Archivos para octubre, 2012

El suicidio como salida

Publicado: 26 octubre 2012 en Uncategorized

El economista jefe para Europa de Goldman Sachs, Huw Pill, ha augurado que “para España lo peor está por llegar”. Y que España va a pedir el rescate muy pronto. “La recesión se va a acelerar en los próximos trimestres. En definitiva, que lo peor está por llegar y no vemos ninguna inflexión en esta tendencia en todo 2013”. Sabemos que tanto el FMI como otros 18 organismos internacionales y nacionales han vaticinado que el PIB español caerá en 2013 un 1’5% y no un 0’5%, como pronostica el gobierno de Rajoy-Montoro en los PGE2013. Pero insiste en las recetas neoliberales, al indicar como prioridades en las políticas económicas para España el que “a medio plazo es necesario limpiar los balances de los bancos españoles y probablemente reducir de forma significativa el tamaño del sistema financiero español”. En esa vía están los del PP, con nefastas consecuencias sociales para los ciudadanos españoles.
Nos recuerda Krugman en su libro “¡Acabad ya con esta crisis!” (Ed. Crítica) que los economistas saben el precio de todo y el valor de nada. Quien de verdad sabe el valor de las cosas y de las casas son los trabajadores, víctimas de esa crisis. Como mi vecino del barrio de la Chana que se ha suicidado una hora antes de que la policía viniera de desahuciarle de su vivienda y el localillo donde se buscaba la vida vendiendo la prensa diaria y otros objetos de papelería. Se ha ahorcado. Sin más drama, sin más explicaciones.
Él ha buscado su salida individual, dándole un corte de mangas al sistema, a los jueces, a la policía, a los banqueros asesinos, dueños legales pero ilegítimos de las viviendas de los pobres a los que en su día embaucaron para prestarles el dinero que todos les depositamos, y que s amparan en una ley de 1909 para dejar en la calle, en la desesperanza y la intemperie a cientos de miles de familias. En concreto, a 360.000 familias que de aquí a 2015 se quedará sin casa como consecuencia de la crisis económica, que ya ha dejado a 150.000, según el estudio realizado por la Asociación de afectados por embargos y subastas (Afes). Porque según el estudio encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) serán 510.000 familias las que se quedarán sin hogar durante esta crisis que empezó en 2008, si es que, como dicen, acaba en 2015. Sólo en este año de 2012 hay 135.000 ejecuciones hipotecarias en marcha.
Pero el CGPJ no ha asumido las conclusiones de ese estudio que encomendó realizar a seis magistrados, porque se mete a sugerir que el dinero que el Estado le da a la banca beneficie también a los ciudadanos que, como José Miguel Domingo, mi vecino de la Chana, se hayan en esta situación desesperada. Jueces tan culpables como esos banqueros asesinos.
La EPA nos recuerda cada trimestre la cruda realidad. La EPA del tercer trimestre de 2012 dice que el paro en España supera el 25% por primera vez en la historia, (sólo en Grecia y Sudáfrica hay un porcentaje similar de paro), que ya son 85.000 personas más las que han ingresado en las cifras del paro, que llegan hasta los y 5.778.100; que el paro supera el 30% en 16 provincias y en Ceuta alcanza el 41%; que las mayores subidas del paro se dan en Andalucía (61.300), Comunidad Valenciana (26.500) y Murcia (20.600); que la mayor destrucción de empleo se concentra en el sector público, que baja de los tres millones de servidores públicos por primera vez desde 2008, siendo la caída en las administraciones territoriales, mientras que el empleo aumenta en la Administración central (indicio claro del neocentralismo practicado por el gobierno de derechas); que el número de familias con todos sus miembros en paro sigue subiendo, y alcanza ya un 1.700.000 de hogares (el incremento a lo largo del año sí que ha sido muy importante, ha subido en 312.700); que buena parte de la culpa de este incremento del paro lo tiene la última reforma laboral, pues como pronosticaron lo sindicatos, los empresarios iban a utilizar las facilidades para despedir no para crear empleo, sino para hacer EREs (expedientes de regulación de empleo); y así, los trabajadores despedidos por ERE han aumentado en agosto hasta el 27% del total, mientras que los llamados expedientes de extinción afectan a 7.504 personas, y el total de afectados por EREs asciende a 299.021 trabajadores desde enero, un 53% más que en el mismo periodo de 2011; que la crisis ha disparado el número de autónomos o trabajadores por cuenta propia (aumentó en 65.100, lo que supone su mayor incremento desde 2006), pues como es lógico, ante lo difícil que es encontrar trabajo, los parados buscan otras salidas intentando instalarse por su cuenta.
Sequía de empleos: ese es el pronóstico laboral para esta temporada de otoño, invierno, y del año que viene. Pues la prioridad sigue siendo reflotar a la banca y sanear las cuentas públicas.
Qué mal estará la cosa para que la fundación de Amancio Ortega, el creador y dueño de Inditex (con una fortuna de 40.000 millones de euros), acabe de donar 20 millones a Cáritas. Es la mayor donación privada a esa ONG, y por tanto a cualquier ONG. Ya se sabe. Los multimillonarios de la revista Forbes o de Bloomberg rivalizan entre sí para quién es el que más caridades hace. Bill Gates ha propuesto al selecto club de las personas más ricas del mundo donar el 50% de su fortuna a su muerte. Warren Buffet y una treintena más han respondido que sí, que a su muerte -eso sí- se apiadarán de las víctimas que dejaron las prácticas especulativas que prodigaron durante sus vidas. En sus manos estaría adoptar iniciativas para cambiar las leyes el juego de ese capitalismo que tanto les ha beneficiado. Pero de eso, nada de nada. Todo menos romper las leyes del mercado. Maldito hipócritas.
Volvamos a Krugman. “Lo que convierte en terrible el presente desastre es que no hay necesidad de que todo esto esté pasando. La naturaleza del desastre tampoco tiene nada de misterioso. Disponemos tanto del saber como de los instrumentos precisos para pone fin a este sufrimiento”, nos recuerda el premio Nobel de Economía.
Si no volvemos la cara hacia las políticas de demanda, la cosa no tendrá solución, pues no habrá crecimiento. Es mentira que sea compatible la política de austeridad tal y como la entiende la troika y sobre todo la señora Merkel y el Bundesbank, y la apuesta por el crecimiento económico. “Tu gasto es mi ingreso y mi gasto es tu ingreso”, nos receta Krugman. Pero si los ciudadanos se aprietan el cinturón y el gobierno hace lo mismo, ¿quién comprará los productos? Alemania se pone como modelo, pues cree que el proceso experimentado por ella desde 1990 es adaptable para todo el mundo. No se da cuenta de que si ellos lograron cambiar su déficit comercial por el superávit comercial, es porque otros países europeos hicieron lo contrario. Parece que los alemanes no captan que ahora todos tenemos problemas, pero la solución no llega porque no podemos vender todos más de lo que compramos. Alemania no se da cuenta, o si se da cuenta, quizá sea que no le interesa dar su brazo a torcer. Nos ha colonizado económicamente, y nos aprieta cada vez más para mantenerse ella. Pero esta situación es inestable, insostenible, incluso para Alemania.
Tal vez Alemania llegue a darse cuenta. Pero para el kioskero de la Chana, ya llega tarde.
PVP121026

