Archivos para septiembre, 2013

El Gobierno de Rajoy ha presentado su anteproyecto de PGE para 2014 como los presupuestos para la recuperación económica. Otra mentira más.

1. ¿Qué es para Rajoy y los suyos “la recuperación”? El Gobierno prevé crear 1.600 empleos netos al mes en 2014, unos 19.200 en todo el año. Guindos calcula que se destruirán 30.000 puestos de trabajo.  Y lógicamente, ha tenido que explicar ese lío de las cifras del paro previsto, que no cuadran. ¿En qué quedamos, se va a crear empleo o se va a destruir aún más? El Gobierno preveía en abril una caída del empleo para 2014 del -0’4%; ahora lo corrige y dice en su previsión del PGE2014 que solo caerá el -0’2%. Luego prevé que seguirán perdiéndose puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Guindos habla de que a partir del segundo semestre se creará empleo neto y al final tendremos casi 20.000 desempleados menos? Guindos explica que este contraste de cifras no es una contradicción, sino que todo depende del cristal con que se mira: si miramos con la EPA, como esta no distingue entre empleo a tiempo completo y a tiempo parcial, pues al final salen más empleos netos que lo miramos con los datos del SPE. ¿Comprenden? De todas formas, tanto en un cálculo como en otro, el dato previsto para el parto no es de recuperación precisamente, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos desperdiciando el trabajo de seis millones de personas para conseguir esa recuperación económica que pretenden. Hay que tener mucho morro para hablar de recuperación de la economía previendo que el paro va a seguir creciendo, aunque sea menos que antes.

            Y si la previsión global es que la tasa de paro baje del 26’6% que, siempre según sus previsiones, cosechará en 2013 al 25’9%, es por la caída de la población activa. Se van los trabajadores más valiosos, mejor preparados. Porque la situación de los parados le trae al Gobierno de Rajoy sin cuidado, y por tanto los fondos destinados al fomento del empleo sufrirán un recorte del 14% y la formación para parados, otro recorte del 4%. Y como prevén que un buen puñado de los parados de larga duración ya van a dejar de cobrar prestaciones por desempleo, reducen el gasto en esas prestaciones en un 5,6%. También el presupuesto del Fogasa cae un 2%.

2. ¿Qué es “recuperación” para Rajoy? ¿Recortar las pensiones? Pese a la propuesta aprobada por una muy amplia mayoría en el CES (Consejo Económico y Social) de que retirara la propuesta de reforma de las pensiones presentada días atrás por la ministra Báñez, el Gobierno ha aprobado ayer esa reforma, diciendo con todo descaro que con ella garantiza la subida de las pensiones al menos en un 0’25%. Con ello, el nuevo escenario económico adelanta un recorte de las pensiones del 1,25% en 2014. Y aunque el presentador de los PGE2014, el ministro Montoro, no ha especificado la cuantía de la revalorización de las pensiones para 2014, todo apunta a que se quedará en el raquítico 0’25%, que significará un recorte del poder adquisitivo de las pensiones del 1’5%, pues el nuevo escenario económico recoge un indicador para calcular la variación real de precios y consumo en 2014 del 1,5% (deflactor). Lógico. Si se tiene en cuenta que el Gobierno piensa contener el incremento del gasto de la Seguridad Social en algo más de un 4%, que el número de pensionistas crecerá un 1’7% y la pensión media lo hará un 3’2%, las prestaciones no podrán subir más del 0’25%. Sobre todo si la perspectiva de largo alcance del Gobierno es recortar las pensiones en 33.000 millones de euros en el plazo de 9 años. El misterio se desvelará con claridad el lunes, cuando el Gobierno lleve al Congreso los PGE2014, y sus cifras se cuelguen en la página web del ministerio de Hacienda.

3. ¿Qué es la “recuperación” según el evangelio de San Rajoy bendito? Pues que va a seguir cayendo la capacidad de consumo de los hogares. El Ministerio de Empleo hace sus cálculos con una estimación de inflación del 1% anual hasta 2022. Pero sabemos que será más. Pese a que los precios de septiembre han subido 0’3% frente al 1’2% de agosto (el nivel de inflación más bajo en 4 años), el dato no es significativo, no marca tendencia, pues se debe a que ha quedado superado el efecto IVA; vueltos a la normalidad, se seguirá. Lo cierto es que prevén los PGE2014 que la demanda interior caerá un -3’2% en 2013 y seguirá cayendo un -0’4% en 2014. Y si los precios han caído ha sido por los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, pero no gracias a la fruta fresca, que ha subido por la mala cosecha, un imponderable que podría producirse este año, no con la horticultura, sino con otros componentes de la cesta de la compra. Y algo tendrá que ver el incremento de la factura de la energía eléctrica por cuatro veces en el año, la última de un 3’1%, por culpa de un método de determinación del precio de la energía puesta en manos de las empresas oligopolísticas del sector. Es verdadero escándalo. Un factor perturbador de cualquier previsión macroeconómica respecto del factor inflación.

            Y pese a que el Gobierno ha aprobado una Ley de Desindexación que incorpora un índice de garantía de competitividad como referencia de revisión de los contratos entre privados que oscilará entre el 0% y el 2%, lo cierto es que ni la experiencia pasada (que arroja una media de IPC más cercana al 3% que al 1%) ni el sentido común prevé que el comportamiento de los agentes que provoca la oscilación de los precios cambiará de forma tan sustancial.

            Frente al consumo necesario para la recuperación del crecimiento económico (no hablemos del desarrollo sostenible, que ni está ni se le espera) se alza una inflación que ahoga las economías domésticas. Y se alzan los recortes del consumo público previsto, cifrado en los PGE2014 en un -2’9% del consumo de las AA.PP., y en un -4’7% de caída del gasto de los distintos ministerios, la congelación de los salarios de los empleados públicos, y el -0’6% de caída de los CLU (costes laborales unitarios), o sea, los salarios y demás emolumentos de los trabajadores del sector privado. Y será más, pues si en 2013 la caída de los CLU ha sido del -1’6%, no hay motivos para esperar un comportamiento mejor, dado que esta caída es efecto de la reforma laboral, como bien acaba de reconocer el Banco de España.

