Archivos para mayo, 2013

• Los pequeños comercios sufren más la crisis del sector comercial andaluz que las grandes empresas.

1. Importancia del sector comercial andaluz. El comercio es uno de los sectores claves para el sostenimiento de la economía andaluza. No sólo por su aportación económica al PIB andaluz (en torno al 12%), sino por su capacidad de generar empleo (en total unos 500.000 trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad, de los cuales 157.100 son autónomos, y el comercio minorista 328.500 ocupados de los cuales el 31,8% son autónomos y 94% tienen 5 ó menos asalariados, y el 97% tienen 9 ó menos asalariados el 31’8%), y por su carácter vertebrador del territorio y de la convivencia ciudadana.

2. La crisis también se ha cebado en el sector del comercio. Los principales factores que limitan la actividad son la debilidad de la demanda, las dificultades financieras y el aumento de la competencia.

3. Pero ni las grandes superficies minoristas (GSM) aportan lo mismo que los pequeños comercios al desarrollo sostenible de Andalucía ni la crisis les ha afectado igual. El sector comercial es un sector dual: de los 162.000 centros comerciales que hay en Andalucía, 388 son GSM.

 Diferencias desde el punto de vista del desarrollo sostenible:

1º. Las GSM han alterado el modelo urbanístico mediterráneo, que caracteriza al comercio minorista como una estructura de proximidad para la atención de las necesidades de los consumidores y por generar un espacio vivo de encuentro y relación ciudadana. En este sentido, los cálculos sobre la caída del comercio minorista de las pymes no se hacen correctamente si no se tiene en cuenta lo que ha significado de desplazamiento del consumidor hacia las GSM y por tanto de pérdidas de las pymes comerciales minoristas desde que empezaron a proliferar la instalación de GSM por toda Andalucía. Los cambios estructurales han sido muy profundos, en detrimento del pequeño comercio, y vienen de antes de la crisis: en 2006 cayó el pequeño comercio un 0’6% y en 2007 apenas subió un 0’5%, mientras que las GSM incrementaron su negocio en un 8’2% y 6’2% respectivamente. Cuando el PSOE-A y el PP se oponen a la implantación de este impuesto sobre las GSM propuesto por la consejería gobernada por IU LV-CA, se dejan llevar por los informes de la gran patronal (ANGED, El Corte Inglés), que no tiene en cuenta esta realidad. Y en las caídas apuntadas por ANGED e IECA (dice ésta última que las GSM han caído un 35’8% mientras que la caída media del Comercio Minorista ha sido del 18’4%) no tienen en cuenta que el impacto en las GSM es sobre los beneficios (no suponen pérdidas), mientras que la mitad de la caída porcentual en el pequeño comercio significa el cierre de muchas de esas tiendas (aquí se cumple la paradoja de la estadística, esa que dice que dos comen un pollo al mes, cuando la realidad es que uno se come los dos pollos, mientras que el otro no come ninguno).
2º. Las GSM provocan externalidades territoriales y del entorno natural, al generar desplazamientos masivos de vehículos y necesidad de grandes infraestructuras y servicios municipales para proveer las vías y medios adecuados para su implantación, mantenimiento y desarrollo.
3º. Las GSM crean un incremento de la circulación rodada que producen la congestión de las redes viarias, y un apreciable grado de contaminación ambiental.
4º. Por todo ello, las GSM implican grandes inversiones por parte de las instituciones que las acogen, generando costes que no se ven compensados por los ingresos fiscales con los que contribuyen. En la época de bonanza económica los incrementos de beneficios de las GSM no descontaron los costes que tenían que soportar los municipios y la Junta de Andalucía: ya es hora de que lo hagan, apretándose también ellas el cinturón.
5º. El extraordinario crecimiento de la oferta de las GSM durante los años anteriores al inicio de la crisis en Andalucía, se debe a lógicas exógenas, esto es, a la búsqueda de rentabilidad de activos financieros derivados de los fondos de inversión, o sea, al negocio inmobiliario que se mueve en su entorno. Este exceso de oferta ha castigado duramente al pequeño comercio que está sufriendo durante esta larga crisis una situación crítica sin apenas instrumentos para defenderse por su carácter mayoritariamente local.
 Diferencias desde el punto de vista de la posición en el mercado y la evolución de las ventas del sector y según formatos de distribución:

1º. Las GSM disfrutan de una posición dominante desde el punto de vista competitivo en detrimento del pequeño comercio, y por tanto tienen mejores armas para defenderse de la crisis; los datos muestran que los pequeños establecimientos (de 0 a 9 asalariados) sufren estos factores limitantes con mayor intensidad que a los grandes establecimientos.
2º. El grado de concentración de las ventas se ha acelerado en los últimos años: Mercadna, Carrefour, Eroski, Auchan y El Corte Inglés tienen una cuota de mercado del 62’3%, según la Comisión Nacional de la Competencia, habiendo aumentado un 9’3%.
3º. El comercio minorista encadena 33 meses consecutivos de caídas de las ventas. En marzo del 2013, las ventas minoristas (sin estaciones de servicio) registraron una caída del 11,3%; las empresas unilocalizadas registraron una caída del 14,1% y las grandes superficies del 9,9%. El índice de cifra de negocio de las empresas unilocalizadas en diciembre de 2012 se situó en el 87,33 frente al 113,885 de las grandes superficies. Los datos que muestra el INE, corregidos efectos de calendario y a previos constantes con Base 2010, recogen que desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2012 el índice de cifra de negocio de las grandes superficies ha caído 53,79 puntos (de 167,675 a 113,885). Por su lado, las empresas unilocalizadas, para el mismo periodo, han sufrido una caída del índice de 42, 38 puntos (de 129,719 en diciembre de 2007 a 87,33 en diciembre de 2012).

 Diferencias desde el punto de vista fiscal: según GESTHA (asociación de los inspectores de Hacienda) las grandes empresas en general y las GSM en particular, tienen en el Impuesto de Sociedades un tipo del 30%, pero en la práctica, el tipo efectivo llega a situarse incluso por debajo del 17%, esto es, 5 puntos porcentuales por debajo del tipo efectivo medio que pagan las microempresas.

 Diferencias desde el punto de vista del tratamiento político e institucional. Los recortes y la austeridad están perjudicando más si cabe a un sector, el de las PYMES comerciales, que ya acarreaba suficientes dificultades con la contención del consumo, la restricción del crédito y los problemas de liquidez. Las políticas del gobierno central perjudican al pequeño comercio, favoreciendo a las GSM y grandes empresas, cediendo a sus presiones al aplicar el dogma neoliberal de la liberalización del comercio interior, mediante las siguientes medidas:

1º. La libertad horaria, pues al incrementar las horas de apertura no incrementa las ventas, sino que trasvasa las ventas de un formato comercial a otro.
2º. Desregulación de las rebajas: esta medida perjudica al pequeño comercio al no poder mantener de forma sostenida una política agresiva de precios.
• El Impuesto a las grandes superficies minoristas es uno de los instrumentos del gobierno andaluz para cambiar esta discriminación de los pequeños comercios minoristas.

