Archivos para enero, 2013

Corruptos, ladrones y resignados

Publicado: 30 enero 2013 en Uncategorized

Y tú más. He aquí la percepción que tienen la ciudadanía perpleja ante el aluvión de casos de corrupción política que se nos han venido encima a lo largo de este escaso primer mes del año en curso, 2013. Porque afecta a todo el arco parlamentario, ideologías aparte. Bueno, a todo no. A IU no se le conocen casos de corrupción política ni de financiación irregular, salvo el caso de Camas (soborno al alcalde y varios ediles por un constructor, recurrido). Pero a todos los demás, incluidos los nacionalistas, sí.

            Hagamos un somero recuento. Los casos “Ballena Blanca” y “Malaya”, en la Costa del Sol copada por el gilismo. El caso Pallerols, el “caso Palau” y la operación Clotilde que ha destapado la connivencia de la mafia rusa con ediles de Lloret de Mar en la Cataluña de CiU. El “caso Gürtell” en el País Valenciá del PP de Francisco Camps. El “caso Palma Arena” del PP de Jaume Matas, ex presidente de Baleares. El “caso Urdangarín-Torres”, que salpica al Rey y familia, por haberse aprovechado de dinero público a través del Instituto Noós en teoría sin ánimo de lucro. El “caso de los EREs” de la consejería de empleo de la Junta de Andalucía gobernada durante 33 años por el PSOE-A. Los casos de corrupción en los ayuntamientos de Finisterre, Cees y Mazaricos en Galicia de Núñez Feijóo. Los casos “Pokémon”, “Campeón” y “Carioca”, también en Galicia, que se han llevado por delante al alcalde Orense, donde se halla imputado José Blanco, ex ministro y hombre de confianza del ex presidente Zapatero. El “caso Bárcenas”, ex tesorero del PP nombrado por el mismísimo Rajoy en 2008, pero desde 1991 gerente y factótum de los dineros del partido conservador, que repartía sobresueldos a los cargos orgánicos del PP. Y a última hora el “caso Amy Martin” o Carlos Mulas, de la Fundación Ideas del PSOE de Rubalcaba. Hasta el deporte ha tenido su affaire de corrupción y mentira en el “caso Eufemiano Fuentes”, y la cultura con los tejemanejes de Teddy Bautista, Ramoncín y demás en la SGAE.

            ¿Quedan más casos de corrupción? Junto a los casos reseñados arriba, por ser tan conocidos por publicitados, seguro que el lector puede añadir alguno más cercano a su propio lugar de residencia. ¡Qué fuerte! ¿Cómo puede soportar esta enorme bola de basura moral, esta abultada ola de corrupción la ciudadanía de a pie, los seis millones de parados?, ¿o los miembros de los 1’8 millones de hogares con todos sus miembros en paro?, ¿o los maestros, sanitarios interinos y los asistentes sociales de ayuda a domicilio condenados al paro por las políticas de recorte?, ¿o o los miles de desahuciados de sus casas por los bancos a los que el gobierno de Rajoy y la UE les han inyectado más de 45.000 millones de euros?, ¿o los trabajadores que tienen que sufrir una reforma laboral a la que la ministra Báñez se empeña en vender como creadora de empleo, cuando en realidad ha incrementado en medio millón el número de parados?, ¿ los sindicalistas que tienen que pactar una bajada de salarios para los trabajadores bajo la amenaza de recortar la plantilla y perder el empleo?, ¿o los que se van al paro a pesar de que su empresa tenga beneficios porque su empresario quiere deslocalizar el negocio para tener unos beneficios mayores?, ¿o los engañados por las preferentes? ¿o…?

            No se puede soportar. La gente cada vez raja más en la calle, en los bares, en los hospitales, en todos los sitios donde se reúne la gente. Pero se soporta. Preferimos decir que “esto no tiene solución” porque “vuelva el que venga lo hará igual” porque “todos los políticos son iguales”. Y nos quedamos tan frescos. Indignados, resentidos, jodidos… pero sin entrar a analizar las cosas a fondo, sin comprometernos con la realidad, sin mover un solo dedo para acabar con esta situación.

            No me resigno a no hacer un análisis de andar por casa de lo que ha pasado, por si puede alumbrar algo esta penumbra en que se esconde la corrupción como fenómeno social generalizado. Y lo haré desde la realidad que más conozco, desde Andalucía. Véase a título de ejemplo.     

            El “caso Malaya” parece estar listo para sentencia, y al margen de si el juez decide prisión para “la tonadillera” Pantoja y la ex esposa del que fuera primer edil de Marbella, Maite Zaldívar, quienes van a palmar son Roca y Julián Muñoz. Hay pruebas abrumadoras de que Gil había montado en Marbella el cuartel general del saqueo de dinero público que estaba realizando allí donde sus zarpas se posaban. Porque lo cierto es que don Jesús Gil metido a político no se limitó a ser archivotado con mayoría absolutísima en Marbella, sino que montó el gilismo en toda la costa andaluza. El esquema era siempre el mismo: mediante sus iniciativas municipales, blanqueaba sus negocios sucios y de paso desfalcaba las haciendas locales de los pueblos donde lograba la mayoría, comprando voluntades. Primero la de sus compinches, los candidatos y ediles electos; después la de una especie de “guardia de corps”, un pequeño ejército de policías municipales armados hasta los dientes, despóticamente autoritarios como los políticos que los mandaban, muy en su papel de represores en defensa del líder frente a la chusma de izquierdas que se le opusiera en cada momento; y por último, compraba los votos de miles de votantes, a los que regalaba algún puestecillo de trabajo precario, una licencia por aquí o por allá, fiestas con cohetes y alfombras rojas de famosos, de los que el pueblo llano marbellí era el público entusiasta, eso sí, desde el otro lado de la valla.

            Sólo cuando el gilismo empezó a ser un enemigo político poderoso en Andalucía, implantado desde Málaga hasta Huelva,  se dispuso a saltar desde la costa hacia el interior, y desde las cabeceras de comarca del interior hasta las capitales de provincia, compitiendo con el hasta entonces todopoderoso PSOE-A de Chaves, sólo entonces es cuando la Junta de Andalucía empezó a preocuparse de los desmanes del urbanismo salvaje, de la acumulación de fortunas poco o nada claras hechas a expensas de estirar el ladrillo y desecar las arcas públicas, depredando el paisaje costero, las fértiles dehesas y los valles, cegando las ramblas y avenidas naturales de los ríos, y todo lo demás. Porque el fin del gilismo, su enjuiciamiento en el caso Malaya fue anterior a la crisis económica que puso en claro que la economía basada en el negocio inmobiliario era pan para hoy y hambre para mañana.

            ¿Por qué dejó el PSOE-A y el gobierno de la Junta proliferar casos de urbanismo salvaje como el del gilismo, el de Enrique Bolín en Benalmádena, Juan Enciso en El Ejido, Benavides en Almuñécar, Gabriel Amat en Roquetas, y un largo etcétera? Porque “la mejor política industrial es la que no existe”, había sentenciado el ministro Aranzadi, ministro precisamente del ramo en el gobierno de Felipe González. Es decir, que era una directriz de política económica consciente. Se trataba de explotar los recursos turísticos a tope, y de paso vender el sol de Andalucía a los pensionistas alemanes, suecos, ingleses, que compraban su jubilación en un adosado de la costa española, al sur de Europa, el paraíso en la tierra.

            ¿Y por qué más? Pues porque mientras proliferasen candidaturas independientes en las poblaciones donde el PSOE-A no podía ganar, el PP-A no prosperaba. Por eso el partido gobernante en Andalucía se limitó a denunciar algunos casos de ilegalidades urbanísticas flagrantes, pero sin mover su entonces poderosísimo entramado institucional para que la policía judicial y la justicia le metiesen mano a esos negocios urbanístico-especulativo-corruptos tan abultados que se estaban cometiendo delante de nuestras narices. El gobierno de la Junta había apostado por un modelo económico basado en el ladrillo, el turismo y algo de agricultura extensiva. Hasta las cajas de ahorros, gobernadas al alimón por PSOE y PP, apostaban por financiar el negocio inmobiliario. Ahora estamos todos pagando el pato de ese intrusismo que ha dado al traste con la solvencia de un instrumento financiero que podría haber sido la base de una banca pública n Andalucía, como lo ha sido en Euskadi o en Cataluña. Empleo, precario y poco cualificado sí, pero empleo, junto al subsidio social, sobre todo en las zonas rurales. Hacer la vista gorda ante los desmanes urbanísticos era la consigna. Corrían los años 90 y el primer quinquenio del siglo XXI.       

            El caso de los EREs viene a completar más el panorama. Porque la corrupción ha sido, es y será  un corolario del modelo económico, que ha penetrado todo el tejido social: el institucional, con los políticos gobernantes o no gobernantes los primeros, por supuesto, pero también el tejido financiero, el tejido asociativo, e incluso el tejido de la ciudadanía en general, sálvese quien pueda. Las responsabilidades no están repartidas a partes iguales, la oligarquía político-financiera ha entretejido un modelo económico dentro de la lógica del sistema, y esos son los verdaderos culpables. Pero los demás somos víctimas y cooperantes a la vez. Porque de las ambiciones por comerse el pastel, de la hipocresía de mirar hacia otro lado a sabiendas de que algunos se forraban a costa de empobrecernos a todos a corto, medio o largo plazo, de la asunción con fe ciega de valores como la propiedad privada, la permisividad con el chanchulleo y el fraude a Hacienda,  del consumismo, del “más tonto eres si no te aprovechas, tú que puedes”… no se ha librado ni dios.

            Y en Andalucía se tejió durante tres decenios un modelo económico que contaba con que el capital, inexistente o escaso en los orígenes de la comunidad autónoma, saldría del enriquecimiento de una casta de “emprendedores” favorecidos por las administraciones públicas y el sistema pluriterritorial de las cajas de ahorros. Dicho de otro modo: la acumulación del capital debía surgir de la explotación rápida de los recursos (sol y tierra) y la conformación de una pequeña burguesía surgida de los nuevos propietarios del capital originario, el dinero público. ¿O no ha habido ex consejeros metidos después de su época de políticos a golfear de empresarios o de consejeros de empresas privadas? Gestores públicos, gestores privados, todos con el mismo carnet donde décadas, hasta que los señoritos de toda la vida se quitaron el complejo de encima. Al principio, con mentar la palabra “señorito” o “fascista”, bastaba para que uno que lo había sido (y lo era en el fondo) se viera en la obligación de exhibir lo mucho que había colaborado con el antifranquismo y  con la transición.

            Andalucía cogió el atajo de la construcción porque era la forma más facilona y rápida de hacer caja y dar empleo a tanto parado justo en un territorio idóneo para vender sol y tierra por parcelas. El papel económico del gobierno andaluz era, por tanto, bien fácil: repartir dinero público a las iniciativas privadas. Y a cuantos más, mejor. Sembrar, para luego recoger en empleos, y en votos. En ese clima, los directores generales de empleo de la Junta eran dioses. Dioses incontrolados, eso sí. Algunos salieron buenos, otros no. Guerrero era un golfo, y el modelo económico y el desmadre administrativo le permitieron desarrollar sus pequeños vicios de gin-tonics, marlboros y putliclubs. Pero a su vez Guerrero (y los otros guerreros que todavía desconocemos, pero que irán saliendo) era un héroe en su comarca de la sierra norte de Sevilla. Era el conseguidor del crédito privado o de la subvención pública necesaria para iniciar un negocio de chicha y nabo en su pueblo, o de la pensión a esas pobres “criaturicas” que no podían conseguir pensión por no cumplir los requisitos de la ley.

            ¿Intrusos en los EREs? Algunos sindicalistas (pocos, afortunadamente) no vieron mal “resolver algún problema” de trabajadores mayores para los que ya no había otra solución legal para conseguir una prejubilación, que colarlos en un ERE abierto oportunamente en alguna empresa. Así se pensó y así se hizo. Introdujeron intrusos para “resolver problemas”. Pero cuando uno se salta la raya de la legalidad, cuando uno se pone a hacer de “dios conseguidor”, de “mediador”, ¿por qué no recibir uno la “justa” recompensa de un adecuado porcentaje? Quizás primero para financiar al partido. Pero ya puestos, ¿por qué no repartir el beneficio entre el partido y el intermediario? El favor se convirtió primero en financiación ilegal del partido y después en negocio particular o mixto, mitad para el partido, mitad para mí. La labor social del político o del sindicalista se mutó en trabajo lucrativo aunque ilegal. Es una hipótesis de trabajo. Es mía, y presunta, por supuesto. Pero, ¿a que es creíble?

