Unos presupuestos de guerra… de clases

Publicado: 29 septiembre 2012 en Uncategorized

Unos presupuestos de guerra… de clases

Estos PGE 2013 traerán más paro, más pobreza, más injusticia y más recesión en España.

Septiembre se despide revelándonos que estamos en plena estanflación, esto es, en un dramático estancamiento económico (recesión incluso), unido a una grave inflación, que en septiembre ha llegado al 3’5%. ¿Por qué la inflación en septiembre? Porque a principios de mes está en vigor la subida del IVA (en general se elevó del 18% al 21% y el tipo reducido del 8% al 10%), y porque además han subido los precios de los carburantes y el gobierno con su política de recortes ha provocado un alza de los precios de la incorporación al curso escolar, y en concreto de las tasas universitarias. Sólo la subida del IVA puede tener una repercusión de dos puntos en el incremento medio de los precios al consumo, aunque puede que sean menor si algunos empresarios no lo repercuten en sus márgenes. Se verá al final si eso es así o no, aunque la subida del IPC de septiembre ha sorprendido a todos los centros de estudio por su elevada cuantía. Total: una inflación anual del 3,5%, ocho décimas más que en agosto, el mayor nivel desde hace 16 meses.

Además de las cifras, los PGE 2013 se presentan con la ambición de mezclar las medidas contables con las reformas estructurales pendientes. Para ello la literatura presupuestaria prevé la adopción de 43 medidas, entre las que la prensa destaca las siguientes:

–        Contrato de Formación Profesional para fomentar el empleo juvenil mediante el establecimiento de un sistema de formación dual, colaborando el sistema educativo con las empresas.

–        Reforma del calendario laboral.

–        Desarrollo e internacionalización de los proyectos empresariales, sobre todo de los emprendedores.

–        Mejora de la fiscalidad para emprendedores,

–        Creación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada y una mejora de los procesos de financiación.

–        Reforma y calendario a aplicar en el sistema financiero.

–        Creación de una autoridad fiscal encargada de supervisar mensualmente las cuentas públicas del conjunto de administraciones para evitar posibles desviaciones presupuestarias.

–        Las comunidades autónomas deberán reducir el gasto corriente en unos 9.500 millones de fundaciones públicas.

–        Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para delimitar las competencias municipales y suprimir estructuras redundantes.

–        Reducción del número de concejales mediante la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral y homologación del sueldo de los alcaldes.

–        Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa

–        En el primer trimestre de 2013 el Gobierno aprobará el Estatuto del Profesorado no Universitario, que fijará el marco de acceso y desarrollo de la carrera profesional y los derechos y obligaciones de estos docentes.

–        Programa de Unidad de Mercado para mercancías y servicios que establecerá un marco regulatorio similar para todos los niveles de la Administración, y así poder facilitar que “cualquier empresario español pueda prestar su servicio en cualquier parte del país”, según De Guindos.

–        Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como único regulador, y para  levantar las “barreras injustificadas a profesiones altamente reguladas”.

–        Creación de la Agencia Estatal para la Investigación.

–        Nueva planificación de las políticas públicas de I+D+i para 2013-2020.

–        El 1 de enero entrarán en vigor las medidas para corregir el desequilibrio del sector eléctrico aprobadas recientemente por el Gobierno, entre las que se incluye un impuesto a la generación eléctrica del 6%.

–        Reforma de la Ley del Sector Eléctrico para profundizar en la liberalización de ese sector. Limitando el número de beneficiarios de la tarifa regulada, y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.

–        Reforma de la regulación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,

–        Mejora de la supervisión de los seguros privados, adaptando su regulación al marco jurídico y económico de la UE.

–        Programa de fidelización de los mercados turísticos británico y francés.

–        Plan Nacional e Integral del Turismo, y otras iniciativas de promoción turística nuevas.

–        Creación de la Agencia de Internacionalización aprovechar las sinergias de los distintos instrumentos públicos para facilitar las exportaciones españolas y la captación de inversión extranjera productiva. Lo regulará el Instituto Español de Comercio Exterior (Icex).

–        Nueva Ley General de Telecomunicaciones y elaboración de la Agenda Digital para España, para facilitar la conectividad y desarrollar la economía digital para el crecimiento.

