volantazo a su política socialdemócrata y anunciaba el, hasta ese momento, mayor recorte de la democracia. El objetivo era reducir el déficit público del 11,2% del producto interior bruto al 6% en dos años. ¿La cifra? 15.000 millones de euros. Solo unos días antes, el 5 mayo, Zapatero había respondido así a las exigencias del Partido Popular de reducir el déficit público: “No es una buena opción acelerar la reducción del déficit. Quien está equivocado es el PP sobre este asunto. Si uno hace una drástica reducción del déficit puede comprometer la recuperación”. El día 12 acudía al Congreso de los Diputados donde anunció las siguientes medidas:

  • Reducción del sueldo de los empleados públicos un 5% de media en 2010 y congelación para 2011
  • Se excluyó la revalorización de las pensiones, salvo las mínimas y no contributivas, para el año próximo
  • Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007
  • Supresión de la prestación por nacimiento de 2.500 euros
  • Plan de eficiencia en gasto farmacológico: revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y dispensación de medicamentos en unidosis
  • Suprimir de la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud.
  • Reducción de 600 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo y de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal entre 2010 y 2011
  • Ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales

 

Tras la batucada de ajustes en mayo de 2010, vino una reforma laboral que creó un contrato indefinido de fomento con una indemnización por despido objetivo improcedente de 33 días por año trabajado. Además se fijó la posibilidad de que “una situación económica negativa” fuera causa para el despido objetivo. También se modificó el régimen de las pensiones con un aumento de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años con una exigencia de 37 años en el periodo de cotización.

 

Diciembre de 2011: Rajoy se estrena subiendo los impuestos

 

El 30 de diciembre, apenas un mes después de haber ganado las elecciones generales con mayoría absoluta, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobaba un recorte presupuestario histórico y subía los impuestos, contradiciendo todo lo expresado en su campaña electoral, y su propio ideario político. ¿Las cifras? 8.900 millones de euros en reducción de gastos y pretensión de recaudar otros 6.000 millones. Las medidas adoptadas en el segundo consejo de ministros presidido por Rajoy fueron las siguientes:

  • Incremento del IRPF. La cuota estatal subió en una escala del 0,75% para el primer nivel de renta hasta el 7% en el nivel más elevado, a partir de 300.000 euros de base liquidable
  • Gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2% para los rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6% para rendimientos superiores a 24.000 euros
  • Subida del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). El incremento afecta al 50% de las viviendas de mayor valor catastral de cada municipio. Este incremento se fijó de una manera progresiva (10 por 100, 6 por 100, 4 por 100) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral y, por tanto, a su adecuación al valor del mercado.
  • Congelación del salario mínimo interprofesional
  • Congelación del sueldo de los empleados públicos y aumento de su jornada laboral hasta 37,5 horas semanales
  • Reducción del presupuesto ministerial, de los entes locales y del Fondo de Compensación territorial así como de las subvenciones (un 20%) a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales
  • Rebaja de 200 millones en el presupuesto de TVE y Renfe y de 600 millones las subvenciones y préstamos en I+D+i
  • Aplazamiento hasta enero de 2013 de la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas y de la aplicación de la ley de dependencia para nuevos beneficiarios
  • Reducción del número de altos cargos en un 19%
  • No renovación de la renta de emancipación
  • Además, se recuperó la deducción por compra de vivienda y se mantuvo el IVA superreducido del 4% para la adquisición de nueva vivienda

 

Además de las medidas presentadas a finales de diciembre, y antes del recortazo de julio de 2012, el Ejecutivo popular adoptó otras medidas con fuerte impacto social.

Así, una nueva reforma laboral que facilita y abarata el despido, y que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, calificó como “extremadamente agresiva” en una conversación con el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que fue captada por cámaras y micrófonos. Los principales cambios en las condiciones laborales fueron estos:

  • El despido estará justificado cuando se prevean pérdidas o cuando una empresa haya sufrido nueve meses consecutivos con una caída de ingresos o de ventas. La carga de la prueba se invierte, y será el trabajador quien tenga que demostrar la improcedencia
  • La indemnización por despido procedente se baja hasta 20 días por año trabajado con un límite máximo de 12 meses y la del despido improcedente del contrato indefinido ordinario se rebaja de 45 días por año trabajado a 33
  • Mayores poderes al empresario: puede cambiar jornadas, turnos, funciones y hasta rebajar salarios. Para ello solo es necesario invocar motivos económicos, como pérdida de competitividad o de productividad. También podrá hacerlo cuando la empresa registre dos trimestres de caídas de ventas o ingresos, aunque no tenga pérdidas.
  • Se eliminó la necesidad de pronunciamiento previo de la autorización laboral en los despidos colectivos. Se abrió la posibilidad de despidos colectivos en la Administración pública con las mismas condiciones que en el sector privado
  • Supresión de la prórroga indefinida de los convenios colectivos. El Gobierno la limitó a dos años, y en el trámite parlamentario se redujo hasta el año
  • Nuevo contrato que permite a las empresas de menos de 50 trabajadores contar con un periodo de prueba de hasta un año, lo que implica el despido libre durante esos 12 meses. En la tramitación parlamentario quedó fijado que estaría vigente hasta que la tasa de paro esté por debajo del 15%. En el segundo trimestre del año la tasa de desempleo ha alcanzado su máximo histórico: 24,63%
  • Prelación del convenio de empresa sobre el colectivo
  • Autorización para que los contratados a tiempo parcial puedan realizar horas extraordinarios, tanto en los contratos temporales como en los indefinidos

 

En abril el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció un ajuste adicional de 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad, 3000 millones en la primera y 7.000 en la segunda. El anunció se produjo en una nota de prensa tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

 

Julio de 2012: El mayor recorte de la democracia

 

El 11 de julio de 2012 Mariano Rajoy anunciaba en el Congreso de los Diputados lo que es hasta ahora el mayor ajuste de la democracia. ¿La cifra? 65.000 millones de euros en dos años. El recorte se produce días después de que el España solicitara al Eurogrupo la concesión de un crédito de 100.000 millones para sanear el sistema bancario, profundamente dañado tras la nacionalización de la entidad entonces presidida por el exvicepridente del Gobierno, Rodrigo Rato. A cambio de estas duras medidas, el Estado recibe un año más por parte de Bruselas para reducir el déficit. Las principales medidas de ajuste fueron estas:

  • Subida del tipo general del IVA del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%
  • Supresión de la paga extra en 2012 a los empleados públicos que cobren más de 963 euros al mes y reducción a tres de los días de libre disposición
  • Reducción de un 10% (del 70% al 60%) en la cuantía de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes
  • Reforma de la ley de bases de régimen local. Se eliminan las mancomunidades y las pedanías y las diputaciones provinciales se harán cargo de la gestión de los servicios que de los municipios de menos de 20.000 habitantes no presten adecuadamente
  • Incremento de las retenciones a profesionales del 15% al 21%
  • Reducción del 30% de la ayuda al alquiler
  • Constitución de un fondo de 18.000 millones de euros para la financiación de las comunidades autónomas. Loterías aportará un tercio del total al fondo y el resto lo hará el Tesoro