            Colaboraron en ello la administración (consejería de empleo e IFA-IDEA), la aseguradora ad hoc (de ahí el empeño de la consejería en trabajar con algunas y no con otras como Atlantis, con las que ambos sindicatos, CC.OO. y UGT tienen un acuerdo de aseguramiento de sus afiliados), y algunos miembros de comités de empresa. Era todo un modelo. Corrupto, ilegal, sí, pero modelo, normalizado; opaco, sí, pero tolerado como un mal menor.

            La Comisión de los EREs, pese al esfuerzo de IU, de Ignacio García, su presidente, de Alba Doblas y José Antonio Castro, ha sido un fracaso en cuanto a conclusiones válidas. Por supuesto no ha ratificado mi hipótesis de trabajo. Era imposible, por su propia estructura y los escasos medios parlamentarios puestos a disposición de lo que tiene que ser una investigación a fondo, que esperemos la lleve a cabo la justicia. Pero ha sido un rotundo éxito porque ha desmontado el modelo y porque allí ha tenido que retratarse todo dios, desde Chaves y Griñán, pasando por Arenas y los ex consejeros Viera, Fernández, Vallejo, Martín Soler y Recio, hasta el interventor que acabó como acusador acusado.                 

            ¿No es verdad que Maragall denunció en el Parlament que CiU practicaba la política de cobrar el 3% a los empresarios a los que concedía licencias de construcción? Maragall… ¿Empezaba a chochear? Debió ser el primer síntoma de su enfermedad de Alzheimer, pues esa acusación nadie la investigó, se le quitó hierro, se dejó en el cajón de los trapos sucios olvidados. ¿O era el sistema el que chocheaba cínicamente? Poque luego vino el escándalo de las cuentas oscuras del Palau de la Música. ¿No fue ese un caso de financiación ilegal de CiU, fifty-fifty? La Unió de Duran i Lleida ha sido condenada por financiación ilegal en el caso Pallerols. Es el único caso. Pero el caso Gürtell tiene todos los visos de ser el pozo sin fondo de la financiación ilegal del PP. Por el humo se sabe dónde está fuego.

            Lo mismo que el caso Urdangarín bien podría ser un negocio familiar de la Casa Real, gestionado por el jugador de balonmano sin oficio ni beneficio casado con la infanta Cristina, y un socio que fue precisamente su profesor en Esade; y digo que podría ser, -presuntamente- el negocio familiar, porque es curiosísimo que el secretario de las infantas haya sido el tesorero del Instituto Nóos, e incluso al parecer algo más que un mero contable; más bien ha sido un asesor, un intermediario ante los inversores públicos o privados, ante los empresarios a los que vender el producto, con visos de representatividad del mismísimo rey. Hoy don Carlos García Revenga está imputado por el juez. García Revenga y el mismo Urdangarín eran el gancho. Pero la infanta Cristina sigue inmaculada, pese a haber firmado y recibido dinero en sus cuentas. E incluso una de las amantes del rey Juan Carlos, presente en el safari de Botswana en la que el monarca se fracturó la cadera y un elefante perdió la vida, la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, estaba implicada en las actividades del Instituto Nóos. ¿Negocio familiar? No veremos a Urdangarín en la cárcel. Por eso su ex socio Diego Torres está tirando de la manta, alumbrando gota a gota papeles que implican cada vez más de cerca a la Casa Real con el asunto del Insituto Nóos. Porque no se quiere comer el marrón él solo.  

            Nos preguntábamos retóricamente hace unos párrafos que cómo podían aguantar los 6 millones de parados o los 1’8 millones de hogares sin ninguno de sus miembros trabajando. Pues porque simplemente esos datos son mentira. Ni hay 6 millones de parados, ni 1’8 millones de hogares a dos velas. Hay un 25% de economía sumergida, y por tanto, millones de criaturas dispuestas a defraudar a Hacienda por llevarse a casa un mendrugo de pan cada día. ¿Es corrupción? Sí, pero sobre todo es que “necesidad obliga”. Y es una muestra más de que donde hay corruptos es porque hay corruptores. Porque no es una cuestión de más o menos ética. La corrupción es el sistema mismo, es un elemento basal del sistema, objetivo y estructural. Y la resignación de los explotados ante este gigantesco chantaje que es el paro y la precariedad, el dato con que cuenta el sistema para sobrevivir.

            La corrupción, el modelo de aprovechamiento del dinero público para el enriquecimiento rápido de algunos sinvergüenzas parece haberse extendido por los cuatro costados, de norte a sur, de este a oeste, por la geografía hispana. No por casualidad. Es fruto del sistema. Ya lo dijo Proudhon en 1840: la propiedad es un robo. Pero el filósofo no se hubiera en la vida imaginado hasta qué punto los hechos de la España actual lo confirman. Aunque Marx reprochara a Proudhon como pequeño burgués que era, que se quedase en la mera contemplación teorética del fenómeno de la acumulación, sin vincularlo a la plusvalía o apropiación de valor fruto de la explotación del trabajo ajeno en el proceso productivo.

            ¿Soluciones? Hace reir –por no llorar- la propuesta de un pacto de los partidos contra la corrupción. Lo que hace falta es una rebelión de la gente, un zapatazo encima de la mesa de los que sufren el sistema, acabar con la resignación y transformar la indignación en organización.

            Ladrones, corruptos… consecuentes con la España borracha de complacencia con su “modélica transición” a una democracia cuya historia ha consagrado la libertad como libertad de mercado por encima de todas las cosas, y a un rey corrupto (presunto) como su salvador. Hace falta una segunda transición, en la que la generación de los jóvenes desposeídos de su única riqueza posible, el empleo y lo público, sean los protagonistas de un nuevo proceso constituyente hacia la III República Federal y Solidaria.

            Eso sí, con la nariz tapada para poder respirar ante semejante hedor.

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POR UN NUEVO PERIODO CONSTITUYENTE:

POR UNA III REPUBLICA FEDERAL Y SOLIDARIA

LA NECESIDAD DE UN NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE

Durante un largo período que va desde 1978 hasta principios del siglo XXI, la Constitución Española ha sido considerada una especie de tótem sagrado, intocable, y fuente ineludible de solución para todos los problemas que se presentaren en el país. Se ha venido practicando una especie de fundamentalismo constitucionalista, pese al cual los dos partidos gobernantes, PSOE y PP, no han tenido inconveniente en pactar reformas parciales tales como la practicada en 1992 para satisfacer las exigencias del Tratado de Maastricht, o la del cambio constitucional de 2011 para introducir el techo de déficit del 0%.

Sin embargo desde las elecciones generales de marzo de 2004 se viene produciendo el resurgir del debate sobre la reforma de la Constitución de 1978. Pero ese marco de “reforma constitucional” se ha visto desbordado por la realidad. Y actualmente se ha abierto con fuerza y está plenamente vigente el debate sobre la apertura de un nuevo período constituyente que dé paso a la aprobación de una Constitución Española para la configuración de un nuevo orden de cosas.

            Esta propuesta de un nuevo periodo constituyente no ha surgido de un “laboratorio político”, ni es atribuible a la mayor o menor lucidez o audacia de una u otra fuerza, partido o corriente ideológica de la izquierda. Todo lo contrario: ha sido la movilización en la calle, la nueva rebelión de la juventud indignada por las actuaciones de los gobernantes y los banqueros, la que ha manifestado la necesidad imperiosa de acabar con la gran estafa perpetrada por el capital contra los trabajadores y trabajadoras, y contra los ciudadanos en general, cuando se ampara en una Constitución que proclama derechos democráticos para conculcarlos en la práctica diaria.

            Por fin el pueblo ha salido del letargo de los años de “bonanza económica”, del ladrillazo, la especulación, la corrupción y el populismo financiero, y se va politizando a marchas forzadas con cada medida de engaño y recorte que perpetran los banqueros y los gobiernos neoliberales (hablemos con propiedad: no son “los políticos”, ni todos los gobernantes, pues no todos los políticos ni los gobiernos son iguales), reclamando alumbrar un nuevo proyecto político construido desde abajo, con su participación, que tenga por objetivo impedir a “los de arriba” cometer las gravísimas agresiones sociales que el sistema capitalista viene realizando sin freno ni escrúpulos contra países, pueblos y personas.

            No es sólo la movilización de múltiples colectivos ciudadanos en los centros de trabajo o de estudio, o en las calles los que nos revelan el imparable avance de esta idea rupturista. Son también las encuestas de opinión las que rechazan abiertamente el orden actual, proponiendo a los políticos en general como uno de los principales problemas del país. El bipartidismo PSOE-PP que ha venido sosteniendo al régimen, está cayendo en las encuestas, y se muestra incapaz de sacarnos del atolladero en que la ambición de unos pocos (el sistema del capitalismo salvaje) nos ha metido, y menos de crear un futuro diferente, en el que se repartan las cargas de la salida de la crisis, según la responsabilidad de cada uno. La verificación colectiva de que vivimos un orden injusto y sin perspectivas de mejora, va dando paso a la configuración de una mayoría social todavía no articulada suficientemente, que reclama cambios radicales.   

            Sería un gravísimo error político entender que la necesidad de revisar el orden constitucional proviene de los movimientos centrífugos generados en determinadas comunidades autónomas, como son Cataluña y Euskadi. Pues aunque es cierto que el problema de la configuración del Estado realizado por la CE del 78 como Estado de las autonomías no fue sino una salida provisional para superar las dificultades que planteaba la transición de la dictadura a la democracia, no es menos cierto que el actual movimiento soberanista obedece no sólo a causas identitarias sino también a las necesidades de mayor capacidad financiera por parte de alguna de estas comunidades. Y por tanto la ruptura del orden constitucional que se plantea desde las burguesías vasca y catalana enmascaran la verdadera insuficiencia del actual orden de cosas, que tiene más que ver con las reglas de juego que impone la actual globalización neoliberal y la crisis en que nos ha sumido el capitalismo, que con la actual configuración territorial del Estado español. La fuga hacia adelante que proponen CiU y ERC en Cataluña no debe obnubilar a la izquierda, pues hoy más que nunca se requiere la claridad de visión que nos han proporcionado siempre los principios de la crítica a la economía política clásica.

            En consecuencia, la verdadera salida que reclama la gente debe ser integral, esto es, política, social, cultural y económica. No basta con “resetear” el sistema, como dicen en imagen ciertamente ingeniosa los indignados. Porque el reseteo es una operación que no acaba con el sistema, sino que lo depura de virus u obstáculos para funcionar mejor. Pero es el mismo sistema. Lo que hay que hacer es formatear el ordenador y cambiar de sistema, de Windows a Lynux, por ejemplo.

            No hay cambio de sistema sin la configuración de una nueva mayoría social que suponga una nueva correlación de fuerzas favorable a los intereses de los de abajo, dispuesta a configurarse como sujeto político protagonista colectivo para elaborar, aprobar y defender desde abajo un nuevo orden político y social plasmado en un  nuevo ordenamiento jurídico cuya piedra angular sea una nueva Constitución.      

Por todas estas razones, no basta la reforma de la actual Constitución, por más que existen fuerzas políticas empeñadas en no traspasar los límites de la “prudencia”, y apuestan por una mera reforma de la actual CE. Una reforma constitucional sería plenamente factible, -siempre estamos a tiempo de hacerla-, si finalmente no se dieran las condiciones para configurar la nueva mayoría social capaz de llevar hacia adelante el nuevo período constituyente. Pero hemos de ser conscientes de que esta vía reformista tan sólo creará una especie de “segunda transición”, cuyo éxito sólo se producirá si el capitalismo es capaz de volver por sí mismo a la senda del crecimiento, gracias a los brutales sacrificios que imponga a los trabajadores y a demás capas sociales subalternas. Y sería el vuelta a empezar destinado a una nueva frustración colectiva.

