Archivos para diciembre, 2012

La situación económica de los municipios andaluces es de auténtica asfixia económica. La de los 771 ayuntamientos, no. Pero sí la de 37 de ellos, según ha señalado Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la misma. Por eso el pasado 26 de noviembre solicitó al ministro de Hacienda del gobierno central, Cristóbal Montoro una reunión para tratar del tema de los 37 ayuntamientos, y en especial la de cuatro de ellos: Jerez de la Frontera, Barbate, La Línea y Los Palacios.  Montoro ha consultado con Arenas en su calidad de responsable del PP en materia de Administraciones Territoriales, antes de darle el visto bueno a la reunión solicitada por Valderas. No olvidemos que Arenas ha sido hasta hace poco presidente del PP-A y candidato hasta en cuatro ocasiones (derrotado en todas) a la presidencia de la Junta de Andalucía. La reunión solicitada se ha producido el 27 de diciembre, con la presencia de Montoro y Beteta (secretario de estado de Administraciones Públicas) en representación del gobierno central, y de Valderas y Aguayo (consejera de Hacienda).

            Podría haberle puesto Arenas el tapón a la susodicha reunión, pero su jugada partidista se ha limitado a concederle la primicia de la noticia a la alcaldesa de Jerez. Así, un día antes de producirse la reunión, la alcaldesa de Jerez (de los 4 ayuntamientos andaluces en quiebra, el único gobernado por del PP) ya anunciaba que había llegado a un acuerdo con Montoro (del PP, claro) para desbloquear el 75% de los fondos provenientes de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) que hasta ahora estaban retenidos o bloqueados por el Estado, una de las causas de la asfixia de los ayuntamientos.

            En efecto, Hacienda retiene el 100% del PIE equivalente a la deuda a aquellos ayuntamientos que mantienen deudas con el Estado, bien por no pagar en todo o en parte los tributos a Hacienda (el IVA, por ejemplo) o bien por deberle a la Seguridad Social el importe de las cotizaciones de sus trabajadores. Los ayuntamientos no es que hayan sido hasta la fecha un modelo de moderación en el gasto. Muchos de ellos, han derrochado, obnubilados por los ingresos fáciles obtenidos al dar un sinfín e injustificado número de licencias de obras al albur del boom inmobiliario promovido fundamentalmente por el negocio que con él hacían los bancos y las cajas de ahorros. Si nefasto fue Zapatero como presidente, más nefasto fue Aznar que infló con su famosa ley la burbuja inmobiliaria, que endeudó a las familias, recortó a casi la mitad el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores (pues del 17% que suponía en los 90 el gasto familiar destinado a la compra de la vivienda se pasó al 43% en 2007) y provocó la morosidad inmobiliaria que hoy supone el 60% de la morosidad empresarial total, y que se eleva al 11’2% en el conjunto del negocio bancario, pues el pasado mes de octubre había 189.618 millones de euros en créditos préstamos como dudosos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito.

            Hoy, después del sueño inmobiliario creado por la ley del suelo de Aznar, los ayuntamientos –una víctima más del espejismo inmobbiliario- tienen que hacer ajustes presupuestarios durísimos para poder pagar sus gastos de personal y sus gastos corrientes. Pagan el pato los servicios municipales de proximidad, las ayudas sociales a colectivos en peligro de exclusión social, a la atención a las mujeres en riesgo de maltrato, a la atención domiciliaria de los mayores, y a la capacidad de creación de empleo de que hasta la fecha gozaban los ayuntamientos. Y pagan el pato los empleados públicos que se ven en el paro, con las facilidades que les da a los gobiernos municipales la reforma laboral promovida por la otra ministra andaluz, Fatima Báñez, que ha extendido su abaratamiento de los despidos a los ayuntamientos, que ahora podrán hacer EREs como cualquier empresa privada. De hecho, la ayuda al ayuntamiento de Jerez comprometida por Montoro en febrero sólo se le ha ratificado por parte del gobierno central cuando ha comprobado que la alcaldesa de Jerez cumplía un severo plan de ajuste consistente en el despido de 260 trabajadores municipales, la reducción salarial para la plantilla del 11%, la disminución en un 20% de la inversión en servicios públicos y el inicio del tercer proceso de privatización de la gestión del agua.