El objetivo general marcado en la Consejería de Turismo y Comercio gestionada por IU LV-CA es cumplir con la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y gobernar a favor de los intereses de la mayoría social del sector comercial andaluz, cumpliendo así el acuerdo de cogobierno PSOE-IULVCA en Andalucía. El desarrollo e implantación de un Impuesto sobre grandes superficies minoristas en Andalucía es una de las medidas económicas y normativas para el cumplimiento de este objetivo. ¿Cómo se cumple este objetivo?
a) Por la naturaleza y objeto del impuesto:
1. No es novedoso, tiene precedentes, pues está vigente en Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña y Navarra; y hay proyectos de ley en: Murcia e Islas Baleares.
2. Es extrafiscal: la recaudación del impuesto solo podrá destinarse a financiar al Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía (con el que se pretende compensar las externalidades negativas que afectan a la vida colectiva, particularmente a la ordenación del territorio, al medio ambiente, a las infraestructuras públicas y al tejido y actividades de los núcleos urbanos). Su naturaleza extrafiscal lo convierte en un impuesto “verde”: la implantación de GSM ha supuesto importantes cambios en la ordenación comercial urbana, generando impactos territoriales y medioambientales que la Administración ha tratado, a su costa, de paliar, como ya hemos señalado anteriormente (desplazamiento masivo de vehículos, uso de las infraestructuras públicas y el impacto que en estas provocan, saturación periódica de la circulación rodada, construcción de accesos y viales, y la intensificación de las tareas de mantenimiento de la red viaria a causa de su sobreutilización). Todo a costa de las Administraciones Públicas. Por tanto, a este tipo de impuesto no se le puede aplicar la lógica de los impuestos fiscales o recaudatorios, porque en su misma esencia está el influir en el comportamiento de los agentes económicos, frente a la pretendida neutralidad fiscal de los impuestos recaudatorios, para beneficiar al conjunto de la sociedad al fomentar las actividades socialmente más rentables, como es en este caso el comercio urbano.
3. Es un impuesto directo: se aplica directamente sobre la superficie manifiesta.
4. Es progresivo: el tipo medio que soporta el establecimiento (cuota dividida por la superficie de venta) es mayor cuanto mayor es su tamaño. Este impuesto aporta progresividad: existe asimetría en las subidas de impuestos que han llevado a cabo los últimos gobiernos, afectando sobre todo al consumo y a las rentas del trabajo pero no a los beneficios de las grandes empresas; la carga fiscal sobre las grandes empresas existente en España está muy por debajo de la media europea; España ha experimentado la mayor caída de la presión fiscal de la zona euro, 5,4 puntos del PIB entre 2007 y 2011, solo superada por Bulgaria, mientras que en la Unión Europea la presión fiscal retrocedía 0,5 puntos de media; las rentas del trabajo soportan un 90% de la carga tributaria, y el capital sólo un 10%.
b) Porque es necesario financiar políticas públicas a favor del pequeño comercio andaluz: Este comercio, llamado de proximidad, tiene una función no sólo económica, sino también social y urbanística. Se está trasladando la concentración espacial del comercio a estas grandes superficies, forzando a un reequilibrio en el sector de la distribución y una modificación en los hábitos sociales y de consumo. ¿Cómo lo favorece?
1º. El impuesto desincentiva la implantación de la concentración de la oferta comercial fuera de la trama de los núcleos urbanos;
2º. El impuesto atiende la rehabilitación ambiental y urbanística del comercio y sus entornos, pues liga la recaudación a financiar programas de este tipo que se recogen en el Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía, art.30.
c) Por el tipo de comercios a los que va a afectar: tiende a reequilibrar la posición competitiva de uno y otro tipo de empresas, incidiendo en la capacidad económica superior de las que, por su gran dimensión, gozan de una posición de ventaja en el mercado. Teniendo en cuenta además las diferencias fiscales antes señaladas (el impacto efectivo del Impuesto de Sociedades soportado por las GSM es del 17%, no del 30% teórico, mientras que el comercio minorista sí soporta la media de todo el sector que llega al 22%), este impuesto es reequilibrador de la discriminación fiscal que sufre el pequeño comercio.
d) Hay que señalar con énfasis que este impuesto propuesto sólo afectará a las GSM, no es exigible para el conjunto del sector comercial, el pequeño comercio minorista no se verá afectado por este impuesto.
e) Es un impuesto perfectamente legal, tanto desde el punto de vista de las competencias asumidas por la Junta de Andalucía en su EdA (Estatuto de Andalucía), como por la constitucionalidad del mismo, como respecto a la normativa europea al respecto:
1. El EdA prevé la competencia exclusiva de la ordenación administrativa de la actividad comercial en su artículo 58.1.1º, y la competencia fiscal o tributaria de regulación de los impuestos propios en los artículos 175.2.d), 180.1 y siguientes.