La mera reforma de la CE 1978 no es la solución, por muy factible que ésta sea. A buen seguro fuerzas políticas como el PSOE, CiU y PNV serán capaces de ponerse de acuerdo para realizarla, e incluso eventualmente podrían arrastrar al mismísimo PP, si éste se desprende del fundamentalismo españolista al que le lastran los segmentos más reaccionarios que hoy por hoy son hegemónicos tanto en el PP como en el gobierno. Lo que las fuerzas reformistas argumentan es que una Constitución es un sistema vivo que evoluciona con sus pueblos. Y la del 78, también. Porque la España de hoy no es la de 1978, se han producido nuevos fenómenos, tales como: la incorporación de España a la Unión Europea, el fenómeno masivo de la inmigración y la globalización de los derechos humanos, la configuración de derechos de tercera generación, las crecientes demandas de participación, y la actual crisis económica, que ha acabado con el espejismo de la abundancia proporcionada por el capitalismo popular, y ha precipitado el descrédito de un sistema incapaz de ensayar otra salida que no sea la de imponer a los ciudadanos un ajuste durísimo y la expropiación de los bienes y servicios públicos.

Además, el pueblo español está viviendo cada vez con mayor claridad su pérdida de soberanía a favor de la oligarquía político-financiera personificada por la UE, pero liderada por Alemania y el Bundesbank, que son quienes realmente toman las decisiones importantes, y nos las imponen a través del gobierno de turno (antes Zapatero, ahora Rajoy) que actúa como su correa de transmisión.  

Nuevas realidades que requieren, en cualquier caso, la adaptación y el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico estatal y autonómico. Precisamente el Título X de la CE de 1978 incluye esta posibilidad de reforma, sin que esa reforma sea causa de su ruptura. La CE prevé dos tipos de reforma:

–        La revisión total de la Constitución, que afectaría a la definición de la forma de Estado (social   y  democrático   de   derecho,   incluyendo   la  regulación   de   los derechos fundamentales) y a la forma de gobierno (monarquía parlamentaria), conlleva un procedimiento muy exigente: iniciativa por mayoría de dos tercios en cada cámara de las Cortes, la disolución inmediata de éstas y la elección de unas Cortes constituyentes que deben aprobar, también por dos tercios, la reforma antes de someterla a referéndum.

–        La reforma parcial que en la mayoría de los casos se puede aprobar por mayoría de tres quintos en cada cámara y referéndum solamente si lo exige una décima parte de los miembros de cualquiera de ellas. Este procedimiento más simple ya se aplicó en 1992 sin referéndum en una reforma muy puntual y nada traumática exigida por el Tratado de Maastricht, así como en 2011 la reforma pactada por PP y PSOE para introducir en el art.135.3 de la CE el mandato imperativo sobre el límite del gasto público, así como la prioridad absoluta del pago de los intereses y el capital de la deuda por encima del resto de los gastos. 

El ex presidente Zapatero anunció una reforma limitada de la CE sobre cuatro asuntos cuya reforma consideraba de urgente prioridad:

– normas que regulan el orden de sucesión en la Corona con el fin de adaptarlas al principio de no discriminación de la mujer (57.1);

– incorporación del compromiso con el proceso de construcción política de Europa, la incorporación de sus directivas al ordenamiento jurídico interno, etc.;

– la recepción constitucional de la denominación oficial de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas, puesto que en la CE no figuran los nombres de las 17 CC.AA. y de las dos Ciudades Autónomas, sino sólo el mecanismo para constituirse como tal y la de asumir competencias propias o compartidas;

– y la reforma del Senado, para convertirla en una auténtica cámara de representación territorial, definiendo con mayor precisión su ámbito material, el grado de participación en el ejercicio de la potestad legislativa, su carácter de ámbito de concertación y cooperación de las Comunidades Autónomas entre sí y con el Estado, así como las atribuciones relacionadas, con otros órganos constitucionales.

Esta reforma constitucional propuesta en su día por Zapatero es una propuesta insuficiente desde el punto de vista material (las escasas materias que pretende modificar) y desde el punto de vista histórico pues la necesidad de superarla y sustituirla por otra nueva Constitución Republicana responde al nacimiento de una nueva generación de españoles y españolas que reclaman su propio protagonismo en la construcción de un futuro común.

Tampoco las salidas coyunturalistas que ocupan en la actualidad el panorama político pueden satisfacer al reto que la realidad actual nos impone:

– de un lado, la deriva soberanista catalana tiene poca consistencia: se realiza sobre la base de la unilateralidad de la aspiración independentista de un segmento de la población catalana, minoritario o mayoritario (¡vaya Vd. a saber!), sobre los intereses particulares de los políticos de turno, o sobre la urgencia de propiciar nuevas remesas de sobrefinanciación desde el Estado, y en todo caso, prescindiendo de la maduración política de los respectivos procesos de los otros territorios del Estado español; se realiza confrontando con otro nacionalismo, el españolista del PP, capaz de responder con violencia represiva a la propuesta; se realiza sobre la base de suponer que la UE acogería a Cataluña como un  nuevo estado, lo cual es excesivamente optimista; es una fuga hacia adelante, pues desde el punto de vista económico, tanto Cataluña como España saldrían debilitadas en el contexto de un orden económico globalizado que mide a los estados por su envergadura, su potencial y su fiabilidad. Una autentica locura.

– tampoco la tozuda posición negativa que está dando el PP y su gobierno son satisfactorias, pues minimiza el problema, y su posición oscila entre la amenaza velada a la intervención militar y la más que probable reforma del sistema de financiación autonómica para tapar las insaciables bocas de la burguesía catalana, en detrimento de los principios de la cohesión territorial y de la igualdad de los derechos de todos los españoles.

– la insuficiente propuesta del PSOE realizada por Rubalcaba y Griñán de constituir un Estado Federal va en la buena línea de la solución necesaria, pero se queda a medio camino, pues mantiene la vía reformista de la actual CE del 78, y ni parte de la necesidad de habilitar un nuevo proceso constituyente que dé protagonismo al pueblo para que éste recupere la soberanía que ha ido perdiendo en el devenir de la gestión neoliberal de la actual Constitución, ni cuestiona materias tan importantes como la forma de Estado, aceptando la figura del Rey como Jefe del Estado.

IU debe ser sensible al creciente sentir de la calle que rechaza en su conjunto las soluciones de “los políticos”, metiéndonos –injustamente, sí- a todos en el mismo saco. Sólo un nuevo proceso constituyente surgido de la síntesis entre la rebelión de los indignados y el sentir popular crítico, y la acción de la izquierda en su pluralidad, puede cambiar el callejón sin salida en el que la oligarquía político-financiera nos ha metido. Por eso IU debe aportar una visión clara y concisa de su propuesta política, y lanzarla a la consideración y debate de la gente, para que se vaya generando la configuración de un nuevo sujeto político mayoritario portador de un nuevo e ilusionante proyecto político.        

A) OBJETIVOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE

1. El objetivo número uno debe ser la constitución de la mayoría social, protagonista de todo el proceso constituyente. Nuestra aspiración debe ser incorporar a todos y todas en la construcción de un Pacto Social Inclusivo, que consolide todos los derechos humanos para todos: realización y exigibilidad del contenido de todos los derechos humanos, y de los llamados derechos de la ciudadanía, esto es, derechos civiles y políticos, sociales y económicos, individuales y colectivos, incluidos los derechos de los pueblos.

Para la construcción de esa mayoría social hay que recorrer un cierto camino:

– Adoptar el discurso rupturista que nos enseña la gente desde la tribuna de la movilización en la calle hasta la de la mera charla de café. Se trata de destruir la idea de los falsos consensos del capitalismo, de la existencia de la pervivencia de un pacto social que el capitalismo ha roto unilateralmente, incumpliendo la CE, jibarizando el Estatuto de los Trabajadores, rescatando a los bancos y condenando a las familias al paro, al desahucio y a la pobreza, etc.

– Instituir la justicia del pueblo frente a los responsables de esta situación de crisis: exigir responsabilidades sociales, políticas y económicas por la usurpación de la riqueza social y su acumulación en escasas manos empobreciendo a los de abajo, tanto en los procesos de corrupción, como en las procesos de expolio de lo público mediante las privatizaciones y externalizaciones realizadas por los gobernantes, como en los engaños de los banqueros, como en los fraudes de las grandes empresas en la imposición de altos precios por los servicios públicos privatizados, etc.

No reconocer los compromisos adquiridos por los gobiernos neoliberales en la participación en los mecanismos de las guerras internacionales en las que actualmente participamos, ni en las deudas externas contraídas a intereses abusivos e ilegítimos, ni en las leyes contrarias a los intereses financieros de nuestro país o a los derechos humanos, como son las restricciones a los derechos de los inmigrantes.

– Crear un proceso de acumulación de fuerzas mediante la organización de tejido social y político, articulando todo tipo de redes sociales y de fuerzas políticas, plurales y diversas, pero que estén por la labor de converger y crear un nuevo proceso constituyente y un programa común de la izquierda. Se trata no sólo de crear un contrapoder real desde la indignación de la gente, sino de crear un sujeto capaz de acceder al poder, consolidarlo mediante la aprobación de una nueva Constitución y mantener mediante el ejercicio de la democracia participativa.

            – Patrimonializar la fuerza acumulada en torno a IU como sujeto no único, pero sí firme y significativo en la configuración de ese proceso, cuyo recorrido ha abierto las posibilidades de articular la lucha institucional con la lucha en la calle frente al neoliberalismo. Proponer un cambio en la Ley Electoral que consiga el reconocimiento institucional de ese cambio en la correlación de fuerzas a favor del empoderamiento del pueblo.

            – El reconocimiento a la plurinacionalidad de la realidad estatal es requisito esencial para dar paso a la configuración de esa nueva mayoría social, y a las alianzas políticas y sociales que de ella deban y puedan derivarse a lo largo y ancho de todo el territorio del Estado español.

            – No se podrá producir una nueva correlación de fuerzas asentada sobre una nueva mayoría social sin que exista un proyecto de país y una nueva cultura republicana, asentada sobre valores contrarios a los que ha ido inoculando en la población el capitalismo neoliberal: frente al individualismo, solidaridad; frente a competitividad, cooperación; frente a supremacía del capital, bienestar y dignidad en el trabajo; frente a patriarcado, igualdad y paridad; frente a acumulación de capital y crecimiento económico, desarrollo sostenible y democracia economica; frente a guerra, paz y entendimiento de los pueblos. El proyecto convergente del nuevo sujeto político y social mayoritario debe asentarse sobre el Socialismo en Libertad, el Feminismo, el Pacifismo y la Ecología.

            – La nueva Constitución será en todo caso el resultado de un amplio proceso participativo, culminado por una consulta popular exhaustiva y un referéndum.

2. Abrir un proceso de resistencia frente al desmantelamiento del Estado del Bienestar. El nuevo proceso constituyente pretende dar la única respuesta adecuada al proyecto neoliberal que utiliza la crisis como herramienta para desmantelar el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho basado en el pacto socialdemócrata surgido del final de la II Guerra Mundial, que en España llegó tardíamente con la CE de 1978. La crisis ha sido provocada intencionadamente para arrebatar los recursos económicos y financieros a la mayoría social y concentrar el capital en escasas manos. No tienen intención de volver a recuperar el anterior desarrollo del estado del bienestar. Por el contrario, impone a la generación joven y a las futuras generaciones un estado permanente de precariedad, incertidumbre y sujeción a los caprichos del capital. Así quieren los dirigentes neoliberales que seamos “competitivos”. 

            3. Para ello, el nuevo proceso constituyente debe desmontar el actual poder financiero para evitar que siga dirigiendo la política desde la sombra (ya sólo desde la penumbra), conculcándole al pueblo su soberanía. Otro modelo financiero y de ordenación del mercado es posible. Esta debe ser la prioridad de las sucesivas reformas que desarrollen el nuevo modelo constituyente.  

            4. El nuevo proceso constituyente pretende instaurar un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la consecución de un modelo de sociedad solidaria donde la ejecución de los derechos sociales y la democracia participativa sean exigibles por ley. Frente al recorte de los derechos, la nueva Constitución debe garantizar la preservación de todos los derechos reconocidos, e incluso la ampliación de aquellos que vayan aconsejando los avances democráticos futuros.  