            Pero si además de la constricción de los ingresos municipales propios, Hacienda les retiene la PIE, el drama de la asfixia llega a crear en los municipios problemas hasta de salud pública, como el creado en Jerez por la justificadísima huelga de las basuras de Jerez.

            Y para colmo, si a esa asfixia para los ayuntamientos andaluces incluidos los del PP creada por la acción del gobierno del PP en general y de Montoro en particular, se le añade la fallida “operación Zoido” o sustitución de Arenas por un Zoido que no da la talla como rival de Griñán en la acción parlamentaria, llega lo que tenía que llegar: que pese a que el PSOE no lo sólo no sube en la encuesta del IESA, sino que baja una décima (del 39’3 al 39’2%), sino que baja casi ¡10 puntos! (del 40’4 al 30’9%), mientras que esa caída beneficia a IULVCA (que sube del 11’7 al 16’1%) y a UPyD y otras, entre las que no se encuentra el PA (que a duras penas despega hasta el 3’3%). Esta catastrófica situación del PP en Andalucía ha obligado a Arenas y Montoro a echar marcha atrás en su estrategia de asfixiar a Andalucía, sobre todo en lo que a los ayuntamientos andaluces se refiere.

            Otras cosa serán la sanidad y la educación, frente a las que Montoro mantiene una dura posición de seguir obstruyendo la posición del gobierno andaluz PSOE-IULVCA de mantener el modelo público y universal, pues va a obligar a las autonomías a cumplir con el déficit del 1’5% en 2012, bajo la amenaza de que las que no lo cumplan se les retirará la “ayuda” del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). Esta amenaza se dirige sobre todo a Cataluña (por los motivos que ya se conoce del enfrentamiento del gobierno de Artur Mas y su deriva soberanista) y a Andalucía (por puros motivos partidistas e ideológicos), pese a que Andalucía anuncia que su déficit podría llegar al 106%, tan sólo una décima más que lo impuesto por el gobierno de Rajoy.

            Porque las comunidades autónomas del PP van a cumplir con el déficit del 1’5%, con o sin tucos contables. Del ajuste en la comunidad de Madrid, ni hablamos. Hace falta un capítulo aparte, pues su presidente Ignacio González ha aprobado por decreto la privatización de la sanidad de 6 hospitales y 27 centros de salud, contra la opinión y protesta de toda la comunidad sanitaria y de la inmensa mayoría de la población madrileña. El cinismo de este señor ha llegado a imputarles a los huelguistas intereses meramente laborales, cuando desde un principio se han manifestado en defensa de la sanidad pública y no han escatimado propuestas de racionalización del gasto incluso salarial para contribuir a la reducción del gasto público de la comunidad madrileña.   

            Y otro monumento al cinismo y la prepotencia neoliberal lo ha anunciado la Cospedal a bombo y platillo. Se trata del ajuste del déficit al 1‘5%. Pero ¿a costa de qué? Además de sus medidas de restricciones y privatizaciones en la sanidad (140 millones de euros menos) y la educación, a la Cospedal se le ha ocurrido la genial idea de recortar el salario de los 49 diputados del Parlamento castellano-manchego, que pasarán de cobrar 3.400 y pico euros mensuales a 1.550 euros. ¿Todos los 49? No. Se salvan los que mantengan tareas ejecutivas en el mismo Parlamento (presidente y algún que otro más) o los que además tengan el nivel de consejeros en el gobierno que cobrarán por éste y por tanto no les afectará esa drástica rebaja.  Esta reducción de la capacidad no afectará a casi ninguno de los diputados del PP, pero sí a todos los de la oposición. Contrasta esta reducción de los representantes elegidos por el pueblo de Castilla-La Mancha con la del número ingente de asesores y altos cargos del gobierno de la Cospedal. Esta señora ha pasado a ser la imagen más progresista del PP a convertirse en la nueva musa del Carajillo Party español, después de que la Aguirre renunciara (al menos de momento) a la política en primera línea. De los vaqueros ceñidos a la negra mantilla procesional, toda una trayectoria de reconversión personal.