4. Pensionistas, trabajadores públicos y privados son los que van a pagar el mayor coste del ajuste. Como lo prueba que las bases imponibles de los impuestos han bajado un -5’5%, y los ingresos tributarios recaudados han sido -2.340 millones menos que los previstos (175.520 y 177.860 millones de euros, respectivamente). Y lo más significativo es que las diferencias entre los ingresos del IRPF y del IVA previstos y los recaudados son las más abultadas. En estas condiciones, ¿se puede prever que los ingresos suban a 179.750 millones, un 1’1% más que los previstos y un 2’4% que lo recaudado? ¿Por qué creerles las previsiones de este año si las del pasado han fallado tanto? ¿O es que piensan cambiar la política de ajustes? No. 1º) Porque Montoro ya ha afirmado que no piensa subir los impuestos, y por tanto ni va a hacer progresiva y justa la fiscalidad, ni va a recaudar más por esta vía; 2º) como analiza José Carlos Díez, el escenario central es tan incierto como antes: el arrebatador triunfo de Merkel va a animarla a exigir más ajustes; es de esperar que los países emergentes (nuestro destino esperanzador de nuestras más prometedoras exportaciones) crezcan menos en 2014; y la prima de riesgo en la que se espera ahorrar el Gobierno unos 5.000 millones sigue corriendo el riesgo de dispararse por el contagio de Grecia, de Portugal o de Irlanda, a los que se les tendrá que echar una mano desde el BCE y la troika (al cuello, claro). Y España tiene una estructura fiscal similar a Italia: recauda unos 11 puntos de PIB.

5. “La recuperación” según San Rajoy estriba en que estamos saliendo de la recesión. Es decir, que el PIB del 2014 será positivo. Poco, pero positivo, un 0’7% en vez del anteriormente previsto 0’5% y del -1’3% del 2013 y del -1’6% del 2012. Pero hay que temerse lo peor: que vuelvan a fallar las previsiones del Gobierno. Si desde el 2012 al 2013 la caída del PIB ha mejorado solo 3 décimas, ¿cómo es que desde 2013 a 2014 va a mejorar un 2%, es decir, un 650% más que este año pasado? Sabíamos que Rajoy era hermético, indolente, e incluso pasota; pero no optimista. Y lo es en demasía.

            Y suponiendo que la previsión del PIB acierte, ¿es esa “la recuperación” que necesitamos? Las desigualdades sociales están creciendo gracias a estas políticas de ajuste. El incremento del PIB se debe a que crecen las expectativas de crecimiento o expansión de las empresas fuera de nuestras fronteras.No la que necesitan los trabajadores, los pensionistas y los ciudadanos de abajo. Tal vez los de arriba, ese 1% minoritario que nos chupa la plusvalía de nuestro trabajo, sea beneficiaria de ese incremento del PIB. Pero la inmensa mayoría, el país en general. no.

6. No sabemos los detalles de este evangelio apócrifo de “la recuperación” según San Rajoy. Los sabremos el lunes. Si merece la pena, seguiremos el análisis en una segunda parte de este artículo. Pero de momento, Guindos y Montoro han cuadrado las cifras a martillazos. “La recuperación” es una chapuza tan grande como los brotes verdes de Zapatero.

            Mentiras, mentiras y más mentiras. Pura propaganda como precampaña de las elecciones europeas.   

  

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El gobierno de Rajoy acaba de aprobar una nueva reforma del sistema público de pensiones. Rajoy está intentando desmontar el Estado del bienestar de arriba abajo: Wert le quita dinero a la enseñanza pública para dársela a la privada, y la ha armado parda con la subidas de las tasas y el recorte de las becas, dan un paso hacia la desigualdad de oportunidades; las CC.AA. del PP (no solo Madrid) están privatizando la sanidad pública, el Gobierno central ha impuesto el copago de los fármacos, incluso a los enfermos crónicos como son los del cáncer, la artritis, etc.; ha puesto en el congelador la Ley de Dependencia; y a reforma laboral ha dado en el centro de la diana de la solidaridad y la lucha de los trabajadores que son la base para el sindicalismo de clase, la negociación colectiva, y ha recortado el nivel salarial asimétricamente, empresa a empresa, un 6’4% de media en los 3 últimos años, incluido el del salario de los funcionarios (un 15% con las congelaciones de los 3 últimos años más la definida para el 2014 y el recorte de las pagas extras y los días de permiso retribuido), incluidos los dedicados a la investigación y la ciencia. Un desmontaje en toda regla.  

            El Estado del bienestar sólo se puede desmontar por parte de la oligarquía político-financiera con la derrota de la resistencia del enemigo de clase, los trabajadores y sus sindicatos de clase: de ahí que la reforma laboral haya venido acompañada de una campaña contra estos sindicatos (no los amarillos), sin parangón; pero además, cuando se segmenta a la clase obrera entre parados y excluidos sociales, precarios de 300 euros al mes, de 500 mes, de 700, de 1.000 (los mileuristas ya son unos “privilegiados”) y los de empleo estable, la conciencia de clase desaparece, aumenta el “sálvese quien pueda”. La resistencia es minoritaria, residual, sobre todo en un país como España, acostumbrada a 40 años de dictadura, a una transición pactada que no devolvió al pueblo su protagonismo, y una etapa de unos 30 años de crear una numerosa cae media sumida en el espejismo del “capitalismo popular” (créditos hipotecarios y de consumo para todas las rentas, salarios basados en la construcción del sector inmobiliario, como coartada del ingente negocio especulador, promoción del ahorro mediante las inversiones en bolsa, en acciones, en preferentes, en productos financieros sin pleno conocimiento de su letra pequeña, etc.). La resistencia obrera y popular se manifiesta fragmentada, marginal y desorientada: en las encuestas aparece el malestar, pero en las calles y en los medios de comunicación sólo se manifiesta mezclada con un rechazo a la política en general, sin centrar su esperanza en una alternativa creíble al sistema.         

            Centrémonos en el desmontaje de las pensiones. Zapatero aprobó otra reforma en 2011 que inició el camino: congeló en 2010 las pensiones de 2011, para recortar 5.000 millones de euros en el gasto en 2010 y 10.000 en 2011; y en la reforma del sistema público de pensiones de 2011 consensuó con los sindicatos retrasar la edad de jubilación a los 67 años, y ampliando el período de tiempo para el cálculo de la base reguladora de la pensión desde 15 a 25 años, gradualmente hasta 2027, así como otras medidas regresivas, junto a otras (pocas) que son incluso beneficiosas para los trabajadores. Esta reforma ha supuesto un recorte diferido del poder adquisitivo de la mayoría de las pensiones de jubilación, aunque algunos pudieran beneficiarse (aquellos que tuvieron empleos con mayor cotización en períodos medios de su vida laboral).

            La reforma anunciada por la ministra Báñez mete más a fondo la tijera, pues supone un auténtico desmontaje del sistema público de la Seguridad Social en España. Quiere recortar 33.000 millones de euros en 9 años, a razón de 5.000 millones anuales, empezando por los 800 que recortará en 2014. Como ya se acordó en 2011, se amplía a 67 años la edad de jubilación; en consecuencia, los jóvenes se encontrarán con más dificultad a la hora de encontrar su primer empleo; se exigen 40 años completos para tener derecho al 100% de una pensión pública, por lo que los precarios y parados no alcanzará una pensión contributiva y digna, pues su vida laboral será corta; se destinan recursos del Fondo de Reserva para deuda pública y deuda del Estado, mientras el gobierno no garantiza aportaciones de los presupuestos generales a la caja única de la Seguridad Social; y se introducen dos factores que recortan la cuantía de las pensiones de los actuales pensionistas (factor de revalorización: desvinculación de la revalorización de las pensiones respecto del IPC, e introduciendo un índice en el que se tiene en cuenta la marcha de las finanzas de la Seguridad Social, marcando el tope mínimo de la revalorización en un 0’25%, y tope máximo el IPC más 0’25%; y factor de sostenibilidad, que introduce una fórmula para el cálculo de las pensiones futuras teniendo en cuenta algo tan aleatorio como la esperanza de vida). 