2. Constitucionalidad del impuesto: Existen varias sentencias que zanjan la cuestión sobre por la supuesta inconstitucionalidad de este tipo de impuestos. Así, las Sentencias del Tribunal Constitucional 122/2012 que desestima el Recurso interpuesto sobre la Ley que aprueba el Impuesto en Cataluña, la Sentencia 208/2012, de 14 de noviembre de 2012, que desestimó igualmente el Recurso de inconstitucionalidad en relación con la Ley Foral del Parlamento de Navarra 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, aplicando, la doctrina de la STC 122/2012, o la Sentencia 197/2012 que desestimó también el Recurso contra la Ley de Asturias en lo referente a este impuesto.

3. Respecto a la normativa Comunitaria: La actividad fiscal de las Administraciones Públicas está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios. La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que ha supuesto una importante liberalización del comercio andaluz, fue inducida por los lobbies de las Grandes Superficies.

f) Por coherencia con una política fiscal ecológica diseñada en el Acuerdo de cogobierno por Andalucía PSOE-A/IULV-CA, que se comprometió a dotar de mayor progresividad al sistema fiscal andaluz; ya existe dicha fiscalidad ecológica (depósitos bancarios, bolsas de plástico de un único uso, emisión de gases, depósitos de residuos radiactivos y peligrosos), aunque sólo supone un 0’5% de la recaudación; este nuevo impuesto sobre las GSM contribuirá más a la autonomía fiscal en Andalucía.
g) Por la esmerada arquitectura técnico-jurídica con que se trata de afectar lo más justamente a los sujetos pasivos del impuesto:
– El hecho imponible es la actividad de impacto negativo sobre el medio ambiente y el territorio que ocasiona la concentración que se les supone a las GSM, definidas éstas como lo hace el art.23 del T.R. de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, es decir, las que tengan 2.500 ó más metros cuadrados.

– Los sujetos pasivos son los que definen los artículos 21 y 22 de dicha ley, esto es, las personas físicas o jurídicas titulares de las licencias administrativas que autorizan la actividad de semejante establecimiento comercial.

– El art.29 del proyecto de ley del nuevo impuesto define la GSM como todo establecimiento individual o colectivo en el que se ejerza la actividad de comercio minorista y que tenga una superficie útil para la exposición y venta al público de más de 2.500 metros cuadrados, excluyendo por tanto el espacio que no sea estrictamente comercial (espacios dedicados al ocio, a la restauración y al tránsito de las personas). Y respecto a las superficies destinadas a otros usos (almacenes, talleres, obradores, espacios de producción, cámaras frigoríficas, oficinas, aseos, servicios sanitarios, vetuarios, evacuación de incendios, espacios comunes de paso) y las superficies destinadas al aparcamiento, carga y descarga, sólo sumarán un 20% en la base liquidable definida por el art.34.

– El mismo artículo 34 define GSM a las que tengan más de 4.000 metros cuadrados (no 2.500) y que se dediquen a la venta de maquinaria, vehículos y suministros industriales, materiales de construcción, saneamientos, puertas y ventanas, jardinería y cultivos, combustible y carburantes, automoción, mobiliario y bricolaje.

– El art.35 se reduce la carga impositiva en función de si el establecimiento está entre 60-100 metros cuadrados y 2.500. Y establece una reducción del 40% de la cuota íntegra para las GSM que estén en suelo urbano.

– El art.41 establece un sistema de autoliquidación en los 20 primeros días de enero; y el art.43 la posibilidad de fraccionar los pagos trimestralmente.

• No son válidas las razones que esgrimen los detractores de este impuestos sobre las GSM.