–        Apertura del mercado de transporte ferroviario de viajeros.

–        Nuevo marco regulatorio para mejorar la competitividad de Aena.

–        Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.

–        Nueva Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones Urbanas que dinamice el sector de la construcción.

–        Integración de las cooperativas agrarias y mejorar la internacionalización del sector.

–        Ley de Parques Nacionales, revisión de la normativa sobre montes y sobre patrimonio natural y reforma de la normativa de gestión del litoral.

–        Revisión de tasas judiciales.

–        Nueva Ley del Registro Civil.

–        Refuerzo de las garantías en la asistencia jurídica gratuita.

Gracias a esto, la UE por boca de Oli Rehn ha encomiado lo ambicioso de este presupuesto de España, que excede incluso lo que Bruselas les había demandado: “Incluye medidas concretas, ambiciosas y bien enfocadas y establece plazos claros en numerosos ámbitos”. Y hace hincapié en la creación de un Consejo Fiscal independiente, que es una vieja aspiración de la CE y que pretende liberalizar más si cabe los servicios profesionales y reducir la fragmentación del mercado interior de España. Por otro lado, considera importante el comisario de Economía la reforma del sistema de formación profesional.

La más recurrente crítica que se le van a hacer a estos PGE 2013 es lo ilusorio y excesivamente optimistas que son las previsiones macroeconómicas sobre las que se asienta, y en especial la previsión del 0’5% de recesión del PIB y cuasi mantenimiento del 2’3% del paro (ahora en el 24’6%).

Respecto a la caída del PIB, la previsión del gobierno del 0’5% es incluso superior a la de la CE respecto de España, pero muy alejada de la del FMI (1’2%) o de agencias como Standard & Poor (1’4%). En general los expertos o centros de estudio estiman que la actual recesión en la que se encuentra la economía de España se verá agudizada en 2013, llegando incluso a duplicar o a triplicar la estimación del gobierno. Sin embargo De Guindos y Montoro presentan estos presupuestos como los que van a acabar con la recesión, a la que califican de “recesión suave”. Mienten como Pinocho.

Lo malo es que si se prevé de forma optimista la cifra del PIB, se fallará en los ingresos fiscales a incorporar en los PGE 2013, pues  la intensidad de la recesión determina cuántos impuestos se recaudarán, y en consecuencia se estará en condiciones de fallar también en la adecuada cobertura de los gastos previstos. 

De otro lado, el paro previsto para 2013 es importante para prever el gasto del Estado en las prestaciones desempleo (según crezca o disminuya el número de parados), y cuál vayan a ser los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social (en función de cuántos puestos de trabajo se destruirán). El gobierno afirma que la tasa de paro se quedará en 2013 en el 24,3%, y que la destrucción de empleo será mínima (cifrada en un -0,2% anual). Sin embargo los expertos creen que la recesión conllevará un incremento de la tasa de paro de más del 26%, y que habrá un 3% menos de puestos de trabajo. No es de extrañar este vaticinio de destrucción de empleo, pues a los efectos devastadores de la reforma laboral hay que unir los ajustes que el gobierno propicia en el capítulo 1, despidiendo personal de las administraciones públicas, al recortar los gastos de todos los ministerios.

Así pues, desde la izquierda vamos a coincidir con la derecha más recalcitrante (el diario El Mundo y otros ya lo ponen de manifiesto hoy mismo) en lo inverosímil de estas cifras presupuestarias. Pero ojo: mientras que la crítica de la derecha persigue presionar al gobierno en que ahonde en los recortes de la sanidad, la educción, etc., la izquierda debe pretender poner de manifiesto que la estrategia de la austeridad y los recortes no son la más adecuada, pues no hará más que ahondar la recesión.

En síntesis, el ajuste contenido en los PGE 2013 se produce en un 58% del lado del gasto (con nuevas medidas de ahorro para 2013 que suponen unos 7.700 millones), y en un 42% del lado de los ingresos (con un incremento de unos 5.600 millones).