            Hay cuatro características que conviene destacar de estas medidas propuestas por el Consejo de Ministros:

1º) Es un ataque sin precedentes e injustificado a las pensiones públicas. No es cierto que sea para sostener el sistema público de pensiones; ni siquiera es el motivo verdadero el ajuste fiscal mediante la política de recortes, en este caso afectando ahora a las pensiones; el propósito de este Gobierno de derechas es de más largo alcance: responde a su credo neoliberal de reducir a la mínima expresión el Estado del Bienestar, para devolverle al mercado todos los elementos susceptibles de negocio privado que en su día le fueron arrebatados a las clases dominantes en función de una lucha obrera y de los pactos de posguerra; y en este caso, responde al intento de ampliar el negocio de los planes privados de pensiones de aquellos trabajadores cuyo salario tenga una cuantía suficiente como para permitir el ahorro de parte del mismo; se trata de contribuir con el ahorro salarial a la recomposición del capital en una fase de resuelta acumulación para competir en el mercado globalizado y dominado por el modelo de la financiarización de la economía.

            Las pensiones públicas es un bocado muy sustancioso: si el Gobierno pretende gastarse en 2014 unos 250.000 millones de euros según los cálculos adelantados para los Presupuestos Generales del Estado, solo en pensiones públicas el gasto será en 2014 de unos 133.000 millones al año, habiendo llegado en 2013 al 10’1% del PIB. Los fondos de pensiones alemanes tienen más de dos billones de euros, el 100% de su PIB, y Holanda tiene el 120% de su PIB. El sector financiero no puede permitir que un nivel tan elevado de dinero como el de las pensiones no pasen por sus manos, para así obtener pingues beneficios.

            Poco le importa al Gobierno de Rajoy que los actuales 9.349.000 pensionistas tengan una mísera pensión media de 920 euros mensuales, que en Andalucía los 1.447.314 pensionistas la tengan reducida a 779,28 euros mensuales de media, mientras que otras CC.AA. superan la cantidad de 1.000 euros mensuales (Madrid 1.101 euros, Euskadi 1.059 euros, Asturias 1.013 euros). Poco le importa a Rajoy que el 30% de los andaluces están en el umbral de la pobreza, y que el 21% de la población española está en la pobreza.

            Poco le importa a Rajoy recortar aún más estas irrisorias cantidades que son el sostén de supervivencia de muchas familias cuyos miembros jóvenes han sido despedidos, o nunca han accedido al primer empleo, y forman parte de los 6 millones de parados, o sobreviven con el trapicheo del empleo sumergido o mal pagado. Para Rajoy lo importante son las cifras macroeconómicas: salir de la recesión, que los bancos y las grandes empresas tengan incrementos de beneficios anuales, que los especuladores internacionales confíen en “la marca España”. ¿Todas las cifras macroeconómicas? No todas. Algunas no le preocupan demasiado: por ejemplo, la tasa de paro, que se va a quedar en un 26’6% en 2013 y se piensa que puede bajará al 25’9% en 2014. Sobran cinco millones de trabajadores, pues como dice J.M. Ruiz Soroa en “Las formas de la desigualdad” (El País, 7/9/2013, “los trabajadores carecen de una retribución digna porque las sociedades no los necesitan para crecer”. La civilización construida por el capitalismo neoliberal se ha deshumanizado. Es el darwinismo social como filosofía de fondo.  

2º) Rompe la piedra angular del Pacto de Toledo de 1995, que es el consenso de todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, además de intentarlo con los sindicatos (la patronal estará de acuerdo en cualquier medida que signifique un recorte del gasto público).

            Precisamente este Pacto sobre las pensiones públicas se sustancia como reacción frente a la ofensiva llevada a cabo por las entidades financieras y la patronal para poner bajo sospecha la solidez financiera del sistema público de pensiones, y así promocionar la ampliación del segmento del pastel que se destine a las pensiones complementarias privadas, los seguros de vida, planes de empleo, etc. La campaña llevada a cabo desde 1991 argumentaba que la Seguridad Social española tenía un agujero de miles de millones, y que la insostenibilidad del sistema público se basaba en los siguientes elementos: los factores demográficos de descenso de la natalidad e incremento de la esperanza de vida, junto con el “efecto sustitución” de las pensiones de una generación que tenía salarios inferiores por las de otra generación con los salarios más altos. En base a todo esto, auguraban que para 2004 el sistema entraría en quiebra de no adoptarse medidas de recorte. Previsión errónea: el sistema ni tenía agujeros (más bien al revés, era Hacienda quien le debía a la Seguridad Social unos 3’7 billones de pesetas por pagar parte de la sanidad y de las pensiones no contributivas).

            Las 15 recomendaciones del Pacto de Toledo caen en la trampa de aseverar que estos factores son un peligro real. Pero la correlación de fuerzas  en el Congreso en el momento de la firma del pacto, diciembre de 1995, es favorable a los planteamientos menos lesivos para el mantenimiento del sistema de pensiones: así, se establece una “separación de fuentes” (recomendación núm.1) que permite distinguir las prestaciones que tiene que pagar la Seguridad Social y las que tiene que pagar Hacienda del Estado (la sanidad, las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos, las ayudas sociales creadas de forma coyuntural poros gobiernos de turno); se establece una salvaguarda para que en el caso de que a la Seguridad Social le falte dinero para cubrir las pensiones, se pueda echar mano de un Fondo de Reserva (recomendación núm.2) constituido por los superávits existentes en cada ejercicio (que ha llegado a tener unos 66.000 millones de euros acumulados en los a los de bonanza, pese a que el Gobierno se quedaba con parte de esos superávits, incumpliendo así el acuerdo del Pacto de Toledo), e incluso se prevé la posibilidad de que el Estado puede atender necesidades específicas que surjan en el sistema público de las pensiones.

3º) Una de las dos medidas de la reforma aprobada por Rajoy, la desvinculación de la revaloración de la cuantía de las pensiones respecto de la inflación, desnaturaliza el carácter sustitutivo de las rentas de activo que hasta ahora tenían las pensiones de jubilación, y supondrá un recorte de al menos un 20% del poder adquisitivo de las pensiones en el período de los próximos 10 años (los sindicatos hablan de un recorte de un 25%, pues en el IPC se valoran los TV de plasma los coches, etc. y no los gastos habituales y elementales de los pensionistas, los gastos fijos del hogar y la cesta de compra, que es el 90%). Se empobrecerán millones de pensionistas que se situarán por debajo del umbral de la pobreza. Si se cumplen las previsiones de los sindicatos, las pensiones de 1.000 euros equivaldrán a 750 euros en 2022.

