Algunos ejemplos de diferencias entre políticas de izquierdas y de derechas

Publicado: 28 diciembre 2012 en Uncategorized

La situación económica de los municipios andaluces es de auténtica asfixia económica. La de los 771 ayuntamientos, no. Pero sí la de 37 de ellos, según ha señalado Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la misma. Por eso el pasado 26 de noviembre solicitó al ministro de Hacienda del gobierno central, Cristóbal Montoro una reunión para tratar del tema de los 37 ayuntamientos, y en especial la de cuatro de ellos: Jerez de la Frontera, Barbate, La Línea y Los Palacios.  Montoro ha consultado con Arenas en su calidad de responsable del PP en materia de Administraciones Territoriales, antes de darle el visto bueno a la reunión solicitada por Valderas. No olvidemos que Arenas ha sido hasta hace poco presidente del PP-A y candidato hasta en cuatro ocasiones (derrotado en todas) a la presidencia de la Junta de Andalucía. La reunión solicitada se ha producido el 27 de diciembre, con la presencia de Montoro y Beteta (secretario de estado de Administraciones Públicas) en representación del gobierno central, y de Valderas y Aguayo (consejera de Hacienda).

            Podría haberle puesto Arenas el tapón a la susodicha reunión, pero su jugada partidista se ha limitado a concederle la primicia de la noticia a la alcaldesa de Jerez. Así, un día antes de producirse la reunión, la alcaldesa de Jerez (de los 4 ayuntamientos andaluces en quiebra, el único gobernado por del PP) ya anunciaba que había llegado a un acuerdo con Montoro (del PP, claro) para desbloquear el 75% de los fondos provenientes de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) que hasta ahora estaban retenidos o bloqueados por el Estado, una de las causas de la asfixia de los ayuntamientos.

            En efecto, Hacienda retiene el 100% del PIE equivalente a la deuda a aquellos ayuntamientos que mantienen deudas con el Estado, bien por no pagar en todo o en parte los tributos a Hacienda (el IVA, por ejemplo) o bien por deberle a la Seguridad Social el importe de las cotizaciones de sus trabajadores. Los ayuntamientos no es que hayan sido hasta la fecha un modelo de moderación en el gasto. Muchos de ellos, han derrochado, obnubilados por los ingresos fáciles obtenidos al dar un sinfín e injustificado número de licencias de obras al albur del boom inmobiliario promovido fundamentalmente por el negocio que con él hacían los bancos y las cajas de ahorros. Si nefasto fue Zapatero como presidente, más nefasto fue Aznar que infló con su famosa ley la burbuja inmobiliaria, que endeudó a las familias, recortó a casi la mitad el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores (pues del 17% que suponía en los 90 el gasto familiar destinado a la compra de la vivienda se pasó al 43% en 2007) y provocó la morosidad inmobiliaria que hoy supone el 60% de la morosidad empresarial total, y que se eleva al 11’2% en el conjunto del negocio bancario, pues el pasado mes de octubre había 189.618 millones de euros en créditos préstamos como dudosos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito.

            Hoy, después del sueño inmobiliario creado por la ley del suelo de Aznar, los ayuntamientos –una víctima más del espejismo inmobbiliario- tienen que hacer ajustes presupuestarios durísimos para poder pagar sus gastos de personal y sus gastos corrientes. Pagan el pato los servicios municipales de proximidad, las ayudas sociales a colectivos en peligro de exclusión social, a la atención a las mujeres en riesgo de maltrato, a la atención domiciliaria de los mayores, y a la capacidad de creación de empleo de que hasta la fecha gozaban los ayuntamientos. Y pagan el pato los empleados públicos que se ven en el paro, con las facilidades que les da a los gobiernos municipales la reforma laboral promovida por la otra ministra andaluz, Fatima Báñez, que ha extendido su abaratamiento de los despidos a los ayuntamientos, que ahora podrán hacer EREs como cualquier empresa privada. De hecho, la ayuda al ayuntamiento de Jerez comprometida por Montoro en febrero sólo se le ha ratificado por parte del gobierno central cuando ha comprobado que la alcaldesa de Jerez cumplía un severo plan de ajuste consistente en el despido de 260 trabajadores municipales, la reducción salarial para la plantilla del 11%, la disminución en un 20% de la inversión en servicios públicos y el inicio del tercer proceso de privatización de la gestión del agua.