Para hacer más verosímil las cifras de los ingresos, Hacienda ha previsto un paquete de medidas fiscales en los PGE 2013 por importe de 4.375 millones:

– Limitar al 70% la libertad de amortizaciones de las grandes empresas, con lo que Hacienda recaudará 2.371 millones de euros hasta 2014.

– En 2013 se suprime la deducción por compra de vivienda.

– Se establece un nuevo gravamen sobre los premios de loterías.

– Se modifica el impuesto sobre plusvalías.

– Se prorroga el impuesto sobre Patrimonio.

– Se permitirá una actualización de los balances de las empresas.

– Con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2012, las cantidades que se pierdan en el juego (excepto en sorteos como la lotería) se podrán aprovechar para compensar las cantidades ganadas y así pagar menos al fisco. Por tanto no se tributará por la cantidad obtenida de lo ganado en las apuestas, sino por el saldo a final de año entre lo ganado y lo perdido. El inversor de Eurovegas estará contento.

Veamos ahora el gasto previsto.

            Uno de los mayores lastres de los PGE 2013 es el gasto destinado a pagar la deuda pública, que será la segunda partida de gastos, por detrás de las pensiones. El Estado debe destinar un total de 38.600 millones a pagar los gastos por su deuda. Los intereses de la deuda aumentarán en 9.742 millones, un 33,8% más que en 2012. Esto es consecuencia del incremento de la prima de riesgo, que se traduce en un mayor coste del dinero prestado, en función de la desconfianza de los mercados hacía España. ¿No iban a confiar los mercados más en Rajoy que en Zapatero? No es así. Lo cierto es que “el coste medio de financiación de este año es similar al de 2011”, ha explicado el ministro de Economía. En 2007, a principios de la crisis, la deuda pública española era de solo el 35,5% del PIB. En 2012 la deuda ha llegado al 75,9%, y el ministro de Hacienda prevé que en 2013 la deuda española superará el 80% del PIB.

Lo cierto es que todo el esfuerzo ahorrador que supondrán los recortes de las distintas partidas presupuestarias de los ministerios (3.883 millones, un descenso del 8,9%, con lo que se quedarán en 39.722 millones) solo permitirá cubrir menos de la mitad del aumento de la carga de intereses. Montoro se ha propuesto que el déficit de 2013 en la administración central incluida la Seguridad Social no supere el 3’8% del PIB, rebajando en 0’7% lo gastado en 2012. Esto supone un ajuste de 13.400 millones de euros. Para que las cifras cuadren, prevé unos ingresos de 124.044 millones de euros (un 4% más que en 2012), frente a 169.775 millones de gasto. Así que en teoría estos presupuestos son expansivos, pues el gasto aumenta en un 5’6%. 

Por mucho que lo intente, el Gobierno no puede disfrazar el carácter regresivo y antisocial de estos PGE 2013. Pese a que diga que el gasto social se incrementa hasta un 63’5%, lo cierto es que esto es debido a que el conjunto del gasto no financiero disminuye, y los gastos en promoción del crecimiento económico disminuye. Hay recortes, muchos recortes, y eso las cifras no lo pueden disimular. Pero lo intentan: el optimismo en la previsión de ingresos puede dar lugar a episodios como el que sucedió en abril, cuando el gobierno de Rajoy se vio presionado por los mercados a presentar otro recorte drástico de 10.000 millones de euros en sanidad y educación; y después en julio subió los impuestos y recortó el sueldo de los funcionarios. Al fin y al cabo, las cifras presupuestarias son eso, guarismos en un papel.

¿Cómo se reparten los recortes? En general, hay que tener en cuenta que además de los recortes en los ministerios, el Gobierno aplicará en estos PGE 2013 las medidas del decreto de julio que contenía un ajuste de 65.000 millones.

–        En Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se recortará un 24,4%. 

–        En Industria, Energía y Turismo se recortará un 21,3%.

–        En Educación, Cultura y Deporte, un 17,2%.

–        En transferencias a las comunidades autónomas se produce un recorte de 1.175 millones.

–        Reducción del gasto del personal en un 3’9%, mediante la limitación del número de días libres de los funcionarios o el empeoramiento de las condiciones económicas en casos de incapacidad temporal y la congelación de la oferta de empleo público. Con esto, el coste para pagar nóminas cae un 3,9% en 2013.