            Una de las recomendaciones del Pacto de Toledo prevé la mejora de las bases de las pensiones (recomendación núm.3) y la revalorización automática de las mismas respecto del incremento de los precios (recomendación núm.11). Sus autores son conscientes de que el poder adquisitivo de las rentas dependientes de una pensión se ve mermado por el impacto de la inflación (IPC). Por eso escriben negro sobre blanco lo siguiente: “11. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.- Es criterio de la Ponencia que debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo y a traves de formulas estables de contenido similar a la aplicada en el presente año”. Rajoy rompe, por tanto, el consenso conseguido Pacto de Toledo.

            Un 25% de reducción de las pensiones, más un 21% de reducción de los salarios en un decenio, según va la reducción salarial hasta el presente: es la estrategia de competir por la vía de los salarios bajos, a la que se acompaña los derechos sociales bajos y las pensiones bajas. La disminución de ese poder adquisitivo de las pensiones no es solo un ataque a los más débiles. Lo es, y en una cuantía nada desdeñable. Es además un dislate económico de cuidado: va a reducir la demanda interna, por la reducción de la capacidad de consumo de los hogares. A Rajoy se le llena la boca de decir que prima el crecimiento sobre el déficit fiscal. Pero lo único que funciona en la economía española son las exportaciones, que parecen incrementarse, sobre todo porque disminuyen las importaciones (lo cual no se sabe si es una buena o una mala señal, depende de por dónde se mire); pero la demanda interna (consumo más inversión) no deja de retroceder. Mucho tiene que ver en esto las reformas que la troika le impone a España, entre otras los recortes en los empleados públicos, los recortes salariales, los recortes en la financiación pública del bienestar.

            Se trata de la devaluación del euro a la española. A falta de la capacidad de manejar políticas monetarias autónomas por parte del Estado español por estar sometidos a la única política monetaria posible en el euro, gestionada por el BCE, la forma que se le ocurre al Gobierno español de ajustar el déficit es subir los impuestos a la mayoría social (IVA) y recortar los costes salariales directos (nóminas) e indirectas (costes de las instituciones del Estado del Bienestar).             

4º) La otra medida la del factor de la sostenibilidad, no tiene justificación pues el sistema es sostenible sin necesidad de recortes, y además supone un retroceso de siglo y medio en los derechos de los trabajadores.

            Porque el Estado del Bienestar no es un invento de la socialdemocracia. En sentido amplio, es algo mucho más antiguo, tiene una historia previa, es tan antiguo como la lucha de clases surgida en los albores del siglo XIX. La cobertura de la situación de los trabajadores que dejan de trabajar, bien por motivos de enfermedad, bien por motivos de su cese definitivo al llegar a la vejez. Fue la lucha de los trabajadores en pleno siglo XIX el que mueve a la burguesía, dueños de las fábricas y de las mercancías creadas por los trabajadores, quienes se muestran forzados a dar cobertura a las situaciones de enfermedad y de vejez mediante los seguros correspondientes, bien pagados inicialmente por las propias empresas, bien pagados por mutualidades de las distintas ramas de la producción. Llegado el siglo XX, se institucionaliza un incipiente sistema público de Seguridad Social. La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 es la primera. Antonio Maura, jefe de gobierno de Alfonso XIII crea por la Ley del 27 de febrero de 1908 el INP (Instituto Nacional de Previsión), la primera institución oficial encargada de la Seguridad Social y de la asistencia sanitaria en España. El INP establece el régimen legal español del Retiro Obrero (la perra gorda), bajo el sistema de la libertad subsidiada de las pensiones de vejez que libremente contrataran los obreros con este organismo. Le siguen el Subsidio de Maternidad (1923), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1929). Y se amplían los beneficios de la Ley de Accidentes del Trabajo a los trabajadores agrícolas (1931), aplicando[] a todos los trabajadores de la agricultura la ley de 1900. Y en 1932 se establecen las obligaciones de la Ley de Accidentes de Trabajo en la Industria.[]

            Incluso el sistema dictatorial de Franco procura avanzar demagógicamente algunos derechos sociales, mezclando instituciones tales como el INP, -que sigue gestionando no sólo las pensiones y el desempleo, sino la sanidad pública- y las Mutualidades Laborales, que complementan el fraccionario sistema público establecido por el franquismo. El SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad) se crea en 1942, implantado el 1 de septiembre de 1944. En 1963 con la Ley de Bases de la Seguridad Social se suprimen los esquemas clásicos de previsión y seguros sociales, y se instrumenta el desarrollo del sistema de Seguridad Social. En 1974 se modifican y amplían las prestaciones de asistencia sanitaria de la Seguridad Social.[

            El economista y político británico William Henry Beveridge (18791963) y su informe de 1942, Social Insurance and Allied Services (conocido como el “Primer informe Beveridge“) creó las bases teóricas del Welfare State  (Estado del Bienestar propiamente dicho) instaurado por parte del gobierno laborista posterior a la Segunda Guerra Mundial.

            Cuando España accede a la democracia en 1978, se intenta avanzar en la construcción de un Estado del Bienestar semejante al establecido en los países del entorno democrático europeo. Por ello se suprimen las Mutualidades y el INP, y se crean instituciones tan potentes como el Insalud, el INSS y la TGSS (Instituto y Tesorería de la Seguridad Social), el ISM (Instituto Social de la Marina), el Inserso (Instituto de los Servicios Sociales), así como la Gerencia de Informática. Los nuevos gobiernos democráticos españoles extienden los derechos sociales: universalizan la sanidad pública, amplían la cobertura educativa pública desde los niveles, crean las pensiones no contributivas (para los que no han cotizado lo suficiente para acceder a una contributiva, y finalmente se completa el sistema con la cuarta pata, el sistema de Atención a la Dependencia, mediante la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Así se completa el sistema público del bienestar, con cuatro patas: Educación, Sanidad, Prestaciones Sociales (Pensiones, contributivas o no, y Desempleo) y Dependencia.

            Mientras los demás países europeos iban de vuelta, con un sistema público de bienestar consolidado y amplio, que inicialmente se resiste a las ideas reformistas de los líderes neoliberales anglosajones Thatcher y Reagan para evitar que las crisis financieras (derivadas de la subida del precio del petróleo en los70, y de las demás “crisis” que se sucedieron en las tres décadas posteriores) se lleven por delante la Europa Social, España todavía estaba montándolo, hasta conseguir un Estado del Medioestar, que es el que ahora la UE y Rajoy intentan desmontar.