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Ese bendito nacionalismo de izquierdasHay preocupación. Desde fuera de Catalunya y de Euskadi se vive con una cierta y creciente desazón esa creciente deriva soberanista de ambas “comunidades autónomas” que quieren ser Estados cuando sean mayores. ¿Será verdad que los catalanes quieren masivamente irse de España?, se pregunta la gente. Y los comentaristas hacen sus cálculos: no es cierto que haya una mayoría que quiere la independencia en Cataluña, pues hay una mayoría que es silenciosa. Rajoy dixit. Y las elecciones del pasado 21 de octubre arrojan en Euskadi unos resultados donde se lee que inequívocamente los vascos dan un abrumador apoyo a los dos partidos soberanistas por excelencia, PNV y Bildu. Sube más la desazón en el resto de España: ¿seguirá Urkullu los pasos de Artur Mas, proponiéndose como meta un referéndum para pedir la independencia de Euskadi? No parece que el futuro lehendakari peneuvista quiera repetir los pasos del president catalán. Pero por si las moscas, mejor cruzar los dedos.
¿Y dentro de Catalunya cómo se ve esta iniciativa independentista del líder de CiU? He tenido ocasión de estar en Barcelona este pasado fin de semana, y he palpado el ambiente in situ. Por supuesto que desde un prisma parcial, minúsculo. Pero si mi experiencia sirve de algo, diré que he visto mucha senyera de las barras catalanistas con la estrella blanca de cinco puntas sobre fondo azul, -símbolo del afán independentista-, colgada de balcones particulares, asociativos e institucionales. No son legión, no es una presencia abrumadora, pero sí denota una firme determinación del gobierno catalán, al que muchos ciudadanos e instituciones secundan de forma activamente militante a favor de ese objetivo “soberanista”.
Claro que entre el “soberanismo” al “independentismo” media una cierta distancia. Piensan algunas mentes ingenuas que lo que la burguesía catalana y el president Mas quieren no es la independencia, sino un status fiscal como el de Euskadi o Navarra, en el que todo lo que Catalunya recaude se quede en Catalunya, excepto un minúsculo resto (¿pactado?) de “solidaridad” con el resto de las comunidades autónomas más atrasadas económicamente. Y que con ese fin están esgrimiendo el arma de la amenaza separatista. Pero que a la hora de la verdad, todo se podrá reconducir y negociar para evitar la secesión de Catalunya respecto del Estado español. Yo pienso que no es así. Que un cierto sector de la burguesía catalana ha decidido intelectualmente que Catalunya saldrá mejor de la crisis económica fuera que dentro del Estado español, y están propiciando seriamente las condiciones para salirse lo antes posible para que no les pille el toro de la década y media perdida que ya se anuncia como inevitable para el conjunto de España.
Y ese sector de la sociedad catalana está propagando su fe soberanista en el pueblo catalán a un buen ritmo. De forma que si hoy no son mayoría los que al fin de cuentas estarían por la independencia, al final del proceso de propaganda, dialéctica de acción-reacción entre el patriotismo catalanista y el patriotismo españolista, sí se podrá generar una mayoría suficiente para que en un eventual referéndum secesionista ganase el sí.
Stalin escribió en 1913 “El marxismo y la cuestión nacional”. Me sabe hasta mal tener que recomendar la lectura de este librito. Yo, que en toda mi vida he sido un antistalinista convencido. Pero lo cortés no quita lo valiente. Stalin, don José, hace un análisis fino de cómo la internalización en la mayría de la gente (“las masas” en el lenguaje bolchevique) de la idea nacionalista es una alienación promovida por la burguesía para entretener a los trabajadores y al pueblo en unos intereses que no son los suyos. “La ola del nacionalismo belicoso levantada desde arriba y las numerosas represiones desencadenadas por los ‘investidos de Poder’ para vengarse de la periferia por su ‘amor a la libertad’, provocaron, como reacción, una ola de nacionalismo desde abajo, que a veces llegaba a ser franco chauvinismo” (…) “En este momento difícil, incumbía a la socialdemocracia una alta misión: hacer frente al nacionalismo, proteger a las masas contra la ‘epidemia’ general. Pues la socialdemocracia, y solamente ella, podía hacerlo contraponiendo al nacionalismo el arma probada del internacionalismo, la unidad y la indivisibilidad de la lucha de clases. Y cuanto más fuerte fuese la oleada de nacionalismo, más potente debía resonar, la voz de la socialdemocracia en pro de la fraternidad y de la unidad de los proletarios de todas las nacionalidades de Rusia. En estas circunstancias, se requería una firmeza especial por parte de los socialdemócratas de las regiones periféricas, que chocaban directamente con el movimiento nacionalista. Pero no todos los socialdemócratas, y en primer lugar los de las regiones periféricas, acreditaron estar a la altura de su misión.”
Más allá de esta vieja y siempre actual polémica, lo cierto es que el soberanismo e independentismo están sirviendo hoy, cien años después (1913-2013), a la burguesía catalana y española para desviar la atención del personal sobre el principal problema que tiene hoy la clase obrera en particular y la ciudadanía, tanto catalana, como vasca, gallega, andaluza, española y europea en general: que las políticas de ajuste están siendo utilizadas por las oligarquías político-financieras que dominan el mundo, la UE y España para promover una nueva etapa de acumulación capitalista mediante la reiterada estrategia de reducir los costes salariales, directos (nóminas, volumen de empleo) como indirectos (impuestos, Estado del Bienestar). Es la vieja estrategia de las clases dominantes: divide y vencerás, desviando al sujeto transformador de su objetivo principal, que es la emancipación, la libertad de verdad y no formal, la democracia empezando por la democracia económica.
Más que llovido, diluviado. Desde Stalin y su librito ha diluviado. Y lo que entonces Stalin teorizó lo contradijo su práctica política, pues frente a los nacionalismos parciales, el sovietismo staliniano creó el nacionalismo de una URSS, madre patria de todas las repúblicas socialistas soviéticas, urgido por la necesidad de aplicar la doctrina del “socialismo en un solo país”, frente a la interpretación del marxismo de Trostky. Se trataba de practicar un internacionalismo sui géneris, mezclado con los diferentes patriotismos nacionales de los estados liberados del nazismo y el fascismo.
Y corolario de esta doctrina surgieron los nacionalismos de izquierdas del que se nutrieron los partidos africanos y asiáticos que lucharon en los años 50, 60 y 70 por su independencia frente al colonialismo europeo.
En la España republicana y antifranquista, los partidos obreros (PSOE y sobre todo PCE), desde una visión nítidamente federal surgida del principio de unidad de la clase obrera compatible con el de respeto a la diversidad plurinacional del Estado español, se entendieron bien las luchas por las libertades identitarias que llevaban determinados pueblos dentro del Estado, especialmente el vasco, el catalán y el gallego. Los padres de la Constitución de la transición (1978) pactaron una fórmula que se quedó a medias en el reconocimiento de la federalidad del Estado: la estructuración del Estado en base a la constitución de las comunidades autónomas. Pero la prioridad de entonces era salir de la dictadura y estabilizar el sistema democrático.
Excepto el status fiscal de las comunidades vasca y navarra, el resto de las comunidades participaron de un mismo nivel de autogobierno, en función de la asunción por parte de las CC.AA. de las diversas competencias que no eran exclusivas del Estado. Fue Andalucía quien rompió el inicial esquema de dar la autonomía de primera a los tres “nacionalismos históricos”, conquistando el 28-F el acceso al autogobierno por la vía del artículo 151 de la C.E. Los nacionalismos vasco, catalán y gallego, sin dejar de lado la base reivindicativa fundamental de todo nacionalismo (el ejercicio de la autodeterminación para que el pueblo se pronuncie en torno a su propuesta de constitución de un Estado propio, segregado del español), sin embargo aceptaron el status del “café para todos” y no lo han cuestionado hasta bien entrado el siglo XXI. La posición de las burguesías vasca y catalana (la gallega siempre ha optado por el centralismo españolista, en términos generales, dando la mayoría institucional a la derecha jacobina del PP) ha sido la de trabajar cómodamente colaborando con los gobiernos centrales gobernados durante 34 años por los partidos mayoritarios del sistema, PSOE y PP. Eso sí, a cambio de ampliar las condiciones financieras del desarrollo de sus propias comunidades. Integración a cambio de inversiones, podríamos decir.
¿Y las izquierdas durante estos años? ¿Y en el más que próximo futuro?
La izquierda vasca ha cambiado el mapa de su representación institucional en función de la evolución dialéctica que se ha desarrollado en torno a la lucha armada protagonizada por ETA: en la medida en que los partidos democráticos se decantaban por proscribir del juego democrático e institucional a los partidos satélites de la organización terrorista, el espacio de la izquierda era ocupado por el PSE y la IU vasca (Ezker Batua), siempre en la proporción del reparto del espacio político de la izquierda de ámbito estatal (mayoritario para el PSOE, minoritario para IU, pero dependiendo de la fluctuación del voto socialista en función del eco que su ejercicio de los sucesivos gobiernos socialistas tuvieran en el electorado). IU en Euskadi siempre ha tenido dos almas: una más proclive a primar la centralidad del problema identitario vasco, y otra a privilegiar la centralidad del conflicto Capital-Trabajo. De ahí que la deriva tanto del EPK (la primera escisión del PCE vasco surge desde el “nacionalismo de izquierdas” de Lertxundi a finales de los 70) como de Ezker Batua haya sido ascendente (llegndo a gobernar con el PNV n flagrante contradicción con una parte de su base electoral) hasta hace cuatro elecciones vascas en que empieza a declinar el voto de Ezker Batua, dando lugar a un fraccionamiento cada vez mayor de la organización, que ha desembocado en la salida de las instituciones de vascas. Desde IU no se puede decir sin autocrítica que la presencia de Bildu se haya tragado los votos de Ezker Batua (como los del PSE), pues la crisis de la IU vasca era previa a la irrupción de Bildu.