El PP es hasta cierto punto comprensible que se oponga a este tipo de política fiscal, pues por principios ideológicos es siempre su posición inicial, aunque no por ello deja de ser contradictoria y demagógica su postura, pues el gobierno central Rajoy-Montoro con mayoría absoluta del PP ha tenido que hacer caso omiso a su programa electoral de no subir impuestos, subiendo el IVA nada menos que 3 puntos (del 18% al 21%); posición contradictoria que se acentúa en la subida del IRPF impuesta en 2012 con carácter temporal, pero que han prorrogado para 2013.
Menos comprensible es la posición que mantiene una parte del PSOE-A. Los medios de comunicación se han hecho eco de su oposición a que este impuesto sobre GSM propuesto por la Consejería de las GSMtraciónde Turismo y Comercio que gestiona IU LV-CA integre la Ley contra el Fraude Fiscal y Social que prepara la consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
La crítica de esta oposición al impuesto sobre las GSM se resume en que es inoportuno, aunque sea legal. No es de recibo dicha posición política, por varios motivos:
1º) Hay dos formas de afrontar la crisis: o recortando gastos o aumentando los ingresos. Tanto IU como PSOE han criticado en Andalucía la austeridad como única vía a la que nos está sometiendo el gobierno de Rajoy (aunque hemos de recordar que el PSOE cuando era presidente Zapatero pactó con el PP un cambio de la Constitución Española para consagrar la prioridad absoluta del pago de la deuda por encima de los demás gastos), en consonancia con la posición de cada vez más economistas y responsables institucionales, incluido el FMI. El acuerdo de cogobierno en Andalucía, surgido a raíz de los resultados electorales de 2012, resuelve el tema apostando por resistirse a los recortes, además de defender una fiscalidad progresiva y ecológica, que redistribuya de forma más justa los sacrificios que haya que hacer para salir de la crisis.
2º) Las consejerías afectadas –Turismo y Comercio por un lado, y Hacienda y Administración Pública por otro- llevan meses debatiendo conjuntamente palabra por palabra el texto del proyecto de impuesto sobre GSM, en un clima de esfuerzo para acercar posturas. Sin embargo ahora, después de estos meses de trabajo, aparece un documento sin firma ni membrete calificando el impuesto de legal pero inoportuno.
3º) Las razones en las que asienta este documento la inoportunidad del impuesto sobre las GSM no son válidas:
– La primera razón es que el aumento de impuestos está siendo “utilizado ampliamente como argumento contrario a la política económica desarrollada por el Gobierno de España”. Argumento débil donde los haya, por dos razones:
1º razón que desmonta esta injustificada crítica: como ya queda dicho, la finalidad y configuración de este impuesto es extrafiscal, no tiene afán meramente recaudatorio, sino reequilibrador de la posición de los dos tipos de empresas comerciales dentro del mercado, así como restaurador del modelo comercial mediterráneo, favoreciendo el florecimiento del pequeño comercio de proximidad en los núcleos urbanos frente a la concentración del comercio en áreas periféricas desvertebradoras de la coherencia urbanística de las poblaciones.
2ª razón frente a esta crítica: lo que se espera recaudar con el nuevo impuesto es una cantidad modesta, unos 21 millones de euros, que viene no de todos los comercios, sino sólo de los 388 afectados, frente a los restantes 161.612 pequeños comercios que quedan exentos directamente, y beneficiados indirectamente a través de la política pública del Plan Integral. Se trata más bien de un trasvase de rentas que de un aumento de impuestos.
Así pues, frente a quienes hablen de “aumento de impuestos” cabe argumentar que de eso nada, pues es un impuesto con finalidad extrafiscal que trasvasa rentas desde los grandes beneficiados por las políticas urbanísticas neoliberales del pasado (las GSM) a los agentes comerciales que mejor vertebran el territorio y la convivencia (el pequeño comercio minorista).
– La segunda razón planteada en el “informe” es el impacto negativo previsible contra el empleo o su calidad, ya que “el nuevo gravamen afectaría fundamentalmente, más que al consumidor final, al trabajador por la vía de las rentas salariales o del empleo”. Pero este argumento, en boca de responsables del gobierno, es claudicar frente a las presiones de la gran patronal, pues viene a trasladar su amenaza de repercutirlo o bien en el consumidor vía precios (cuestión que el mismo “informante” descarta) o bien en los trabajadores, que pueden ver reducidos sus salarios o ser despedidos o no contratados, para reducir costes.