            Pero si además de la constricción de los ingresos municipales propios, Hacienda les retiene la PIE, el drama de la asfixia llega a crear en los municipios problemas hasta de salud pública, como el creado en Jerez por la justificadísima huelga de las basuras de Jerez.

            Y para colmo, si a esa asfixia para los ayuntamientos andaluces incluidos los del PP creada por la acción del gobierno del PP en general y de Montoro en particular, se le añade la fallida “operación Zoido” o sustitución de Arenas por un Zoido que no da la talla como rival de Griñán en la acción parlamentaria, llega lo que tenía que llegar: que pese a que el PSOE no lo sólo no sube en la encuesta del IESA, sino que baja una décima (del 39’3 al 39’2%), sino que baja casi ¡10 puntos! (del 40’4 al 30’9%), mientras que esa caída beneficia a IULVCA (que sube del 11’7 al 16’1%) y a UPyD y otras, entre las que no se encuentra el PA (que a duras penas despega hasta el 3’3%). Esta catastrófica situación del PP en Andalucía ha obligado a Arenas y Montoro a echar marcha atrás en su estrategia de asfixiar a Andalucía, sobre todo en lo que a los ayuntamientos andaluces se refiere.

            Otras cosa serán la sanidad y la educación, frente a las que Montoro mantiene una dura posición de seguir obstruyendo la posición del gobierno andaluz PSOE-IULVCA de mantener el modelo público y universal, pues va a obligar a las autonomías a cumplir con el déficit del 1’5% en 2012, bajo la amenaza de que las que no lo cumplan se les retirará la “ayuda” del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). Esta amenaza se dirige sobre todo a Cataluña (por los motivos que ya se conoce del enfrentamiento del gobierno de Artur Mas y su deriva soberanista) y a Andalucía (por puros motivos partidistas e ideológicos), pese a que Andalucía anuncia que su déficit podría llegar al 106%, tan sólo una décima más que lo impuesto por el gobierno de Rajoy.

            Porque las comunidades autónomas del PP van a cumplir con el déficit del 1’5%, con o sin tucos contables. Del ajuste en la comunidad de Madrid, ni hablamos. Hace falta un capítulo aparte, pues su presidente Ignacio González ha aprobado por decreto la privatización de la sanidad de 6 hospitales y 27 centros de salud, contra la opinión y protesta de toda la comunidad sanitaria y de la inmensa mayoría de la población madrileña. El cinismo de este señor ha llegado a imputarles a los huelguistas intereses meramente laborales, cuando desde un principio se han manifestado en defensa de la sanidad pública y no han escatimado propuestas de racionalización del gasto incluso salarial para contribuir a la reducción del gasto público de la comunidad madrileña.   

            Y otro monumento al cinismo y la prepotencia neoliberal lo ha anunciado la Cospedal a bombo y platillo. Se trata del ajuste del déficit al 1‘5%. Pero ¿a costa de qué? Además de sus medidas de restricciones y privatizaciones en la sanidad (140 millones de euros menos) y la educación, a la Cospedal se le ha ocurrido la genial idea de recortar el salario de los 49 diputados del Parlamento castellano-manchego, que pasarán de cobrar 3.400 y pico euros mensuales a 1.550 euros. ¿Todos los 49? No. Se salvan los que mantengan tareas ejecutivas en el mismo Parlamento (presidente y algún que otro más) o los que además tengan el nivel de consejeros en el gobierno que cobrarán por éste y por tanto no les afectará esa drástica rebaja.  Esta reducción de la capacidad no afectará a casi ninguno de los diputados del PP, pero sí a todos los de la oposición. Contrasta esta reducción de los representantes elegidos por el pueblo de Castilla-La Mancha con la del número ingente de asesores y altos cargos del gobierno de la Cospedal. Esta señora ha pasado a ser la imagen más progresista del PP a convertirse en la nueva musa del Carajillo Party español, después de que la Aguirre renunciara (al menos de momento) a la política en primera línea. De los vaqueros ceñidos a la negra mantilla procesional, toda una trayectoria de reconversión personal.