Respecto a la evolución de la izquierda catalana, estructuralmente es la misma que la de Euskadi, aunque la gran diferencia entre una y otra es la fortaleza que la izquierda catalana ha tenido y mantenido durante todos estos años. El PSUC se fractura como el PCE entre leninistas y no leninistas, entre prosoviéticos (PCC) y no prosoviéticos. La dirección del PSUC intenta convertir al partido en un club de debate, congelando su actividad típicamente política y desmantelando su organización a favor de la conformación de una ICV-partido, y a su vez una ICV siempre escorada hacia la primacía del problema identitario catalán, se segrega de IU aprovechando el final del anguitismo que tanto ellos mismos como Nueva Izquierda habían ido sembrando durante década y media de desgaste interno, dentro del grupo parlamentario de la VI legislatura (1996-2000). La recomposición del PSUC Viu, así como la dialéctica convergente entre PCC y SPUC Viu creando EUiA, y el posterior acuerdo entre EUiA e ICV, han creado hasta la fecha las bases para mantener casi intacta la base electoral de la izquierda alternativa catalana.
Pero el problema de la dialéctica entre identitarismo (mitad catalanismo, mitad soberanismo) y perspectiva de clase subsiste constituyendo en sí misma una fuente de problemáticas que hasta ahora se han resuelto con sabiduría y equilibrio por parte de los dirigentes. Y además se mezcla con la deriva ecologista que ha emprendido ICV en los últimos tiempos. El resultado es un equilibrio inestable. Sólo el peligro de la pérdida del espacio político ha librado hasta ahora a la izquierda alternativa catalana de perderse en la maraña electoral.
Sin embargo el tirón independentista de Artur Mas va a poner a prueba ese equilibrio dentro de la coalición ICV-EUiA de cara a las elecciones convocadas para el 25 de noviembre. “Calladicos, que estamos más bonicos” parecen haberse dicho los portavoces del referente de IU en Catalunya. No se les ha oído ni piar en este debate. Al menos desde el resto del Estado. Seguro que en Catalunya la cosa es distinta. Sabemos que estamos por la autodeterminación, por el referéndum. Vale. Pero una vez que se dé ese referéndum (si se da), ¿Qué voto vamos a propiciar? O lo que es lo mismo: ¿qué pregunta vamos a proponer? Si la pregunta es independencia sí o no, IU debería estar del lado del no, pues el federalismo que siempre hemos predicado es identidad nacional de las diversas naciones, nacionalidades o regiones de España, sí, pero también unidad estatal en unas determinadas competencias federales a definir. ¿Qué defenderá ICV en ese caso?
Pero antes de que esto se produzca en el 2014 (si se produce, insisto, pues el PP va a esgrimir todas sus armas dialécticas, políticas y… de las otras), la labor de pedagogía política que deben hacer los partidos respecto de sus conciudadanos, ¿cómo la está cubriendo la izquierda? En esta fase previa al referéndum la burguesía representada más que nunca por CiU ha tomado la iniciativa de defensa no sólo del referéndum de autodeterminación, sino de la independencia. Con el contrapeso de la Unió de Durán i Lleida, que no está por la independencia, sino por la confederalidad del Estado español (una especie de propuesta a lo plan Ibarretxe). ERC va al retortero de CiU, pero más en su papel de radicalismo independentista que nunca. El PSC se ha dividido (Maragall ha creado su propia formación de socialistas por la independencia) y deambula entre el seguidismo del recién desempolvado federalismo de Rubalcaba y un federalismo más confederalista (¿de Chacón?). Y ya hemos analizado que la izquierda alternativa ni sabe ni contesta, pues reducirse a repetir machaconamente que sí a la autodeterminación valdría ayer, pero hoy es no responder a la cuestión planteada, dejándole hacer al independentismo de CiU y ERC. Así las cosas, el 25-N se presenta para la izquierda como una auténtica incógnita.
Falta coraje político en los líderes de la izquierda alternativa. El “virgencita, que me quede como estoy” es el preámbulo del estancamiento cuando no de un retroceso histórico. Son tiempos de “mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo”, como decía el poeta Gabriel Celaya. Y de denunciar que el árbol del nacionalismo nos impide a propósito ver el bosque de los recortes de derechos y privatizaciones que el neoliberalismo de derechas (también el de Artur Mas) está levando a cabo con la excusa de la crisis.
¿Y qué dice IU a nivel estatal? El mismo silencio, la misma y manida repetición de la confesión de fe en la autodeterminación y el federalismo. Pero ¿qué federalismo? Ah, eso sí que es un misterio. O algo por precisar.
No todo van a ser retrocesos y estancamientos de la izquierda alternativa en España. En las elecciones del 21-O nos hemos llevado el alegrón de haber entrado en el Parlamento de Galicia con fuerza: de cero a nueve diputados. Mejor dicho, de cinco de IU por 4 de esa escisión del independentismo gallego que ha monopolizado hasta la fecha el BNG. Pero en el caso de la convergencia gallega hay que destacar que el futuro –nunca despejado de incógnitas e incertidumbres, como todo futuro humano- es más claro, pues el voto y la capacidad catalizadora del movimiento social de izquierdas en Galicia siempre ha sido cuasi monopolizado por el BNG. En paralelo a que la hegemonía sindical de Euskadi haya sido ejercida por dos sindicatos nacionalistas (ELA-STV y LAB) la hegemonía sindical en Galicia también la ha ejercido un sindicato nacionalista (CIG); este es un hecho diferencial respecto al caso del nacionalismo catalán, que no se asienta sobre una hegemonía sindical nacionalista, pues en Catalunya son CC.OO. y UGT las que dominan el panorama sindical.
Por tanto, esta escisión del BNG, que pasa a ser cuarta fuerza parlamentaria por debajo de AGE (Anova+IU), se presenta como especie de constitución de un Bildu a la gallega, que promete quedarse con la hegemonía del espacio de la izquierda en Galicia en cuanto el PSOE acabe de desplomarse, produciéndose el “sorpasso”, lo mismo que se ha producido en Euskadi, pero con la diferencia de que esta vez IU está en el eje de esa izquierda con futuro.
Todo ello con un único inconveniente: y es que la fuerza motriz de este triunfo electoral ha sido la personalidad de un viejo líder nacionalista de 76 años, rebotado del BNG. El personalismo y el nacionalismo de Beiras siguen estando ahí. Ojala no se conviertan en el futuro en un obstáculo a la consolidación de una izquierda alternativa.
Este éxito de Galicia constituye un triunfo de la política convergente de IU. Todo empezó hace tres años cuando IU llega a la conclusión de la necesidad de refundar la izquierda para combatir la estrategia neoliberal frente a la crisis, la agresión de los recortes de las prestaciones sociales y los derechos laborales, salariales, sindicales y sociales de los trabajadores, y los retrocesos democráticos de los ciudadanos en general. Yolanda Díaz, coordinadora de la IU gallega (y ahora diputada de AGE) destaca la dureza con que se produjo el debate en el seno de IU entre quienes pensaban que los interesados en la refundación debían sumarse a IU sin más, y los que pensaban que la verdadera convergencia debía crearse superando la propia existencia de IU, y sobre la sólida base de su propia capacidad ideológica y orgánica, ir sin complejos a configurar nuevas plataformas de izquierdas que sean la suma-síntesis de otras preexistentes, como lo es AGE.
De que la experiencia gallega no se malogre dependerá el que esa experiencia sea trasladable a otras comunidades autónomas, e incluso al conjunto del Estado. En el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario ya no es “de IU” sino de la “Izquierda Plural”, pues junto a IU están en él ICV y la Xunta Aragonesista. De forma que la constitución de AGE es el tercer hito de una estrategia de unidad de la izquierda alternativa que acumula las fuerzas dispersas, territorio a territorio, mezcladas con ese bendito nacionalismo de izquierdas no excluyente.
Decía Carlos Martínez (Attac) en un debate que se dio en el IES Padre Suárez de Granada que la política de refundación de IU sólo se podía realizar allí donde IU es débil, como lo demuestran los ejemplos de Aragón y Galicia. En otras comunidades autónomas (hablaba de Andalucía y Madrid, claro está) lo que se les ofrece a las personalidades y grupos de izquierdas que están fuera de IU que están dispuestos a acumular sus “fuerzas” es que se incorporen a IU. La idea es que se sumen “fuerzas”, no “debilidades”, pues hay grupos que no representan más que al portavoz y algún que otro amigo. Y en IULVCA ya está representado el nacionalismo de izquierdas en la CUT de Gordillo.
Pero este cálculo (que yo mismo esgrimí en el debate al que acudí representando a IU de Granada) no cuenta con que la suma es multiplicadora en muchas ocasiones, pues aunque a veces cuantitativamente lo agrupable sea escaso, sin embargo cualitativamente enriquece la composición final, y puede producir ese efecto de salto cualitativo. Y todavía hay mucha izquierda en Andalucía agrupable en un bloque que aspire a superar el 20% de los votos como mínimo, mientras el PSOE-A se debilita definitivamente. No nos vendría mal un estudio de la sociología del voto a IULVCA, por un lado, y de su afiliación o militancia, por otro. Nos llevaríamos la ingrata sorpresa de la escasa participación que existe en la política de izquierdas por parte de profesores universitarios, de técnicos y titulares de profesiones liberales (excepto abogados, que hay algunos, no muchos tampoco), de pequeños y medianos empresarios y autónomos, de trabajadores eventuales o precarios del sector privado, de mujeres, y de jóvenes. Una fuerza política que aspira a gobernar con mayoría, ¿está preparada en estas condiciones? ¿Sólo la ideología y el programa-programa-programa bastan?
La gente de IU debe estar preparada para dar ese salto que se avecina. Y la de IULVCA, también. Un bloque de la Izquierda Plural es hoy más necesario que nunca. Y los posibles aliados de la actual IU, representantes de asociaciones o movimientos sociales, o personalidades destacados de diversos ámbitos del saber, empiezan a estar ya hartos de ser convocados simplemente para rellenar los paneles de oradores en actos de IU, sin que ese concurrencia al llamamiento de la convergencia se traduzca por fin en síntesis orgánica e incluso electoral. Hay que tener la audacia de realizar ofrecimientos y negociarlos, como se ha hecho en Aragón o en Galicia. O tener la honestidad de decir la verdad a la gente: IU sólo está dispuesta a ofrecer la integración en IU, salvo allí donde IU sea extraparlamentaria o casi. También sería legítimo. Sería renunciar a crear el instrumento de izquierdas que necesita nuestro pueblo, pero al menos sería transparente.
Porque la sinceridad con que se realiza la convocatoria social se coge al vuelo, se huele al instante. Y convocatorias sociales de cara a cumplir el expediente, ya no sirven.