            La Cospedal de la mantilla se ha atrevido a recortar lo que hasta ahora nadie ha recortado en España: ha capacidad de que los trabajadores y sus partidos políticos, pobres de solemnidad, puedan aspirar a mantener su capacidad de presentarse a las elecciones democrática en igualdad de condiciones que los partidos representantes de la burguesía, que se nutren de diputados, alcaldes y concejales que pueden compatibilizar su escasa dedición a las tareas parlamentarias (con apretar el botón del “sí” a las propuestas del gobierno de la Caspedal les basta para cumplir su cometido) con su verdadera dedicación a mantener su titularidad en despachos de notarías o registros de la propiedad, bufetes de abogados, el ejercicio como profesionales de la educación y la sanidad, o la actividad como empresarios o consejeros en grandes empresas o entidades financieras. etc. (debidamente compatibilizados si es preciso por unas normas parlamentarias adecuadas). Los ciudadanos y ciudadanas que tengan que buscarse las habichuelas currando día a día por cuenta ajena, máxime si es en la actual situación de precarización del empleo, o buscando empleo si están en paro, esos no podrán ni soñar con presentarse en unas listas electorales, pues si salen y quieren tener dedicación exclusiva tendrán un sueldo-castigo de 1.550 euros brutos que no llega ni a la media salarial española de 1992’9 euros/mes en 2010; y si no quieren dedicarse en exclusiva al Parlamento, bien porque en su profesión o trabajo anterior ganaban más y no quieren extender a su familia los costes de su vocación política (¿o es que la dedicación a la política debe ser sólo para solteros?), bien porque previamente hayan contribuido deudas que no se lo permitan, o bien porque legítimamente aspiren a tener un nivel de vida más desahogado, esos no podrán cubrir su tarea de parlamentarios con la dedicación exhaustiva que simplemente requiere un mínimo de controlar al gobierno, encauzar las iniciativas y las quejas de los distintos colectivos a la máxima institución comunitaria, y promover mejoras legislativas.            

            En resumen, que lo que la Cospedal ha hecho es una jibarización de la democracia representativa de serias repercusiones para el nivel de calidad democrática de nuestro país. Pues lo que los movimientos sociales piden en la calle (al menos los más sensatos) es más democracia directa, pero no menos democracia representativa. La Cospedal ha impuesto en Castilla-La Mancha la democracia censitaria, representación política solo de los ricos y para los ricos.    

            Luego dicen que todos los políticos son iguales. No señor: mientras un gobierno de izquierdas PSOE-IULVA en Andalucía hacen un “presupuesto de resistencia” para defender con uñas y dientes la sanidad y la educación públicas, y para sacar con dignidad de la quiebra a los ayuntamientos andaluces, las comunidades y el gobierno central del PP están aprovechando la crisis que ellos crearon (Aznar y su boom inmobiliario) para llevar adelante su ideario conservador de enriquecer a los bancos y grandes empresas a costa de reducir los costes laborales directos (salarios) e indirectos (bienestar universal y de los trabajadores en sanidad, educación y dependencia, e inversiones en servicios públicos). Y para ello la reducción de la eficacia de los servicios públicos propiciada por los recortes es esencial como excusa para privatizar o remercantilizar (devolverle al mercado) los suculentos bocados que significan las pensiones públicas, la sanidad, la educación básica y universitaria, la atención a menores, maltratadas y mayores, la dependencia sobre todo.