            La Cospedal de la mantilla se ha atrevido a recortar lo que hasta ahora nadie ha recortado en España: ha capacidad de que los trabajadores y sus partidos políticos, pobres de solemnidad, puedan aspirar a mantener su capacidad de presentarse a las elecciones democrática en igualdad de condiciones que los partidos representantes de la burguesía, que se nutren de diputados, alcaldes y concejales que pueden compatibilizar su escasa dedición a las tareas parlamentarias (con apretar el botón del “sí” a las propuestas del gobierno de la Caspedal les basta para cumplir su cometido) con su verdadera dedicación a mantener su titularidad en despachos de notarías o registros de la propiedad, bufetes de abogados, el ejercicio como profesionales de la educación y la sanidad, o la actividad como empresarios o consejeros en grandes empresas o entidades financieras. etc. (debidamente compatibilizados si es preciso por unas normas parlamentarias adecuadas). Los ciudadanos y ciudadanas que tengan que buscarse las habichuelas currando día a día por cuenta ajena, máxime si es en la actual situación de precarización del empleo, o buscando empleo si están en paro, esos no podrán ni soñar con presentarse en unas listas electorales, pues si salen y quieren tener dedicación exclusiva tendrán un sueldo-castigo de 1.550 euros brutos que no llega ni a la media salarial española de 1992’9 euros/mes en 2010; y si no quieren dedicarse en exclusiva al Parlamento, bien porque en su profesión o trabajo anterior ganaban más y no quieren extender a su familia los costes de su vocación política (¿o es que la dedicación a la política debe ser sólo para solteros?), bien porque previamente hayan contribuido deudas que no se lo permitan, o bien porque legítimamente aspiren a tener un nivel de vida más desahogado, esos no podrán cubrir su tarea de parlamentarios con la dedicación exhaustiva que simplemente requiere un mínimo de controlar al gobierno, encauzar las iniciativas y las quejas de los distintos colectivos a la máxima institución comunitaria, y promover mejoras legislativas.            

            En resumen, que lo que la Cospedal ha hecho es una jibarización de la democracia representativa de serias repercusiones para el nivel de calidad democrática de nuestro país. Pues lo que los movimientos sociales piden en la calle (al menos los más sensatos) es más democracia directa, pero no menos democracia representativa. La Cospedal ha impuesto en Castilla-La Mancha la democracia censitaria, representación política solo de los ricos y para los ricos.    

            Luego dicen que todos los políticos son iguales. No señor: mientras un gobierno de izquierdas PSOE-IULVA en Andalucía hacen un “presupuesto de resistencia” para defender con uñas y dientes la sanidad y la educación públicas, y para sacar con dignidad de la quiebra a los ayuntamientos andaluces, las comunidades y el gobierno central del PP están aprovechando la crisis que ellos crearon (Aznar y su boom inmobiliario) para llevar adelante su ideario conservador de enriquecer a los bancos y grandes empresas a costa de reducir los costes laborales directos (salarios) e indirectos (bienestar universal y de los trabajadores en sanidad, educación y dependencia, e inversiones en servicios públicos). Y para ello la reducción de la eficacia de los servicios públicos propiciada por los recortes es esencial como excusa para privatizar o remercantilizar (devolverle al mercado) los suculentos bocados que significan las pensiones públicas, la sanidad, la educación básica y universitaria, la atención a menores, maltratadas y mayores, la dependencia sobre todo.

            Desmontar el Estado Social para Privatizar, ese es el objetivo del PP. Y por muchos peros que se le pongan al gobierno andaluz (unos con y otros sin razón), en el panorama que el PP de Rajoy nos quiere dejar como herencia, significa una gota de rocío, una esperanza de resistencia a medio plazo para el pueblo andaluz, y una oportunidad de futuro para los más débiles.

            Quizás hoy no lo vean todos así. Pero la historia, esa que sólo se juzga con la perspectiva del tiempo, si la escriben los de abajo, no los vencedores de siempre, lo verá así.    

PVP121228                 

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