PVP121025

Nos recuerda Román Orozco en El País 121011 que “el rescate no es una limosna”, refiriéndose al oxígeno financiero que el gobierno central de Rajoy-Montoro están dando por fin a Andalucía: 1.000 millones de euros por un lado (600 tiene Hacienda que reservarlos celosamente para ir pagando los intereses de la deuda que aún le queda por pagar de aquí a final de año), el respeto al techo de deuda del 15% acordado en el Conejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mayo, que equivale a 2.700 millones de euros que podrá gastarse, y la llegada de otros 2.115 millones, primera parte de los 4.906 pedidos ya oficialmente por la Junta al FLA. Incluso es posible que se haga una revisión de las previsiones presupuestarias para realizar un reparto más equitativo del recorte del déficit para el próximo año, una de las prioridades exigidas por la Junta.

Pero ni los créditos del ICO, ni los fondos para proveedores, ni los adelantos a cuenta de los impuestos recaudados por el Estado, y ni el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) son una concesión graciosa del presidente Rajoy como predica Zoido, ni una bajada de pantalones de Montoro. Es lo que le toca a Andalucía en el reparto de la recaudación del Estado, porque son los andaluces y andaluzas, individuos o corporaciones, quieren lo han tributado antes.

A Andalucía no le ha regala nada nadie, y menos el PP. Precisamente tuvo que ponerse flamenca la consejera Aguayo en el último CPFF de septiembre porque Montoro se había desdicho de lo prometido en mayo, y en el proyecto de los PGE2013 señalaba para Andalucía un techo de endeudamiento casi dos puntos menor que el 15% comprometido en mayo, que equivalía a cerrar 2.000 colegios y no sé cuántos hospitales en Andalucía, según palabras de Griñán. Una barbaridad, que al final Montoro no se ha atrevido a perpetrar.

Y no es malo para Andalucía la realpolitik seguida por Griñán de distender las relaciones con Rajoy para que al final se produjera este escenario de entendimiento financiero. Al contrario, es bueno, porque Andalucía debe comer cada día, pagar a sus proveedores y a ser posible impulsar de nuevo la máquina de hacer riqueza y crear empleo. Y eso sólo se hace con dinero.

Ello no está reñido con las discrepancias que haya que manifestar con el gobierno central en todo lo que signifique la estrategia de la austeridad y sus secuelas de constreñimiento del bienestar de los ciudadanos, y el crecimiento de las desigualdades sociales, en las que ya estamos en cabeza de la UE. Precisamente ahora que hasta la directora del FMI ha descubierto que los nefastos efectos de la austeridad sobre la economía son muchos mayores de lo que se pensaba (no un 0’5% de caída cada punto de recorte del déficit, sino de un 0’9 a un 1’7%), es el momento de discrepar con más autoridad moral que nunca respeto del dogmatismo neoliberal de ajustar hasta ahogar la economía.

Hay un tiempo para el disenso y la movilización, y un tiempo para el acuerdo en lo que al equilibrio financiero se refiere. Porque son dos escenarios distintos. Y eso no debe olvidarlo ni PP y PSOE, por un lado, pero ni IULVCA por otro. ¿O no es IU quien más radicalmente defiende lo público? Pues eso se hace no sólo con soflamas incendiarias desde la eterna oposición, sino con el dar trigo desde el gobierno. Dinero, siempre el maldito y prosaico dinero.

Gordillo en eso es un maestro: le monta la pajarraca al lucero del alba, pero los jueves por la mañana en el Parlamento le pone el cazo a cuanto consejero se le cruce en el camino, con carica de no haber roto un plato. Faceta que quizá desconozcan sus más fervorosos seguidores, -incluido H&M-, pero que es real como la vida misma. Dicho sea no como reproche hacia el líder jornalero, sino justamente como elogio a la cordura de alguien que no confunde la extravagancia con la locura. Porque de loco mi Juan Manuel no tiene un pelo.         

Pero ni siquiera con esos dineros que han sido acordados a última hora entre gobierno central y gobierno autonómico nos salen las cuentas a los defensores de lo público en Andalucía. Porque en esta época de vacas flacas, para mantener el nivel de empleo público que la Junta irracionalmente había acumulado en Andalucía durante tantos años de vacas gordas, haría falta sacrificar parte de los servicios públicos que desde la Junta de Andalucía están esperando los andaluces y andaluzas. Lo de la administración paralela no es un invento de la CSIF, sino una realidad como un piano. Hay que acabar con ella. ¿Cómo? He ahí la cuestión.

Podemos cerrar los ojos y dejar que gobiernen otros (¿quiénes? ¿los que van a arrasar lo público para favorecerle el paso a lo privado en aspectos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, la creación de infraestructuras, etc.? Modestamente, me opongo). Pero lo cierto es que estamos en un momento en que hay que elegir entre diversas prioridades, pues si quieres que la sanidad andaluza siga siendo la mejor de Europa, no puedes dejar de invertir en ella los 9.000 millones de euros que eso vale (incluso con algunos recortes de una cierta austeridad racional incorporados), y por tanto habrá que ahorrar de otro sitio.

¿Dónde priorizar el gasto con una racionalidad de izquierdas? Si hay que elegir entre mantener los servicios públicos esenciales y mantener todo el empleo público existente, habrá que inclinarse por lo primero. A los sindicatos de clase se les hace muy cuesta arriba esta perspectiva, y los sindicatos de funcionarios pueden plantearlo desde una odiosa perspectiva elitista, que repugna a los valores igualitarios de la izquierda, pero la política de izquierdas tiene que ejercerse para las maduras y también para las duras. (Aunque es verdad que a IULVCA siempre le toque estar a las duras… ¡maldita sea nuestra suerte!). La síntesis que hay que hacer en este aspecto es un equilibrio con varios principios rectores: no hay que prejuzgar que haya que reducir empleo público; pero tampoco hay que ponerse como meta la preservación por encima de todo del empleo público, sacrificando la objetividad a la hora de evaluar la denunciada situación de ineficiencia que se detecta en algunos organismos de la Administración Pública andaluza.

 Hay que tener el valor de afrontar el problema creado por el PSOE-A a lo largo de 30 años de prácticas clientelistas en la Junta de Andalucía y rematado hace dos años con esa nefasta fuga hacia adelante que fue la ley de reordenación del sector público. Si antes no se hizo por convicción, ahora toca hacerlo por necesidad. Si antes con una reforma hubiera bastado, ahora lo que se requiere es una auténtica revolución administrativa en la Junta de Andalucía. 

El gobierno de la Junta ya está emprendiendo esta vía, pero a la chita callando, sin rectificar explícitamente. Por eso se afirma que la disolución de 95 Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local que afectan a varias administraciones es la “culminación” de esa reordenación. Pero ni eso entraba en la reordenación (los sindicatos de clase CC.OO. y UGT estarán de acuerdo conmigo en que lo que se pretendía con esa ley era preservar todo el empleo público, incluido el de las UTEDLTs, los Alpes, etc.), ni con esa liquidación de empleo público se culmina el proceso, pues la revolución que hace falta en la Administración Pública andaluza se puede satisfacer con un parche más como éste.

Desde una IU LV-CA que forma parte del gobierno de la Junta de Andalucía, caben tres perspectivas para abordar el problema de la Función Pública: 

 A) Abordar con realismo y perspectivas de futuro duradero, realizando una auténtica revolución administrativa en la Junta de Andalucía. Se podrá hacer por fases, distanciando en el tiempo los pasos a dar, pero al menos hay que disponer de una hoja de ruta diseñada previamente. En este sentido, cabría establecer un guión con los siguientes pasos (lógicos, pero necesariamente cronológicos):

1º) Fijar un modelo de Función Pública que no conlleve contradicciones ni mixtificaciones. Regular el nuevo modelo revisando la LAJA y la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público, sin que por ello se paralice la puesta en marcha de los siguientes puntos, cuya realización urge en las actuales circunstancias (sobre todo de cara a cuadrar las cifras del PGE2013). Además habría que elaborar un Estatuto del Empleado Público de Andalucía, que aplique a Andalucía el estatal.

En dicha revisión normativa debería marcarse varios objetivos:

–        La ordenación de los distintos organismos, en función del nuevo organigrama de consejerías de la Junta y de la novedosa estructura de las Administraciones Territoriales o periféricas de la misma.

 

–        La implantación de una nueva forma de organización del trabajo administrativo, simplificando de los trámites administrativos, con especial énfasis en la agilización de la creación de empresas, del fomento y apoyo a los emprendedores, de la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

 

–        El diseño de unas nuevas y más saneadas relaciones laborales y, a ser posible, sindicales en la Administración de la Junta de Andalucía

2º) Crear un mapa de organismos y competencias asignadas a cada uno de ellos. Quizás ya esté elaborado, pero seguro que es conocido por muy pocos, en el seno de la dirección general de la Función Pública de la Junta. Hay que conocerlo a fondo para realizar las propuestas concretas que a continuación se expresan.

3º) Establecer el orden de las prioridades de cara a la cobertura adecuada de las correspondientes competencias, o bien a la supresión, reducción o subrogación de las competencias en cada uno de los distintos organismos.

4º) Revisar las delegaciones o encomiendas de las competencias residuales o específicas a las agencias, empresas públicas o fundaciones, así como el presupuesto adecuado para su ejecución. El objetivo de los pasos 3º) y 4º) es evitar duplicidades y reasignar tareas a los funcionarios y laborales que se están rascando las narices día a día porque sus funciones han sido expoliados de los organismos originarios para ser asignadas a las agencias, empresas públicas o fundaciones.

5º) Determinar las modificaciones de las RPTs globales de cada organismo y del conjunto de la Administración, en función del reparto de competencias y de las disponibilidades presupuestarias.