¿Por qué no es válido este razonamiento? Porque existen mecanismos en el mercado laboral y en la acción institucional para evitar este efecto. Primero, está la negociación colectiva en el seno de esas grandes empresas o de esas cadenas de distribución. Segundo, está el poder institucional del gobierno andaluz, que se ejerce vía concertación social (que puede compensar los efectos económicos a través de los programas de ayudas a las empresas) o vía acción disuasoria (ejercida a través de la gestión administrativa en sus múltiples facetas). ¿O es que el gobierno andaluz no está dispuesto a hablarles claro a los grandes favorecidos por su hasta unívoca política de dar licencias de instalación de las GSM? Los sindicatos pueden ser un aliado importante del gobierno andaluz en este aspecto.
Así pues, frente a quienes hablen de “efectos negativos para los trabajadores” cabe argumentar que existen mecanismos de negociación y concertación, de alianza con los sindicatos, y existe un poder institucional y administrativo que el gobierno andaluz debe ejercer inexcusablemente frente a las presiones injustificables.
– La tercera razón del documento analizado es “los efectos sobre la competencia”, pues “el establecimiento de un gravamen sobre una parte del sector de la distribución comercial, como son las grandes superficies, supondría una traba a la competencia, es decir, una restricción a la misma, al gravar sólo a la gran superficie”. ¿Y no se le cae la cara de vergüenza a quien ha redactado esto? La igualdad de an en parte) oportunidades para competir es la que hay que restablecer, precisamente ese es el objetivo del nuevo impuesto; no es de recibo presentar a las 388 GSM como las víctimas de un impuesto que les resta posibilidades de competir, cuando son ellas las que tienen (y seguirán teniendo) una posición dominante en el mercado comercial, las que impiden a las pequeñas entrar en el juego de la competencia del mercado. El impuesto trata de convertir la competencia desleal que existe actualmente entre los oligopolios comerciales cuya máxima expresión son las GSM, y las pequeñas tiendas que a duras penas sobreviven en los núcleos urbanos, más por el voluntarismo de sus titulares (profesionalidad, vocación, o simple afán de supervivencia) que por las condiciones favorables del mercado.
Así pues, frente a quienes hablen de “efectos negativos sobre la competencia” cabe argumentar que es justo al revés, que con este impuesto se reequilibran (o al menos se compensan en parte) las fuerzas que operan en un mercado caracterizado por un agente dual.
4º) La misma calificación de “inoportuno” es cuestionable, pues no sólo se asienta sobre la cuestionable base estadística de que la crisis está haciendo perder más a las GSM que al pequeño comercio minorista (ya hemos hablado de esto), sino porque justamente es la crisis el momento más oportuno para tratar de corregir la desigual posición de los distintos agentes:
– Porque los beneficiarios de este impuesto son los pequeños comerciantes, justo los que más empleo crean. Desde el punto de vista del empleo, y con millón y medio de parados en Andalucía, lo oportuno es priorizar las políticas que mejor preserven el empleo.

– Es falso que la crisis sea el momento oportuno desde el punto de vista del crecimiento económico, pues este impuesto podría incida negativamente en el PIB, ya que lo que se pudiera perder por parte de las GSM, se gana por las pymes. Como decíamos antes, en todo caso es un trasvase de rentas, y por tanto no tiene por qué significar una reducción del PIB. Además, la cuantía media del coste del impuesto para cada una de las 388 GSM que operan (por ahora) en Andalucía es de unos 54.000 euros anuales (en el caso de que se logre alcanzar la recaudación prevista de 21 millones de euros), una cifra ridícula comparada con las cifras de negocio millonarias que manejan estas empresas.

– La oportunidad del momento viene también dada por el carácter progresista del gobierno andaluz, con la presencia protagonista de IU LV-CA en la consejería impulsora del impuesto. ¿Cuándo si no?

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