            Pero hoy sabemos que la crisis ha sido una excusa de los neoliberales para llevar adelante su dogma económico: menos Estado (salvo para salvar a la banca y a las multinacionales), más mercado. La crisis es una estafa para los de abajo. La coartada que utilizan para llevar adelante es injustificada:

            1. La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España no depende de la demografía ni del efecto sustitución, sino que es un problema del mercado de trabajo, de que el modelo económico funcione o no, de que la productividad crezca, no en base a echar trabajadores a la calle y la exclusión, sino en base al desarrollo sostenible, al crecimiento en base a la igualdad de retribuciones y estándares de rentas, a la introducción de la calidad y la tecnología en la producción de mercancías, obras y servicios, a la cualificación de los trabajadores y los gestores empresariales, a la cooperación y no a la competitividad. Un Gobierno que prescinde del trabajo de 6 millones de personas no puede aspirar a recaudar fiscalmente dinero suficiente para nada. Ese es el verdadero problema: el modelo económico, el Gobierno de una derecha prepotente, dogmática e inmoralmente codiciosa.   

            2. El Gobierno no puede negarse a aportar dinero para las pensiones en el caso hipotético de que le falte liquidez a la caja única de la Seguridad Social para pagar pensiones. El Estado tiene que hacer una aportación de los presupuestos generales. ¿Dónde está escrito que el Estado no pueda hacer una aportación económica a la Seguridad Social para garantizar el pago de todas las pensiones? ¿Acaso no paga al ejército? ¿Acaso no le ha dado más de 300.000 millones de euros a la banca para tapar sus agujeros? Esa es la clave.

            3. No es de recibo recortar las pensiones mientras hay 60.000 millones en el Fondo de Reserva. Durante algunos años, mientras dure la recesión o la depresión económica en que está España, que el Gobierno tire de esos millones, y no los dedique a pagar deuda soberana. 

            4. El problema no son los factores demográficos: no es el crecimiento de la pirámide de edad o envejecimiento de la población, ni la reducción de la tasa de natalidad. Lo mismo que la crisis anunciada por los interesados banqueros que la anunciaban en 1992 para el 2004 gracias a la masa de inmigrantes que vinieron a España porque abundaba el empleo, de esta crisis se saldrá gracias al cambio de modelo económico que facilite el crecimiento del empleo de los parados autóctonos y el de los que vengan de otros países.

            5. El Gobierno tiene dinero o debe tenerlo. Algo tendrá que ver el buen nivel de gestión de la lucha contra el fraude fiscal. La actual política fiscal ampara a los defraudadores. En 2012 se han evadido de España más de 300.000 millones de euros, según datos del FMI. Gestha, la asociación de técnicos e inspectores de Hacienda, calcula un fraude a la Hacienda Pública de unos 80.000 millones de euros que afecta sobre todo a las grandes fortunas y a las grandes compañías empresariales. Además, paraísos fiscales ocultan un tercio del PIB mundial, cerca de 24 billones de euros. Las sicav pagan solo un 1%. Se ha suprimido el impuesto de patrimonio, y el Gobierno ha boicoteado el impuesto sobre los depósitos bancarios haciendo una ley estatal imponiendo un tipo cero.

            6. Juan Torres arremetía en 2011 contra los argumentos demográficos tildándolos de engaño; “Según las predicciones más alarmistas (de esos que nunca han acertado lo que iba a ocurrir ni en los cinco años próximos) el gasto ‘insoportable’ al que llevaría el envejecimiento previsto de la población española supondría gastar en 2050 un 15% o un 17% de nuestro PIB. Parece mucho, pero Italia gasta en estos momentos alrededor del 14%. Es tan irreal decir que ese porcentaje sería insostenible en 2050 que incluso alguno de los economistas que han firmado el manifiesto de los 100 solicitando reformas liberales de las pensiones públicas ha reconocido que ese no es el auténtico problema del sistema”. El catedrático Viçens Navarro (“Las pensiones son viables”, El Viejo Topo, Julio-Agosto 2009.) realiza una proyección económica en la que demuestra que “se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado”. Este argumento sigue siendo hoy válido. La clave, pues, es cambiar el modelo económico para aumentar el índice de productividad.

            Con esta operación de desmontaje del sistema público de pensiones, España deja de ser un Estado Democrático y Social de Derecho. Es un retroceso de la línea emprendida hace siglo y medio. Es un auténtico golpe de Estado. Once millones de ciudadanos votaron a Rajoy para que gestionara lo público, no ara que lo desmantelara, que es lo que está haciendo para salvar a los bancos y a los poderosos. Como dice el informe del PCA, “sólo la movilización de la gente, la desobediencia civil radical, impedirá que se abra camino esta reforma tan dañina”.

 

PVP130927

Ayer en el Parlamento se escenificó la elección de Susana Díaz Pacheco como presidenta de la Junta de Andalucía. Por 58 votos (PSOE-A e IULVCA) frente a 48 (PP-A) el Pleno aprobó la propuesta de investidura. Los del PSOE-A estaban que se salían de júbilo. Excuso decir las mujeres: Amparo Rubiales repartía entre ellas una pegatina que decía “todas somos presidentas”. También IU LV-CA (menos Gordillo) reflejaba su satisfacción en la imagen de un Valderas-vicepresidente siempre sonriente y aplaudidor, y un abrazo efusivo del portavoz Castro que se convertía en frote de espalda en la efusión del momento. Y, como es lógico, con un PP-A de fondo que apretaba los dientes y acataba por cortesía, después de haber largado por esa boquita su envenenado discurso, tapizado de Eres por todas partes.

            Todo muy cinematográfico, muy “Corazón, corazón”. ¡Qué ilusión! Los andaluces/¡zas! tenemos nuevo presidente, y mejor aún, novísima presidenta, porque es mujer, la primera que preside la Junta en Andalucía. Algunos lo llaman “cambio histórico”. Pero la historia hace tiempo que dejó de ser aquello de la lista de los reyes godos, la semblanza de sus protagonistas correlativos en el devenir, incluso en los colegios. Ahora la historia escarba más en las condiciones socioeconómicas de la realidad de cada momento, porque la historia es de los pueblos, no de sus reyes o reinas, ni de sus presidentes o presidentas. Ni Blas Infante (que antes de llegar a ser presidente fue fusilado por Franco, pero sí fue fundador), ni Fernández-Viagas, ni Escuredo, ni Borbolla, ni Chaves, ni Griñan: Susana Díaz es la que va a resolver los problemas de Andalucía de una vez por todas. ¿O no?  Pues va a ser que no: que ni porque se acabe el periodo de interinidad creado por la espantá de Griñán, ni porque quien se haya puesto al frente del gobierno andaluz sea una mujer, se van a resolver los problemas de Andalucía. Y aunque ambas cosas sean motivo de celebración, la cosa va por otro lado.