6º) Negociar con los sindicatos el mecanismo de adecuación de cada uno de los organismos a las nuevas disponibilidades establecidos por la reforma. En el caso de no llegar a acuerdos, e incluso para llegar a los oportunos acuerdos, concretar previamente los términos de la revolución administrativa que el gobierno quiere impulsar.

Para ejemplificar lo que quiero decir con esto, pongamos el ejemplo de las competencias en materia de Servicios Sociales y Dependencia, ahora integradas en la Consejería de Salud y Bienestar Social, según nos propuso en su día un experto de la misma. Los pasos descritos como 2º), 3º) y 4º) se realizarían en función del siguiente esquema:

Reforma de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia

Introducción.- Partimos de la base de que las Agencias deben hacer aquello que no pueden hacer las Consejerías con sus Delegaciones. En este caso serían muy pocas cosas las que no podrían hacer las Consejerías y las Delegaciones. Por lo que sería necesario adelgazar la Agencia de manera ostensible. Paso a paso y creando los menores daños posibles. Es decir, retornando a la Consejería y a las Delegaciones competencia a competencia y convocando ofertas de empleo público simultáneas para funcionarios de modo que se cubran las plazas necesarias para gestionar dichas competencias. Necesariamente habría que prescindir de efectivos. Hoy por hoy sobran personas en la Agencia. Desgraciadamente es así, pero es así. No hay otro remedio. Ahora mismo están hipertrofiadas de personal y pueden estar poniendo en peligro el pago de las propias prestaciones.

Lo primero que habría que hacer es modificar la denominación, por ejemplo: De Servicios Sociales Complementarios o algo así.

La idea general sería dejar en la Agencia algunas competencias de la extinta Fundación Andaluza de Servicios Sociales, de la extinta Fundación Andaluza para la atención a las Drogodependencias e Incorporación social y todas las de FAISEM (Fundación que se incorporaría a la Agencia).

En esa dirección, quedaría de la siguiente manera:

A.- COMPETENCIAS QUE PUEDEN CONTINUAR EN LA AGENCIA:

Tramitación de la Tarjeta Andalucia Junta Sesentaycinco y de las prestaciones derivadas de ella.

Gestión del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

Gestión de pagos de los comedores de los Centros de Participación Activa de Mayores.

Todas las competencias que tiene ahora FAISEM.

Otros programas que se le asignasen.

B.- COMPETENCIAS QUE DEBER RETORNAR A LAS DELEGACIONES:

Valoración de la Dependencia

Tramitación de PIAS

Asignación de plazas

Seguimiento de plazas

Traslados

Concertación de plazas de todo tipo de recursos

Pagos de plazas concertadas. Tanto residenciales, como de UED, Fines de semana de UED y Respiro Familiar. Pagos de las prestaciones derivadas de los PIAS.

Gestión del Programa de Atención Jurídica.

Gestión del Programa de las Aulas de la Experiencia o Intergeneracionales Universitarias.

Gestión del Programa de Turismo Social.

C.- ACTUACIONES PARALELAS

– Modificación del procedimiento de gestión de las prestaciones de dependencia en el sentido de evitar el ir y venir de documentos y expedientes desde los servicios sociales comunitarios a las Delegaciones.

– Modificar el sistema de valoración de la dependencia, ubicando a los profesionales necesarios en el Centro de valoración de Discapacidades, dando paso a que los dictámenes médicos se hicieran desde allí, con lo que se agilizaría la tramitación.

B) La segunda forma de abordar el problema de la Función Pública de la Junta de Andalucía es aferrarse a la actual reordenación, cerrando filas con los sindicatos de clase, que parecen haber adoptado esa posición al manifestarse críticamente contra las primeras palabras que ha pronunciado la consejera Aguayo al respecto.

Los sindicatos de clase CC.OO. y UGT se sienten estafados ante la vía emprendida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y con razón. Por la vía de los hechos consumados de las previsiones presupuestarias, Hacienda de la Junta está propiciando un recorte de las tareas y/o del empleo en las empresas públicas y fundaciones dependientes de la Junta. Si se destina menos dinero a ellas, seguro que o se negocia un ERE para echar gente a la calle, o se negocia un recorte del horario laboral para reducir jornada y salario. Pero dudo mucho que por esa vía de los hechos consumados se tenga previsto por parte del gobierno andaluz qué va a pasar con las tareas asignadas a esos organismos, cuál va a ser el mecanismo de reasignación de competencia y funciones entre ellos y las administraciones de las que dependen, y cómo van a quedar los empleados públicos finalmente. Aguayo se ha limitado a prever que esas empresas públicas “irán teniendo una adecuación a nuevas funcionalidades o a un nuevo abanico de funciones que cada empresa tendrá que dilucidar. Estableceremos en el escenario presupuestario el marco financiero de las instituciones y será cada una de ellas las que tendrá que plantear las medidas adecuadas”

C) Una tercera forma de abordar el problema es no abordarlo desde IULV-CA, y dejar hacer a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Al fin y al cabo no es una competencia directa de IU LV-CA…

            Desde el punto de vista financiero, sabemos dos cosas: 1. Que la tasa de reposición impuesta por el gobierno central obliga a no pasarse del 10%, y que en Andalucía se ha repuesto una tasa del 8’2%; 2. Que el Presupuesto de la Junta de Andalucía 2013 (PJA2013) será restrictivo, pues el déficit no podrá pasarse del 0’7% (pese a que el gobierno andaluz ha protestado por el injusto reparto entre el gobierno central cuyo techo será el 3’8%, y las CC.AA. el 0’7%). Luego el gobierno andaluz (IU LV-CA incluida) tiene que prever cómo se hace ese ajuste (del 1’5% del 2012 al 0’7% en 2013).

Lo demás es política ficción. La falta de dinero nos impele a realizar esta revolución administrativa que proponemos (perspectiva A), pues no consideramos de recibo hacerlo por esa vía emprendida de los hechos consumados (perspectiva C), a la que nos tememos que le falta una adecuada hoja de ruta como la que planteamos. Tampoco creo razonable aferrarse al actual estado de cosas (perspectiva B) Y a lo que los sindicatos pueden aspirar es a la transparencia y participación que toda política de izquierdas requiere. Eso  es lo que IULVCA debe garantizar. No el resultado final ni la renuncia a una reforma (revolución la he llamado) tan necesaria.

Pero no debemos hacerlo sólo porque nos obligue la escasez financiera. Hay sólidas razones sustantivas para abordar esa revolución administrativa. Y son todas las que acabamos de desgranar en las líneas anteriores como objetivos de la misma. Las actuaciones que se realizan no por convicción sino forzados por las circunstancias suelen salir mal.

Otra cosa es cómo se haga. Varios requisitos:

a)     Que el gobirno andaluz tenga las cosas claras desde el principio, y por tanto que se hayan negociado ciertas líneas rojas entre PSOE-A e IU LV-CA.

b)     Indispensable me parece negociar con los sindicatos representativos del sector, con transparencia, con todos los datos sobre la mesa.

c)     Que también se de participación a las asociaciones de consumidores y demás plataformas que representen a los usuarios de los servicios públicos, pues no es lo mismo la visión que tengan los sindicatos (defenderán a priori todo el empleo público, como es natural) que la que tienen los consumidores (defenderán la calidad y permanencia del carácter público de los servicios esenciales, lógicamente). 

Debemos estar convencidos de la necesidad de emprender esta tarea, y ponerse manos a la obra. Sin prisas. Pero sin pausa…

 

PVP121014

Unos presupuestos pata arruinarnos

Publicado: 10 octubre 2012 en Uncategorized

IU Federal inicia su análisis de estos Presupuestos Generales del Estado 2013 (PGE2013 en adelante) con la siguiente frase: Los PGE de 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de las condiciones impuestas por la “troika” (Comisión Europea, FMI, BCE) de acuerdo con el Memorandum de Intenciones firmado por el Gobierno español, cuyos contenidos esenciales están en el Plan Presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014 y que desarrolla la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución, acordada por el PSOE y el PP que establece un techo de gasto rígido y la prioridad de la deuda sobre los gastos sociales. Estamos ante unos Presupuestos que atentan contra la soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica del país. Estamos ante unos Presupuestos que reinciden en el fracaso político.” De acuerdo. Pero sigamos el hilo de nuestro propio argumentario.

Las cifras cantan

En los PGE2013 se prevén unos ingresos de 271.466’46 millones de euros (un -1’8% si se compara con 2012), de los cuales no financieros serán 266.114,58 (+0’9%), y financieros 5.351,88 (-57’4%). De entre los ingresos no financieros 192.500’35 son de impuestos directos y cotizaciones sociales (+4’5%), aunque sólo de cotizaciones sociales se ingresarán 128.856,25 millones de euros (-1’2%), mientras que 63.644’1 millones provendrán de impuestos directos; 39.594’20 de impuestos indirectos (+87’7%) como consecuencia sobre todo del bocado que se da a los consumidores en base a las brutales subidas del IVA; 7.691’89 de tasas y otros ingresos (-11’8%); de transferencias corrientes 15.560’30 (-59’6%); 8.696’05 de ingresos patrimoniales (-1’5%), 225’99 de enajenación de inversiones reales (-21’5%); y 1.845’79 de transferencias de capital (-12%).

Un elemento novedoso es que hasta los ingresos por Lotería se van a gravar con un impuesto.En época de crisis, la renta de las familias cae y por eso el gobierno espera que dedique más dinero a jugar en la lotería. La sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) ingresará en 2013 un 23% más, hasta los 11.565,2 millones.