            5. El nuevo proceso constituyente debe ofrecer a la ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras, a los de abajo, la garantía de una vida digna a todas y todos. El nuevo modelo de estado social debe ser un modelo económico por y para la mayoría, sostenible, basado en la justicia social, la equidad y la democracia participativa plena, y en el protagonismo permanente del pueblo movilizado frente a los futuros intentos de involución o imposición de nuevos mecanismos jurídico-políticos que posibiliten nuevos procesos de creación de sujetos oligárquicos que desarrollen a su favor nuevos procesos de desregulación, privatización y expolio de lo público.  

            6. Los derechos de los pueblos deben ser reconocidos radicalmente sobre la base del derecho de su propia autodeterminación. La configuración unitaria del Estado debe permanecer estable sobre la base de un acuerdo constituyente auténtico que integre a las naciones, nacionalidades o regiones o ciudades que así lo decidan libremente, no forzado por el ruido de sables con que se conformó durante la transición, ni impuesto o comprado mediante acuerdos de sobrefinanciación de las comunidades o federaciones del Estado, al albur de la conformación de pactos coyunturales o presupuestarios entre las mayorías nacionalistas periféricas y el gobierno central.

            7. La construcción de otra UE. La construcción de una mayoría social en España capaz de deconstruir el poder de la oligarquía político-financiera, crear un nuevo proceso constituyente para consolidar una III República Federal y Solidaria, la recuperación en definitiva de la propia soberanía del pueblo español, contribuirá a consolidar el mismo proceso en paralelo en el seno de la Unión Europea. La globalización ha configurado un sujeto oligárquico instaurado de forma dispersa pero sólida a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, perfectamente comunicado por los nuevos medios de comunicación. Por eso la política progresista y de izquierda solo será capaz de hacer frente a este colosal poder destructivo del capitalismo salvaje si obtiene el poder hegemónico en ámbitos geográficos suficientemente grandes, y mediante amplias alianzas. En este contexto, hay que marcarse un triple objetivo:

Cambiar la correlación de fuerzas en la UE para construir un marco institucional diferente, en el que se integren los pueblos y estados de la Unión no sólo desde el punto de vista económico, policial o defensivo, sino también desde el punto de vista económico, financiero, social y laboral.        

– La UE a la que aspiramos no debe estar dirigida antidemocráticamente por espacios reducidos de poder ubicados en los países del centro y del norte de la Unión, por lo general más desarrollados económicamente. Para contrarrestar este desequilibrio en el seno de la UE, los países del Sur de Europa deben coordinar sus políticas frente a los países del norte, para evitar el expolio de su riqueza y garantizar el cumplimiento del principio de la cohesión y reparto del bienestar que dieron lugar a la UE. 

España debe ejercer su privilegiada posición de interlocutor con los países de América del Sur (Alba, MERCOSUR) que están actualmente en una fase de expansión económica. Ello no sólo debe ser compatible con la pertenencia a la UE, sino que ésta debe asumir como un valor añadido de la aportación de España a la prosperidad y estabilidad económica del conjunto de la UE.

 

            B) PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA REPUBLICANA, FEDERAL Y SOLIDARIA

           IU ha planteado durante varios decenios la vía de habilitar “elementos federalizantes” (documento Rejón en los 90, y el de Félix Taverna en 2006) para ampliar el marco autonomista, incorporando en el acervo de las competencias de las CC.AA. múltiples competencias originariamente ejercidas por el Estado. El instrumento ha sido generalmente la reforma de los estatutos de autonomía. Esta estrategia ha agotado sus posibilidades, pues no está la situación para medias tintas. Ya no basta con una profundización del Estado autonómico, ni un largo proceso federalizante, como IU proponía hasta el 2006. La crisis, el descrédito de la política por su alejamiento de las preocupaciones reales del pueblo y los múltiples casos de corrupción, en general, y de la institución monárquica en particular, así como la radicalización de los nacionalismos tanto los periféricos como el españolista, han precipitado las cosas, de forma que ya se impone acortar los plazos para ir a un proceso constituyente de un auténtico Estado Federal, con las características de republicano, plurinacional y solidario.

            IU debe decidir sobre si plantea una reforma de máximos (proceso constituyente que afecte a la forma de Estado, a la configuración territorial, al modelo financiero, fiscal y de mercado, y al modelo de participación democrática) o si se limita a proponer una reforma limitada que no cuestione el Título Preliminar y el título II, pero si el Título VIII, así como aquello que afecte a la profundización en el modelo
participativo.

            Planteamos la propuesta máxima por varios motivos: a) Por la necesidad ya expresada de dar respuesta a la demanda de la parte más activa e indignada de la sociedad; b) por coherencia con nuestros principios ideológicos, que siempre han definido nuestra apuesta por la República Federal y Solidaria. Y la consecución de esta apuesta no se puede realizar en el marco de la CE del 78, pues ella es contradictoria con los tres núcleos de la misma:

            1. Forma distinta de Estado, derechos fundamentales e instituciones de gobierno (monarquía constitucional, democracia representativa, ley electoral, Congreso y Senado, etc). El planteamiento del Título Preliminar y de los Títulos I al VI de la CE 1978 es cuestionado por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, como lo confirma el actual descrédito de la política en general, y de las instituciones y los políticos representativos en particular.

            – El advenimiento de la III República. Como consecuencia de la abolición de la forma del Estado como una monarquía parlamentaria y la adopción de la República como forma en que configura el Estado español, la Jefatura del Estado debe ser considerada como un cargo público más, al que se acceda por el mecanismo usual en democracia de la elección popular.

            – Nuevo Título I para mejorar la calidad de nuestro sistema democrático en el sentido de mejorar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos; para asegurar la participación de la mujer en régimen de paridad, y los mecanismos que garanticen la igualdad y los medios contra la violencia de género; para garantizar la libertad de información y el respeto del pluralismo en los medios de comunicación (frente a la oligopolización de las grandes cadenas privadas y la manipulación y deterioro de los medios públicos), así como de otros apartados de la Constitución para garantizar la transparencia en el funcionamiento de todos los poderes públicos.

          2. La estructuración territorial del Título VIII la CE del 78 basada en la constitución de las comunidades autónomas ha cubierto sus objetivos transitorios, pero actualmente es cuestionado radicalmente no sólo por la deriva soberanista de los partidos políticos mayoritarios que gobiernan tanto en Cataluña como en Euskadi, sino por la mayoría de la población, que considera un despilfarro la multiplicidad de organismos administrativos que hace realizan funciones superpuestas.

            3. Sistema económico y social, y modelo de configuración de las relaciones financieras y mercantiles. La deriva neoliberal de los diferentes gobiernos que han gestionado la CE del 78, tanto del PSOE como del PP, han ido vaciando de contenido el sistema equilibrado de contrapartidas que constituían el llamado Estado social y democrático de derechos, o Estado del bienestar. Y la actual política dictada por las oligarquías político-financieras de la troika (FMI. BCE y CE), e impuestas con una radicalidad sin tapujos por el gobierno del PP, suponen una voladura unilateral y violenta del pacto social que de alguna manera pretendía encarnar la CE en sus títulos I y VII. La nueva Constitución debe ser radicalmente más ambiciosa, como quieren los ciudadanos, que reclaman soluciones al problema número uno del paro y de la situación económica:

            – Título I (derechos y deberes fundamentales) para profundizar en la garantía de derechos sociales como la vivienda (frente a la especulación y los desahucios de los poderes financieros, de los bancos), el trabajo (frente al poder absoluto de los empresarios para despedir sin motivos objetivos, al desmantelamiento del Derecho del Trabajo, del sistema de garantías laborales, sociales, prestaciones por desempleo, y sindicales), la seguridad social (frente al deterioro progresivo de la solvencia del sistema público de pensiones para justificar su privatización en beneficio de las compañías aseguradoras y de los bancos), la atención a la dependencia (frente al frenazo en seco de su desarrollo y consolidación como derecho), el medio ambiente (frente a su preterición ante la imposición del principio del crecimiento y la competitividad), la inmigración (frente a una regulación cada vez más restrictiva e inhumana). Estas materias deben dejar de ser tratadas como simples principios rectores de la actividad económica, para ser tratados como auténticos derechos de la ciudadanía, cuya ejecutividad pueda ser exigible ante los tribunales de justicia.

            – Título VII (economía y hacienda) para garantizar la supervivencia del Estado de Bienestar.

 

           

            C) EL MODELO DE ESTADO FEDERAL DE IU.

I. EL REPUBLICANISMO

El Republicanismo y la configuración del Estado democrático participativo.

            El fenómeno del descrédito de la política y de los políticos puede llevar a dos escenarios diferentes: uno indeseable, pero verosímil, es el auge de las ideas antidemocráticas, la búsqueda de un líder carismático en quien depositar la confianza mayoritaria, y de una forma autoritaria de conducir la política, primando el principio del orden y la actuación represiva contra la “invasión” de los inmigrantes a los que se culpa del paro y de la delincuencia; otro escenario es la profundización del sistema democrático, ampliando sus límites desde los valores de la participación, la igualdad y la justicia meramente formales, hasta la democracia real, participativa e igualitaria. En Grecia, como consecuencia de la crisis económica y del conflicto social explosivo al que está dando lugar, se está produciendo un ejemplo claro de esta polarización política: la desconfianza en los dos grandes partidos del sistema ha dado lugar al crecimiento de una izquierda consecuente como es Syriza, pero también al crecimiento de un partido neofascista como es Amanecer Dorado, afortunadamente con resultados minoritarios… por ahora.

            En España tenemos la posibilidad de cambiar el sistema profundización en la democracia real mediante el cambio desde el carácter monárquico de la forma del Estado, al avance del ideario republicano. Porque la primera insuficiencia de la actual democracia española es que la Jefatura del Estado sea hereditaria, que el primer servidor público no sea elegido por el pueblo, sino por la línea sucesoria de una familia. Y esta falla del sistema democrático no es casual, sino que deriva del carácter “otorgado” o “consentido” con el que las oligarquías preconstitucionales, los fascistas reconvertidos en demócratas a la muerte del dictador, impusieron las reglas de juego de la democracia española en la transición. La monarquía, la bandera, el olvido eran la condición que pusieron encima de la mesa para negociar con las fuerzas antifascistas, democráticas, la instauración de la CE de 1978.

            Agotado el crédito del actual marco constitucional, roto el pacto de forma unilateral por la oligarquía político-financiera encarnada por la derecha española tan claramente como lo está haciendo el actual gobierno de Rajoy con sus privatizaciones, recortes de derechos y giros neocentralistas, la izquierda está libre para plantear su programa de máximos, para negociar con el pueblo y otras fuerzas sociales y políticas democráticas la recomposición de un nuevo Pacto Democrático basado en los valores del republicanismo, el federalismo y la solidaridad.  

            La izquierda alternativa debe hacer sociedad republicana, fomentar el republicanismo como valor social mayoritario, creando y renovando nuevas formas de intervención ciudadana en política solidaria. Porque el republicanismo es ante todo un valor que sitúa el autogobierno de los ciudadanos y ciudadanas, a través de la democracia participativa. Frente al capitalismo que reduce a las personas a meros consumidores, meros electores y elimina los lazos sociales grupales, es preciso ampliar el concepto de ciudadanía como sujeto político directo, pleno de derechos.

            El republicanismo tiene una gran tradición política en España, pues ya han se han producido dos experiencias republicanas en su historia, y la última, la de la II República se produjo gracias a la eclosión popular generada por un conflicto social de características similares a las actuales, salvadas las distancias. Es evidente que ha llovido mucho desde entonces. Pero la fórmula republicana puede, justo en estos momentos, prender en la conciencia colectiva de nuestro pueblo, pues reúne características que conectan con los sentimientos que la crisis suscita en la inmensa mayoría: 

            – Reniega del actual sistema social que secuestra al ciudadano lo político, recuperando el concepto aristotélico del hombre-mujer como animal político.