            Desmontar el Estado Social para Privatizar, ese es el objetivo del PP. Y por muchos peros que se le pongan al gobierno andaluz (unos con y otros sin razón), en el panorama que el PP de Rajoy nos quiere dejar como herencia, significa una gota de rocío, una esperanza de resistencia a medio plazo para el pueblo andaluz, y una oportunidad de futuro para los más débiles.

            Quizás hoy no lo vean todos así. Pero la historia, esa que sólo se juzga con la perspectiva del tiempo, si la escriben los de abajo, no los vencedores de siempre, lo verá así.    

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Acabo de ver (10 de diciembre de 2012) la entrevista que le han hecho a Cayo Lara en Los Desayunos de la Uno de TVE. La subdirectora de La Razón, Pilar Gómez, le ha hecho una pregunta a la que no ha sabido responder sobre la sanidad andaluza, y se ha notado mucho. La tal Pilar Gómez es una de las más carcas y repetidoras tertulianas del programa dirigido otrora por Ana Pastor (que no se casaba con nadie, tampoco con IU) y actualmente por María Casado (que es la voz de su amo), y le ha preguntado por qué está de acuerdo IU con las protestas de la comunidad sanitaria contra la privatización de la sanidad pública madrileña y sin embargo en Andalucía los compañeros de IU LV-CA gobiernan y apoyan una sanidad con hospitales privatizados desde hace ya muchos años. Cayo Lara se ha ido por las ramas, ha dicho que los de IU en el gobierno andaluz están “haciendo lo que pueden” con un 12% de los votos, que llevan un año sólo gobernando y que están gestionando la política de Andalucía hacia la izquierda. Total: que no le ha contestado a la periodista, y se ha ido por las ramas.

            Cayo Lara, que no tiene ciencia infusa porque no es el Espíritu Santo, tendrá que conocer a fondo la realidad de la sanidad andaluza (y de otras cosas más de la política andaluza, me temo) para saber contestar con solvencia y salir al paso de los ataques mentirosos a los de IU de Andalucía que, como el que ha realizado la carca subdirectora de La Razón esta mañana, le pongan encima de la mesa en el futuro. Y alguien tendrá que explicárselo. Porque errores como el del coordinador general de IU nos cuestan caros: primero porque, con lo escasas que suelen ser las ocasiones en que la TVE nos pone el plató para explicarnos, se pierde la gran ocasión de servir de altavoz a lo bueno que IU está haciendo en defensa de la sanidad pública allí donde puede gobernar, como se está haciendo en Andalucía; segundo, porque al no quedar contestada la pregunta insidiosa de la carca, la gente va a dar por buena la información de que en Andalucía se ha privatizado la sanidad pública con el apoyo de IU. Mentira, y gorda.

               Alguien tendrá que explicarle a Cayo Lara, a Pilar Gómez, y a los que hayan seguido los Desayunos de la Uno de TVE esta mañana, lo siguiente:

1º) Que la consejera de Salud andaluza ha defendido recientemente (El País, 12 de noviembre de 2013) que el sistema público es más barato y más eficiente que el privado. Y eso lo ha repetido en todos los CPFF en que ha participado en nombre de Andalucía, daño datos y propuestas alternativas a las del ministerio de Sanidad gobernado por el PP, e incluso antes con el PSOE de Zapatero. En defensa de la sanidad pública andaluza el informe de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía aporta varios datos, que paso a enumerar:

–        la
inversión por andaluz y año es de 985,56 euros, menor al de otras comunidades pero suficiente para mantener una mayor cartera de servicios.

–        el ahorro de 300 millones de euros al año se produce por la extensión de las operaciones quirúrgicas sin ingreso hospitalario, que alcanzan la cifra de unas 250.000, al que hay que añadir otras 250.000 intervenciones de cirugía menor en los centros de atención primaria, y las 17.000 que se registran en los hospitales de alta resolución.