Según los PGE2013, Tráfico recaudará mediante tasas, recargos y multas un total de 842,47 millones de euros (un 1’3% menos que en 2012), un 57% del total de ingresos previstos por los organismos autónomos en ese mismo concepto, que ascienden a 1.478,86 millones de euros. En general, las tasas subirán un 1%, “excepto las tasas que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas en el año 2012”. El juego será la excepción a la subida: es el tributo que hay que pagar para que se construya Eurovegas.

Sabemos que el gasto global de los PGE2013 será de 382.048 millones de euros, un 5’5% más que en 2012. Pero este crecimiento es engañoso, pues las únicas partidas que crecen son las pensiones (128.236 millones, un 40’1% del gasto consolidado, de los que el 95% se va a pagar pensiones, y crece un 5’2%) y los intereses de la deuda (38.660 millones, un 33’7% más que en 2012, unos 9.742 millones más). El gasto no financiero se eleva a 305.532,53 (+2’2%), mientras que las operaciones financieras suman los 76.516,29 millones (+21’2%). El gasto del Estado será de 143.438 millones de euros (44’9% del total del gasto consolidado), los organismos y entes públicos gastarán 45.363 millones (14’2% del total del gasto), y las agencias estatales 2.556 millones (0’8%). Todos los ministerios juntos se gastarán 39.722 millones de euros, más o menos lo que los intereses de la deuda.

Respecto al reparto del gasto por capítulos, la distribución es la siguiente: Cap.I Personal, 33.289’84 millones (+0’4%); Cap.II Gasto corriente, 7.180,64 (-5’8%); Cap.III Gastos financieros, 38.660’23 (+33’7%); Cap.IV Transferencias corrientes, 213.271’27 (-0’4%); Cap.V Fondo de contingencia y otros imprevistos se prevé de 2.565,84 (8’4%); Cap.VI Inversiones reales, 5.252,19 (-15%); Cap.VII Transferencias de capital, 5.312,52 (-19’7%); Cap.VIII Activos financieros 13.928,07 (+8’2%); Cap.IX Pasivos financieros  62.588,22 (+24’5%).

La distribución funcional del gasto es la siguiente:

Políticas

Importe

%   s/2012

Justicia

1.542,85

-4,3

Defensa

5.786,01

-7,7

Seguridad Ciudadana e Instituciones   Penitenciarias

7.903,48

-5,4

Política exterior

1.492,27

-11,2

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

16.724,61

6,7

Pensiones

121.556,51

+4,9

Otras prestaciones económicas

11.880,26

-1,1

Servicios sociales y promoción social

2.848,49

+34,4

Prestaciones por desempleo

3.771,51

-34,6

Desempleo

26.993,70

-6,3

Acceso a la vivienda y fomento de la   edificación

765,88

-6,6

Gestión y Administración de la Seguridad   Social

4.436,30

+52,9

(1) ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y   PROMOCIÓN SOCIAL

172.252,64

+2,4

Sanidad

3.852,27

-3,1

Educación

1.944,73

-14,4

Cultura

721,71

-19,6

(2) PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE   CARÁCTER PREFERENTE

6.518,72

-8,8

GASTO SOCIAL (1) + (2)

178.771,36

+1.9

Agricultura, pesca y alimentación

7.661,87

-9,4

Industria y energía

1.653,53

-12,8

Comercio, turismo y PYME

889,56

-18,8

Subvenciones al transporte

1.178,23

-27,1

Infraestructuras

5.966,62

-13,5

Investigación. Desarrollo e Innovación   Civil

5.562,85

0,0

Investigación. Desarrollo e Innovación   Militar

363,38

-52,0

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

901,30

+27,0

Alta dirección

6.814,65

-6,0

Servicios   de carácter general

6.814,65

+4,1

Administración financiera y tributaria

5.501,59

-4,4

Transferencias   a otras Administraciones Públicas

48.285,87

-2,8

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

61.197,74

-2,3

TOTAL   CAPÍTULOS I A VIII Excluidos Política de Deuda Pública

280.871,05

-0,7

Deuda Pública

38.589,55

+33.8

TOTAL CAPÍTULOS I A VIII

319.460,60

+2,5

Montoro prevé que los ingresos por impuestos suban en total un 3’8%, hasta los 174.099 millones, una cifra aún por debajo de lo recaudado antes de la crisis. Las subidas de impuestos de 2011 y 2012 se hacen notar en los PGE2013, pues van a  suponer 7.221 millones de euros más. Y si los presupuestos se desvían a lo largo de 2013, el gobierno prevé echar mano de la tasa de operaciones bursátiles (una especie de Tasa Tobin), o de los impuestos medioambientales que anunció Rajoy, y que finalmente no aparecen consignados en estos presupuestos. Hasta el mismo Montoro prevé que no se van a cumplir las aspiraciones recaudatorias previstas en los PGE2013. Por algo será… (porque en el fondo saben que con esta política restrictiva de la liquidez de ciudadanos, hogares y pymes, es imposible que suba la capacidad de consumir y de invertir; la dinámica de circulación del dinero se retrae, el flujo de dinero desde los bolsillos privados hacia el erario público, también). 

Fiscalidad reaccionaria que hará más pobres a los de abajo

Nada bueno ni audaz. Los ricos siguen sin tener que preocuparse de Hacienda: ni tasa Tobin, ni impuesto de patrimonio, ni impuesto sobre las grandes fortunas, ni tocar las sicav, ni lucha contra el fraude…

Y los pobres tienen que echarse a temblar, pues Hacienda va a rascarnos todavía más el bolsillo. El IRPF de los trabajadores y de las clases medias sigue siendo el tributo que más dinero deja a las arcas del Estado, pues aporta un 43% del total, 74.215 millones, un 1,15% más que en 2012. Y para colmo el IVA es el que más crece (64.657 millones, un 14,6% más) por el subidón experimentado en septiembre.

¿Y los empresarios? El impuesto de sociedades se ha visto afectado por importantes cambios normativos, y supone un 11% sobre el total, aunque los 19.011 millones que el gobierno espera recaudar con él es un 2,8% menos que el año anterior. Caída que se debe a la anticipación de pagos habilitada para este año por el gobierno. Cosa que Hacienda piensa evitar limitando en 2013 la libertad de amortización para las grandes empresas.

 

Las previsiones son incumplibles. Tanto sacrificio para más sacrificio mañana…

 

Desgraciadamente estos PGE203 no tienen más norte que la reducción del déficit público, el cumplimiento del pacto fiscal. Ciegos por el fanatismo neoliberal, no se dan cuenta de que constriñendo las partidas de promoción pública de la actividad productiva, de creación de empleo, las previsiones de ingresos no se cumplirán. Ni se cumplirá el -0’5% de caída el PIB (que será más), ni la tasa de paro del 24’3% (que podrá llegar al 26%), ni los ingresos no financieros, pues se contraerá la capacidad fiscal de los contribuyentes, trabajadores, profesionales y empresarios, sobre todo medianos y pequeños. El gobierno ha renunciado a la función anticíclica que deben cubrir las partidas presupuestarias, compensando la caída de la actividad privada en tiempos de crisis. La demanda interna se precipita al vacío, y no hay paracaídas que la contenga, ni red que amortigüe el golpe. Este PGE2013 recorta todas las partidas del gasto público. Así que lejos de contribuir a salir de la crisis, nos hunde más en ella, aumenta el volumen y la duración de la recesión. Lo mismo hay que decir con el desempleo, pues crece la destrucción de empleo gracias a la reforma laboral y al desmadre empresarial provocado por la desregulación y desmantelamiento de los sindicatos que está llevando este gobierno de fachas.

Por este camino ni siquiera se conseguirá reducir el déficit público hasta el límite comprometido con la UE; según voces que llegan del Eurogrupo, es “muy difícil, aunque no imposible” que España logre su objetivo de reducir este año el déficit al 6,3% del PIB, y al 4,5% el próximo; y consideran que es más posible que el agujero en el presupuesto se dispare en 2013 hasta el 7,5% o así. Y eso sin contar las ayudas a la banca: por efecto de esas pérdidas potenciales de las inyecciones en la banca, el déficit público de 2011, equivalente al 8,96% del PIB, pasa a ser del 9,44% (5.104 millones más). En consecuencia se piensa que 2012 cerrará con un déficit del 7,4%, y no del 6,3% como estaba previsto, al computar el deterioro contable de préstamos y participaciones en el sector bancario (11.556 millones más).

Pero si el objetivo del déficit no se cumple, el de reducir o contener la deuda pública, menos, pues ya se prevé que llegará al 90’5% en 2013, cuando antes de la crisis estaba en el 35%. Este incremento de la deuda hará crecer también los gastos financieros, y así se prevé en los PGE2013 que lleguen a 9.742 millones, un 33,7% más, hasta alcanzar los 38.660 millones, el mayor nivel en los últimos 17 años. El coste de la deuda pública se convierte así en la segunda partida de las cuentas públicas, por detrás de las pensiones, y el pago de sus intereses se sitúa en un volumen que casi iguala al gasto de todos los ministerios juntos (39.722 millones).

 El rescate de la banca solicitado al Eurogrupo se dejará notar en la deuda pública. Hacienda incluye 30.000 millones del crédito de Bruselas al FROB, que será sin duda inyectado en la banca nacionalizada a finales de año, al menos en mayor cuantía que en el resto de los bancos. Y además hay que sumar en el capítulo de ayudas a la banca la consignación de hasta 65.000 millones para avalar, con la garantía del Estado, las emisiones de deuda del futuro banco malo.