          – Conecta con las aspiraciones de las revoluciones que aquí no se han dado (libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, y justicia social y radical expropiación de los privilegios, así como desmercantilización e incluso colectivización de los bienes esenciales de la Revolución Soviética y las experiencias socialdemócratas más consecuentes) permaneciendo como una asignatura pendiente en la medida en que las experiencias republicanas han sido siempre cercenadas por la represión de la oligarquía monárquico-eclesiástico-financiero-conservadora.

          – La herramienta del republicanismo es la democracia participativa, compatible pero superadora de la democracia representativa: el ejercicio de las consultas y de los referéndums, el recurso a las iniciativas legislativas populares, los presupuestos participativos, el urbanismo participativo, la democracia económica, y el control democrático y participativo sobre los representantes e instituciones.

            – El republicanismo lleva implícito un pacto social de fortalecimiento de lo público (res pública), convirtiendo en propietarios colectivos de los bienes esenciales a los desposeídos, generando derechos donde antes había mera caridad o dispendios por parte de los poderosos hacia los de abajo (caridad versus justicia social). En una sociedad republicana el individuo se siente cada día más arraigado, pues existe una comunidad de bienes e intereses comunes, de los que él es copropietario, y en cuya producción y defensa es coprotagonista.

            En el nuevo proceso constituyente, surgen como corolarios del carácter republicano del Estado, toda una serie de elementos que deben ser contemplados expresamente en la nueva ley de leyes. Se trata de explicitar en la Constitución todos los derechos de la ciudadanía, entendidos en el sentido más rico del nuevo constitucionalismo posterior a la II Guerra Mundial: derechos políticos, derechos civiles y derechos sociales (Titmus). Sin ánimo de ser exhaustivos, reseñemos algunos de los que nos parecen más destacables, quizá por su carácter novedoso o porque pretenden resolver problemas planteados a lo largo de este período democrático: 

            1. La paridad. Los derechos de las mujeres no se garantizarán de manera efectiva si no se establece la obligación constitucional de respetar la paridad en la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, de forma que se garantice su cumplimiento en el acceso a funciones y cargos públicos. Los poderes públicos deberán adoptar para ello las oportunas medidas de acción positiva.

            2. Reforma de la ley electoral. La democracia representativa requiere toda una serie de cambios para empezar a ser creíble y respetada por los ciudadanos. Proponemos algunos de los cambios que deberían recogerse en orden a esto:   

            2.1. Erradicación del transfuguismo. El representante elegido para el ejercicio del cargo en cualquier institución por los votos de los ciudadanos y ciudadanas a una determinada fuerza política y durante el mandato cambia de opción, debería ser revocado, pues los electores tienen el derecho a no ser defraudados. En este sentido deberá arbitrarse algún mecanismo corrector de la prohibición del mandato imperativo y de la imposibilidad de desposeer al representante de su escaño aunque abandone la formación por la cual salió elegido. A tal efecto podría plantearse la revocación del mandato mediante iniciativa popular, o bien la previsión legal de las circunstancias en que un representante elegido puede verse privado de su escaño.

            2.2. Voto de los inmigrantes. Los ciudadanos establemente residentes en España, al margen de su nacionalidad, deben tener derecho al ejercicio de voto en todos los ámbitos, desde el local al federal. Si tienen la obligación de pagar impuestos y estar sujetos a las leyes en función de su criterio de residencia, debe ser este criterio y no el de su nacionalidad el que deba ser tenido en cuenta a la hora del ejercicio del derecho político de participar mediante el voto en las convocatorias electorales, tanto a título de elector como de elegible.

2.3. La proporcionalidad directa debe ser garantía de respeto a la voluntad popular y de pluralismo político en el ámbito institucional. Apostamos, al menos, por la abolición del sistema D’Hont. Quizás podría establecerse un sistema de atribución de escaños por restos de votos, para evitar que haya votos que no cuentan.

2.4. Cambio en la circunscripción electoral. La provincia no debe ser el ámbito. En la medida en que la nueva Constitución decida abolirla como realidad territorial, debe atribuirse a las comarcas y/o a las organizaciones territoriales federadas el carácter de circunscripción electoral para los representantes en las Cortes (Congreso y Senado).

3. Ética pública. Pacto contra la corrupción. Hace falta un proyecto de dignificación del papel de los representantes políticos. No todos los políticos son iguales. Que mucha gente haya llegado al convencimiento de que “todos son unos corruptos”, o que “todos van a hacer lo mismo”, no es positivo, pues es síntoma de una resignación ante el fracaso del sistema democrático que sólo puede anunciar el avance de posiciones autoritarias, protofascistas, que podrá avanzar si se extiende la aquiescencia de una mayoría social que abogue por el advenimiento de “un salvador de la patria” (¡de nuevo!). Por eso es tan importante que se habiliten medios para la recuperación del crédito de los políticos:

– Endurecimiento del sistema de incompatibilidades tanto en durante el ejercicio del mandato, como después del mismo, para evitar el mecanismo de “puerta giratoria” entre los gestores públicos que son cooptados por la empresa privada, y viceversa.

– Endurecimiento del Código Penal y de las leyes administrativas para tipificar las sanciones a las prácticas de corrupción, tanto de los corrompidos como de los corruptores. Inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público para los que hayan incumplido la ley desde el ejercicio de responsables electos, e inhabilitación para la profesión privada de quienes hayan inducido u ofrecido privilegios o compensaciones económicas dinerarias o en especie a los responsables políticos a cambio de favores.

– Endurecimiento del Reglamento de las respectivas instituciones para erradicar las prácticas que sean socialmente calificadas como de privilegios: igualdad de condiciones para acceder a una pensión, etc. Pero al mismo tiempo hay que reivindicar una remuneración adecuada a la responsabilidad que ejercen, y dietas de desplazamiento, alojamiento y comida suficientes para que no sólo los que poseen una posición económica desahogada puedan meterse en política, sino también los trabajadores.

– Poner límites a las retribuciones de los cargos políticos, representativos o institucionales, o no; y a los altos ejecutivos de las empresas; así como a los beneficios empresariales, utilizando la fiscalidad progresiva.

Trasparencia en las retribuciones de los cargos públicos. Hacer públicos a través de todos los medios de comunicación la situación económica de los políticos y de los partidos: no sólo la situación patrimonial de los electos, sino también la contabilidad, las subvenciones de los empresarios, los acuerdos con los bancos, las nóminas de los funcionarios o cargos de los partidos y los sobres que cobran bajo cuerda (sobresueldos), y las subvenciones que reciban las fundaciones y ONGs de ellos dependientes.

Transparencia en las retribuciones de los ejecutivos privados, de los inversores y banqueros, con la misma finalidad que la transparencia de los cargos públicos.

– Profundizar en las competencias y medios del Tribunal de Cuentas para que cumpla con eficacia su papel de supervisor de la limpieza financiera del gasto público.

– Suscripción de un Pacto contra la Corrupción, por el cual los partidos y organizaciones sociales beneficiarias de dinero público o privado que gestionen intereses sociales o públicos, se comprometan a no llevar contabilidades paralelas, cajas “B”, y que se presten a ser sometidas a auditorías externas periódicas.     

4. Democracia directa o participativa. La nueva Constitución debe proponer mecanismos para la consecución de este avance en la calidad democrática que significa la democracia directa o participativa. Entre otros:

– Que las organizaciones territoriales federadas puedan someter a consulta popular o referéndum decisiones políticas dentro del ámbito de sus competencias.

– Que sean estas mismas organizaciones territoriales federadas las competentes para autorizar las consultas populares de ámbito local.

– Que la figura del referéndum tenga carácter vinculante, no meramente consultivo.

– Que se facilite el ejercicio de las iniciativas populares, bajando el número de firmas exigidas y ampliando las materias susceptibles de ser objeto de las mismas.

 – Que exista el diputado 351, es decir, que pueda presentar la iniciativa legislativa popular y también preguntas de control o iniciativas de impulso a la acción del gobierno un portavoz de los promotores de aquellas que vengan avaladas con determinado número de firmas.

5. Pluralismo informativo. El derecho de acceso de los grupos políticos representativos y de los sindicatos y patronales, así como de otros colectivos que representen legalmente intereses colectivos deberá estar garantizado no sólo en los medios de comunicación públicos, sino también en los privados. 

– Deberá limitarse la capacidad de conformación de oligopolios de la comunicación, mediante la concentración de las cadenas privadas en pocas manos.

– Deberá incluirse el principio de neutralidad de los medios de comunicación públicos en los procesos electorales.

– Deberá defenderse el carácter público de los medios de comunicación públicos, prohibiendo expresamente su privatización.

– Deberá prohibirse la limitación por el gobierno de la utilización de las redes sociales, salvo cuando sus contenidos puedan ser delictivos, o contrarios a los valores democráticos. 

– Deberá protegerse la independencia y profesionalidad de los periodistas y demás agentes de la comunicación mediante la previsión constitucional de la figura de un Estatuto del Profesional de los Medios de Comunicación.

– Deberá preverse constitucionalmente que el director de los medios de comunicación públicos sean elegidos por el Congreso de los Diputados y por nombrado por el gobierno.

6. Presupuestos participativos. Sobre todo en la Administración Local, deberá ser obligatoria la puesta en práctica de los mecanismos que permitan participar directamente a los ciudadanos y ciudadanas en la elaboración de los presupuestos municipales y en otras decisiones de similar importancia.

7. Garantías de procedimientos parlamentarios participativos. La nueva Constitución debe prohibir la ley de acompañamiento de los presupuestos y establecer criterios estrictos para la utilización abusiva por parte del gobierno de las figuras del decreto y el decreto-ley, burlando así el debate parlamentario y la comparecencia de los colectivos y expertos que deben ser escuchados en el trámite legislativo.           

8. Otros derechos civiles. El republicanismo se encarna en la defensa de todos los demás derechos civiles que hoy reconoce la C.E. del 78, que en ese aspecto fue una de las más avanzadas de su época: derechos como el de asociación, reunión, manifestación, huelga, etc. fueron conquistas democráticas en las que no hay que dar ni un paso atrás. Por eso no las reproducimos aquí, en este documento cuyo objetivo es acentuar más lo novedoso de lo que le faltaba (o le sobraba) a la Constitución del 78, que el rectificarle la plana en todo aquello que fueron conquistas democráticas innegables, valiosas para hoy y para el futuro.

Sin embargo hay algún aspecto que conviene modificar en la nueva Constitución:

8.1. Como consecuencia del derecho a la vida, debe completar la abolición de la pena de muerte incluso en tiempos de guerra.

8.2. También en coherencia con el reconocimiento del derecho a la vida deberá incluirse un artículo por el cual el Estado español renuncie al uso de la guerra como instrumento de política exterior. Así lo hizo la Constitución de 1931 siguiendo la línea del Pacto de la Sociedad de Naciones. En consecuencia, las Cortes Generales no sólo deberán autorizar la declaración de guerra o de paz, sino cualquier intervención de tropas españolas fuera del territorio nacional.

8.3. El derecho a la vida debe completarse con el derecho a elegir una muerte digna, avanzando en la posibilidad de la regulación de la eutanasia activa en determinados supuestos.

 

II. EL FEDERALISMO REPUBLICANO

Pese a que algunos consideran que España ya constituye una realidad materialmente federal, porque la articulación del actual Estado de las autonomías utiliza algunas técnicas directamente tomadas de modelos federales, IU sostiene que faltan elementos muy importantes para que éste pueda ser un  Estado Republicano, Federal, Plurinacional y Solidario, que concilie unidad y diversidad en el marco de la doble federalidad española y europea.

El debate sobre la organización territorial en el marco de un nuevo proceso constituyente debería ser una oportunidad para orientar definitivamente la articulación entre las distintas soberanías de los pueblos que componen el Estado español, una manera más previsible, menos llena de incertidumbres y menos dejada a la discrecionalidad de las relaciones bilaterales entre el centro y la periferia.

Apostamos por la construcción inmediata de un Estado federal dentro de una federación de Estados que debería ser la UE, fruto de la negociación y el pacto, y cuyo alcance deberá considerar todas las sensibilidades reales que concurren en este debate y que son significativas para asegurar nuestra convivencia.