            Quiero decir con todo esto que: 1. Es bueno que el PSOE-A haya resuelto su crisis de imagen y se cabe el período de impasse de la Junta; 2. Es bueno que el feminismo haya avanzado un palmo más al poner a una mujer como presidenta de la Junta; 3. Nunca es bueno el presidencialismo. 4. En los tiempos que corren de descrédito de los políticos, no es bueno que los escenarios de la política sigan mostrando tanta alegría por un hecho tan absolutamente irrelevante ante la gravedad de los problemas que sufre la gente de abajo, como es cambiar a un presidente por otro, por muy “otra” que sea.

            Vayamos al grano. Vayamos a lo que han sido los discursos políticos de los tres grupos de la Cámara donde se expresa el sentir del pueblo andaluz.

            Hagamos caso omiso al desnortado discurso de Zoido, portavoz por ahora del PP-A. La derecha andaluza no sólo no tiene candidato, es obvio. Pero es que tampoco tiene discurso:

–        pide elecciones anticipadas porque dice que la elección de Susana sin pasar por las urnas no la legitima como presidenta, cuando ellos lo han hecho en otros ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas cuando les ha venido en gana, porque así lo permite un sistema democrático que no es presidencialista (aunque los medios de comunicación se empeñen en mostrarnos día a día lo contrario).

 

–        le achacan a Susana haber estado en el tema de los EREs porque ha estado en la dirección de su partido y en el último gobierno de Griñán como si eso le hiciera responsable directo o indirecto de algo. En este asunto de los EREs hay que reconocer que –aparte de la pericia periodística en averiguar los trapos sucios- ha sido el último gobierno andaluz el que ha enviado a los juzgados la denuncia, ha destituido a los responsables directos (incluidos los consejeros Fernández y Vallejo), ha puesto a un grupo de funcionarios a averiguar y ordenar los papeles que iban descubriendo intrusos, manejos de los intermediarios y conseguidores, ratificando así lo que la prensa y la Cámara de Cuentas habían ido adelantando. Pero Susana Díaz no ha tenido nada que ver en el asunto, ni por acción ni por omisión. Y sin embargo el PP-A, a falta de argumentos más sólidos, quiere sacarle punta al lápiz. Síntoma de su decadencia intelectual y política.     

            Vayamos al discurso de investidura, a lo que se ha comprometido la nueva presidenta de Andalucía. En resumen, lo más destacable sería lo siguiente:

1. Lucha a muerte contra la corrupción. “Me avergüenza la corrupción, rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la Presidencia, en todos los frentes”, la candidata y hoy presidenta dixit. Y ha propuesto en concreto: ampliar las competencias de la Cámara de Cuentas para mejorar su capacidad de control y fiscalización de los partidos; incorporar a la ley de este organismo la posibilidad de imposición de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan cuentas; obligar a que los entes fiscalizados remitan informes sobre la implantación de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas;  impulsar un acuerdo político que comprometa (aunque no obligue) a que los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos presenten también sus declaraciones de renta, bienes y actividades en el momento de su nombramiento y en el del cese; y una reforma legal para prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos; y proponer una iniciativa legislativa similar en el Congreso de los Diputados.

            Bien, todo muy bonito. Pero en este aspecto, y después de la experiencia de la Comisión de Investigación de los EREs, yo me quedo con el diagnóstico que hizo Castro, el portavoz de IU LV-CA: preferimos los hechos más que las palabras. O con lo que exigió públicamente Maíllo de que no quedara en el gobierno andaluz nadie que pudiera tener alguna referencia aunque fuera indirecta con el tema de los EREs. Lo siento de veras por Carmen M.Aguayo y Antonio Ávila, que son gente honrada y valiosa.

2. Impulso de la participación. Susana Díaz se compromete a: meter en el Parlamento el proyecto de Ley de Participación antes del final de año y promover la colaboración ciudadana en todos los ámbitos, -incluidos el legislativo y el ejecutivo-, las distintas administraciones, la sociedad civil y las empresas; hacer público el orden del día de los Consejos de Gobierno y los expedientes de lo tratado en ellos; comparecer semestralmente para debatir sobre la situación política; introducir indicadores de evaluación en todas las normas y procedimientos para que todos los ciudadanos puedan conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos conseguidos por dicha norma o procedimiento.

            Cortito. Podría haber avanzado en asumir la experiencia de los presupuestos participativos, y del urbanismo participativo, por ejemplo. La democracia debe ser participativa. Y la economía, también,  o no será democrática.

3. Críticas a las reformas del Gobierno del PP: laboral, judicial, sanitaria, de la administración local, etc. No es baladí destacar que la nueva presidenta se mantenga en la línea de clara confrontación con las políticas de la derecha española, cuando de todos es sabido que existe en su partido, el PSOE, un sector que vería con buenos ojos un acercamiento al gobierno del PP, para reforzar el bipartidismo. La tibieza de la oposición practicada por Rubalcaba está mediatizada por este influyente sector del PSOE. El antídoto a la derechización del discurso de Susana Díaz se llama cogobierno con IU LV-CA.

4. Permanencia del Pacto de Gobierno con IU LV-CA. Eso es crucial. No solo por la estabilidad que proporciona al gobierno andaluz, sino porque eso garantiza el sesgo de izquierdas de la política andaluza. No somos pocos los que confiamos más en IU que en cualquier otra cosa, a la hora de garantizar que los aspectos más sociales y progresivos del acuerdo se vayan a cumplir. Esto se observa no solo en los votantes de IU, sino incluso en los mismos votantes del PSOE-A (tienen motivos para recelar de la fiabilidad de sus dirigentes en este aspecto) e incluso entre los periodistas y comentaristas políticos.

            El hecho de que Susana Díaz leyera la contestación dada a Castro (la traía escrita y se le notó) tiene dos aspectos, uno bueno y otro malo: el bueno es que el discurso y su puesta en escena estaba pactado con IU, lo que denota una sintonía y compromiso político entre ambas formaciones que da confianza al pueblo andaluz; la mala es que a Susana Díaz hay cosas que no le salen del corazón ni de la cabeza, sino del texto de un acuerdo. La economía no es su fuerte, y se le nota muchísimo. Además, se le nota el pelo de la dehesa social-liberal que durante años ha estado mamando en el PSOE, su partido. ¿O no es Susana Díaz la que ha buscado la foto con Felipe González, el gran liberalizador del partido socialdemócrata español? ¿O no es Susana Díaz del mismo partido que Rubalcaba, su jefe de filas en el ámbito estatal, que pactó con el PP la constitucionalización de la prioridad de la política contra el déficit? ¿O no es Susana Díaz la que ha echado agua en el vino de algunas propuestas fuertes de IU? Veámoslo.    