Y por tanto los inversores se echan a temblar al vernos caer en picado, lo mismo que le está pasando a Grecia y Portugal. Pero la caída de España va a ser más estrepitosa. Y detrás de ella pueden caer Italia y Francia. Mientras Oli Rehn felicita a Rajoy por su “valentía” al presentar estos PGE013, todavía le insta a que meta mano a las pensiones para hacerlas “sostenibles”. Y le azuza para que se decida a pedir el rescate, que será el final de la escasa soberanía fiscal que aún le queda a este gobierno de miopes.

Presupuestos antisociales, para más pobreza, más paro y más recesión

El Gobierno miente descaradamente cuando interpreta que el 63,6% del gasto de los presupuestos es gasto social. Todo lo contrario: estos PGE2013 son profundamente antisociales. El Gobierno había anunciado que solo subían las pensiones, los fondos para el pago de intereses de la deuda y las becas. Pero la subida de las becas no se ve por ninguna parte en los PGE2013. Los fondos para pensiones suben un 4’9%, aunque en dicha partida va a pesar mucho la nueva estructura de reparto en lo que son pensiones propiamente dichas y lo que son otras prestaciones que debe pagar Hacienda y no la Seguridad Social. Y los intereses de la deuda suben un 33’8%.  

Mientras, los ministerios pierden de media el 8,9% de los fondos. Aunque algunos ministerios pierden más que otros. Véase la distribución orgánica del gasto:

Institución u Organismo

Partida

% s/2012

Casa del   Rey

7’93

-4,0

Cortes   Generales

201,40

-2,5

Tribunal   de Cuentas

61,33

-1,3

Tribunal   Constitucional

24,28

-4,9

Consejo   de Estado

9,89

-2,0

Deuda   Pública

38.589,55

+33,8

Clases   Pasivas

12.150,00

+7,7

Consejo   General del Poder Judicial

62,78

-12,0

M.Asuntos   Exteriores y de Cooperación

1.343,22

-10,0

M.   Justicia

1.507,78

-4,2

M.   Defensa

5.937,00

-6,0

M.Hacienda   y Administraciones Públicas

2.424,60

-9,5

M.Interior

7.214,19

-6,3

M.Fomento

6.488,70

-11,0

M.Educación,   Cultura y Deporte

2.561,18

-17,2

M.Empleo   y Seguridad Social

23.798,39

+13,7

M.Industria, Energía y Turismo

2.952,57

-21,3

M.Agricultura,   Alimentación y Medio Ambiente

1.680,15

-25,4

M.Presidencia

434,47

+0,6

M.Sanidad,   Servicios Sociales e Igualdad

2.970,21

+28,6

M.   Eonomía y Competitividad

6.301,11

+4,0

Gastos
  de Diversos Ministerios

1.976,02

-9,8

Relaciones   financieras de entes territoriales

656,01

-34,6

Fondo   de Compensación Interterritorial

671,58

0,0

Relaciones   financieras con la UE

11.900,60

+1,1

Fondo   de Contingencia

2.535,84

+9,2

Financiación   de entes territoriales

35.314,23

-3,2

 

            ¿Cuáles van a ser los efectos más letales de estos nefastos PGE013?

1. La Sanidad es la partida que más hachazo presupuestario sufre: el gasto ministerial baja un 22’6% sobre lo presupuestado en 2012, en el que todas las comunidades autónomas han recortado 13.000 millones en Sanidad y Educación. El gobierno presenta las cuentas de forma engañosa, pues dice que partida cuenta con un incremento del 28,6%; pero en esta cifra se incluyen las aportaciones a la Seguridad Social y las obligaciones de ejercicios anteriores; si excluimos esas cifras, lo que queda realmente para la sanidad es un 22’6% menos.

2. El ministerio de Educación, Cultura y Deporte baja un 17’2%. La cultura se reduce un 19’6% (reducción del 22,9% en museos, del 22,6% en Cinematografía, del 23,7% en música y danza, del 22,2% en bibliotecas, del 22,5% en archivos y del 16’2% en teatro). Dentro de la educación donde más se recorta es en los programas de educación compensatoria para alumnos con problemas, que pierde 116,5 millones (68%) hasta quedarse en 53 millones. Llueve sobre mojado, pues el gobierno ha reducido elgasto educativo en un 31% entre el recorte de 2012 (de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.219 en 2012) y el de 2013 (de 2.219 en 2012 a 1.944 en 2013) casi en un tercio en los dos últimos años (31%), pasando de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.219 en 2012 y a 1.944 en 2013.

3. Se congela el salario mínimo. El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), la referencia para calcular las prestaciones y ayudas sociales, se fija para 2013 en 6.390,13 euros anuales (532,51 mensuales), la misma cantidad que el año anterior.

4.Habrá menos fondos para el desempleo. El gobierno presupuesta un 6’3% menos que en 2012(en total 26.993,7 millones, de los que 26.696 corresponden al pago de prestaciones y subsidios), justo después de un ejercicio como el 2012 en que en un año en que el paro ha crecido casi tanto como el 2009, que fue el cénit de su crecimiento, llegando al 24’3%, mientras que la OCDE anticipa el paro en el 25,3 de la población activa y la Comisión Europea, el 25,1%; los parados de larga de duración (más de 1 año) son ya el 52,3% del total (4,5% más que un año antes), mientras que las previsiones oficiales y oficiosas, anticipan su crecimiento; y el paro juvenil  entre los menores de 25 años es ya del 53,5%.

 

En concreto:

Los 450 euros del plan PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual.

– Se van a modificar las condiciones para las prestaciones.

– Se suprime el subsidio especial para mayores de 45 años y el pago del 35% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los desempleados.

– El importe de la disminución en las políticas de empleo es de 5.746 millones de euros.

– Los fondos del FOGASA descienden en un 31,9%.

5. Los pensionistas no van a ver revalorizadas sus pensiones, pese a que todo parece indicar que el IPC habrá subido en noviembre un 3% (en septiembre estaba en el 3’5%). La “paguilla” de revalorización a la que obliga la Ley General de la Seguridad Social en su art.84, equivaldría a un sobreendeudamiento de unos 5.000 millones de euros. Por eso la UE ve con malos ojos la incertidumbre que el gobierno ha creado en torno a esta cuestión. Pero las cifras de los PGE2013 cantan: no hay dinero previsto para ello. Si por motivos electorales el gobierno se decidiera finalmente a realizar la revalorización lo haría con cargo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, esto es, expoliando el patrimonio de los trabajadores, y creando una nueva fuente de incertidumbre para el sistema público de pensiones.

6. No debería pasar desapercibida la poda que las cuentas públicas van a realizar a las ayudas para viudas y los huérfanos:

– Recortes a viudas. El Gobierno aplaza la aplicación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, según la Disposición Adicional Sexagésimo del proyecto de Presupuestos para 2013. Esto frena la mejora de las ayudas a las viudas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, pues la norma obligaba al gobierno a adoptar medidas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga como mínimo al 60% de la base reguladora. La aplicación de este porcentaje, que elevaría la pensión de numerosas viudas, tendría que aplicarse de forma progresiva en un plazo de ocho años a partir de enero de 2012.

– Reducción de las pensiones de orfandad. A partir de 1 de enero de 2013 y con vigencia indefinida, no se efectuarán nuevos reconocimientos de pensiones en favor de huérfanos mayores de 21 años no incapacitados en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora, ni al amparo de la legislación especial de guerra. Además, las pensiones de orfandad de Clases Pasivas —los huérfanos de funcionarios— en favor de mayores de veintiún años reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984 y que se hubieran causado con anterioridad al 3 de agosto de 1984 en el caso del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o con anterioridad a 1 de enero de 1985 en otro caso, siempre que sus perceptores no estuvieran incapacitados para todo tipo de trabajo desde antes de cumplir dicha edad o a la fecha del fallecimiento del causante, serán incompatibles con la percepción de ingresos por trabajo activo que permita la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, así como con cualesquiera otras rentas o ingresos sustitutivos del salario, según la nueva redacción que se da al artículo 58 de la ley de Clases Pasivas del estado. Los afectados por este cambio normativo dispondrán de dos meses para elegir entre la pensión de orfandad o las rentas adicionales. “Transcurrido dicho plazo sin que se haya ejercitado la opción, se entenderá que optan por percibir las rentas o ingresos sustitutivos del salario y se suspenderá el abono de la pensión”.

 

7. La jibarización del Estado se agudiza:

– El Estado seguirá cebándose con los empleados públicos, pues reducirá un 2’2% el número de funcionarios (474.605), mientras mantiene el mismo número de altos cargos (455 en lugar de los 456 del 2012: será que alguno se ha jubilado…). El coste de personal, que representan el 11,7% del total, crece un 1,2%, pese a que se reduce el dinero para nóminas (3,8%), por el aumento del dinero para pagar las pensiones de los trabajadores públicos. La congelación de las retribuciones de los empleados públicos constituye un grave atentado sobre su poder adquisitivo. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. En concreto, las medidas de recortes en la Función Púbica tienen un importe de 3.723 millones de euros.

El Gobierno limita la oferta de empleo público para la carrera judicial y fiscal a un máximo de 50 plazas, según la Disposición Adicional Decimocuarta. En España hay algo menos de 5.000 jueces por lo que las plazas ofertadas serían inferior al 1% del total. El servicio público de la Justicia se resentirá con este recorte.