En la nueva Constitución hemos de incluir los siguientes elementos:

a) La Unión Europea: falta una mención expresa a la pertenencia del Estado español a la Unión Europea, a la integración del Derecho europeo en el sistema de fuentes, y a un procedimiento específico para la ratificación de los Tratados de la Unión Europea, que debe pasar por la consulta de los ciudadanos en referéndum vinculante, ya que se trata de una reforma de la Constitución. Lo mismo para decidir sobre una eventual salida de España de la UE.

b) El mecanismo inicial o constituyente de consentimiento de integración desde cero por parte de las naciones, nacionalidades, regiones o ciudades para configurar entre todos una unidad federal llamada Estado Español o España, dado por los ciudadanos y ciudadanas y expresado mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación. La soberanía española es un compuesto de las diferentes soberanías de los pueblos que componen voluntariamente el Estado español.

c) La enumeración expresa e individualizada de los nombres oficiales de las federaciones que han asumido el status y en consecuencia han aceptado el texto constitucional, con la expresa mención a su vez del carácter con que asumen dicha aceptación, bien a título de estado federado, o de nación soberana, o de nacionalidad, o de región o de ciudad autónoma. Esta enumeración tiene como precedente histórico el de la Constitución de 1873. Deberían también estar previstas en el nuevo texto constitucional varias circunstancias que pudieran alterar dicha enumeración:

– el cambio de denominación de una de las federación mencionadas expresamente en la Constitución,

– el mecanismo de unificación de dos o más federaciones para conformar una nueva dentro del marco federal español, sin necesidad de autorización previa por parte del Congreso.

– el mecanismo de segregación de una parte de una federación que desea configurar una nueva federación por sí misma, siempre dentro del marco federal español,

– el mecanismo de ejercicio del derecho de autodeterminación con la voluntad de salirse del Estado Federal Español.

– el procedimiento de modificación de los Estatutos de las organizaciones territoriales federadas, de manera que aquello que no afecte a la delimitación de competencias entre el Estado y la organización territorial federada quede a la libre decisión de ésta, de forma similar a lo producido en las últimas modificaciones constitucionales de Italia. El mecanismo del referéndum para las modificaciones estatutarias deberá extenderse a todas las organizaciones territoriales federadas.

El derecho constitucional comparado establece disposiciones de este tipo en Estados federales tales como EE.UU., Alemania o Suiza, o en sistemas territoriales de carácter regionalista como Francia o Italia. E incluso en el mismo texto de la actual CE del 78 existen disposiciones que permiten la incorporación de una comunidad autónoma, o partes de su territorio, a otra. Desde la Disposición Transitoria Cuarta de la propia Constitución (que permite la incorporación de Navarra a Euskadi si así lo decide su Parlamento y los ciudadanos navarros mediante referéndum), hasta el art. 141.1 (que permite la modificación de los límites provinciales por Ley Orgánica). Y los diversos estatutos de autonomía de algunas comunidades autónomas también prevén este tipo de mecanismos: el Estatuto de Autonomía del País Vasco (que regula la posible incorporación de enclaves a esa comunidad), y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León (que regula un procedimiento específico para la integración del territorio de otras comunidades así como para la segregación de enclaves y su integración en otra comunidad).

d) Una distribución más exhaustiva y precisa de las diferentes competencias distinguiendo las de carácter federal o estatal de las que puedan ser asumidas por las distintas organizaciones territoriales federadas con carácter también exclusivo. Incluso aquellas competencias referidas a la misma materia, deberían distinguir con precisión qué parte de la materia puede ser asumida por el Estado o qué parte puede ser asumida por la o las federaciones que así lo deseen, pero siempre precisando cuáles y cómo, para que no existan duplicidades o encabalgamientos en la gestión de los distintos servicios públicos o de las materias que fueren.

En todo caso, ese reparto nítido de responsabilidades entre uno y otras debe evitar el actual efecto de que prácticamente todas las materias son compartidas y es el Estado el que con gran discrecionalidad puede poner los límites a las competencias mediante el uso de la legislación básica, de las leyes orgánicas y de los títulos transversales.

e) Reconocimiento expreso y claro del carácter pluricultural y plurilingüístico del Estado. Las distintas lenguas de España deben ser declaradas oficiales para todo el Estado, no solamente en el territorio de las respectivas organizaciones territoriales federadas.

f) El nuevo texto constitucional debe prever la realización de una auténtica “revolución administrativa”. La experiencia de estos 35 años de funcionamiento descentralizado del Estado ha demostrado que el modelo francés de Función Pública en que se basaba inicialmente el ejercicio de la gestión de los servidores públicos, ha sufrido múltiples adulteraciones o distorsiones por parte de los gestores políticos, que se han inventado multitud de triquiñuelas para huir del Derecho Administrativo, burlar los controles tanto financieros como de cualquier otro orden, y proporcionar a los gobernantes de turno y a sus allegados ventajas o privilegios en orden al acceso a la Función Público, a la adjudicación de licencias, concesiones y contratos administrativos, etc.

Por otro ello deberán adoptarse en el nuevo texto constitucional medidas de protección de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y ciudadanas, así como de defensa de una Función Pública profesional, eficaz e independiente en el ejercicio de sus funciones. Entre otras proponemos las siguientes:

Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Sanción incluso penal a los que conculquen las leyes de acceso a la Función Pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, para erradicar la lacra del enchufismo.

Revisión de la ley de contrataciones del Estado, así como de las demás figuras que signifiquen una derivación al mercado privado vía externalización o mercantilización de las funciones asignadas al Estado.

Definición constitucional de aquellos servicios públicos esenciales para la comunidad y el bienestar de los ciudadanos que no puedan ser privatizados: defensa, prisiones, justicia, fedataría, educación, sanidad, atención a la dependencia, entre otras.  

Ampliación de los mecanismos de intervención estatal, control y sanción incluso penal de la configuración de oligopolios que representen un peligro cierto de conculcación de la libre competencia, del interés general o del bienestar efectivo de los ciudadanos. Garantías de participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en los organismos públicos que controlan la conformación de los precios y la libre competencia.      

g) La mención constitucional a la Administración Local debe prever al menos tres hitos:

            – la posibilidad de supresión de las provincias y su sustitución por la configuración comarcal.

– la supresión de las diputaciones provinciales y la asunción de sus competencias bien por la federación respectiva o bien por la comarca a la que pertenezcan los diversos municipios que la compongan.

– el Pacto Local, que dote a la autonomía local de contenido y precisión. 

                  En el artículo 140 de la actual CE del 78 se enuncia la autonomía municipal, que habrá que reproducir en el nuevo texto constitucional. No así el texto del 141 (las provincias) en coherencia con la opción de suprimir las provincias y sustituirlas por las comarcas. No obstante es posible que algunas organizaciones territoriales federadas opten por mantener la organización provincial por las razones que fuere (incluso en el caso de eludir el mantenimiento de las diputaciones porque duplican las competencias de las naciones o regiones federadas). Por lo que habrá que introducir en el nuevo texto constitucional entre las organizaciones territoriales intermedias tanto las provincias como las comarcas. Por otro lado, no creemos que se deba proscribir la configuración de servicios mancomunados entre municipios limítrofes, aunque sí deberá realizarse bajo el principio de no reproducir órganos innecesarios o cuyos gastos burocráticos o de personal supongan una carga difícil de ser soportada desde el punto de vista financiero.

                  h) La reforma del Senado.

           ¿Reforma o supresión del Senado? Se ha introducido este debate al calor de la necesidad de los ajustes presupuestarios derivados del modelo de salida de la crisis impuestos por los conservadores. No obstante el debate preexistía y los partidarios de la supresión del Senado argumentaban su posición en la inoperancia práctica del Senado, en la duplicidad de sus funciones tanto a nivel legislativo como de control del gobierno, y en el derecho comparado, pues existen regímenes democráticos cuya representatividad es unicameral.

Hasta la fecha IU ha compartido el sistema de representación bicameral establecido en la Constitución del 78, pero estableciendo a cambio la necesidad de una reforma del Senado para que quede configurado como auténtica Cámara de representación territorial.

La configuración que del Senado debe realizar la nueva Constitución Republicana debe tener en cuenta los siguientes elementos:

– Entendemos que el Senado debe ser el mecanismo fundamental del federalismo republicano, aunque no el único, articulando la participación de las distintas las organizaciones territoriales federadas (estados, naciones, nacionalidades, regiones o provincias autónomas) en la formación de la voluntad del Estado tanto a través del ejercicio de la potestad legislativa y del control del Gobierno, como en la elección o designación de otros órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, etc.).

– Su composición y funciones deben responder al principio de la simplificación de las instituciones del Estado, bajo el principio de la no duplicidad de funciones. Por eso deberán definirse qué materias legislativas son de competencia exclusiva del Senado por afectar a la configuración federal en el orden territorial, y cuáles son exclusivas del Congreso. Debe evitarse el papel de órgano legislativo “de segunda lectura”, aunque en todo caso deberán respetarse: la competencia para  intervenir junto  al  Congreso  en  el ejercicio de las atribuciones sobre la convalidación y derogación de Decretos-leyes, la competencia específica de enmienda del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, y el derecho de veto en relación con los proyectos de ley del Congreso que impliquen trasgresión material de las atribuciones del Senado o que afecten lesivamente a las competencias y atribuciones de las organizaciones territoriales federadas.

– Como órgano de control del Gobierno en su actuación en materia de política territorial federal, respecto de las normas dictadas por éste en materia de transposición del derecho comunitario cuando afecten a las organizaciones territoriales federadas y respecto de los acuerdos en el seno de la Unión Europea que afecten al acervo competencial de las organizaciones territoriales federadas, así como con competencia para intervenir junto al Congreso en la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio.

– El Senado debe ser cauce de concertación y cooperación de las organizaciones territoriales federadas entre sí y con el Estado, así como para la participación en las instituciones de la Unión Europea. Como órgano de política federal, el Senado debe ser competente para conocer y decidir sobre las cuestiones relativas a la estructura político-territorial del Estado, en las cuestiones de índole normativa que afecten al Estado español como consecuencia de su pertenencia a la Unión Europea cuando afecte a las organizaciones territoriales federadas, y para participar en la formación de la voluntad del Estado en sus relaciones internacionales jurídicas y políticas cuando se produzca idéntica afectación. Asimismo debe tener competencia exclusiva para conocer de cuantas materias afecten a los Estatutos de las organizaciones territoriales federadas, a sus propuestas de reforma, y a la financiación de las mismas.

– Este nuevo Senado exige que la elección de sus miembros se haga a través de las organizaciones territoriales federadas y no sobre las provincias. Los senadores deben ser elegidos por los parlamentos de las organizaciones territoriales federadas, en número variable según la población, definido bajo los criterios de proporcionalidad y garantías mínimas de pluralismo.

 

III. SOLIDARIDAD REPUBLICANA

Economía y Hacienda federal y solidaria. Esta es la piedra de toque de todo el sistema federal que defiende IU. El federalismo de izquierdas es inseparable del carácter solidario del Estado. Pero la solidaridad no se mide sólo en términos de capacidad individual de acceso a los medios para sobrevivir en una sociedad más o menos competitiva, más o menos solidaria. La solidaridad se mide también en términos de cohesión interterritorial, de forma que en un Estado Federal, sea el que fuere, el Estado debe garantizar no sólo la consecución de los derechos económicos y sociales individuales, sino la convergencia de la capacidad de los territorios que lo integran para poder satisfacer esos derechos individuales y colectivos. La frase “es la economía, idiota, la economía” se ha hecho célebre por lo acertada y oportuna que resulta cuando se tratan temas aparentemente superestructurales.

Todo se reduce a términos económicos, en última instancia. Por eso cuando se trata de definir qué se quiere hacer con eso que llamamos “España”, hemos de definir muy bien de qué tipo de economía queremos dotar al Estado. Excuso decir que en un nuevo proceso constituyente como el que plantea este documento, la definición del modelo económico es fundamental. No vamos tampoco a ser exhaustivos en cuanto a la configuración de un cambio de sistema económico, pero sí queremos proponer elementos que vayan configurando un cambio de modelo de mercado. Y sobre todo, pensamos que la nueva Constitución debe resolver de una vez por todas las bases de un sistema financiero de carácter federal, así como la participación de las organizaciones territoriales federadas en la formación de los órganos económicos que emanan de las Cortes, tales como el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico Social.