5. Renovar la economía. Aquí es donde naufraga más el discurso de la nueva presidenta, a mi leal y modesto entender. Da un recetario de cuestiones (todas encomiables), pero sin un hilo conductor que lo integre en un proyecto de nuevo modelo económico para Andalucía. Eso es precisamente lo que necesita Andalucía: un nuevo modelo económico. Pero nada de eso aparece en el horizonte de compromiso de Susana Díaz. Para ser más justos, digamos que aparecen dos polos contradictorios: por un lado un tufo a continuismo del modelo económico más rancio y neoliberal, al reivindicar todo lo conseguido por los anteriores gobiernos de la Andalucía gobernada por el PSOE-A (sobraba este autobombo del PSOE-A); y al mismo tiempo el compromiso de impulsar a medio plazo un acuerdo político y social para “renovar la economía”. ¿Eso qué es? Vaya usté a saber…; agua en el vino.

            No introdujo la prioridad que debe tener la planificación económica pendiente, pues la ECA 2007-2013 cumple su vigencia ya mismo. Da prioridad al trabajo de confeccionar el presupuesto de la Junta, como es lógico, pero no lo enmarca en el contexto de una necesaria revisión de la Estrategia para la Competitividad de Andalucía. ¿Competitividad? Si no cambiamos la filosofía económica pasando de la “competencia” a la “cooperación”, de la “rentabilidad” a la “sostenibilidad”, del “crecimiento” al “desarrollo (sostenible, claro)”, no hay cambio que valga. Susana de estas cosas no entiende mucho o no quiere entender. Lo suyo es más “la política”, la correlación de fuerzas interna, la refriega frente al PP, etc. El giro del modelo económico no se vislumbra con la nueva presidenta. La ecología política deberá esperar tiempos mejores. Esperemos que lleguen pronto, pues –lo valiente no quita lo cortés – capacidad no le falta al pueblo andaluz, ni voluntad a la coalición de gobierno, ni inteligencia a la nueva presidenta.

            Eso sí: se mantiene el pulso con la corriente más ultraliberal de la UE y la troika, pues se apuesta por el impulso hacia la economía productiva y desde los emprendedores y la economía social. Lo que no es poca cosa, ya que al menos se tenderá a poner freno a la prioridad del déficit. Las propuestas de Susana Díaz más destacables en lo económico son:

–        Ayudar a las empresas a crecer, innovar, internacionalizarse, invertir y crear empleo, pasando “de la subvención al incentivo” (matiz importante, que debe implicar un cambio sustancial en la forma de gestionar por parte de la Administración andaluza, que hasta ahora se limitaba a repartir el botín, y no pedir cuentas a ningún subvencionado ni evaluar la eficiencia del dinero público repartido) y mediante el acuerdo de agentes sociales, asociaciones, universidades y entidades de investigación.

–        Crear un instituto público de crédito andaluz sobre el que se trabaja en el Parlamento para facilitar la financiación a proyectos empresariales. Hubiera preferido que se hablase directamente de “banca pública”, pero al menos hay una referencia al grupo de trabajo parlamentario que trata de diseñar un instrumento público para facilitar el crédito a la depauperada economía andaluza, tanto la corporativa como la doméstica, la de la inversión y la del consumo.

–        Reducir de forma progresiva a la mitad las cargas administrativas para la creación de empresas.

–        Sustituir licencias y autorizaciones por el procedimiento de declaración responsable.

–        Extender la validez a todo el territorio nacional de decisiones, autorizaciones, permisos o licencias adoptadas por una Administración.

–        Garantizar el acceso rápido y ágil por cualquier Administración de los datos administrativos de personas y empresas, previa autorización del interesado, independientemente de donde están depositados.

–        Crear un marco normativo único, común a todas las administraciones públicas, en aquellos ámbitos de especial interés para la actuación empresarial.

–        Estimular la economía social y las fórmulas de trabajo cooperativo, favoreciendo la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social con la incorporación de cláusulas sociales a los pliegos de contratación pública.

–        Incorporar un programa específico para que las entidades científicas y tecnológicas capten financiación privada.

–        A la propuesta de Banco de Tierras de IU, le da un recorte y propone crear un Observatorio de Tierras que analice y diagnostique la situación actual y la proyección de futuro de las fincas públicas para promover con ellas el desarrollo local sostenible y la creación de empleo.

–        Respecto a movilidad, apostar por el transporte público y culminar los metros de Málaga y Granada y el tranvía de la Bahía de Cádiz.

–        En cuanto a política fiscal, modificar, pero no elevar, la presión fiscal para hacer el sistema tributario más eficiente y equitativo. Sinceramente, me parece mejor –más prudente- la formulación del compromiso hecho por la presidenta que la reivindicación hecha por IULVCA que los medios de comunicación destacan, que según ellos consiste en elevar los impuestos. Una de dos: o no nos explicamos bien, o simplificamos el discurso de IULVCA, que siempre ha consistido en elevar la carga fiscal de los ricos, pero a cambio rebajársela a los menos pudientes. O se explicita muy claramente que queremos “bajar impuestos” a las economías más débiles, o nadie apostará un duro por la izquierda ni en Andalucía ni en ningún sitio. Ojo al dato, que en este punto la sensibilidad de las clases medias está a flor de piel.

–        Mantener y profundizar la lucha contra el fraude fiscal a través del control en tres áreas: los impuestos personales y progresivos, los beneficios fiscales y el fraude en la fase de recaudación. Incluyó también el control de las subvenciones sociales, ya anunciado por Griñán.

–        Prolongar las medidas del plan extraordinario de acción social para personas sin recursos, en situación de desempleo y para cubrir necesidades básicas. Incluso aceptó en el debate la propuesta de IULVCA de ayudar al pago de la luz y el agua de los hogares con necesidad.

6. Prioridad del estado del bienestar. Compromiso general de mantener todo lo que se pueda, si Rajoy-Montoro y la troika lo permiten. Y en concreto:

–        Educación. Facilitar la incorporación a pequeñas y medianas empresas andaluzas de personas ya doctoradas o que estén realizando su doctorado.

–        Incluir indicadores de desigualdad para orientar las políticas económicas.

–        Defensa a ultranza del modelo de gestión pública del estado bienestar.

7. Reforma de las Administraciones. Con varios epígrafes:

Reformar el modelo territorial que corrija ineficiencias, clarifique el reparto competencial, garantice la autonomía efectiva y la financiación de los servicios públicos, facilite la cooperación institucional y sea fruto de un consenso tan amplio como el de la Constitución de 1978.

Responder jurídica y políticamente a la reforma local que promueve Rajoy, sin descartar el recurso de inconstitucionalidad.

– Fijar un programa de visitas y reuniones institucionales con los principales ayuntamientos.

– Convocar en una comisión de expertos para analizar el Sector público, para que proponga medidas para hacerlo más eficiente, elaborando un informe antes del fin de 2014. “No estamos ante un exceso de democracia sino ante un exceso de burocracia”, ha comentado en frase feliz la presidenta. Pero le ha echado más agua al vino en el tema de la reforma del Sector Público reclamada por IU y una buena parte de los movimientos sociales y sindicatos de Andalucía. Ya se sabe: si quieres empantanar una cuestión, monta una comisión.