– Las empresas públicas y fundaciones del sector público estatal no podrán realizar nuevas contrataciones, salvo que se trate de personal funcionario o laboral con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local.

– Los empleados de la Administración pública destinados en el extranjero no tendrán derecho a vuelos gratuitos. El Gobierno suspende la ampliación del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, por el que sufragaban cada dos años a estos trabajadores públicos expatriados un vuelo gratis de ida y vuelta para él y su familia al destino elegido de España con motivo de sus vacaciones.

– Las empresas y demás entidades públicas estatales van a ver reducidos sus resultados económicos en un 69% menos en 2013, pues se prevé que el beneficio obtenido sea de 563 millones de euros, frente a los 1.826,68 millones previstos en los PGE2012.

Hacienda va a ejercer un férreo control sobre las CC.AA., pues las que incumplan el objetivo de estabilidad deberán contar con autorización de Montoro para suscribir convenios que conlleven “transferencia de recursos del sector público estatal”. O sea, que Hacienda podrá paralizar fondos a las comunidades que no cumplan con los objetivos del déficit.

8. Los servicios sociales de los ayuntamientos tendrán un 40% menos para atender a los pobres (de los birriosos 50 millones de antes, a los 30 que prevé los PGE2013).

9. También se resiente la solidaridad con los pueblos más necesitados de ayuda, pues la cooperación al desarrollo baja un 23% (de 683 millones a 523,37 millones). En el ejercicio anterior ya recortó esta partida un 46,7%.

10. Se recortan las posibilidades de relanzamiento de la economía por la vía de la calidad productiva, pese a que la literatura presupuestaria predica su intención de “aumentar el peso de una industria fuerte, potente y competitiva y generadora de empleo en nuestra economía”. Veamos cómo:

– La inversión en infraestructuras sufre un recorte del 15% (hasta los 9.607,9 millones); aunque el recorte es mayor en ferrocarril (26%).

– La partida para Industria y Energía se reduce el 12’8% (1.653 millones), mientras que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se recorta en total un 21’3% (3.752 millones de euros en 2013).

– La I+D+i civil mantiene presupuesto (5.562,78 millones de euros), pero las subvenciones a la ciencia caen. En general baja la parte destinada a subvenciones, transferencias y gastos mientras crece la destinada a préstamos.

11. La familia del Rey va a tener que apretarse el cinturón, pero bastante menos que la mayoría de los españoles, pues su presupuesto sólo se va a ver recortado un 4%, mientras que la media de recorte de los ministerios es del 8’9%.“Solo” tendrán 7,93 millones de euros para vivir. Pobrecitos.

12. La Iglesia recibe el mismo dinero mensual pero más anual. En 2013, el Estado entregará mensualmente a la Iglesia católica 13,2 millones de euros a cuenta de la cantidad que le asigna por el acuerdo de financiación entre el Estado y la Iglesia, la misma cantidad que en 2012. Sin embago la asignación tributaria a la iglesia católica recogida en las previsiones del IRPF aumentan hasta los 249,2 millones, 3,2 millones más que en el actual 2012.

13. También el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene un recorte superior a la media, pues su presupuesto cae un 13’2%. Solo la prevención de incendios se salva de la poda y pasa de 84 millones a 104, un 23% más).

14. La inversión (13.030 millones) cae un 16,1% en 2013 tras el recorte del 24,9% de este año, pero hay comunidades en las que cae más que en otras. En Navarra (-68%) y Baleares (-45%) se pierde más obra pública. En cambio hay alguna comunidad que ingresarán más en inversión: Cantabria (159,5 millones, un 30% más), Murcia (407,5 millones, un 8,7% más) y Comunidad Valenciana (1.587,1 millones, un 0,1% más).Las inversiones estatales en Galicia caerán un 23,27%, mientras que en el País Vasco la reducción será mayor, un 32,8%. En Catalunya cae un 10%.  En el otro fiel de la balanza, Andalucía (1.632 millones de euros), Castilla y León (1.587 millones de euros), Galicia, Cataluña y Comunidad de Madrid (1.078 millones, con una reducción del 14%) son las cinco comunidades que mayor aportación estatal tendrán para construir infraestructuras.

 

Hay que decir que el proyecto de los PGE2013 incumple el mandato de la DAT (Disposición Adicional Tercera) del Estatuto de Andalucía, que obliga al gobierno central a transferir en inversión el equivalente a su peso poblacional (17’8%), pues prevé un reparto de la inversión en el que a Andalucía le corresponde un 15’6% del total. 

 

Presupuestos contra el Estado autonómico

            Para acumular el capital más, con menos dificultades y más urgencia, la oligarquía financiera necesita recentralizar las finanzas. No son motivos “patrióticos” los que mueven al PP a poner en marcha una campaña en la opinión pública contra la configuración del Estado de las Autonomías tal y como fue diseñado por la Constitución Española. De hecho el cuestionamiento de este statu quo viene muy mal a la estabilidad que necesita la economía española de cara a la credibilidad de “los mercados”. Pero no pueden evitarlo, pues su afán recentralizador obedece no sólo a su ideología, sino a la estrategia coyuntural de recortar como sea gastos que el bolsillo de los grandes capitales son superfluos. Gastarse dinero en calidad democrática es para ellos un lujo.

            Pero es que además reducir las transferencias a las CC.AA. implica obligarlas a colaborar en la reducción del Estado del Bienestar en ellas, pues más del 80% del gasto de la inmensa mayoría de las CC.AA. se destinan a la educación, la sanidad, los servicios sociales públicos, la mejora del desempleo, etc. Y eso justamente es el “lastre” que la oligarquía financiera que manda en la troika (FMI, UE, BCE) quiere aligerar (pues no lo puede erradicar del todo), para ir privatizando esos servicios públicos. Detrás de la embestida del gobierno contra las CC.AA. no está una lucha territorial o identitaria, sino una lucha de clases pura y dura.    

            Así, le dan un fuerte bocado a las transferencias a las CC.AA., como se puede apreciar por estos datos:

–        Transferencias corrientes y de capital a las Administraciones Territoriales bajan un -5’8% (de 43.055’86 millones de euros a 40.557’34)

–        Dentro de esto, las Transferencias corrientes y de capital a las CC.AA. bajan un -12% (de 27.740’27 millones de euros a 24.421’51); el sistema de financiación y FFCI bajan un -9’5% (de 22.477’81 a 20.343’25), y Otras transferencias bajan un -22’5% (de 5.262’46 a 4.078’26).

–        Aparte, las Transferencias corrientes y de capital a las CC.LL. suben un 5’4% (de 15.315’59 millones de euro a 16.135’82); el sistema de financiación y FFCI suben un 5’9% (de 14.683’08 a 15.542’56), y Otras transferencias bajan un -6’2% (de 632’51 a 593’96).

–        El Fondo de Suficiencia Global destinado a Andalucía baja un -55’2% (de 1.485’78 millones de euros a 667’39, de un 19’4% a un 14’9% del total).

–        Los FFCI destinados a Andalucía bajan un -13’6% (de 236’87 millones de euros a 204’59, aunque el porcentaje respecto del total sube de un 35’8% a un 36’4%).

 

Estos PGE2013 son expresión de una ofensiva de la oligarquía financiera, en plena guerra de clases

Los grandes perjudicados de estos PGE2013 son los de siempre, las víctimas de la crisis, como se ha podido comprobar en esta breve reseña de los datos presupuestarios. En cambio los bancos van a salir beneficiados de la acción del gobierno, que solicitó a la UE para ellos un rescate de hasta 100.000 millones de euros, de los que finalmente se van a usar unos 56.000 millones de euros, que son los que necesitan según un auditor externo para sanear sus finanzas. Montoro ha admitido que el Estado tiene un déficit de 16.660 millones por las facturas pagadas en el pasado a las entidades. Hasta ahora, el gobierno ha inyectado en Unnim y en Banca Cívica unos 2.000 millones; los 1.375 millones que tiene Caja España, se dan por perdidos si Unicaja cierra la compra de la entidad castellana; en el Banco de Valencia se han evaporado otros 1.000 millones que ya tiene el Banco de Valencia; en Cajasur el Estado perdió los 400 millones que le costó sanearla para que el BBK la comprara; lo mismo pasó con los 5.250 millones de la CAM, comprada por el Sabadell; el FROB, el fondo de rescate, ha perdido 11.000 millones entre 2010 y 2011 por Bankia, Novagalicia Banco y CatalunyaCaxia. En total, 21.000 millones perdidos (justo la misma cantidad que se recauda por impuestos indirectos en España), de los cuales sólo 5.000 millones pertenecían al Fondo de Garantía de Depósitos de la banca. El resto, lo hemos puesto los
ciudadanos pagándolos con nuestros impuestos y con la reducción de nuestro bienestar.

 

Hacen falta otros presupuestos, otra política económica es posible

 

            Hay que rebelarse contra estos PGE2013. Ya lo están haciendo en la calle y en los centros de trabajo y estudio cientos de miles de trabajadores, estudiantes, profesores, sanitarios, empleados públicos, pensionistas, y ciudadanos en general, convocados por los sindicatos y otras organizaciones sociales que no le hacen ascos a la política entendida como participación activa en la cosa pública. La agenda hacia una nueva Huelga General la está imponiendo el gobierno con su tozudez.

           

PVP121009