1. Modelo de la federalidad financiera. El principio fundamental de la federalidad económica es el de la unidad del mercado. Pero el mercado no es territorialmente homogéneo: la riqueza no se produce ni se debe distribuir de forma simétrica o estrictamente proporcional a los parámetros cuantitativos con que se pueda medir el peso de cada una de las organizaciones territoriales federadas: PIB, población, extensión. La medida más precisa debe ser políticamente pactada. El nuevo pacto constitucional debe incluir un pacto fiscal, esto es, debe asentarse sobre el acuerdo en las condiciones en que están dispuestas las organizaciones territoriales federadas a aceptar las reglas de juego comunes en materia de configuración del mercado, así como de contribución presupuestaria para el mantenimiento de los objetivos comunes del Estado. En un Estado centralista la Economía y la Hacienda la deciden y gestionan los órganos democráticos centrales en exclusiva. En un Estado Federal, las organizaciones territoriales federadas deben tener un papel de coprotagonistas tanto en un aspecto (el de la decisión) como en el otro (el de la gestión).

El Pacto Fiscal debe reconocer las singularidades de cada una de las organizaciones territoriales federadas, sin miedo a que lo mismo que tienen hoy Euskadi y Navarra, pueda mañana tener Cataluña un reconocimiento fiscal su singularidad identitaria también en el nuevo texto constitucional. Pero para definir legalmente estas singularidades hay que tener en cuenta varias cuestiones:

a)     Lo mismo que pueden existir singularidades por razón de lengua, cultura e historia, podrán ser consideradas constitucionalmente también singularidades por motivos de insularidad; o de bases productivas desarrolladas estructural e históricamente con menor capacidad de garantizar la consecución de la igualdad de derechos de sus ciudadanos respecto de la media del Estado; o de cualquier otro motivo que pueda requerir para la organización territorial federada la caracterización de “fiscalmente singular” de cara a la consecución de una especial protección del Estado Federal a la misma.

b)     La autonomía financiera de los territorios singularizados por el texto constitucional debe ser garantizada por la existencia en su texto estatutario de una Hacienda propia, en todo caso coordinada con la Hacienda Federal mediante reglas federales comunes.

c)     La recaudación de los tributos llevada a cabo por las haciendas de cada organización territorial federada podrá incluir la de los tributos propiamente federales, siempre que se hayan pactado previamente y de forma bilateral entre el Estado Federal y la respectiva organización territorial federada las reglas de juego de la transferencia de ésta a aquél de lo que corresponda a aquellos tributos federales.

d)     El Estado Federal deberá velar por la supresión de situaciones que signifiquen ventajas fiscales de una organización territorial federada sobre las demás, de forma que se produzca una especie de guerra por incentivar las inversiones de una de ellas sobre las demás.

           2. El modelo de la solidaridad federal.

           Los conceptos de republicanismo y de federalismo incluyen necesariamente el principio de la solidaridad interterritorial, entendida como los mecanismos estatales para garantizar “el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo”, entre todas las organizaciones territoriales del Estado Federal (como define el actual artículo 138 de la CE del 78). Equilibrio que no significa de ningún modo uniformismo ni recentralización, pero tampoco permisividad o promoción de status privilegiados económicos o sociales.

           El actual proceso de mundialización del que se ha apropiado el capitalismo neoliberal ha establecido el mercado como único regulador social, cultural y político, debilitando lo público. Ello ha conllevado una gradual caducidad del Estado-Nación. Pero a su vez ha establecido la plena compatibilidad de la universalización y la particularización como dos fenómenos de vigente actualidad. Y junto a las antiguas identidades, el proceso autonomista llevado a cabo durante ya un tercio de siglo, ha hecho rebrotar diferentes identidades territoriales basadas en hechos culturales, y de otro tipo. El tiempo en que se mide la historia de los pueblos no se desarrolla nunca en vano. Por ello, hoy, cuando la crisis induce movimientos centrípetos tan agudos y descerebrados como el neocentralismo del actual gobierno del PP, y a su vez derivas centrífugas como es la ola del soberanismo independentista, cobra mayor vigencia la caracterización de solidario del proyecto federalista. No es contradictorio afirmar que cuanto más convencidos estamos de la necesidad de practicar un federalismo que comprenda el policentrismo y la asimetría, más debemos centrarnos en dotarnos de un sistema financiero consensuado y solidario.

           El Estado Federal deberá velar porque la Hacienda Federal esté dotada en cualquier caso de los medios suficientes para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los mismos niveles de bienestar y demás derechos individuales y colectivos, y de cohesión de los territorios que lo componen, revisando la actual configuración del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).   

La configuración tanto en el aspecto de los ingresos (normativa fiscal federal) como en el de los gastos, a contribuir al gasto de las competencias del Estado debe gestarse de común acuerdo en órganos como el actual Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Contra los acuerdos bilaterales o del propio CPFF, y las actuaciones del gobierno tanto presupuestarias como de acceso al crédito   que infrinjan el principio de la solidaridad federal, el Tribunal Constitucional podrá actuar a instancias de parte, o también por iniciativa propia.

3. La defensa del Estado del Bienestar

3.1. Otra salida a la crisis.

           La urgencia está ahora mismo en levantar un muro de resistencia frente a la salida que nos impone la oligarquía político-financiera de la troika (FMI, BCE y CE). Para lo cual la movilización es lo importante. Pero para que a dicha movilización se adhieran muchos grupos sociales tibios, resignados y pesimistas, se requiere que entre todos y todas creemos un horizonte creíble de una nueva sociedad con un futuro de progreso e igualitario.

           Dicho de otro modo: hasta ahora la salida que nos plantea el gobierno neoliberal son las “salidas” individualistas del darwinismo social, es decir, que el más fuerte (léase el más preparado, el más emprendedor) ese se salva de la quema (del paro, de la pobreza); pero la única salida colectiva, según ellos, es la del ideario neoliberal (¡qué casualidad!): la desregulación, la privatización y los recortes de los derechos salariales, laborales, sociales y hasta políticos adquiridos por las luchas del movimiento obrero y sus aliados durante los dos siglos anteriores, y en especial las instituciones del Estado del Bienestar (pensiones, sanidad, educación y asistencia social públicas y gratuitas). Frente a esto hay que plantear al pueblo que la salida individualista no resuelve nada, y que la única salida posible debe ser colectiva, política, construyendo otra economía socialista, no sólo porque es deseable, sino porque es posible. La construcción de ese horizonte de la III República Federal y Solidaria, y el diseño del camino hacia ella, el nuevo proceso constituyente, es la primera tarea a la que debe dedicarse la izquierda.

3.2. Rescatar y hacer ejecutivo el Estado social de Derecho propuesto por la CE del 78

           La Constitución de 1978 define al Estado como un Estado social, es decir, que la nueva sociedad democrática se asentaba sobre el pacto socialdemócrata cuyo paradigma es el trueque del liberalismo del mercado (reivindicación de la clase dominante) a cambio de la construcción del Estado del Bienestar (pieza que se cobra el movimiento obrero en la transacción política del Pacto Social rubricado como consecuencia del proceso constituyente que va desde 1976 a 1978 culminado en 1980 con el Estatuto de los Trabajadores).

           Lo conquistado en dicha CE del 78 por las clases populares, el Estado del Bienestar, la intervención del Estado para asegurar, no sólo los derechos individuales, sino también los colectivos, económicos y sociales, todo eso hay que salvarlo y repetirlo en la nueva Constitución, frente a los vientos neoliberales desatados a partir de 1980. Pero además hay que reforzarlo, pues la primacía del mercado plasmada en el “consenso de Washington” ha barrido todos los derechos porque en la C.E. del 78 carecían de las mínimas garantías que los conviertan en algo más que un simple enunciado programático. Este es, a nuestro juicio, uno de los principales déficits de la Constitución.

           Entendemos que, como mínimo, habría que introducir las siguientes reformas constitucionales para garantizar la pervivencia del Estado de Bienestar:

           a) Efectividad y carácter ejecutivo de los derechos reconocidos en la nueva CE, reclamables incluso ante los tribunales ordinarios. En la CE del 78 los derechos económicos, sociales y culturales son considerados como “principios rectores de la política social y económica”. Pero esos principios carecen de la protección reforzada que caracteriza a los derechos fundamentales, es decir, no son derechos subjetivos ni tampoco requieren desarrollo legal. Lo que implica que son derechos fundamentales sobre el papel, pero que las políticas implementadas por los distintos gobiernos deben no sólo dejarlos en papel mojado, sino que incluso pueden generar retrocesos históricos como los que estamos viviendo en estos momentos con las políticas de austeridad. Lo que hay que hacer es reconocer a estos principios como derechos y dotarles de una garantía reforzada. Estamos hablando del derecho a la vivienda, la seguridad social, la protección de la dependencia, el derecho al trabajo y derecho al medio ambiente, al menos.

           b) Debe introducirse un nuevo derecho a la percepción de unos ingresos mínimos o una renta básica suficiente para atender las necesidades básicas vitales. Sin dicha renta básica, el derecho a la vida es una pura falacia. Los poderes públicos deben quedar obligados constitucionalmente a garantizar una renta básica a las personas que no dispongan de ninguna otra renta o patrimonio, que en cualquier caso será un mínimo exento fiscalmente.

c) El derecho al trabajo es también papel mojado, si no se obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso a un puesto de trabajo. Además, debería incorporarse como contenido esencial del derecho al trabajo el principio de estabilidad en el empleo y el principio de la causalidad en el despido.

d) Deberá constitucionalizarse el carácter normativo del convenio colectivo, así como la obligatoriedad de garantizar al trabajador la actualización del salario en función del coste de la vida, y la obligación de los poderes públicos de garantizar un salario mínimo interprofesional actualizable anualmente según el IPC.

e) Introducir el derecho al crédito en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas, y como correlato, la consideración de las entidades bancarias como un servicio público, garantizando en consecuencia mediante la acción eficaz del Banco de España el correcto funcionamiento de estas instituciones financieras. Establecer la necesidad del mantenimiento de una banca pública como garantía de la efectividad del derecho al crédito. Defender las cajas de ahorro y la desconcentración del poder financiero.  

f) Reconocimiento de la democracia económica. También deberá garantizarse el equilibrio de poder en las empresas, garantizando el ejercicio del poder sindical en su seno, así como el reconocimiento constitucional de la necesaria intervención de los sindicatos más representativos y las organizaciones empresariales en la configuración de la política económica, mediante la negociación con el gobierno de acuerdos o conciertos tripartitos, como un elemento importante del principio de la obligación de planificación económica por parte de los poderes públicos.

g) Deberá garantizarse el derecho a la sindicación y a la libre elección de sus representantes sindicales, tipificando como delito social las presiones, coacciones o maniobras por parte de los empresarios para mediatizar los procesos electorales sindicales, o la constitución de sindicatos amarillos fieles a los mandatos empresariales.

h) El derecho a una vivienda digna, adecuada y de precio asequible debe ser reforzado, mediante la adopción de las siguientes medidas:

– estableciendo el deber de los legisladores y gobernantes a perseguir la práctica de la especulación tanto del precio del suelo como el de la vivienda;

– estableciendo el deber de los gobernantes de programar y ejecutar una política de vivienda que garantice el acceso a la misma de las personas con menor poder adquisitivo, sea en propiedad o en alquiler;

– reforzar la posibilidad de expropiar el suelo necesario sustrayéndolo del mercado en caso necesario, e incluyendo expresamente el suelo urbanizable entre los recursos esenciales que pueden ser reservados al sector público.