– Luchar por una reforma del sistema de financiación que tenga en cuenta la distribución del déficit en función de las competencias que ejercen las comunidades autónomas y la población.

“Tengo la seguridad de que todas las personas que participamos de la vida política trabajamos” para salir de la crisis

8. Combatir el pesimismo. Destaco a posta esta aspiración de Susana Díaz a combatir no solo la corrupción, sino también el pesimismo. “A lo que aspiro (…) es a una Andalucía que ahuyente el pesimismo y que le dé esperanza a sus ciudadanos”. Es un síntoma de vitalidad, empuje y juventud. Andalucía necesita ese optimismo y ese baño de juventud. Sí, Susana Díaz no es una líder completa ni acabada en la actualidad, pero sí una líder en potencia y más, un animal político que se va a ir creciendo día a día. No será de mi ideología, pero hay que reconocer las cosas como son: que IU LV-CA no se duerma en los laureles, pues Susana Díaz es capaz de quitarle el copy right de la izquierda desde un populismo ascendente, muy fresco y natural. Quizá demasiado sevillano, demasiado andaluz-occidental, para el gusto de la otra media Andalucía; y algo declamadora en su oratoria, pero con una gran capacidad comunicativa. Su imagen es rotunda, redonda, transmite seguridad. 

            Susana Díaz será la mujer con mayor poder en España al gobernar a ocho millones de andaluces, dice el diario Sur. Y si los andaluces/¡zas! Le damos los cien días de cortesía, ella va a saber ganarse otros cien. Seguro.

            Y IU LV-CA, ¿qué? El mayor peligro para la izquierda-izquierda de Andalucía es limitarse a “chupar rueda” de la sprintadora Susana. Tiene que jugar su papel, como ha sabido hacerlo en la etapa de Griñán. IU tiene un inconveniente: el doble liderazgo Valderas-Maíllo no da una imagen inteligible de nuestra fuerza política (sí, como de IU: ¿se me nota?). En teoría cabe la doble función de que uno se dedique al gobierno y otro al fortalecimiento orgánico de IU. Pero el campo de batalla de “la política” son los medios de comunicación, la prensa, la TV, Internet; y por tanto la práctica política impone sus reglas simplificadoras: una fuerza política, una cara; dos son confusión, tres multitud, cuatro un enjambre (Carrillo lo llamaba pipirrana).

            Hasta aquí la debilidad de IU LV-CA. Pero también tiene fortalezas: son la ligazón con el pueblo andaluz, con la sociedad andaluza articulada en asociaciones que representan intereses de clase, de ciudadanos-consumidores, ciudadanos-emprendedores, ciudadanos-sujetos de derechos (feminícense los términos). Está en el ADN de IU LV-CA la convocatoria por Andalucía. Ahora también desde la acción de gobierno. La “radicalidad democrática” que Castro le reconocía al discurso de Susana Díaz debe ser el marchamo de la nueva etapa de IU LV-CA. Dicho de otro modo: IU debe hacer que a Susana Díaz no se le vaya la fuerza por la boca, que sus palabras se trasladen a los hechos de la política cotidiana. ¿Cómo? Mediante la capacidad de propuestas. Pocas, pero muy visibles y asimilables por la conciencia del pueblo andaluz.   

            Castro ha desarrollado su discurso inteligente y muy certero:

–        Ha ratificado el compromiso insobornable de IU LV-CA con la nueva etapa: “Señora Díaz, su discurso nos vincula y creemos que ha sabido recoger el trabajo colectivo trazado a lo largo del último año, un año en el que IULV-CA ha sabido aportar la estabilidad a este momento de especiales dificultades”. Estabilidad que Castro reflejaba con una frase muy gráfica: “IU aprieta pero no ahoga” (refiriéndose a la elaboración de unos presupuestos condicionados siempre por los recortes del PP de Rajoy-Montoro). Esta frase habrá hecho removerse en sus asientos a algunos de IU más proclives a tirarse al monte; pero a la inmensa mayoría del pueblo andaluz le crea una imagen de IU madura y sensata. Imagen que puede desconcertar a propios, pero que sin duda acerca a extraños. Que faltica le está haciendo a IU proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas que la observan con temor, un baño de champú anti-prejuicios.

–        Ha reivindicado medidas de regeneración democrática tales como la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, con el objetivo de avanzar hacia una normativa “más justa, que garantice que cada persona es un voto”; las leyes de Participación, de Transparencia, del Defensor del Pueblo, o la modificación del Reglamento del Parlamento: sonpolíticas que no cuestan dinero.

–        Ha dimensionado el pacto de gobierno al calificarlo de “oportunidad histórica” de hacer visible la alternativa, la “otra política posible”, convirtiendo a Andalucía en la “punta de lanza” que abra una brecha hacia otro futuro

–        Ha saludado que Díaz haya recogido en su discurso “reivindicaciones históricas” de IULV-CA como la reforma de las competencias de la Cámara de Cuentas, la necesidad de más transparencia y participación democrática en las instituciones, el compromiso de desarrollar las conclusiones del grupo de trabajo sobre la banca pública o la necesidad de que se vaya avanzando para poner en valor la función social de la tierra en Andalucía.

–        Ha denunciado los “grandes ausentes” del discurso de investidura de la candidata: la memoria democrática, la vivienda o la Ley de Productos Hipotecarios; y ha señalado como grandes prioridades la reforma fiscal y la reordenación del sector público (“no podemos pararnos en hacer una auditoría si ésta no va acompañada desde ya con medidas concretas que garanticen la optimización del sector público”, ha añadido con la razón que le da la reiteración permanente y constructiva de IU en este aspecto), el deber de ahondar en su compromiso contra la exclusión social con una ley integral de inclusión social, y la importancia de plantear “la batalla” contra la reforma de la administración local y por el “blindaje” constitucional.

–        Castro ha utilizado la expresión “pueblo andaluz” para destacar el papel colectivo y unitario del protagonismo político del conjunto de la sociedad, a la vez que ha destacado el papel del gobierno andaluz a la hora de dar “poder a la ciudadanía porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo”. Así concibe IU LV-CA su participación en el gobierno andaluz: “Todo lo que ocurre nos concierne y no creemos que un gobierno pueda ser neutral ante la crisis, sino que tiene que tomar partido hasta mancharse”, como decía Gabriel Celaya.

            Una imagen vale más que mil palabras. Castro llevaba una pegatina en la solapa del “No a la guerra”. En unos momentos en que hasta el Papa Francisco está llamando a 71 embajadores para predicarles su “No a la guerra”, mientras que el católico gobierno de España apoya a EE.UU. en sus amenazas de uso de la fuerza contra el pueblo sirio, IU LV-CA vuelve a recordar a tiempo que la violencia solo engendra violencia.

            En eso –como en otras cosas- IU le ha sacado dos cuerpos a la sprintadora Susana Díaz. Cada uno en su sitio. Nunca lo olvidemos.

 

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