–        El Gobierno congelará por tercer año consecutivo el sueldo a los empleados públicos. Pero se apea de la práctica de 2012 de suprimir la paga de Navidad, y en 2013 respetará ambas pagas extras.

–        Recorte del 20% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, y recorte del 42% de las subvenciones a los partidos políticos.

–        Disminución en Seguridad ciudadana del 5,4%, hasta 7.903 millones.

–        Justicia disminuirá un 4,3%, hasta los 1.543 millones.

Una de las coartadas de Rajoy para presentar unos PGE que van a recortar una media del 8’8% los gastos de todos los ministerios, es que las pensiones van a subir un 1%, y el gasto en pensiones crecerá un 4,9% hasta 121.557 millones. Pero:

1º) De continuarse en 2013 el ritmo de incremento de la inflación, una subida del 1% equivale a perder 2’5% en el poder adquisitivo de las rentas exiguas de los pensionistas;

2º) ¿Qué hará el gobierno con la obligación que tiene de revisar en noviembre la subida de las pensiones aprobada para 2012 en un 1%? ¿Compensará este desfase? Eso implica un sobrecoste de unos 5.000 millones de euros para la Seguridad Social. Suponiendo que el IPC e mantiene en el 3’5%, y no sube unas décimas más de aquí a noviembre.

3º) El gobierno no ha dicho si esta subida del 1% es de la masa global de la partida destinada a pensiones, o si es lo que va a subir todas y cada una de las pensiones. No olvidemos que por primera vez el gobierno va a pagar desde Hacienda las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, como es su obligación derivada por la aplicación del Pacto de Toledo, lo que hará aumentar los gastos del Estado en 6.662 millones. El coste de esta medida hace aún más difícil revalorizar las pensiones en noviembre y subirlas en 2013.

4º) Esta ambigüedad en la subida de las pensiones de 2013 es calculada: Rajoy se juega mucho en las elecciones gallegas (más incluso que en las elecciones vascas o catalanas), y esta comunidad tiene una población con muchos pensionistas. Y Rajoy no está dispuesto a congelarlas como hizo Zapatero, o incluso a reducirlas como han hecho otros países intervenidos como lo es España.

5º) Si no se produce esta revalorización, los pensionistas habrán perdido 2’5% en su poder adquisitivo, además de lo que éste ha sido dañado por la subida de impuestos y el copago del 10% de los medicamentos.

En resumen, los pensionistas pueden haber perdido un 5% en su poder adquisitivo, entre unas cosas y otras. 

No todo es recorte. El gobierno  reedita un PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) que estará en vigor desde el lunes próximo hasta el 31 de marzo de 2013 (o cuando se agoten los fondos, de 75 millones) en ayuda del sector del automóvil. Los propietarios de un turismo de más de 12 años (10 años en el caso de los vehículos comerciales ligeros) que lo cambien por otro nuevo de bajo consumo y emisiones, y de precio no superior a 2.000 euros (salvo si se trata de un eléctrico o un híbrido enchufable), recibirán 2.000 euros de ayuda. La Administración se hará cargo de 1.000 euros de esa ayuda, mientras el fabricante o importador financiará otro tanto.

Pese a estar hechos con un ojo puesto en “los mercados”, estos no han respondido como el gobierno se esperaba, pues los inversores han vuelto a hacer subir la prima de riesgo hoy por encima de los 450 puntos, volviendo a superarse el 6% exigido como interés para la compra de bonos españoles. 

¿Cómo quedará Andalucía en el reparto de la miseria que son estos Presupuestos de guerra? Aún e desconoce el cuadrante del reparto entre comunidades autónomas. Pero es de prever que le toque otro recorte de las transferencias: si éste es para todas ellas de una cuantía de 1.175 millones, a Andalucía se tocará soportar unos 200 de esos millones de menos. Otra vuelta de tuerca al estado del bienestar y a la capacidad del tejido productivo andaluz, que en buena parte depende de los estímulos que vienen del dinero público. Presupuestos de guerra… de clases, pues mientras las oligarquías financieras se frotan las manos pensando en el rescate de 100.000 millones que les va a llover del cielo (a lo mejor “solo” necesitan 60.000), lo cierto es que son los trabajadores y la clase media los que están sufriendo las consecuencias de esta nefasta estrategia económica de salida de la crisis llamada “austeridad”.