–        como ejemplo de una mejor gestión en el ámbito público sanitario andaluz, se cita en el informe de la consejera el protocolo único de atención al ictus, cuyo coste oscila entre 1.711 y 2.520 euros en Andalucía, mientras que en los hospitales de Navarra puede llegar hasta los 3.012 euros; en el peor de los casos, se produce una diferencia de 500 euros por asistencia puede suponer un ahorro anual superior a los 7 millones de euros sólo en la atención a esta patología.

–        Andalucía es la comunidad con mayor porcentaje de gasto en atención primaria (18,1% del gasto frente a la media nacional del 14,6%), muy por encima de comunidades como Madrid (12,8%) o Valencia (12,9%). El resultado ha sido que se ha multiplicado por siete el número de centros de salud y se ha ampliado el equipamiento para el diagnóstico, haciendo que se produzca una sanidad preventiva (de seguimiento diario de los enfermos crónicos y los mayores) más que meramente curativa. En ello estriba el éxito de la sanidad pública andaluza y la eficiencia y el ahorro que se produce en Andalucía sin necesidad de acudir a los recortes de otras CC.AA. y a la privatización (que es pan para hoy y hambre para mañana). El 42% de los médicos andaluces ejercen su labor en atención primaria, con un 80% fijos, y creciendo un 3% desde 2007. Y el incremento de los materiales corre parejo a este incremento de los recursos humanos.

–        Otra forma de racionalizar los costes de la sanidad andaluza ha consistido en dotar de nuevas competencias a los profesionales de enfermería respecto a la indicación de fármacos que no requieren receta médica. Esta medida se ha adoptado desde septiembre de 2009, y ha conseguido un ahorro de 16,3 millones de euros, así como una reducción del 9% en la indicación de productos y accesorios sanitarios.

–        Una de las características más peculiares de la forma de defensa de la sanidad pública andaluza ha sido el impulso de los medicamentos “genéricos”, de forma que la prescripción por principio activo se sitúa ya en el 92,8% del total de recetas. Y en paralelo a esto, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha impulsado la celebración en Andalucía de la primera adjudicación por convocatoria pública de medicamentos para su dispensación en las farmacias. Con ello se prevé un ahorro de entre 40 y 200 millones de euros. Y se han adjudicado 297 lotes de medicamentos por un importe de 674,5 millones, lo que significa un ahorro de 64 millones de euros (8,7%) respecto al precio anterior. Pese a que el gobierno central ha hecho todo lo posible por boicotear estas medidas que benefician a los usuarios de la sanidad pública, a la eficiencia de ésta, y a los únicos que perjudican es a las grandes empresas farmacéuticas, el gobierno andaluz seguirá con la política de la subasta para la provisión de medicamentos, mientras los tribunales de justicia a los que acude el gobierno del PP, le sigan dando la razón. Política de resistencia frente a las presiones de la oligarquía político-financiera. ¿O no es así, Cayo Lara?

–        Andalucía no ha podido zafarse de la decisión del gobierno central de implantar el copago de medicamentos. Pero la gestión de este copago ha sido diferente en Andalucía respecto a otras CC.AA., pues  ha evitado que los pensionistas tengan que aportar dinero más allá del límite mensual que tengan impuesto. Menos molestias para los pensionistas y más ahorro en los trámites administrativos que tendrían que hacerse para devolver el dinero adelantado. En las otras CC.AA. se han generado  en un mes más de 300.000 expedientes administrativos para la devolución posterior del dinero, y en Andalucía no.

–        El sistema informático Diraya de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha permitido una inmediatez de la disposición de datos a los profesionales, una centralización de los mismos, y una automatización total de la gestión de los servicios. Pero desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión, hay que señalar que ha producido un ahorro de 493,7 millones. O sea, que por cada 100 euros invertidos en el Diraya se ha producido un retorno de 277 euros en beneficios socio-económicos.