– introducir el derecho a la defensa frente al desahucio, así como la obligación del Estado y las organizaciones territoriales federadas de garantizar mecanismos de sustitución de la vivienda para el caso de ineludible desahucio. 

i) Los derechos a la atención a las personas, y en especial a disminuidos, tercera edad y  personas con dependencia para realizar las tareas cotidianas, debe reforzarse constitucionalmente, introduciendo el deber de los poderes públicos de establecer un sistema público de atención a la dependencia, desvinculado de las posibilidades presupuestarias, como un derecho que es.

j) Junto al derecho a la atención a los españoles emigrantes, debe reconocerse en la nueva Constitución el derecho de los inmigrantes a su inserción social, y en consecuencia la obligación de los poderes públicos de poner los medios para ella, incluyendo su acceso a los servicios públicos, especialmente la sanidad completa, la educación y las prestaciones sociales al margen de su situación administrativa y en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles, tanto si tienen papeles como si no.

k)  La redacción del Título VII, Economía y Hacienda, resulta muy escaso para configurar un modelo económico mínimamente satisfactorio. La democracia debe entrar también en la economía. Es lo que hemos llamado democracia económica. No obstante, hay cuestiones del actual redactado que pueden servir:

– En el actual artículo 128 se establece el principio de supeditación de la riqueza nacional en todas sus formas al interés general, el reconocimiento de la iniciativa pública en la actividad económica, la reserva al sector público de recursos y servicios esenciales (pero que, como ya queda dicho habría que especificar cuáles son los prioritarios) especialmente en caso de monopolio (aunque habría que añadir el caso de los oligopolios que acaban provocando el fenómeno del “secuestro del regulador”), así como la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Muy bonito, si el legislador hubiera tenido interés en desarrollarlo o aplicarlo mínimamente. Para garantizar el cumplimiento de este artículo deberá establecerse un plazo máximo para su desarrollo legislativo, que deberá ser realizado mediante la correspondiente ley orgánica. 

– En el actual artículo 129 se mandata que una ley establezca las formas de intervención de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al interés general. En este aspecto deberían establecerse garantías para que no el mecanismo de participación no se reduzca al previsto en el Pacto de Toledo, que queda en todo caso supeditado a la creación de una comisión parlamentaria, y a la voluntad de quien detente la mayoría absoluto de las Cortes en convertir el trámite de comparecencia de los agentes sociales en un mero trámite burocrático. Además deberían especificarse cuáles son esos organismos públicos aludidos en el artículo: todos los que participen en la configuración de los precios de los servicios esenciales (recibos del suministro de agua, luz, transporte, control de la competencia y de los mercados de valores, etc.).

– En el segundo párrafo del mismo artículo 129 se habla de la participación de los trabajadores en las empresas, de la creación de cooperativas y de los medios que los poderes públicos deben poder para facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Pero esto requiere un desarrollo legislativo, más allá de la ley de cooperativas, que es el único aspecto que ha tenido desarrollo legislativo duran estos últimos tres decenios largos.      

– El artículo 130 se dedica a reseñar los sectores económicos a los que el gobierno debe dedicarle una especial atención para su desarrollo y modernización: la agricultura, ganadería, pesca y montaña. En algún documento de IU se ha abogado por aprovechar este artículo para fijar en él los objetivos económicos a los que deben atender los poderes públicos, sugiriendo los siguientes:

a) Promover el aumento del bienestar social y de la cohesión social en un marco de desarrollo sostenible.

b) Promover la justicia social asegurando la igualdad de oportunidades. A lo que habría que añadir la democracia económica.

c) Asegurar la eficacia y la eficiencia del sector público, pero sin que ello sirva como excusa para la extenalización y privatización.

d) Asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados garantizando la adecuada concurrencia entre las empresas, combatiendo los abusos de posiciones dominantes u otras prácticas lesivas para el interés general.

                  – El artículo 131 establecía la obligación del gobierno de planificar la economía, y de constituir un CES (consejo económico y social) para que participara en dicha planificación. Pero la única planificación que ha habido durante estos años ha sido la implícita de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), así como algún que otro libro blanco o verde sobre materias concretas, o documentos de principios de actuación muy genéricos.

                  – En el artículo 135 (la deuda pública) reformado por el pacto PSOE-PP en 2011 se incluye la obligación de respetar el techo del déficit público impuesto por las políticas de austeridad. El nuevo techo constitucional tendrá que eludir el respeto al techo de déficit. Y deberá explicitar la prohibición de asumir el pago de la deuda externa ilegítima.

                   PVP130121

Democracia. Dos puntos:

Publicado: 8 enero 2013 en Uncategorized

Según nos cuenta la prensa diaria (El País, 8/1/2013), ha nacido un nuevo partido o formación política autodenominado/a “Partido X”. Nace auspiciado –al parecer- por “seguidores del 15-M y de movimientos que preconizan la cultura y el software libres”. Y pretenden ni más ni menos que “el desalojo del hemiciclo”, la participación ciudadana directa, la legislación mediante iniciativas legislativas populares y referéndums, etc. Y resumen su ideario político en el slogan “Democracia. Y punto”. O al menos, así lo resume el periodista.

            Al leer la noticia se me ha suscitado una ráfaga de sentí-pensamientos contradictorios, todos ellos agolpados en el costado por donde dicen que le sobrevienen a uno las puñaladas traperas. Porque uno, que ha sido antisistema durante casi medio siglo ya, se ha identificado con no pocas de las ideas e iniciativas que el 15-M ha ido poniendo en el candelero de la ideología no dominante, gracias a los medios de comunicación telemáticos, de la red de redes (Internet), e incluso de los medios de comunicación convencionales, que haciendo de tripas corazón han tenido que hacerse eco de cuantas ideas surgían de ese gran movimiento ciudadano que se conformó ya va para dos años.

            Era (y es) un movimiento que pretendía soslayar el compromiso con ningún partido político, precisamente porque quería ser unitario. Era consciente de que sus mismos promotores (“Democracia Real Ya”, por ejemplo) eran una amalgama de personas algunas de las cuales eran independientes, pero otras muchas pertenecían a diversos partidos políticos: desde Izquierda Socialista, pasando por el PCE y la UJCE, IU, Izquierda Anticapitalista, etc. Todos estos partidos han estado apoyando las iniciativas del 15-M tanto a nivel personal como a nivel colectivo, tanto en privado como públicamente. Pero en un rincón de la ideología antisistema anidaba también el antipartidismo y la acracia, que han visto en la justa y adecuada distancia táctica de los partidos en general, la ocasión para predicar en el seno del movimiento la ideología de la antipolítica, de la negación de la democracia representativa (como si no fueran compatibles ambas, la representativa con la directa) y la idiosincrasia corrupta de todos o cualquier partido político, pues todos ellos potencian el personalismo, la división de la sufrida base social, y en último término la sustitución de los de abajo por las élites u oligarquías políticas dominantes surgidas de las urnas. De ese rescoldo ha nacido el sectarismo narcisista de quienes se pretenden “descubridores de la luna”.

            En el 15-M no todo ha sido debate sobre las formas de la democracia. Se ha discutido, y mucho, sobre economía. Y se ha llegado a conclusiones que coincidían con las formulaciones que la izquierda radical de este país (IU) venía planteando desde su nacimiento en 1986. Sobre todo los portavoces más despolitizados del 15-M, bien por su juventud, bien por su incipiente tendencia ideológica ácrata, parecían descubrir la luna al formular que había que nacionalizar la banca; o que había que hacer una política fiscal que recaudase del patrimonio de los ricos lo que le faltaba al Estado para no tener que hacer recortes ni en salud, ni en educación, ni en investigación, etc; o que había que frenar los desahucios impulsados por los bancos contra las personas que se iban a quedar sin su vivienda por no poder pagarle al banco la cuota mensual del crédito usurario que en su día les había concedido; o que había que impulsar una democracia participativa directa… El descubrimiento de la pólvora, vamos.

            Los que llevábamos casi medio siglo en la lucha anticapitalista todo esto lo habíamos planteado no sólo como programa político explícito para presentarnos a las elecciones desde tiempo inmemorial (al menos desde 1986), sino también como plataforma de lucha social para ir ganando la calle frente al poder omnímodo de las oligarquías que poco a poco iban embaucando a la mayoría social con estrategias como la expansión de las ideologías del consumismo, el capitalismo popular, el acceso fácil al crédito, la ética del trabajo y la resignación, etc, hasta ir vaciando de contenido la democracia social igualitaria, e ir dominando todos los aparatos del Estado: las finanzas, las instituciones, la comunicación y la moral. El actual conservadurismo, el poder acumulado por el PP, no hubiera sido posible sin el apoyo de la mayoría social, y sin la inestimable contribución realizada por la socialdemocracia (PSOE) traicionando sus raíces ideológicas y arrastrando hacia el abismo del descrédito al movimiento obrero organizado en sindicatos de clase, e incluso a las instituciones del Estado social conquistadas durante siglos por la lucha de los movimientos clásicos: el movimiento obrero y el movimiento feminista. Pese a estas experiencias fallidas de la izquierda, la lucha porla democracia radical era también “política”, pues sólo desde la política (aunque no lo llames así) se pueden dominarlos resortes de la construcción de la convivencia social.

            Por eso el nacimiento del “Partido X” se suscita un sentimiento positivo a la vez que un fuerte rechazo. Porque es positivo que por fin algunos “portavoces” del ese magma compuesto por 15-M/redes sociales se hayan decidido a ver que sin entrar en la política sus inquietudes e iniciativas o tienen nada que hacer. Pero por otro lado, se me suscita una repulsa básica por varias razones:

a)     Porque surge con el narcisismo del que se autoafirma como el único portador de las esencias democráticas, como el descubridor de algo tan predicado por la izquierda radical como la democracia real. Y de un injusto tratamiento (bien por desconocimiento, bien por otras razones) de lo que es el bloque antisistema organizado que hoy se constituye en torno al grupo parlamentario de la “Izquierda Plural”.

 

b)     Porque huele a elitismo el basar su forma de configurar una mayoría social (eso que ellos llaman “wikigobierno”) mediante la recurrencia a las redes sociales, que dominan el espacio virtual, pero al que no toda la población tiene la misma capacidad de llegar.

 

c)     Porque suena a ingenuidad creer que el sistema se va a dejar desmantelar mediante la mera configuración de círculos de gente mentalizada en la práctica activa de la participación social, cuando los resortes del poder tienen una probadísima eficacia en dominar por las buenas (mediante la alienación) o por las malas (mediante la coerción, la disuasión o la represión incluso violenta) la voluntad de la mayoría social.

 

d)     Porque “Democracia. Y punto” no basta. A la democracia le deben seguir los dos puntos (:) de la definición de los contenidos del proyecto político que se oferta a los ciudadanos, que tienen derecho a saber que burra se les quiere vender:

–        Qué modelo financiero.

–        Qué fiscalidad.

–        Qué tipo y mecanismos de mercado.

–        Qué relaciones laborales.

–        Qué iniciativas igualitarias de género.

–        Qué forma de configuración del Estado (monarquía, república, federalismo, autodeterminación de los distintos pueblos…).

–        Qué modelo de administración.

–        Qué relaciones entre el Estado y las religiones (laicismo, nacionalcatolicismo o mejor no meneallo).  

–        Etc, etc, etc.

  

e)     Porque minusvalora la importancia que tiene poner rostro a la propuesta política, ya que la gente tiene que fiarse no sólo del programa, sino de las personas que lo van a ejecutar en el espacio (aquí) y el tiempo (ahora, durante el período que dure el período legislativo o de gobierno). Por muy cambiantes que sean los “portavoces”, los ciudadanos quieren saber quiénes están detrás de las palabras y del contrato social que es un programa político (se presente finalmente o no a las elecciones).

 

f)      Porque, aunque no lo pretenda, divide más el instrumento de acumulación de fuerzas que es ese movimiento social configurado con tanto esfuerzo personal y de la amalgama de grupos que es el 15-M y los movimientos de cultural y software libres.

 

g)     Porque resta fuerza a la iniciativa de convergencia social y política que IU y otros movimientos están planteando en el espectro del movimiento antisistema  anticapitalista, como se quiera. ¿No es mejor ponerse de acuerdo entre todos sobre los contenidos y las formas de un proyecto de sociedad, presentando al sufrido ciudadano de izquierdas una alternativa unida y viable, y no un galimatías de visionarios que sacan pecho diciendo “soy el mejor”?

 

      “Nihil novum sub sole”, decían los romanos. En eso se equivocaban, pues siempre se puede realizar algo nuevo. Pero lo nuevo en la izquierda (llámalo anticapitalismo, o llámalo “X”) debe venir de la unidad y la claridad, de la síntesis y no de la contraposición de las distintas verdades.

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