Pero la situación de las finanzas andaluzas no puede ser más angustiosa. La Junta le debe 750 millones a las universidades, y miles de proveedores siguen a la espera de que les paguen sus servicios para seguir subsistiendo. Por otro lado, Andalucía deberá pagar el próximo 4 de octubre 600 millones en concepto de vencimiento de la deuda.

La consejera de Hacienda de la Junta ha solicitado una aportación de 4.906’8 millones de euros de los 18.000 dispuestos por el gobierno central en el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). Esta cantidad le permitiría a la Junta, pagar la deuda contraída hasta la fecha y desde años con los proveedores, e incluso servicios sociales de los ayuntamientos y a las universidades, como lo permite el reglamento del FLA; e incluso sobraría para realizar políticas propias.

Sabe Griñán que no le caerá todo ese dinero a Andalucía, pues cubrir tan sólo las cinco solicitudes las CC.AA. que lo han requerido hasta la fecha se llevaría del FLA unos 15.000 millones. Prevé Griñán que a Catalunya se le dará porcentualmente más que a los demás, y espera que al menos 3.700 millones de euros sí puedan aplicarse a las maltrechas arcas andaluzas finalmente. Pero ni eso, pues si el criterio de reparto fuera el de la población, el 17’8% que le correspondería a Andalucía serían 3.200 millones.

Y sabe que ya en el primer presupuesto de la era Rajoy, el de 2012, Montoro no ha cumplido el mandato estatutario de la DAT (Disposición Adicional Tercera) del Estatuto de Andalucía, que obliga legalmente al gobierno central a transferir para inversiones regionalizadas el porcentaje equivalente al peso poblacional de Andalucía respecto del conjunto del Estado, es decir, el 17’8%. Tan sólo transfirió el 14’6%, un 3’2% menos de lo que le corresponde a Andalucía legalmente. De hecho el consejero de economía de la Junta, Antonio Ávila, le ha reclamado por carta a su homólogo estatal 1.504,54 millones de euros (762,3 millones correspondientes a 2008 y 742,15 del 2009), de las inversiones no ejecutadas, como constan en el oficio firmado por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuesto y remitido a la Junta el 14 de octubre de 2011.

Pero es que en 2010 y 2011 se han dejado de abonar por parte del Estado a Andalucía otros 1.500 millones, y en el 2012 unos 400. En total, la deuda del Estado con Andalucía asciende a 3.400 millones. Todos estos cálculos cuentan con que realmente e hayan realizado las inversiones teóricas que prevén los presupuestos, pues de la letra a la realidad puede mediar una gran diferencia. Por eso Ávila reclama también que se le informe detalladamente de estas inversiones, como se había comprometido el gobierno central para el 30 de junio. Fecha y compromiso incumplidos.

Y para colmo del descaro en el estrangulamiento que el gobierno de la derecha está haciendo con Andalucía, la ministra de empleo Fátima Báñez ha otorgado a Andalucía solo el 8,8% de los fondos de procedentes del Fondo Social Europeo para políticas activas de empleo, unos 213’8 millones, en lugar de los 302 millonesque se le reclamaron el pasado julio por parte del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Por toda contestación a esa solicitud formal, la ministra ha publicado en el BOE una orden por la que se distribuyen territorialmente las partidas presupuestarias para estas políticas. Por el BOE Andalucía se entera de que solo recibirá el 8,8% del total de 966,5 millones de los PGE. Mal estilo y mala leche con Andalucía. Partidismo por parte de Montoro y Báñez, ambos andaluces que están demostrando ser unos malos perdedores.

Desgraciadamente esta política discriminatoria del gobierno del PP con Andalucía va a recaer en los 413 promotores de empleo del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y en los 714 Agentes Locales de Promoción de Empleo (Alpes), cuyos contratos la Junta garantizó hasta el 30 de septiembre, pero que después de la orden de la ministra Báñez, quedarán extinguidos.

Hasta aquí el primer análisis de los PGE 2013, a la espera de conocerlos con mayor profundidad.

PVP120929

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