2º) Como reconoce un informe de la propia CEA (la CEOE andaluza), sólo uno de cada 10 andaluces solicita los servicios de la sanidad privada que ofrece, sobre todo, servicios de oftalmología, dentistas, y reproducción asistida. El dato se complementa con otro: de los 90 hospitales existentes en Andalucía, 53 son privados y sólo 37 públicos. ¿Es que la atención hospitalaria está mayoritariamente privatizada? Ni muchísimo menos, pues este dato contrasta con el número de camas, ya que 18.391 pertenecen al SAS, mientras sólo 5.592 están en manos privadas. Es decir, que menos del 20% está en manos privadas. Este dato coincide con el de la sanidad vasca, y demuestra que en general el negocio privado de la sanidad se mantiene en Andalucía como una herramienta meramente complementaria.

3º) ¿Por qué puede decir entonces la subdirectora de La Razón que en Andalucía se han privatizado ya hace muchos años los hospitales? Supongamos que simplemente está equivocada, que no miente más allá de lo que le impone su descarado apoyo a las versiones que da el PP de la realidad, sea la que fuere. En esta hipótesis es posible que se produzca un equívoco entre privatizar con el modelo Alzira como lo hace el PP en Valencia, Catilla-La Mancha, Madrid y otras, que es dándole a inversores privados (normalmente promotores inmobiliarios que han realizado las obras de construcción del conjunto hospitalario o sanitario) la concesión de la gestión por 30 años y al 100% de tal o cual hospital, sin más requisitos que el cumplimiento de una mínima cartera de servicios, y otra muy distinta lo que se ha hecho en Andalucía con la gestión privada de hospitales tan públicos como los del SAS, pero fuera de su esfera, como son el Hospital de El Ejido, los chares, etc. Estos hospitales siguen siendo tan públicos como los del SAS, pero tienen un régimen dirigido por un contrato-programa, con un régimen laboral distinto, etc., y significan un porcentaje minúsculo de la atención hospitalaria (nunca la atención primaria) de la sanidad andaluza.

4º) IU LV-CA nunca ha estado a favor de estos experimentos realizados en épocas pretéritas por el PSOE-A gobernando en solitario o con el apoyo del PA. Pero una cosa es criticar esta realidad y otra bien distinta es no distinguir entre el modelo Alzira (privatización pura y dura, como la de la gestión del agua o de la recogida de basuras de muchos ayuntamientos) y el del segundo circuito del servicio de salud pública de Andalucía. En el primer caso, con dinero público se obtienen beneficios privados, a costa de la calidad del servicio; en el segundo caso, no hay beneficio privado alguno, aunque sí hay una flexibilización de las prácticas de la gestión sanitaria.

5º) ¿Quiere esto decir que la sanidad pública en Andalucía no tiene problemas o es la mejor imaginable? No. Tiene problemas e inconsecuencias. Baste con traer aquí a colación la nefasta práctica de derivar servicios hacia hospitales concertados o privados, que son una sangría para las finanzas de la sanidad andaluza. O la falta de diálogo con que se ha acometido la reforma de horario de los MIR (con la consiguiente reducción salarial) impuesta por el gobierno central, pero mal gestionada por la consejería de salud. La huelga de los MIR (o EIR como se les llama ahora) podía haberse evitado, pues no se ha dialogado desde el principio con los afectados para darle una salida consensuada al tema.

                  Desde el gobierno andaluz, IU LV-CA está priorizando el mantenimiento de gastos en sanidad, educación y dependencia. Y aunque los consejeros de estas materias sean todos los PSOE-A, sin embargo tanto en el conjunto de la acción del gobierno andaluz como en la priorización del gasto social se está notando la presencia de IU LV-CA en él. Cayo Lara debe saberlo y defenderlo con legítimo orgullo, sin los complejos e insuficiencia de datos con que le hemos visto defenderse hoy en TVE.

                  Dicho sea con el cariño que personal y políticamente le profeso.    

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